jueves, febrero 25, 2010

Catatumbo, Norte de Santander
Crisis humanitaria por terrorismo de Estado
Brutal persecución del régimen contra el campesinado y sus organizaciones sociales. 18 labriegos han sido encarcelados de una lista de al menos 78 personas donde aparecen dirigentes de Ascamcat
Por Camilo Raigozo. Voz

Al menos 18 campesinos han sido detenidos desde el pasado 6 de febrero cuando se inició por parte de la Fiscalía, la Sijin y un comando especial del Ejército, una brutal cacería humana de campesinos de la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Según denunciaron las comunidades la mayoría de víctimas de estas detenciones masivas fueron sacados de sus viviendas y trasladaos en helicóptero a Cúcuta acusados de rebelión.


VOZ conoció una lista de otras 78 órdenes de captura, aunque fuentes de la región advirtieron que los mismos miembros del ejército les hicieron saber que el número podría pasar de 170.

En las listas de personas que serán privadas de la libertad figuran líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat y del Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca.


De la primera organización aparecen los nombres de su presidente José del Carmen Abril y el fiscal de la misma, Jhonny Abril, quién también es el director del Campamento de Refugio Humanitario.

Los campesinos fueron detenidos en el corregimiento La Trinidad, municipio de Convención y de los corregimientos El Aserrío, San Pablo, San Juancito y La Cecilia, del municipio de Teorama.

Entre el 13 y 15 del presente mes, organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos, prensa alternativa, colectivos estudiantiles, ONGs internacionales y representantes de otras organizaciones sociales, realizaron una Comisión de Verificación del respeto a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la zona afectada, encontrando un panorama desolador.

Más de un centenar de denuncias de violaciones a los derechos fundamentales e infracciones al DIH por parte de la Fuerza Pública contra las comunidades fueron receptadas por la Comisión.

Ocupación de viviendas, fincas, centros educativos y otras áreas civiles, así como amedrentamientos, empadronamientos, fotografías, filmaciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, entre otras arbitrariedades de la Fuerza Pública fueron denunciadas por los campesinos.

También denunciaron el azote paramilitar, principalmente en Campo Dos, municipio de Tibú, donde establecen retenes las 24 horas en los que extorsionan a los conductores con peajes de 20 y 50 mil pesos por vehículo. Según las denuncias los retenes de los ‘paras’ están a 50 metros de un puesto de Policía.

El Ejército y la Fiscalía se han valido de supuestos desertores que trabajan a sueldo como informantes los cuales acusan a inocentes campesinos de pertenecer o de ser colaboradores de la guerrilla.


Según pudo establecer Voz, en la mayoría de las detenciones le fueron violados a las personas detenidas los derechos en los procedimientos y se hicieron de forma arbitraria.

El 14 de febrero parte de la Comisión se desplazó para verificar las denuncias de la ocupación ilegal por parte del Ejercito, de predios de la finca Villa María de propiedad de Adelaida Sierra, ubicada en el corregimiento-


El Aserrío, municipio de Teorama, comprobando que efectivamente allí se encuentran establecidas tropas del Ejército Nacional desde hace cuatro años, las cuales dijeron pertenecer al Batallón Vial y Energético 10.

Igualmente se pudo constatar que tropas pertenecientes al Batallón Ricaurte del la V Brigada de Bucaramanga, acampaban en las instalaciones de la escuela rural de la Cristalina.


“Estos casos son solo una pequeña muestra de las permanentes infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército Nacional de Colombia”, le dijo un campesino a Voz. Fotos Camilo Raigozo.

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Denuncian arbitrariedades de la directora de la cárcel El Buen Pastor
Por Camilo Raigozo. Voz

Varios abogados defensores de derechos humanos de la ONG Eduardo Umaña Mendoza denunciaron a VOZ las arbitrariedades que la directora de la Cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, Ana Sofía Hidalgo Alvarado, ha venido cometiendo.

Según la denuncia, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realizó una visita humanitaria el pasado 18 de Diciembre de 2009 en la cual se acordó, entre otras cosas, efectuar una Brigada Jurídica el día 19 de enero pasado para lo cual se radicó el respectivo permiso con copia al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Personería entre otros.

Sin embargo, a pesar de que la brigada de juristas se hizo presente en la cárcel desde las 8:30 de la mañana del 19 de enero como se había pactado, no le fue permitido el ingreso para observar el estado de respeto a los derechos humanos en la penitenciaría de mujeres.

El Colectivo Eduardo Umaña Mendoza solicitó al Congreso de la República, citar a la directora del Inpec y ministro de Justicia y del Interior para que expliquen al país la grave violación de derechos humanos a la población carcelaria y la actuación arbitraria de Hidalgo Alvarado.

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Parauribismo/
Oro para las multinacionales, plomo para los campesinos
Por Camilo Raigozo. Voz

A eso de la 7 de la mañana del pasado 10 de febrero, José de Jesús Restrepo, de 40 años y su hermano Omar Alonso, de 26 años, campesinos trabajadores en minería de pequeña escala, afiliados a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar,-

Fedeagromisbol, fueron secuestrados, torturados y asesinados por paramilitares cuando se dirigían de Montecristo a Caucasia, según informaron los pobladores a varias ONG defensoras de derechos humanos.

Dos días después en horas de la noche fue localizado el cuerpo de Omar Restrepo, en las aguas del río Cauca a la altura del municipio de Achi y al día siguiente, en el mismo río a la altura del municipio de Guaranda, fue encontrado el cadáver de su hermano.

Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el Sur de Bolívar coinciden en que estas dos nuevas víctimas pasan a formar parte de una larga lista agresiones contra la población de esta zona del país, fuertemente militarizada bajo la estrategia de Uribe de brindarles “seguridad democrática” a las multinacionales mineras que miran con voracidad las riquezas naturales de la región.

Desde 2004 la multinacional Anglo Gold Ashanti, reservó con la complacencia del Gobierno más de un millón de hectáreas en títulos mineros. Otro tanto hicieron la San Lucas Gold, Uragold Corp, Mineros S.A, Promoción de Proyectos Mineros y Mineros de Antioquia.

Para estos “inversionistas” todo el oro, para los pequeños mineros, campesinos, indígenas y afrocolombianos, que estorban, el régimen les concede todo el plomo que sea necesario.

Por el asesinato de los hermanos Restrepo las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las comunidades responsabilizan al Gobierno, que además se ha negado a continuar los diálogos con los pobladores del sur de Bolívar en el marco de la Mesa de Interlocución.

Sin embargo, el régimen ha continuado militarizando y paramilitarizando la región, para salvaguardar los intereses del gran capital acosta del bienestar y de la vida de los moradores.

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miércoles, febrero 24, 2010

Visita de Misión Asturiana
Deplorable la situación de los derechos humanos en Colombia
Además de ser intimidada y amenazada por las Fuerzas Armadas, a la delegación le fue negada la entrada a la prisión de alta seguridad de Valledupar a verificar la situación de derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Voz

Una delegación asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia encabezada por Rafael Palacios, visitó al país del 29 de enero al 12 de febrero pasado y recorrió los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Putumayo, Sur de Bolívar y Cundinamarca, además de Bogotá, sitios en los que encontró el respeto a los derechos humanos en estado deplorable.

“Denunciamos la actitud intimidatoria, hostil, amenazante, agresiva, irrespetuosa y grosera de Fuerzas Armadas colombianas con esta Misión Internacional”, dice el informe preliminar de la delegación asturiana conocido el pasado 12 de febrero.

La denuncia se refiere a los hechos que se presentaron el 2 de febrero en Piñuñanegro, Putumayo, cuando la delegación extranjera se encontraba investigando en el terreno las violaciones a los derechos humanos.

“Un helicóptero militar aterrizó junto a la escuela de la localidad y los generales Cabrera y Colón, al mando de varios oficiales y numerosa tropa que portaba armas de guerra, junto a civiles armados, se dirigieron de forma ofensiva, intimidatoria y grosera-

a los miembros de la Delegación del Principado de Asturias, fotografiándolos a todos ellos sin autorización”, dice el documento y a renglón seguido agrega, “expresaron que los civiles presentes en la zona éramos sospechosos de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla”. Sí eso ocurre con una delegación de derechos humanos europea ¿Cómo será el trato cotidiano que reciben los humildes campesinos?

Continúa terror paramilitar

Para Palacios el objetivo de los generales era impedir que la delegación constatara las múltiples violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas en la zona por la tropa: “barcos militares con armamento de guerra atracados dentro de la localidad,-

requisas y registros por parte de militares a población civil, helicópteros aterrizando junto a la escuela, militares acampados dentro de las casas del pueblo poniendo en peligro la vida de la población y de los miembros de la Comisión al convertirlos en objetivo militar”.

La delegación expresó su preocupación por las denuncias de los crímenes de los paramilitares en las regiones visitadas.

“A pesar de que el Gobierno colombiano niega oficialmente la existencia de estos grupos, las denuncias y testimonios constatan que siguen cometiendo masacres, extorsiones, asesinatos, ejecuciones, desplazamientos forzosos, desapariciones, violencia sexual y son un factor de desestabilización de la paz pública”, advierte el informe que también critica el fuerte crecimiento de estas hordas criminales cuyo accionar se ve reflejado el aumento de asesinatos y desplazamiento forzado.

La delegación denunció la existencia de listas de personas amenazadas de muerte por los ‘paras’ como represalia por su actividad como dirigentes sociales del Putumayo.

“De la misma forma denunciamos la existencia de informes de inteligencia del Ejército Nacional sobre personas civiles a las que se sindica de guerrilleros y que contienen datos privados de una lista de personas y familias a “neutralizar” en el Caquetá”.

Que no se profane la gran fosa común

La Delegación Asturiana advirtió a las autoridades sobre la inmensa fosa común denunciada recientemente por una comisión británica en La Macarena, Meta, la cual contiene los restos mortales de al menos 2.000 personas desaparecidas víctimas del-

binomio militar-paramilitar según las denuncias de las comunidades, que se garantice la seguridad del área del cementerio con el fin de prevenir la modificación de la escena, la exhumación ilegal de cadáveres y la destrucción del material probatorio que allí reposa.

Los asturianos recomendaron crear un centro de identificación forense en La Macarena, con el fin de lograr la plena identificación de las víctimas sepultadas allí como NN.

El informe denuncia la falta de garantías para quienes defienden los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, especialmente de los prisioneros políticos y añade que a la comisión le fue impedido el ingreso a la cárcel de alta seguridad de Valledupar, considerada una de las reclusiones donde más se violan los derechos humanos, con la clara intención de ocultarle a la comunidad internacional las atrocidades que allí suceden.

Entre otras decenas de denuncias la Comisión instó al Gobierno a garantizar la vida y la integridad de las familias que están retornando a Argelia, Cauca, después de haber sido desplazadas por la estrategia paramilitar que dejó cientos de personas asesinadas o desaparecidas.

“Estas familias denunciaron la existencia de una fosa común, de un matadero, localizado entre Casa de Teja y El Roble, en la vereda Nuevo Horizonte, municipio de Argelia, Cauca”, cita un aparte del informe que será puesto a disposición de los parlamentos asturiano, español y europeo; de los gobiernos asturiano, español y colombiano, como también de la ONU, de la OIT, de la OEA y de distintos colectivos, movimientos sociales y ONG de derechos humanos.


Parauribismo/
Asesinados dos campesinos de Campo Bijao, Yondó, Antioquia
Por Acvc

Miércoles 17 de febrero de 2010. Leonel Ríos Morales, de 30 años de edad, y Gustavo Lozano, fueron las víctimas escogidas por desconocidos para continuar con la estrategia de terror con asesinatos selectivos y que se viene desarrollando en la región.

Estas dos personas salieron de la vereda Campo Bijao hacia La Congoja (Yondó) el viernes 12 de febrero. Allí disfrutarían de un fin de semana con peleas de gallos. Sin embargo, fueron sorprendidos en el camino por hombres armados, ultimados y dejados sus cuerpos abandonados. Sólo el domingo sus familiares tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

Leonel era jornalero, le gustaba jugar fútbol, componer y cantar canciones. Su principal preocupación era su señora madre ya anciana y con problemas serios de salud. Fue hallado con tres impactos en la espalda.

Gustavo era aserrador y tenía su hogar en el que ya era padre de dos niños. Fue encontrado con múltiples fracturas en todo su cuerpo. Tanto Leonel como Gustavo eran afiliados a la junta de acción comunal de Campo Bijao.

Estos hechos enlutan e inquietan a las comunidades campesinas de la región, pues para los días en que ocurrieron, en la región se han visto rondando hombres armados y vestidos de civil, todos desconocidos en la región.

Los asesinatos de estos dos campesinos son los primeros en este año. Desconocidos armados, vestidos de civil, cometieron varios asesinatos selectivos durante el año pasado.

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martes, febrero 23, 2010

Estudiantes de Univalle denuncian abusos en cobros de servivios académicos

Como un servicio a nuestros lectores a continuación transcribimos en su totalidad un comunicado emitido por el Consejo Estudiantil:

Comunicado a la Comunidad Universitaria

Déjese notar que es inaudito que la Gobernación del Valle, con el auspicio de la Administración de la Universidad, eleven los costos de los certificados de estudios ($16.200 a $ 21.400) esto es totalmente preocupante e inadmisible en la Universidad, aun más reprochable es el concepto por el que se paga por este documento: cobran $5.200 por el papel y el sello y $16.200 por estampilla.

Por el sólo hecho de ser estudiante de la Universidad, no deberíamos vernos agravados con ese cobro, entre otras, ya que si pagamos la matrícula debería ser suficiente para obtener cualquier documento de este tipo.

Entendemos que el dinero de la estampilla tiene un uso importante para la Universidad, pero eso no significa que su costo deba ser incrementado de esa manera, y mas agravante que se adicione dos (2) estampilla mas aumentando el costo del certificado, indolente con un salario mínimo que apenas si oscila los $400 por día.

No, estimados administrativos, en la Univalle no estamos estudiando los hijos de los honorables congresistas de la república. Agradecemos que se reflexione y se tomen medidas sobre esta situación, toda vez que es totalmente devastadora para la población estudiantil.

Universitariamente,
Consejo Estudiantil Universitario“Julian Andres Hurtado” Universidad del Valle

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lunes, febrero 22, 2010

Parauribismo/
Uribe agrede a Chávez en Cancún
Por Camilo Raigozo

El caballista y presidente de Colombia Álvaro Uribe, a quién amplios sectores nacionales e internacionales señalan de narcoparamilitar, al mejor estilo gansteril, que no de estadista, le reclamó al presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, por el supuesto bloqueo económico que este mantendría sobre el régimen neogranadino.

“En la reunión privada de jefes de Estado, el presidente Uribe le reclamó a Chávez por el embargo comercial de su país a Colombia. Este reclamo no le gustó a Chávez, que se puso de víctima, acusó a Colombia de mandarlo a matar a través de paramilitares y amenazó con retirarse de la reunión", señaló la fuente, que pidió el anonimato, por vía telefónica a la Afp.

En una actuación bastante primaria y pendenciera, a la mejor costumbre mafiosa de querer arreglar en duelos, por la vía de las armas o de los golpes, toda desaveniencia, Uribe le gritó: 'Sea varón. Estos temas se discuten en estos foros. Usted es valiente para hablar a distancia y cobarde para hablar de frente'".

Sin duda a muchos colombianos, lamentablemente, les complace estas salidas en falso de quién debería representar a los colombianos con ecuanimidad, decencia y decoro, en las relaciones con los demás países. La gran prensa está de plácemes.

El talante de Uribe no le permite distinguir entre una reunión de presidentes latinoamericanos y un encuentro de tahúres y pistoleros en algún bar de mala muerte. Quienes señalan a Uribe de ser mejor caballista que estadista, no se equivocan.
Vea también:

Boletín 3
Comisión de Verificación
Detenciones masivas en el Catatumbo

14 de febrero. Continúan las denuncias por atropellos y arbitrariedades contra el campesinado del Catatumbo.

En el desarrollo de la Comisión durante el día 13 de febrero, se recibieron 11 declaraciones que dan cuenta de la vida social, comunitaria y familiar de las personas campesinas que fueron detenidas desde el pasado 6 de febrero, de igual manera se recibieron 10 denuncias por hechos que comprometen a la Fuerza Pública en atropellos y arbitrariedades contra la Población Civil.

El día 14 de febrero en horas de la mañana un grupo de la Comisión se desplazo para verificar las denuncias de la ocupación ilegal de predios por parte del Ejercito, se dirigieron a la vereda la Cristalina del corregimiento del Aserrío, Municipio de-

Teorama, comprobando que en la Finca Villa María de propiedad de la Señora Adelaida Sierra se encuentran acampando tropas del Ejército Nacional desde hace 4 años, que según dijeron pertenecen al Batallón Vial y Energético10, de igual manera, tropas-

pertenecientes al Batallón Ricaurte del la V Brigada de Bucaramanga, estaban ocupando y acampando en las instalaciones de la escuela rural de la Cristalina; en el desarrollo de la jornada de reunión en el corregimiento del Aserrío se recibieron 20 declaraciones a-

favor de los campesinos que fueron capturados, así como 18 denuncias por hechos que comprometen a la Fuerza Pública en atropellos y arbitrariedades contra los campesinos, en esta reunión hicieron presencia entre otros: el Señor Alcalde y el Personero municipal de Teorama.

Con mucha alarma y preocupación manifestamos que este proceso judicial que origino la captura contra los campesinos, es también un proceso de persecución contra la Asociación de Campesinos del Catatumbo, ya que pudimos conocer y confirmar por las-

organizaciones sociales y familiares que el Presidente y Representante Legal de Ascamcat José del Carmen Abril Abril, tiene también orden de captura y el Señor Jonny Abril Salcedo, Directivo de Ascamcat y Coordinador del Refugio Humanitario, también tiene orden de captura, en el marco de la Investigación que se adelanta por los delitos de Terrorismo, Concierto para delinquir y Rebelión.

Solicitamos desde ya toda su solidaridad para con los campesinos inocentes que han sido capturados y para con la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat.

La comisión continua su recorrido hacia el Municipio del Tarra donde el día 15 de febrero se espera adelantar una reunión con los habitantes y familiares de las personas que han resultado afectadas con las capturas masivas.

¡Por la libertad y dignidad de los campesinos del Catatumbo!
Fotos Camilo Raigozo

Atentamente,
Comité de Prensa y Comunicaciones

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Boletín 2
Comisión de Verificación
Detenciones masivas en el Catatumbo

13 de febrero. Masiva participación de la comunidad en la jornada de La Trinidad y San Juancito.

Alrededor de cien personas asistieron el día de hoy al corregimiento La Trinidad del Municipio de Convención, quienes denunciaron y expresaron ante la Comisión de Verificación su gran preocupación ante la arbitrariedad ejercida por parte de la Fuerza Pública al capturar campesinos reconocidos que han vivido toda una vida dedicados a sus familias, comunidad y trabajo.

A su vez denunciaron las prácticas ilegales del Ejercito Nacional, quienes durante las capturas han sido acompañados de encapuchados que presuntamente son reinsertados.

Sin embargo la comunidad frente a este hecho reaccionó indignada, exigiendo que los encapuchados descubrieran su rostro, y tal fue la sorpresa de la población al percatarse que los informantes han sido habitantes de esta región, quienes, además son altamente reconocidos por su vida delincuencial.


En horas de la tarde la Comisión se desplaza hacia el corregimiento de San Juancito, en donde la Población expuso ante la Comisión hechos y denuncias frente a los atropellos de los que han sido víctimas por parte de la Fuerza Pública.

Hacia las siete de la noche la comisión arribó hacia el corregimiento del Aserrío, en donde se trabajara hasta el medio día del día 14.

A la Comisión de verificación se le sumaron Cediel Madariaga Pino y Eliud Camargo León, alcalde y personero del municipio de Teorama, respectivamente.

Así mismo el personero del municipio de San Calixto Pedro Elías Quintero, la Oficina de Derechos Humanos de la CUT y la Plataforma Pleneta Paz, quienes acompañaron la jornada a realizarse en el corregimiento del Aserrío.

¡Por la libertad y dignidad de los campesinos del Catatumbo!

Atentamente,

Comité de Prensa y Comunicaciones
Fotos Camilo Raigozo

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Boletín 1
Comisión de Verificación

Detenciones masivas en el Catatumbo

12 de febrero: arribo a La Trinidad

Ante la Preocupación por la persecución judicial contra los campesinos y campesinas del Catatumbo, delegados de organizaciones sociales y de derechos humanos, provenientes de Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y Magdalena Medio; integraron la Comisión de Verificación que inicio su recorrido hacia la región desde la ciudad de Ocaña hoy 12 de febrero, con rumbo al municipio de Convención.

A las once y media de la mañana, la Comisión inició su recorrido partiendo desde la ciudad de Ocaña con rumbo al municipio de Conveción, y tan solo a una hora de llegada a esta localidad, miembros del Ejército Nacional y fiscalía capturaron al señor Felix Antonio Lobo Quintero, campesino agricultor, a quien la comunidad resalta como, un hombre trabajor y con grandes valores.

Conforme a declaraciones de familiares, el operativo se realizó sin garantizar los derechos del capturado, pues nunca le presentaron al señor Felix Lobo la orden de captura, ni le leyeron sus derechos. Luego de documentar este caso, la Comisión de Verificación siguió su recorrdio con destino al Corregimiento la Trinidad, a donde llegaon a las 7 de la noche, allí pernoctarán para iniciar labores a primera hora de la mañana.

Estos lamentables hechos, han llenado de miedo e incertidumbre a la comunidad que espera ser escuchados por quienes conforman la Comisión de verificación, para evidenciar la flagrante violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

La Comisión de Verificación ha contado con el apoyo y acompañamiento de las siguientes organizaciones:

Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat; Comité de integración social del Catatumbo, Cisca; Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander; Fundación Cultura Democrática, Fucude, Corporación Derechos Humanos; Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado-Capitulo Norte de Santander;

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Acvc; Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio, Asorvimm; Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez; Corporación Compromiso; Corporación Buen Ambiente, Corambiente; Asociación Minga; Colectivo Antígona; Colectivo Siembra; Proyecto Nunca Más

Medios de Comunicación:
Prensa Rural; Semanario Voz; Notimundo y Dilo Comunicaciones

Acompañantes Internacionales:
Brigadas Internacionales de Paz, PBI y Observatorio Internacional de Paz, IPO.

Con el apoyo de las plataformas de derechos humanos y de victimas: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado

Autoridades:
Oficina de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno

¡Por la libertad y dignidad de los campesinos del Catatumbo!

Atentamente,
Comité de Prensa y Comunicaciones

Foto Camilo Raigozo.

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Catatumbo, Norte de Santander
Feroz ataque del régimen contra las comunidades campesinas
En detenciones masivas y arbitrarias van 18 campesinos encarcelados de una lista de al menos 78 personas con órdenes de captura entre las que se encuentran dirigentes de Ascamcat y Cisca
Por Camilo Raigozo

El pasado sábado 6 de febrero en horas de la mañana, en el corregimiento La Trinidad, municipio de Convención, miembros de La Fiscalía, CTI, Sijin y un comando especial del Ejercito, realizaron la detención de los campesinos José de Dios Benítez, Roimer Carrascal y Edison Márquez, miembros de la Junta de Acción comunal de su vereda.

A las fuerzas represivas del Estado la acompañaban los informantes de profesión Jair Ascaño, alias “Walter”; Jaider Claro y Diorgen Estevez, quienes se distinguían por ser vagos, araganes y maleantes. Luego se fueron a trabajar con el Ejército como informantes remunerados, según las denuncias.

Simultáneamente ocurrió lo mismo en los corregimientos El Aserrío, San Pablo y La Cecilia, del municipio de Teorama, donde fueron detenidos José Alberto Quintero Salazar, Jesús Antonio Quintero Salazar, Olinto Salazar Pabón, Gabriel Quintero, inspector de Policía, Aleida Angarita, ex presidenta de la junta de acción comunal y-

Yorgen Acosta, fiscal de la junta de acción comunal. Allí las tropas utilizaron a los informantes alias”Sientero” y “Carlos Estévez”. El 7 de febrero fueron detenidos Dioscamel Galvis Vergel, en La Cecilia y Héctor Saúl Carrascal y su hijo Neider Carrascal, en el corregimiento de San Pablo.

El 6 de febrero, en el corregimiento de San Juancito, municipio de Teorama, la Fiscalía y el Ejército estuvieron pidiendo la cédula a los habitantes donde las fotocopiaron, filmaron y fotografiaron a las personas.

El lunes 7 de febrero, el ejército rodeó el pueblo y argumentó que tenía 15 órdenes de captura. El 6 de febrero, en El Tarra fueron retenidas 150 personas, registradas las cédulas, fotografiadas y filmadas, lo mismo que las personas. Al día siguiente hicieron lo mismo con otros 100 pobladores.

Una Comisión de Verificación visitó las localidades afectadas los pasados 13, 14 y 15 de febrero recepcionando más de un centenar de denuncias contra la Fuerza Pública por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Notimundo conoció que el ejército posee una lista de 78 campesinos con órdenes de captura, entre ellos José del Carmen Abril, presidente de Ascamcat y Jhonny Abril, fiscal de la misma organización, quién también es el director del Campamento de Refugio Humanitario.

De ocupación de viviendas, fincas, centros educativos y otras áreas civiles, así como amedrentamientos, empadronamientos, fotografías, filmaciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, entre otras arbitrariedades, fue acusada la Fuerza Pública por los campesinos.

Las comunidades denunciaron que todas las personas detenidas en esta ocasión, habían sido previamente retenidas por el ejército desde hace dos meses, fotografiadas y filmadas, lo mismo que sus documentos de identidad.

Las 18 personas detenidas son acusadas de terrorismo y concierto para delinquir. La Asociación Campesina del Catatumbo y Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, hicieron un llamado urgente a la Defensoría, Personería y Procuraduría, para que cumplan con su deber constitucional de proteger a la población de los atropellos de los agentes del Estado.

También hicieron un llamado a la comunidad internacional y nacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a los medios de comunicación y a las organizaciones sindicales para que estuvieran vigilantes con el respeto de los derechos civiles de las víctimas.
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