"La situación en Colombia no ha mejorado y sigue siendo muy grave": Ongs colombianas ante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Por Comisión Colombiana de Juristas

La siguiente es la intervención de los representantes de 1200 organizaciones colombianas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde hoy a las 10h30am de Ginebra se adoptaron las recomendaciones realizadas a Colombia el pasado 10 de diciembre en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En este acto el Estado Colombiano notificó cuales recomendaciones iba a aceptar y cuales no. Adjunto el documento oficial de Naciones Unidas que contiene dicha información.

Las 1200 ONG colombianas hacen peticiones en esta intervención al Gobierno y al Consejo de Derechos Humanos, donde se recalca que la situación en Colombia no ha mejorado y sigue siendo muy grave, además, urge que el Consejo establezca un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones que contribuirían considerablemente a la mejoría de la situación de derechos humanos y a la paz en Colombia.

Más Información.
Gustavo Gallón +41 (0) 78 680 0118. Suiza.
Agustín Jiménez (313) 392 19 31
Claudia Erazo (311) 848 47 11

Declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
10° período de sesiones, 2-27 de marzo de 2009
Tema 6: Examen Periódico Universal – Adopción del informe sobre Colombia

Señor Presidente:

En nombre de 1.200 organizaciones colombianas[1], la Comisión Colombiana de Juristas y la Organización Mundial Contra la Tortura agradecen las intervenciones de los 43 Estados en el debate del Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia el 10 de diciembre y el informe que el Consejo está por adoptar.

Quisiéramos dedicar nuestra intervención al líder indígena Edwin Legarda, asesinado por el Ejército seis días después del examen, cuando su esposa Aida Quilcué volvía de la sesión del Consejo donde denunció la grave situación de los pueblos indígenas.

El debate mostró claramente que en Colombia persiste una situación de violaciones graves y sistemáticas sobre las cuales este Consejo no puede guardar silencio durante los próximos cuatro años.

Además de las responsabilidades que caben a los grupos guerrilleros por graves infracciones al derecho humanitario y violaciones a derechos fundamentales de la población, las numerosas recomendaciones formuladas evidencian el incumplimiento del Estado colombiano con sus obligaciones en materia de derechos humanos y con los compromisos adquiridos reiteradamente ante Naciones Unidas desde 1996.

En efecto, las intervenciones señalaron reiteradamente que se siguen cometiendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, reclutamiento de niños y niñas y desplazamiento forzado, violaciones que afectan particularmente y de manera diferencial a los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, las mujeres y los niños.

Asimismo, se resaltó en el debate que no se han desmantelado las estructuras militares, económicas y sociales de los paramilitares, cuya impunidad es alta por sus persistentes nexos con agentes estatales; que el poder ejecutivo se entromete indebidamente en la rama judicial, porque ésta investiga dichos nexos; que no se han garantizado los derechos de las víctimas, dadas las múltiples falencias en la aplicación de la llamada ley de “justicia y paz”;

que se incrementa el hostigamiento en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, sindicalistas, y periodistas por la estigmatización pública por parte de los más altos funcionarios del Gobierno, incluido el Presidente de la República; que la continua agresión contra los pueblos indígenas acelera el proceso de su desaparición cultural y física; que no ha disminuido la brecha de inequidad, por lo cual no se ha garantizado los derechos a la salud, educación, alimentación y a una vivienda adecuada de muchos sectores de la población.

Esperamos que, a pesar de la actitud desafiante del Gobierno al concluir el debate - acusando a los Estados de tener “una valoración de los derechos humanos sin objetividad y con información equivocada”-, la aceptación de la mayoría de las recomendaciones y los 67 compromisos voluntarios adquiridos se traduzcan de una vez por todas en medidas serias para su efectiva implementación.

En cuanto a las recomendaciones rechazadas, hacemos un llamado al Gobierno a que reconsidere su posición y en particular suprima todo sistema de recompensas como incentivo para cometer ejecuciones extrajudiciales, cese de involucrar a niños en el conflicto armado, reconozca el derecho a la objeción de conciencia, desmantele efectivamente los grupos paramilitares, ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, acepte la competencia del futuro Comité sobre desapariciones forzadas para recibir comunicaciones individuales y la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra[2].

Asimismo, hacemos un llamado especial a que el Gobierno se comprometa a no obstaculizar más la adopción de una ley de víctimas a favor de todas las víctimas del conflicto armado, según las propuestas realizadas por más de 4.000 víctimas en todo el país[3] y los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.

En conclusión, tres años después de la adopción de la última decisión sobre Colombia en la Comisión de Derechos Humanos, el debate del EPU ha demostrado que la situación no ha mejorado y sigue siendo muy grave. Por lo tanto, urge que el Consejo establezca un mecanismo de seguimiento para supervisar de cerca el estado de cumplimiento de las recomendaciones que, de ser implementadas, contribuirían considerablemente a la mejoría de la situación de derechos humanos y a la paz en Colombia.

Gracias, Señor Presidente.

Ginebra, 20 de marzo de 2009

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Cidh analizará la crítica situación de la libertad de expresión en Colombia

El próximo lunes 23 de marzo, continuando con el calendario de audiencias del 134º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevará a cabo en el edificio de la Secretaría General de la OEA en la ciudad de Washington, la audiencia pública sobre el derecho a la libertad de expresión, solicitada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.

La audiencia, que empezará a partir de las 3 de la tarde y se transmitirá en vivo por Internet a través de la página web de la Comisión, tiene como objetivo analizar la actual situación en materia de libertad de expresión en Colombia, en momentos en que ésta se ve amenazada, por los constantes señalamientos y acusaciones del Gobierno, funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública contra los periodistas.

Es de destacar que estos pronunciamientos, no sólo han puesto en riesgo la vida de periodistas, columnistas, entre otros, sino que han obstaculizado su labor, sobre todo en lo que tiene que ver con la fiscalización del ejercicio público y político

Frente a este punto es necesario recordar que el pasado 9 de febrero el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue y la relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Cidh de la Organización de los Estados Americanos – OEA -, Catalina Botero, manifestaron su preocupación por las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien el 3 de febrero del año en curso, señaló en una rueda de prensa que el periodista Hollman Morris “se escudaba en su condición de periodista para ser permisivo cómplice del terrorismo”

En igual sentido se manifestó el gobierno en contra del periodista y antiguo colaborador de la cadena de televisión Telesur, Jorge Enrique Botero y uno de los garantes de la liberación de tres militares y un policía que estaban en poder de las Farc, de quien dijo que se “prestó al juego publicitario del terrorismo”, luego que éste diera a conocer a través de la agencia de prensa internacional AP, algunas fotografías de la misión que representó.

Ese mismo día, se llevarán a cabo otras audiencias, también públicas sobre Colombia, entre las que se cuentan, las denuncias sobre alianzas entre políticos y paramilitares, la independencia del poder judicial, la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, libertades sindicales y derechos fundamentales de los trabajadores y una audiencia sobre el caso específico de Marino López Mena, un afrocolombiano asesinado en 1997 en una operación combinada entre militares y paramilitares en la región del Atrato, en el departamento del Chocó.

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“Campaña racista de las elites uribistas pretende tumbar al personero de Bogotá”

El personero de Bogotá Francisco Rojas Birry le contesta al periodista Daniel Coronell y a sus detractores. A continuación transcribimos la misiva de Rojas en su integridad:

Estimado doctor Coronell.
Reciba un cordial saludo.

Con sorpresa e indignación leí su columna publicada en la pasada edición de la revista Semana, titulada “Renuncia demorada”, en la que hace usted temerarios acusaciones contra mí y me pide la renuncia al cargo que he venido desempeñado a favor de los derechos humanos, la transparencia administrativa y el ministerio público.

Soy un indígena embera del Alto Baudó, criado en la selva chocoana, educado en Quibdó, Medellín y Bogotá, que se ha hecho a pulso, sin padrinazgos, ni mecenas, rompiendo muchas barreras, entre ellas la discriminación y la exclusión de muchos sectores poderosos de la capital, que nunca aceptarán que los hombres del pueblo, que defienden los derechos de los indígenas, los afro colombianos, las minorías étnicas, sexuales, religiosas y políticas logren cargos de mando.

Así ha sucedido siempre. Una sociedad cerrada y excluyente como la nuestra, con medios de comunicación en poder de unas pocas manos, mira a los indígenas, a los negros, a los homosexuales, y a los hombres y mujeres de la izquierda democrática como bichos raros, como seres intergalácticos, a quienes desconoce, ataca y sacrifica a diario. Es la historia de Piedad Córdoba, es la tragedia del indio Rojas Birry. Es el drama de las minorías.

Soy un hombre del pueblo que ha conocido la pobreza y las injusticias y ha luchado contra ellas desde la legalidad. Defendiendo la Constitución que ayudé a redactar, con las leyes que contribuí a aprobar en el Congreso de la República.

Superando la más cruel guerra sucia contra un ser humano, liderada por mis enemigos políticos y los grandes medios de comunicación que me presentaron como un cavernícola y un atrabiliario, en una campaña llena de improperios y desleatades, incluso de quienes supuse por años mis amigos, con mucho esfuerzo y dedicación, y gracias a mis propuestas, logré ser elegido Personero de Bogotá.

Desde hace poco más de un año la ciudad me ha visto luchando con altruismo y templanza por la construcción de una ciudad de derechos, sin falsos positivos, en donde se reconozcan los derechos de los desplazados, los perseguidos, las minorías. Una ciudad en donde la Constitución Política no sea letra muerta. En donde la tutela viva y la gente se sienta protegida.

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Una ciudad con un medio ambiente sano, con un río Bogotá recuperado, con funcionarios honestos y responsables que dignifiquen la administración pública, y en donde las autoridades judiciales y policiales respeten al ciudadano.

El balance del primer año de gestión es muy positivo. Pero esos logros, han sido empañados por los ataques personales que vienen haciendo los medios de comunicación, como la revista Cambio, Semana, la W Radio, Noticias Uno, que me han condenado y piden la incineración pública del indio Rojas Birry, por unas supuestas grabaciones en las que se menciona mi nombre y la dirección de mi residencia, y se me relaciona con el caso DMG.

Las explicaciones que he dado han sido ignoradas o tergiversadas. Cada entrevista que he ofrecido ha sido descalificada y mis palabras han sido objeto de duda. Hay, doctor Coronell, un afán por separarme del cargo, por humillar al indio Rojas Birry. Mientras a los funcionarios de la Casa de Nariño o los gobernadores y alcaldes que han sido relacionados con DMG se les reconoce el principio de la presunción de inocencia, a mi se me niega el derecho a la duda. Soy culpable y punto.

Reitero que no he sido socio, ni inversionista de DMG, y desconozco las razones por las cuales se me menciona en esas grabaciones. En mi condición de ciudadano común y corriente, conocí al señor David Murcia, al igual que miles de personas que asistieron a un encuentro de capacitación de alcaldes y gobernadores electos, convocado a finales de noviembre de 2007, por la Presidencia de la República, la Esap y la Federación Colombiana de Municipios, en Corferias. Luego, por curiosidad, asistí a su sede en el norte de Bogotá. Hasta ahí mi relación y mis explicaciones al respecto.

Pero esas aclaraciones han dado paso a otra serie de ataques personales contra mi familia, vinculando a mi ex esposa y queriendo demostrar que en efecto sí recibí dineros de DMG, que supuestamente usé para solucionar mis problemas personales. Para desembargar mi casa, y comprar una camioneta nueva. !Qué falsedad!

El desembargo se hizo por una suma de cerca de once millones quinientos mil pesos, y la camioneta se compró con el dinero producto de la venta de una todoterreno Toyota, de mi propiedad, y un crédito personal a nombre de mi ex esposa. ¿Cuál es el delito?

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No pueden convertir en un falta grave tener los mismos problemas y sueños de una ciudadano de clase media, que tiene dificultades económicas y deudas, y con la ayuda de su ex esposa adquiere un bien. Esa ya es una persecución personal, una infamia, un ataque vil contra un ser humano.

No contentos con intentar destruir mi honra y la de mi ex esposa, ahora quieren menoscabar mi gestión como Personero de Bogotá. No es cierto que haya habido compras extravagantes ni inoficiosas.

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Cada decisión administrativa resiste el más escrupuloso examen de los organismos de control, a quienes les he pedido que me investiguen. Son ellos mis jueces naturales y todas mis actuaciones están a su disposición.

Los términos de su artículo en Semana, así como sus informes en Noticias Uno, responden a una estrategia de desprestigio de mi nombre, mi Partido, el Polo Democrático Alternativo, y el Alcalde de Bogotá. Una estrategia que busca el ascenso de las fuerzas políticas que perdieron el poder hace cinco años y no se resignan al asfalto.

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Por los medios de comunicación he sabido que avanza una estrategia llamada “Marcha sobre Bogotá”, instigada por las fuerzas de oposición que pretende recuperar el poder a cualquier precio, incluida mi cabeza.

No hay ninguna indignidad en mi elección, ni en mi gestión. Tiene usted razón, Doctor Coronell, soy un tigre que se defiende con fiereza de los cazadores que disparan sin piedad desde todos lados. Como en los tiempos de la Conquista.

Cazadores acostumbrados a acabar con la honra y la dignidad de las personas, de los indígenas, los negros, los hombres y mujeres de izquierda democrática.

Cazadores que hablan de igualdad y justicia, pero con sus perdigones hieren la democracia y mantienen los privilegios de que gozan unos pocos. Cazadores de honras y dignidades, que quieren ver colgada en sus paredes mi cabeza.

Como ciudadano y como Personero de Bogotá no exijo ninguna garantía diferente a las que me ofrecen la Constitución y las leyes. Tengo derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Iré al Honorable Concejo de Bogotá a dar las explicaciones correspondientes. Soy inocente. No renunciaré a mi cargo, ni me dejaré sacar sombrerazos, en esta cacería de indios desatada por usted y otros medios.

Los indios somos rebeldes por naturaleza. Los tiempos en que nos dejábamos silenciar, humillar, despojar y matar políticamente ya pasaron. Hemos conquistado el derecho a pensar, hablar y a actuar en defensa de nuestros ideales. A ser tratados como humanos, en igualdad de condiciones.

Espero que comprenda el enorme daño que le hace a la democracia y rectifique su actitud hacia mí. Y en aras de la verdad publique esta carta.

Cordialmente,
Francisco Rojas Birry

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Sierra Nevada
La tragedia del pueblo Kankuamo sigue vigente
Por Camilo Raigozo

El pueblo Kankuamo, una de las cuatro etnias asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha venido siendo sometido de manera sistemática a un exterminio físico y cultural, en el que bajo la estrategia paramilitar y otras formas de terrorismo de Estado, ha cobrado la vida de más de 300 indígenas.

Jayris Cáceres Maestre perdió una de sus piernas y quedó con graves lesiones en la parte posterior de su cuerpo en el atentado del pasado 31 de diciembre. Foto Camilo Raigozo.

Al menos 400 familias kankuamas han sido desplazadas de su territorio y más de 700 niñas y niños han quedado huérfanos. Es decir, un verdadero proceso genocida que ni las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha podido detener.

El pasado 31 de diciembre, en Atánquez, resguardo Kankuamo, Sierra Nevada, Cesar, cuando en una caseta más de 300 indígenas celebraban las festividades, ocurrió un atentado terrorista con una granada, de uso privativo de las Fuerzas Militares, que arrojo como resultado cinco personas muertas, 91 personas heridas, algunas de considerable gravedad y 17 niños huerfanos.

Una Misión nacional e internacional de verificación y acompañamiento al pueblo Kankuamo, se reunió del 26 de febrero al 1º de Marzo, en Atanquez y después de trabajar en cinco comisiones, constató de forma preliminar la situación de afectación crítica en cuanto a salud metal, cohesión social, situación jurídica y visibilización de la problemática, luego de dos meses del atentado del pasado 31 de diciembre.

Tanto la comunidad, como la Misión, exigieron a las autoridades “desarrollar un proceso serio, imparcial y exhaustivo de investigación en búsqueda del esclarecimiento de los hechos, en coordinación con las autoridades indígenas del pueblo Kankuamo, la identificación de los responsables y el cumplimiento del Estado para con las víctimas, familiares y la población en general del resguardo, que vaya más allá de la ayuda humanitaria de emergencia y que implica verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Igualmente le exigieron al Estado el cumplimiento pleno de las normas constitucionales colombianas y de los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, en especial las medidas cautelares y provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pueblo Kankuamo y la ratificación de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas.

Próximamente video

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Parauribismo/ Sur de Bolívar
Mientras que el paramilitarismo se consolida en la región, el régimen guarda silencio
Por Camilo Raigozo

Organizaciones sociales del sur del departamento de Bolívar entre las que se encuentran Fedeagromisbol, Sembrar, CNA y Nomadesc, entre otras, denunciaron ante la opinión pública nacional y extranjera que grupos paramilitares que delinquen en esta zona del país, han amenazado a los pobladores con su accionar sangriento.

Los ‘paras’ se autodenominan “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y dicen defender las políticas del gobierno de Uribe.

Estas hordas criminales han distribuido un panfleto con amenazas en las cabeceras municipales del Sur de Bolívar, según la denuncia de las comunidades.

Los paramilitares dicen en el panfleto que tras las fracasadas negociaciones entre las Auc y el Gobierno, han retomado las armas y la zona para “librarla de la subversión”.

“Sin duda alguna, el uribismo se está reacomodando no solo en esta región, sino en todo el país para garantizar la reelección, utilizando, como en el pasado inmediato, a sus ejércitos sicariales para asesinar e intimidar a la oposición”, afirmó un líder comunal de la zona.

En la región, entre 1997 y 2002, el Estado terrorista perpetró al menos 556 actos criminales, que arrojaron 163 víctimas de masacres, 40 víctimas de desaparición forzada, 163 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 190 víctimas en otras modalidades.

Según las investigaciones de varias ONG defensoras de los derechos humanos, todos los actos de barbarie fueron cometidos por paramilitares, Ejército, individualmente y en acciones conjuntas.

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Dramática situación de familias desplazadas y desalojadas en Cali

A partir del 2 de marzo de 2009, la administración municipal inició el proceso de desalojo de 469 familias de los Asentamiento Brisas de Navarro y Brisas de Córdoba, en la ciudad de Cali, al Sur Occidente de Colombia.

Muchas de las familias son desplazadas por la violencia, la gran mayoría víctimas de crímenes atroces, tanto en violaciones a los Derechos Humanos, como al Derecho Internacional Humanitario.

La totalidad de estas familias son afro colombianas, la gran mayoría ha perdido a uno o más integrantes de su familia, en actos criminales de grupos paramilitares, de grupos insurgentes y de la fuerza pública colombiana.

En los Asentamientos Brisas de Navarro y Brisas de Córdoba también están presentes familias expulsadas del relleno sanitario de Navarro, hoy clausurado y familias en extrema pobreza, que junto a las desplazadas y antiguas recicladoras no tienen ninguna otra posibilidad de vivienda.

Desde el primero momento, las familias manifestaron que no recurrirían a la fuerza o a la violencia, han mantenido su palabra, han resistido de manera pacífica.

A pesar de la disposición de la Comunidad a emprender un proceso de interlocución con la Administración Municipal que permita una solución digna para todas las familias, la Administración ha sido sorda a una solución colectiva y ha promovido la fragmentación de la comunidad.

En este sentido la Administración Municipal ofreció subsidios por $750.000, para tres meses de arriendo, para las familias que firmaran un acta de compromiso para abandonar voluntariamente los terrenos donde se ubican los Asentamientos. Un total, según la administración municipal de 119 familias aceptaron esta oferta.

La gran mayoría de familias desplazadas y un número importante de familias recicladoras rechazaron esta propuesta, porque consideran que no resuelve su problemática en tanto pasados los tres, nuevamente estarán en la calle y porque es supremamente difícil encontrar viviendas en arriendo, más si se tienen familias numerosas, como muchas de las familias desplazadas por la violencia.

La administración municipal continuó con el proceso de desalojo y a partir del Lunes, 9 de Marzo de 2009, fueron ocupados los terrenos de los asentamientos por unidades del Esmad, la Policía Metropolitana y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Durante los días 10, 11 y 12 de marzo de 2009 cuadrillas de la Secretaría de gobierno municipal, con sierras eléctricas y demás herramientas y máquinas derribaron las humildes viviendas, aplanando el terreno, sepultando algunos escombros e incinerando el resto.

Luego la Administración Municipal comenzó a incinerar lo que las familias había salvado del desalojo y se inició la etapa de expulsión de las familias, que ahora se encontraban durmiendo a la intemperie a un extremo de la vía.

Por todo ello decidieron realizar una marcha pacífica hasta el Centro de Administración Municipal en donde permanecen desde la noche del Jueves, 12 de marzo de 2009.

Al día de hoy, 16 de Marzo de 2009, las familias de los asentamientos que decidieron continuar movilizándose, completarían su quinta noche de dormir a la intemperie en la plazoleta del CAM, de tener un servicio precario de baterías sanitarias, con la prohibición de la administración de poder preparar alimentos en el sitio de la protesta y si la posibilidad de extender elementos que les permitieran protegerse de la lluvia.

Afortunadamente en las noches de jueves, viernes, sábado y domingo no llovió. Mientras tanto las familias que se mantienen en los terrenos donde estaban los Asentamientos completan al lunes 16 de marzo de 2009, la octava noche de dormir a la intemperie.

En estos cuatro días y cinco noches se han enfermado gravemente dos niños y dos personas adultas que debieron recibir atención hospitalaria y hay por lo menos dos niños en los terrenos donde estaban los asentamientos que tienen quemados gravemente sus pies, al pisar accidentalmente los escombros que habían sido incinerados.

Reiteramos que entre las familias afectadas, la gran mayoría afro colombianas, se encuentran cientos de niños, mujeres embarazadas, una de ellas con 34 semanas, personas enfermas y personas mayores.

Es falso el señalamiento utilizado por la administración municipal de que las familias utilizan a los niños y niñas para escudarse, las madres y padres llevan a sus niños y niñas a donde van porque fueron expulsados por la guerra de sus territorios, porque su fuente de trabajo fue clausurada sin una alternativa digna, porque la pobreza no les ha brindado otra alternativa.

Y ahora los llevan hasta la plazoleta del CAM donde están protestando porque sus humildes viviendas fueron totalmente destruidas. ¿Sí todo lo que poseías fue destruido, cubierto de tierra e incinerado y ya no te queda nada, a donde puedes llevar a tus hijos e hijas, sino contigo?

Las familias han mantenido en la medida de sus posibilidades limpia la plazoleta, han organizado la preparación de alimentos en los terrenos donde estaban ubicados los asentamientos, debiendo desplazarse un gran trayecto, teniendo en el mejor de los casos dos raciones de alimentos diarias.

Respuesta de la Administración Municipal:

En la noche del jueves 12 de Marzo de 2009, las familias no fueron escuchadas, tampoco durante el 13 y 14 de Marzo de 2009.

El día domingo, 15 de marzo de 2009, se dio un primer acercamiento con la administración municipal, el cual se concretó este mismo día siendo las 5:00 p.m. La Comunidad solicitó ingresar a la reunión con las personas de las organizaciones de derechos humanos que las han estado acompañando, pero la administración municipal de negó a aceptar cualquier persona externa a la misma comunidad, a pesar de aclararle que se trataba de integrantes de organizaciones de derechos humanos que han estado acompañando a la Comunidad. Este primer acercamiento no permitió llegar a ninguna solución.

El día lunes, 16 de marzo de 2009, se dio un segundo acercamiento con la Administración Municipal, que permitió la realización de una reunión durante toda la tarde, sin llegar a ningún acuerdo.

En ambas ocasiones se ha avanzado en el diálogo verbal en el compromiso de entregar a las familias en conflicto una vivienda digna en el plazo de 10 a 12 meses y ha sido imposible comprometer a la Administración Municipal, en una solución temporal durante los 10 0 12 meses, que supuestamente la Alcaldía se tardaría en entregar las viviendas.

La Comunidad había aceptado el primer punto y con profundo dolor había renunciado a una solución inmediata, generándose entonces en todas las familias una angustia terrible por no tener ninguna alternativa de reubicación inmediata, pero dispuestas al sacrificio si la promesa de una vivienda en 10 o 12 meses era real.

La Comunidad ha exigido que el Acuerdo sea consignado por escrito, firmado por los funcionarios de las Secretarías de Vivienda Social y de Gobierno, por los demás funcionarios que han intervenido en la negociación, pero sobre todo por el Alcalde Jorge Iván Ospina y de parte de la Comunidad por los y las Líderes que han representado a la Comunidad.

El Acuerdo del domingo, 15 de marzo de 2009, fue violado por la administración municipal cuando al momento de firmarlo, no aparece la firma del alcalde municipal. El Acuerdo del lunes, 16 de marzo de 2009, nuevamente fue violado por la administración municipal, cuando al ser revisado antes de firmarlo, los y las líderes encuentran que el texto plantea que la administración municipal se compromete a “postular” dentro de 10 meses a las familias involucradas a los programas de subsidios de vivienda, pero supeditadas a los procedimientos, tiempos y contratiempos del ministerio del Medio Ambiente y Vivienda, cuando en la extensa discusión verbal, el acuerdo había sido que la administración municipal se comprometía a “entregar” una vivienda a todas las familias implicadas.

El ambiente durante los tiempos de diálogo ha sido de flexibilización de las condiciones de seguridad que la Administración Municipal mantiene con unidades del Esmad y de la Policía Metropolitana.

Al contrario, cuando los y las líderes de la Comunidad se han negado a firmar al encontrar que lo acordado no está consignado en el documento que oficializaría el acuerdo, las medidas de seguridad se radicalizan, siendo el final de tarde de hoy Lunes, 16 de Marzo de 2009, un momento de gran tensión al ser desplazadas muchas unidades y una tanqueta del Esmad a la plazoleta.

Durante las dos jornadas de discusión funcionarios y funcionarias de la Administración Municipal parecen creer que la Comunidad puede ser fácilmente manipulada y han pretendido recurrir a argumentos absurdos, para que los y las lideres firmen el Acuerdo, como sugerirles que firmaran en borrador, que luego por la Administración Municipal sería corregido e impreso en definitivo o pretender que firmaran sin permitirles leer lo consignado en el documento.

El comportamiento de los funcionarios y funcionarias durante el diálogo o en los momentos de ruptura ha sido altanero, irrespetuosos y autoritarios. Una expresión recurrentemente utilizado por la Administración Municipal ha sido que la Comunidad acepta las ofertas y se retiran inmediatamente o son desalojadas a las malas, es decir, con el uso de la violencia.

Por supuesto, también es importante decir, que si bien durante todos estos días siempre ha estado presente el Esmad y la Policía, a excepción de un incidente el lunes en la mañana, en este sentido no se han presentado situaciones de mayor gravedad en contra de la Comunidad.

Por su puesto, la situación de destrucción total de las humildes viviendas y la absoluta desprotección a la que quedaron sometidas las familias, las tiene hoy en Emergencia Humanitaria.

Ha sido fundamental en este proceso la solidaridad creciente que comunidades religiosas, estudiantes de secundaria, niños y niñas de primaria y otras personas han venido brindando a la Comunidad de los Asentamientos Brisas de Navarro y Brisas de Córdoba.

Consideración Final:

Las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos que venimos acompañando a la Comunidad rechazamos los señalamientos del señor Secretario de Vivienda Juan Diego Flórez, quien en la mañana del Lunes, 16 de Marzo de 2009, planteó que personas de ONG nacionales e internacionales estaban “azuzando” a la Comunidad. Nuevamente a quienes trabajamos por los Derechos Humanos en Colombia no toca exigir que se respete nuestro papel como Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

Solicitudes

Difundir de manera masiva esta denuncia, en tanto la administración municipal busca invisibilizar nuestra realidad, descalificándonos con señalamientos irresponsables.

Brindarnos ayuda humanitaria en términos de alimentos, atención médica y protección de las inclemencias del tiempo.

Presionar políticamente para que la Administración Municipal respete nuestros derechos como seres humanos, como colombianos y colombianas, como niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos y adultas mayores y Comunidad en general. Comunidad entre las cuales se encuentran muchas víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad.

Presionar a la Administración Municipal para que acepte crear una mesa de diálogo, donde se construya colectivamente una solución digna para las familias y justa para ambas partes.

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57 razones para no apoyar la reelección del sátrapa

1) Porque aumentó la edad para pensionarse: la mujer a los 57 años y los hombres a los 62;

2) Porque aumentó de 1000 a 1250 semanas las cotizaciones para acceder a pensión;

3) Porque eliminó la mesada 14 o prima de junio a los pensionados;

4) Porque acabó con los quinquenios y las primas de antigüedad;

5) Porque cerró y ordenó liquidar más de 18 hospitales;

6) Porque es responsable de que los jóvenes no tengan estabilidad laboral ni prestaciones sociales. Solo contratos de 3 o 4 meses, con salarios indignos y todo, porque la ley 50/90 arrasó con el derecho al trabajo y Uribe fue su defensor y ponente en el Congreso..

7) Porque eliminó más de 30.000 empleos públicos y despidió a otros tantos trabajadores;

8) Porque subió el IVA del 8% al 16%.

9) Porque no tuvo voluntad de rebajar las tarifas de servicios públicos, que dependen de la ley y del gobierno nacional.

10) Porque cuando era Senador sustentó la ley 100/93 que convirtió el servicio de salud en un negocio en donde solo importa las ganancias y no la calidad de vida de los pacientes;

11) Porque manejó el congreso como quiso hasta prostituirlo, sin embargo no radicó ninguna ley sobre protección social en pensiones y salud para más de 10 millones de ancianos desprotegidos;

12) Porque la gasolina la sube mes a mes hasta hacerla la más cara del mundo;

13) Porque mediante la resolución 013 de 2005 ordenó acabar con las primas de servicios y técnicas. Con vistas a la reelección esa resolución fue derogada, pero ya quedan notificados de que pasará si lo reeligen. Su objetivo es reducir los salarios a menos del $ millón para los profesionales, mientras que a los altos funcionarios les autoriza en el mes de junio un reajuste de 4 primas adicionales. Así, estos últimos devengan casi $ 130 millones en junio;

14) Porque el Plan Patriota que implementa en el sur del país tiene un fuerte impacto ambiental, agencia la concentración de la tierra, viola los derechos humanos, criminaliza e involucra a quienes no tienen que ver con el conflicto en él, y permite la intervención militar y la presencia permanente de tropas extranjeras en nuestro territorio, coincidencialmente en zonas ricas en carbón, gas, petróleo, biodiversidad, y el más importante de todos los recursos: Agua.

15) Porque fue el único Presidente de Sur América que apoyo la invasión y el genocidio del pueblo de Irak para robarle su petróleo, un apoyo a una guerra ilegal e ilegitima que atenta contra una tradición internacionalista de varios decenios en Colombia

16) Porque ha despilfarrado más de $27 mil millones diarios en su inútil y estéril guerra mientras se empecina en ignorar que la violencia la genera el hambre, el desempleo y la falta de ingresos;

17) Porque buscó regalar a Telecom, después de propiciar su ruina;

18) Porque nombró de ministro a Londoño Hoyos y al general Plazas jefe de estupefacientes: el primero estuvo implicado en el escándalo de las acciones de INVERCOLSA y el segundo no dejó piedra sobre piedra en el Palacio de Justicia;

19) Porque no permitió que indemnizaran o repararan a las víctimas de la violencia ni que se supiera la verdad sobre los crímenes en Colombia;

20) Porque hizo aprobar su propia reelección, pero negó la de otros funcionarios;

21) Porque el único empleado público que puede hacer política es el Presidente;

22) Porque permitió que haya impunidad por los delitos cometidos por los estadounidenses, mientras es implacable con los colombianos a quienes remite a las cortes de Estados Unidos, para que los juzguen en otro idioma y sin derecho a la defensa; y de donde en varios casos han sido devueltos.

23) Por que perpetúa la hipócrita guerra contra el narcotráfico, que lo único que hace es volver más lucrativo el negocio, (sobre todo para el sistema financiero del primer mundo) desconociendo que la verdadera raíz del problema no es la producción sino el consumo y la demanda, y que cada vez aumentan mas los cultivos, a la par con las viudas y huérfanos de esa guerra.

24) Porque regaló a Granahorrar, al venderlo en menos de lo que al pueblo le hicieron pagar para sacarlo de la quiebra;

25) Porque sin carácter se dejó imponer el TLC que arruinara el campo y el sector textil, farmacéutico, agropecuario y hasta la televisión nacional;

26) Porque han expropiado a los narcotraficantes más de $30 billones y nadie rinde cuentas ni sabe a qué bolsillos han ido a parar.

27) Porque existen denuncias en los medios según las cuales desde que es presidente ha estado comprando lotes alrededor de su hacienda 'El Ubérrimo' (que tiene cerca de dos mil hectáreas: Bogotá toda tiene como tres mil, comparen) en Córdoba y nunca será bien visto que un presidente se enriquezca mientras ejerce el cargo.

28) Porque reconoce como valor supremo de una sociedad la seguridad (donde queda la igualdad, la justicia, la libertad???????) y solo habla de 'Estado de Derecho' cuando la Constitución Colombiana consagra un Estado SOCIAL de Derecho, lo cual es una noción muy diferente.

29) Porque su política de seguridad democrática desdibuja la noción de derechos humanos, dado que estos son prerrogativas que se ejercen frente al Estado, y no frente a grupos armados al margen de la ley, como lo quiere dar a entender.

30) Porque su política de seguridad democrática con sus detenciones masivas y redes de informantes, ha servido para que, una vez liberados los detenidos por violación del debido proceso e inexistencia de pruebas, sean asesinados, coincidencialmente, por fuerzas oscuras.

31) Porque su política de seguridad democrática predica y practica el involucramiento de la población civil en el conflicto armado, desconociendo el principio de distinción y otros preceptos del derecho de la guerra, o derecho internacional humanitario.

32) Por que atacó públicamente a los defensores de derechos humanos en Colombia, llamándolos 'voceros del terrorismo' por cuestionar su política de seguridad antiterrorista

33) Por que desconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, lo que impediría la operancia del Derecho Internacional Humanitario, que lo único que busca es la humanización del horror de la guerra y la protección de quienes no participan directamente en las hostilidades

34) Porque las detenciones masivas, injustas y arbitrarias, generan responsabilidad del Estado con deber de indemnizar a los afectados, mediante el pago de millonarias condenas con cargo al erario público, dinero que se podría destinar a otros rubros más importantes.

35) Porque en Cajamarca Tolima hubo una masacre perpetrada por el Ejército (y esto ha sido comprobado por la Fiscalía quién profirió resolución de acusación contra varios militares) y el presidente en vez de solicitar una investigación a fondo acudió a decir que se trataba de un error militar, cuando las víctimas habían sido ejecutadas extrajudicialmente.

36) Porque existen denuncias serias sobre fraude electoral en los comicios donde resultó electo presidente, y las denuncias no provienen de la oposición, sino de un alto funcionario del gobierno, salido de sus entrañas: El director de informática del DAS.

37) Porque existen denuncias serias de importantes medios de comunicación sobre vínculos estrechos entre el DAS y los paramilitares, unidos para acabar con estudiantes, profesores universitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes de oposición, mediante la entrega de información de inteligencia a las autodefensas, todo con recursos públicos, Véase no mas la desfachatez con que dicen que el DAS fue infiltrado por una mafia. Cual mafia??

38) Porque ante las denuncias el presidente Uribe en vez de depurar las instituciones y adelantar las investigaciones correspondientes, la emprende contra la prensa, -que inclusive lo apoya en Colombia- como si quien denuncia el hecho -y no quien lo comete- fuese el responsable del escándalo.

39) Por que en los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado Colombiano frente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, se ha negando rotundamente asistir, no obstante reunir en sí la condición de jefe de Estado, Jefe de Gobierno, y supremo comandante de las Fuerzas Armadas. Seguro es para él una enorme humillación pedir disculpas en nombre del Estado a las víctimas

40) Por que la Corte Constitucional tuvo que hacer un llamado de atención al gobierno frente a la situación del desplazamiento, debido a la falta de protección y desinterés por parte del Estado frente los desplazados, y aún así su situación sigue siendo lamentable.

41) Porque ha dejado ver su displicencia por la constitución de 1991, y no ha ocultado su interés de modificarla para mal e inclusive sustituirla, a pesar de que es considerada la carta política más proteccionista y garantista del mundo.

42) Por que tuvo la desfachatez de nombrar como ministro del interior a Fernando Londoño, quién públicamente ha expresado su desprecio por la carta de 1991, y se atrevió a atacar a la rama judicial, por lo que fue ejemplarmente sancionado con inhabilidad de doce años por la procuraduría.

43) Por que las entidades encargadas de reforma agraria y manejo de tierras en Colombia FINAGRO e INCODER, se han visto envueltas en escándalos sobre la adjudicación irregular de tierras y créditos a poderosos terratenientes en Colombia, mientras los desplazados se mueren de física hambre en las ciudades. Según los funcionarios implicados el ministro de agricultura ha sido cómplice de ello. Se da todo a los victimarios y se ha desprotegido a las víctimas

44) Porque los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral se van afectados por la mal llamada ley de justicia y paz, impulsada por el gobierno de Uribe, que desconoce los estándares internacionales que el derecho internacional de los derechos humanos consagra en materia de derechos de las víctimas.

45) Porque personas investigadas por la Fiscalía General de la Nación por supuesto nexos con los paramilitares aportaron millonarias sumas (algunas hasta cien millones de pesos) a su campaña presidencial.

46) Por que durante su gobierno el cultivo de palma africana de aceite, el 'desierto verde' se ha extendido por todo el país, por medio del desplazamiento y el despojo de tierras de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afro descendientes

47) Porque durante su gobierno las comunidades indígenas Arahuacas, Koguis, Wiwas y kankuamas han sufrido exterminio a manos de los diferentes actores del conflicto, sin que el gobierno haya hecho mayor cosa para impedirlo, constituyéndose en una vergüenza internacional para Colombia.

48) Porque impulsó la ley forestal, que abre las puertas a la mercantilización y explotación indiscriminada de los bosques y selvas colombianos, desconociendo parámetros internacionales del derecho ambiental en la materia.

49)Porque desobedeció la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no negociar y firmar un TLC lesivo a los derechos colectivos de los Colombianos.

50) Por que ante la masacre de San José de Apartadó, donde murieron niños menores de doce años y los miembros de la comunidad señalaron a algunos soldados del Ejército como responsables, el presidente no condenó la masacre ni solicitó el impulso de las investigaciones, si no que señaló a la comunidad de San José como influenciada por la guerrilla.

51) Por que plantea una reforma a la justicia para minar la independencia de la rama judicial del poder, recortando funciones a la Corte Constitucional , la acción de tutela y concentrando poderes en si mismo.

52) Por que su ministerio de educación está adelantando una reforma académica en la Universidad Nacional de Colombia con el fin de entregar un profesional 'más acorde a los requerimientos del mercado' porque la Nacional 'está enseñando demasiado'. (Se cita textualmente) Es decir, no profesionales pensantes y críticos, esto es integrales, comprometidos con el desarrollo de su país y su gente, sino mano de obra barata para las maquilas y las grandes empresas.

53) Por que su gobierno manipuló las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas para presentar la situación de desempleo, lo que motivó la renuncia del director de la entidad. De hecho ha cambiado la metodología para medición de la pobreza, con el objeto de sostener que en su gobierno esta ha bajado (¿?) por lo que ha mantenido una controversia pública con economistas y académicos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia. En esta última, lo único que ha atinado a decir su gobierno es que el CID tiene un 'sesgo político' (será que defender la gestión económica de un gobierno no tiene ninguno?)

54) Por que negoció un TLC con los Estados Unidos en condiciones inequitativas para Colombia. Mientras los EU subsidian a sus agricultores, Colombia no lo hace con los suyos, y permitirá que ingresen sin arancel productos con subsidio estatal americano (eso es libre comercio?) a competir con productos colombianos sin subsidio. Y porque se niega a convocar una consulta popular sobre el tema. Si el pueblo colombiano quiere TLC. ¿A que le teme Uribe? Y si no lo quiere ¿Por qué lo firmó?

55) Por que al ser reelegido tendrá la posibilidad de incidir políticamente –dado su inmenso poder- en la elección de procurador, contralor, y magistrados de altas cortes, (ya lo hizo con fiscal general –que anteriormente era su viceministro de justicia- y congresistas, que son de su círculo) para que quede gente de sus afectos, destruyendo de esa forma el sistema de contrapeso de poderes de las democracias modernas; como decían del PRI en México 'la dictadura perfecta'.

56) Por la hipocresía que representa el defender, de manera enferma, la legitimidad de un congreso que tiene más de ochenta procesados, e incluso condenados, por para política, todos de la coalición uribista, uno de ellos Mario Uribe, quien más que primo era su brazo derecho en la política. 'Curioso que su líder político no tenga nexos con el paramilitarismo...'

57) Por el exabrupto de no reconocer el desastre político que representa el hecho de tener que deberle la reelección a yidis medina a cambio de dadivas y cuotas burocráticas, y en cambio emprenderla contra la Corte Suprema, única institución que no se ha dejado seducir con las mieles del poder, cuya autonomía se ve amenazada con la reforma a la justicia que garantizaría la impunidad para su gabinete y seguidores políticos.

58) Esta es a título personal, Porque tiene completo control y dominio sobre los medios masivos de información, léase caracol noticias y noticias RCN especialmente( y sus correspondientes emisoras, W Radio y la FM.), para manipular toda la información y desinformar a las personas que como borregos obedecen y favorecen toda orden que muy suspicazmente por aquí se les impone....sin darse cuenta que van directo para el matadero...y que no vengan los payasos de vacaciones a decir que Uribe les dio vías para pasear.., que eso es apenas hace parte de su show publicitario...este país necesita muchísimo mas que eso.

….Y los ciegos que piensan reelegirlo, ¿para donde creen que llevan al país?
No se sabe quién es más sátrapa. Sí Uribe o quiene lo apoya.

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El abogado defensor de derchos humanos Rodolfo Ríos Lozano denuncia montajes en su contra

El abogado defensor de derechos humanos, Rodolfo Ríos Lozano (foto), denunció ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución y hostigamiento que viene padeciendo de parte de organismos de seguridad e inteligencia del Estado. A continuación transcribimos la denuncia del abogado en su integridad:

Respetado señor Procurador:

Rodolfo Ríos Lozano, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, identificado con C. C. Nº 1.037.332 expedida en Chiscas (Boyacá), abogado en ejercicio con T. P. Nº 87.238 del C. S. de la J., con mi acostumbrado respeto, comparezco ante Usted, para poner en conocimiento y denunciar unos hechos, que constituyen conductas, intimidatorias, constreñimiento ilegal, espionaje, entre otros comportamientos que atentan contra mi tranquilidad personal, mi libertad, mi propia vida y la de mi familia, el derecho a ejercer libremente el ejercicio profesional como abogado litigante y defensor de derechos humanos y a tener una militancia política.

Hechos que a continuación me permito citar:

1) El 20 de diciembre de 2008, siendo aproximadamente las dos de la tarde, junto con el abogado Eduardo Matyas Camargo, en calidad de defensores, nos trasladamos a las oficinas de investigación unidad de Terrorismo de la Dijin, a reclamar unos elementos pertenecientes a la señora Liliany Obando Villota, los cuales fueron retenidos por esta policía en el allanamiento a su residencia.

Estando en dichas instalaciones uno de los agentes allí presentes, a quien no identifique por el nombre en presencia de mi colega Matyas Camargo, me manifestó: “con que usted es el abogado Rodolfo Ríos Lozano, por aquí aparece fotos suyas en unos computadores ya sabe de quién”, yo le solicité que me dijera que era lo que estaba pasando conmigo y el investigador me contesto que era reserva sumarial, una investigación preliminar delicada.

2) Desde el mes de febrero de este año he sido objeto de seguimiento por personas desconocidas, en una oportunidad llegaron dos personas supuestamente procedentes del departamento del Caquetá, a las once de la noche al edificio donde resido y solicitaron insistentemente al vigilante su ingreso al edificio para hablar conmigo, supuestamente que tenían una cita concertada con el suscrito, el vigilante no accedió, como tampoco abrió la puerta y fue objeto de ultrajes.

3) El diez 10 de enero de este año, siendo aproximadamente las diez y treinta de la noche, me llamó una persona de sexo femenino al teléfono fijo numero 2864459, quien no se identificó y me manifestó textualmente:

“Por favor cuídese, a usted le quieren montar un proceso por colaboración con el terrorismo, el gobierno no estaba tranquilo por denunciar en la operación Jaquee la utilización de los símbolos de la cruz roja internacional, de Telesur y la presencia del FBI, en ese operativo militar”. Le solicité a la persona que me indicara porque sabía eso y que se identificara, inmediatamente me colgó el teléfono.

4) En unas de las tantas diligencias judiciales por mi realizadas, como defensor, en febrero de este año, revisando el proceso Nº 67817 que cursa en la Fiscalía 19 Especializada de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo, dentro del proceso conocido como “La Farcopolitica”,en el cuaderno Nº 5 aparecen en un informe de policía judicial, unas fotografías donde me encuentro con algunas personas, entre quienes está la senadora del Partido Comunista colombiano Gloria Inés Ramírez Ríos y el señor Jorge Gómez, secretario de organización del Partido Comunista Colombiano, pero lo curioso es que los investigadores resaltan en recuadro las fotos de la doctora Gloria Inés Ramírez Ríos y Rodolfo Ríos Lozano. Ello, como una forma directa de señalamiento y persecución política.

5) Dentro de la lista de mensajes recibidos en mi correo electrónico, rodolforioslozanoabogado@hotmail.com, con fecha once 11 de marzo de 2009, hora 08:01:36 p.m. apareció un mensaje y su contenido que no es otra cosa que la preparación de un montaje en mi contra, por organismos de inteligencia del Estado, dice:

De: diego esteban castro lopera (diegoestebanc@gmail.com).
Para: rodolforioslozanoabogado@hotmail.com Texto del mensaje:

“Camarada, como van las cosas!!

Le escribo desde este mail, las cosas están duras, necesitamos con urgencia, dos profes jóvenes ojala jucos, que se internen con nosotros un mes, nosotros enviamos la logística, además queremos saber si es posible que usted nos visite. Desde la calle de Neiva, un abrazo”

Señor Procurador, no tengo contactos, nunca me comunico con miembros de de las FARC o del Ejercito de Liberación Nacional, salvo con quienes están privados de la libertad en las cárceles Colombianas y son mis defendidos, necesariamente debo tener comunicación con ellos para determinar la estrategia de la defensa.

Ahora bien, este miserable y criminal correo, no es más que un proyecto hacia un falso positivo, creado desde la informática forense por agentes al servicio del Gobierno, ya sea para preparar en mi contra un burdo y canallesco montaje y ponerme tras las rejas en las Cárceles del régimen, como ocurre con centenares de campesinos, dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos, privados de la libertad porque no comparten las políticas de este gobierno o bien para justificar un crimen contra mi vida y acallar a quien es ético y defiende el derecho a la vida y a la libertad.

Señor Procurador, comedidamente le solicito disponga abrir investigación disciplinaria inmediata y así obtener la individualización e identificación de los autores de estos hechos. Así mismo debo precisar que estos oscuros sucesos no van a conseguir que renuncie a mi militancia como miembro del Partido Comunista Colombiano, a defender los derechos humanos, a ejercer mi ejercicio profesional como abogado litigante y a la defensa de los presos políticos.

Anexo copia impresa del Correo Electrónico referido.

Rodolfo Ríos Lozano

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Nueva ola de amenazas y asesinatos en el Chocó
Por Comisión Vida Justicia y Paz Diócesis de Quibdó. 13 de marzo de 2009

Las organizaciones sociales, étnico territoriales, entidades eclesiales y académicas y las instituciones públicas del orden municipal y departamental, abajo firmantes, preocupados por el ambiente de zozobra y temor ocasionados por crímenes cometidos y una amenaza generalizada contenida en panfletos que circulan por varios lugares del Chocó, manifestamos ante la opinión pública lo siguiente:

Primero: Hacemos un rechazo de plano y total a los asesinatos y las amenazas que por medio de panfletos circulan en la ciudad de Quibdó y otros lugares del Chocó, no podemos aceptar que en medio de un Estado Social de Derecho organizaciones criminales se abroguen cínicamente el derecho a imponer su régimen de terror y quitarle la vida a los demás.

Segundo: Nos preocupa el nuevo avance acelerado de las organizaciones paramilitares que quieren llenar de terror a la población civil, asesinando primero a sectores descompuestos de la sociedad para luego de manera selectiva, individual y colectiva perseguir y masacrar dirigentes étnicos, cívicos y sociales con el fin de imponer su proyecto económico, político y militar en la región.

Tercero: Llamamos a la comunidad a que se abstenga de hacer eco de estos panfletos, no hacerle juego a estos grupos violentos y a manifestarse en contra de las amenazas, las torturas y los asesinatos cometidos en nuestra ciudad de Quibdó.

Cuarto: Reafirmamos que nadie tiene la autoridad para quitarle la vida a nadie, menos aún, las organizaciones criminales pueden aplicar ninguna clase de justicia, ni amenazar a toda una sociedad, especialmente a los jóvenes y los más pobres y desprotegidos dentro de la comunidad.

Quinto: Quibdó al ser una ciudad con alto porcentaje de población desplazada, queda mayormente expuesta a sufrir nuevos ataques y crímenes, lo cual rechazamos enérgicamente y clamamos porque la institucionalidad actúe a favor de la vida de esta población, sus organizaciones y sus dirigentes.

Por último, exhortamos a las autoridades competentes a implementar todos los mecanismos y medidas que garanticen la protección de la vida de todos y todas las habitantes del Chocó, de manera particular a los más empobrecidos y vulnerados de nuestra sociedad.

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