El Tarra, Norte de Santander

El Estado colombiano pone en riesgo la vida, la integridad física y la libertad de la población

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-Capitulo Norte de Santander y La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos-Nodo Nororiental, denuncian:

Una respuesta a los lamentables hechos de violencia, ataques y hostigamientos de los grupos armados ilegales que se han presentado en pasadas semanas en el Municipio del Tarra, que sin lugar a dudas también afecta a la Población civil;-

no puede ni debe ser  una respuesta de mayor violencia por parte de la Fuerza Pública, quienes vienen cometiendo atropellos contra la Población Civil, arbitrariedades y abusos que se traducen en graves-

violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que la Fuerzas Militares están obligados constitucional y legalmente a proteger la vida, honra y bienes de todas y todos los Colombianos.

No más violencia contra la Población Civil del Catatumbo, quienes han tenido que soportar la dureza del Conflicto Armado, la cínica presencia, control y actuación de los grupos paramilitares, y los abusos y atropellos de Brigada Móvil No. 15 y de la Brigada 30, comprometidos en graves casos de Ejecuciones Extrajudiciales.

Por lo anterior,  y en virtud a evitar mayores crímenes contra la población del Catatumbo, denunciamos los siguientes,

Desde hace aproximadamente 4 meses, los habitantes del casco urbano del Municipio El Tarra-Norte de Santander y de la zona rural del Tarra, especialmente de la Vereda Motilandia, son víctimas de los abusos y extralimitación de sus funciones por parte del Ejército Nacional, en el marco de los operativos y enfrentamientos que se adelantan contra las guerrillas.

El día 18 de diciembre del 2011 siendo las 9:00a en la Vereda Motilandía del municipio El Tarra-Norte de Santander, fue activado un campo minado dejando como resultado un civil herido en el brazo y graves daños en la estructura de la vivienda del señor Gabriel Lemus; acción que al parecer fue dirigida por integrantes de la guerrilla de las FARC.

El día 19 de diciembre del 2011, el señor Yesid Castor Sánchez fue víctima de serias lesiones físicas por parte de miembros del Ejército, al momento en que el señor Yesid Castor se encontraba tomando fotos para hacer la denuncia por los hechos ocurridos en día 18 de diciembre del 2011.

Estas conductas contra la integridad física del señor Yesid Castor Sánchez, fueron encabezadas por los soldados Castillo y Alias Muelas integrantes de la Brigada Móvil número 23.

El día 24 de enero del 2012 en el casco urbano del Municipio El Tarra, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron allanamientos a las viviendas de seis (6) familias.

Estos operativos fueron dirigidos por el Coronel Rodolfo Ibarra Peñaloza de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, y por el Coronel Eliecer Camacho Jiménez de la Policía Nacional de Norte de Santander.

El Ejército deliberadamente y obviando el marco constitucional, legal y el Derecho Internacional Humanitario, ha levantado toda su guarnición militar dentro de los poblados, específicamente al interior de las viviendas de las familias de la Vereda Motilandia del Municipio El Tarra-Norte de Santander.

Las casas de los campesinos y habitantes de la Vereda Motilandia del municipio El Tarra-Norte de Santander, son actualmente trincheras de guerra, lo que ha suscitado desde el 27 de enero del 2012,-

el desplazamiento forzado de alrededor de 77 familias entre adultos, niñas y niños y personas de la tercera edad de esta localidad, quienes en su mayoría se han asentado en la casa de la cultura  del casco urbano del Municipio El Tarra-Norte de Santander.

Conforme a testimonios de la población, el Ejército Nacional les amenazo con la presencia del grupo paramilitar los urabeños en la Vereda Motilandia del Municipio El Tarra, Norte de Santander si se oponían al levantamiento de estas trincheras.

Desde el día 27 de enero del 2012, se desplazaron 100 familias del barrio Villa Nueva del municipio El Tarra-Norte de Santander, a las que se sumaron 60 familias más, de los barrios Comuneros, Pueblo Nuevo y la Calle Central del casco urbano del Municipio El Tarra,-

como consecuencia a la cercanía de estos sectores a las bases militares y puestos de Policía, y la difusión de un comunicado por presuntos guerrilleros de las FARC en donde anuncian:

“se le advierte a la comunidad de este sector de la cabecera municipal que se retiren de las  viviendas ya que se encuentran a los alrededores del puesto de policía, y no se responsabilizan por las cosas que puedan suceder”

El temor y terror de la población frente a posibles enfrentamientos en esta zona, los ha obligado a salir de sus hogares y buscar refugio en viviendas de familiares, amigos y vecinos.

A la fecha no conocemos de las medidas de prevención, protección e investigación por parte de las autoridades civiles, especialmente de los organismos de control.

La Población Civil del Tarra no puede ser objeto de represalias (tal como lo refiere el artículo 158 del Código Penal.

“El que con ocasión del conflicto armado, haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a personas o bienes protegidos, incurrirá en prisión de 2  5 años…” ni de actuaciones tipificadas como Delitos contra Personas y Bienes por el Derecho Internacional Humanitario. (Artículos 135 a 164 del Código Penal Colombiano).

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Parauribismo/

Paramilitares mantienen sitiado al municipio de Guapi, Cauca
Por Camilo Raigozo. Con información de Cococauca*

La población negra de este municipio fuertemente azotado por diferentes grupos paramilitares  hablan en voz baja de los constantes enfrentamientos armados en diferentes barrios del casco urbano donde ponen de por medio a la población civil.

También advierten que han aumentado los escuadrones paramilitares que siembran el terror con el objetivo de recuperar el territorio perdido.

Según Cococauca el 3 de febrero de 2012 en el barrio las Flores del área urbana de Guapi, alrededor de las 6 p.m., dos personas se acercaron y dispararon hiriendo dos personas. Una de ellas recibió tres disparos y la otra uno.

Los habitantes han visto a grupos de personas armadas patrullar por el pueblo, tal como ocurrió el pasado 8 de febrero, entre las dos y media y las tres de la tarde en la zona denominada la “L”, barrio Santa Mónica.

Allí ocho sujetos con el rostro cubierto con toallas y otros trapos, vestidos con prendas militares, fuertemente armados con pistolas, revólveres y granadas, patrullaron varias manzanas hasta llegar a una cuadra de la estación de policía. Ese día se presentaron enfrentamientos armados en áreas civiles entre varios grupos ‘paras’.

La ONG de derechos humanos también denunció que los paramilitares están reclutando niños para sus actividades de terror. Varios pobladores vieron cuando se llevaban de forma obligada a  un niño de entre 9 y 10 años de edad.

De igual manera Cococauca denunció que continúa el desplazamiento forzado silencioso, especialmente de la población que ya está en condición de desplazamiento, entre ellas varias mujeres cabeza de familia.

Una de las madres cabeza de hogar tuvo que huir para no dejar reclutar a sus hijos entre ellos un joven de 14 años a quien los ‘paras’ le ofrecieron armas y honorarios. Ante la negativa del joven los criminales pusieron a la familia como “objetivo militar”.

Varias familias han tenido que huir de un barrio a otro dejando abandonadas todas sus pertenencias. Hay amenazas de los paramilitares para impedir que las familias desplazas puedan abandonar la zona, porque son utilizadas como escudos humanos.

Primer Encuentro de Mujeres de la Regional Cococauca

Las mujeres negras sufren con mayor intensidad el rigor de la guerra que se acrecienta en la zona pacífica.

Aunque se ha logrado avanzar en proceso con las mujeres negras de la Costa Pacífica del Cauca, existe una gran preocupación por el empoderamiento real de las mujeres de la regional Cococauca en el ejercicio de participación-

en las juntas directivas de sus Consejos Comunitarios, en sus territorios colectivos y una mayor integración en el ámbito regional como estrategia de unidad para garantizar la defensa conjunta de sus derechos como mujeres del pueblo negro.

Además es importante reconocer que las mujeres negras ancestralmente han sido multiplicadoras de la identidad étnico cultural, la fuente de la solidaridad en los funerales, sus cantos, la religiosidad con las fiestas patronales, la medicina tradicional.

De allí la importancia de realizar el Primer Encuentro de Mujeres de la Regional Cococauca, con el propósito de reafirmar derechos; reflexionar desde el enfoque étnico y de género en la participación organizativa, cultural y política; y construir estrategias de Unidad que permitan propiciar un empoderamiento de las mujeres de la regional Cococauca.

Este evento se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo de 2012 en Guapi, Cauca. A este Primer Encuentro están invitadas mujeres de los consejos comunitarios de Timbiquí, López de Micay y Guapi, Asopomy, Coopmujeres, Asodespasur, Junpro, organizaciones, instituciones e invitados a nivel local, regional y nacional.

*Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca.

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Fensuagro rechaza persecución y despido de trabajadores sindicalizados en Agrobanacaribe

Por: Notimundo

Por intermedio de una carta abierta dirigida al vicepresidente Angelino Garzón, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, rechazó la persecución y el despido masivo de trabajadores en la empresa Agrobancariba.

A continuación transcribimos la carta en su integridad:

Bogotá, 3 de  febrero de 2012.

Doctor

Angelino Garzón
Vicepresidente de la República de Colombia.

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropacuaria, Fensuagro-CUT, organización de segundo grado a la cual pertenece el Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia, Sintragrancol, rechaza enérgicamente:

El  despido sin justa causa  por parte de la empresa Agrobanacaribe S.A., a los trabajadores Libardo Ferias Ariza, Julián Corro Sabana, Francisco Conde, Wilson Parra, Juan Castillo Castillo y cincuenta trabajadores más,  los cuales llevaban más de 15 y 20 años de servicio con esa empresa; algunos de ellos con problemas de salud derivados de su trabajo. 

De igual manera son activistas sindicales, hacían parte de las comisiones obreras y  eran miembros de la comisión negociadora del pliego que se encuentra para el tribunal de arbitramento por parte de Sintragrancol, sindicato que desde su creación (2006)-

ha sido perseguido continuamente por esta empresa ya que en dos ocasiones se ha negado a negociar los pliegos de peticiones, el último en el segundo semestre del año anterior, su propuesta fue de disminuir las garantías laborales firmada en la convención colectiva de trabajo en un 25%.

Agrobancaribe se ha valido de maniobras fraudulentas al hacerles firmar documentos como un famoso contrato de transacción entre la empresa y el trabajador despedido, donde sus clausula entre otras dice.

“Que el objeto de ese contrato, es precaver y transigir, sin intervención de la justicia ordinaria o arbitral, las reclamaciones presentes y/o futuras y cualquier otro reclamo.

“Que las partes han decidido por mutuo acuerdo dar por terminado el contrato de trabajo, que a pesar que la relación ha sido armónica y no existe conflicto alguno”, con el fin de   evitar cualquier reclamación o eventual litigio, adicional a ello les hace firmar  una planilla de liquidación donde dice que el retiro es voluntario.

Cabe anotar que desde el pasado 13 de septiembre de 2011 nuestra Federación viene denunciando ante los diferentes entes gubernamentales estos abusos y persecuciones por parte de la empresa Agrobanacaribe contra los trabajadores sindicalistas pertenecientes a Sintragrancol, sin que hasta el momento se haya emitido ningún tipo de sanción para detener este tipo de masacre laboral.

No olvidemos que estos despidos van en contravía a los acuerdos internacionales de la OIT firmados por el Gobierno colombiano, la Legislación Laboral Colombiana, además es una clara violación al Código Penal dentro de la nueva ley de seguridad ciudadana ley 1453 de 2011 en su art. 26. Que dice:

“Modifíquese el artículo 200 de la ley 599 de 2000 el cual quedará así: Artículo 200 violación de los derechos de reunión y de asociación.

"El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno a dos años y multa de 100a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En abril del año 2011 los gobiernos de Estados Unidos y Colombia encabezados por los señores Barack Obama y Juan Manuel Santos, suscribieron un acuerdo para garantizar el respeto a la Libertad Sindical y a los Derechos Humanos en Colombia, pero como suele suceder en estos casos unas son las palabras y otros son los hechos.

Por todo lo anterior exigimos:

Del gobierno Nacional en cabeza de su Vicepresidente Angelino Garzón y su Ministro del Trabajo Rafael Pardo,  su intervención para que se investigue y se sancionen los abusos continuos de la empresa Agrobanacaribe.

El reintegro de los trabajadores despedidos.

El cese de los atropellos contra los trabajadores y se les respete sus derechos labores, sindicales y de libre asociación.

Solicitamos a las organizaciones sindicales de carácter nacional e internacional la solidaridad y su pronunciamiento contra esta clase de atropellos, dirigiéndose al Ministerio de Trabajo y Vicepresidencia de la República.

Atentamente,

Eberto Díaz Montes. Presidente

Alirio García. Secretario General

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Seguridad narcocrática/

Aseguran a oficial del Ejército Nacional por asesinato a sangre fría
Por: Notimundo

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Cali aseguró al capitán del Ejército Emilio Ballesteros Delgado, por su presunta responsabilidad en el asesinato a sangre fría de Miyer Quintero Hernández, perpetrado el 15 de diciembre de 2006 en zona rural del municipio La Sirena, Cauca.

El ente investigador informó que de acuerdo con la investigación, la víctima fue sacada a la fuerza de su vivienda por hombres armados, y días después su cadáver fue presentado por efectivos del Ejército como un subversivo dado de baja en combates.

Por ese hecho, el oficial fue afectado con medida de aseguramiento, de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida.

El presunto criminal, Ballesteros Delgado, fue detenido el pasado 7 de febrero por agentes del CTI y permanecerá “privado de la libertad” en “cárceles” castrenses, como el Tolemaida Resort, mientras avanza la investigación, informó la Fiscalía.

En la deforma a la justicia, mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad.

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Carta abierta

Las comunidades del Cañón del Porce expresan su problemática por la construcción de la hidroeléctrica Porce IV
Por: Líderes comunitarios

En los municipios de Amalfi, Anorí y Zaragoza del departamento de Antioquia se viene desarrollando el proyecto hidroeléctrico Porce IV, desde el 2006 con los estudios preliminares, por parte de EPM.

En el desarrollo de las primeras etapas del proyecto, las comunidades se agruparon y constituyeron una forma organizativa, que es lo que hoy es el Consejo Mayor Comunitario AZA (CMC-AZA), que les facilitara el proceso de negociación con la empresa, de manera que se lograra una negociación con justicia social y dignidad para todos.

Se hicieron mesas de debate, reuniones, asambleas y demás mecanismos de participación donde todas las personas integrantes de esta organización comunitaria y otras familias del territorio tomaron las decisiones que más aportaran al proceso dentro del marco de la dignidad, además que permitía velar por los intereses y derechos legítimos de la comunidad.

Es así como nuestra organización logró grandes aciertos en esta negociación; ejemplo de ello es el manual de valores unitarios de propietarios y poseedores que fue negociado en diciembre del año 2010 con gran satisfacción para todas las partes.

Se participó con entusiasmo y de manera amplia con los diferentes líderes del Consejo Mayor Comunitario y de otras organizaciones comunitarias en las mesas temáticas, el comité intermunicipal y otros mecanismos de participación y concertación propuestos por EPM.

Se elaboró un diagnóstico de la situación socioeconómica de la población del cañón del Porce, con el apoyo de la universidad Autónoma de Manizales; este diagnóstico comunitario nos permitiría posteriormente definir unos planes de vida desde las comunidades, especialmente las que se quedaban en el territorio después de construida la represa.

Esta idea surge como una forma de aportar a las tareas de restablecimiento y al desarrollo territorial de las comunidades afectadas, que sabemos debe hacer la empresa dentro de su plan de manejo de impactos.

Este aporte lo pensamos también como una manera de evitar en nuestra zona las consecuencias tan nefastas que evidenciamos en nuestras comunidades vecinas afectadas por las hidroeléctricas Porce II y Porce III asentadas entre el municipio de Amalfi y Yolombó.

En estas comunidades después de la intervención de EPM encontramos problemáticas como: alto nivel de desempleo, poca tierra en manos de las comunidades para la producción agrícola, inseguridad alimentaria, finalización de la actividad minera en el rio y por tanto desplazamiento de-

los mineros a otras zonas, altos niveles de analfabetismo, desestructuración de la vida comunitaria, falta de oportunidades para terminar el bachillerato y continuar estudios, especialmente para los jóvenes, quienes afectados por esta situación y el desempleo buscan el sustento en otro lugares.

Actualmente, hay una problemática con los pescadores de la región, que antes eran mineros y por la construcción de la represa debieron cambiar de actividad económica, ya que al parecer no podrán continuar con su forma de sustento (1).

De esta manera es como, a través de nuestra forma organizativa CMC, venimos trabajando en la consolidación de este gran proyecto energético, que beneficie tanto a las comunidades dueñas del territorio como a EPM, generador de energía y al país.

Así, la empresa se encontró una organización comunitaria con un trabajo serio donde los líderes atienden la responsabilidad y compromiso que tienen cada uno con el progreso de su familia y su comunidad,-

y con la claridad de que si queremos algo es necesario que todos aportemos ideas y trabajo, que nosotros debemos ser los protagonistas en la construcción de nuestro futuro, y ahora de la mano con la empresa que vendría a ser nuestro nuevo vecino.

Definimos, en primer término, que el proceso se debería desarrollar de manera horizontal, tanto al interior de las comunidades, como en la relación entre la comunidad y la empresa, siendo este uno de los primeros principios de nuestra organización.

Lo segundo que se estableció fue que la toma de decisiones por complejas o simples que fueran se diera colectivamente a través de asambleas; los representantes comunitarios en las diferentes mesas comunitarias e institucionales llevarían las decisiones antes consultadas y definidas en las asambleas y reuniones.

Otro punto importante fue que la organización comunitaria se sostendría con pequeños aportes de los integrantes de la misma.

A este logro organizativo de las comunidades es lo se viene denominando “el fenómeno de Porce IV” (2), este en esencia es un grupo de comunidades buscando alternativas positivas, cansadas de ser engañadas y marginadas por las instituciones,-

las multinacionales y las empresas-nacionales que llegan a los territorios a aprovecharse de los recursos que nos provee la naturaleza, para su beneficio particular acabando con los sueños de las poblaciones y el futuro de los niños.

Es la necesidad de superar las incoherentes, incompletas y nefastas intervenciones sociales por parte de las empresas y los mega proyectos que se han dado en todo el país, funcionarios incapaces de relacionarse con las comunidades e interpretar sus realidades, que hacen “estudios e intervenciones sociales” pensando solamente en su bolsillo.

En parte, por estas fallidas intervenciones e insuficiente manejo de impactos es que hoy encontramos dentro del territorio del cañón del Porce, poblaciones mineras de diferentes lugares principalmente de la zona donde están construidas las hidroeléctricas Porce II y Porce III, ya que hace muchos años no se puede ejercer esta actividad y el desempleo pulula en la zona.

El “fenómeno de Porce IV” son las comunidades que conocen estas difíciles experiencias de sus vecinos y que en vez de caer en el vandalismo, la violencia, el terrorismo, el sabotaje prefirieron unirse y organizarse-

en comunidad para darle una nueva y positiva historia a Colombia, para aportar en el verdadero desarrollo de nuestro país, creando propuestas desde las comunidades, apostándole a un territorio sustentable donde se puedan desarrollar diferentes proyectos.

El “fenómeno de Porce IV” es una dinámica acertada y novedosa de verdadera participación comunitaria, que supera la forma de medir la participación a través de la firma de asistencia como históricamente lo vienen haciendo las instituciones y empresas.

En este sentido y previendo estas situaciones las comunidades establecieron unas exigencias que tienen que ver con su proyectos de vida territorial, teniendo ahora una hidroeléctrica como vecina, pero para lograr ello, tenemos claro que la empresa debe comprometerse más con lo social y no dejar este punto como un anexo de los impactos,-

como siempre se ha hecho, esto es lo que vemos que no aceptó EPM y decidió suspender la construcción de la represa Porce IV, aduciendo motivos de fuerza mayor, empresa acostumbrada a restituciones con plata de bolsillo y no a la construcción de planes de vida con las comunidades.

Coincidimos con diferentes voces que hay que revisar los enfoques de las intervenciones sociales por parte de las empresas, si es que los tienen, porque de lo contrario el problema social generado por el inadecuado manejo de impactos por la construcción de estos mega proyectos y la intervención de las multinacionales en nuestro territorio tiende a empeorar la situación.

Esta propuesta comunitaria y alternativa que se vive hoy en el nordeste de Antioquia que es un modelo a considerar en busca de la justicia social, ha causado impacto en el sistema energético del país y cuestionó la prepotencia y autoritarismo de EPM demostrando esto que la economía-

capitalista no es aislada e inmune a los procesos sociales, así EPM en su discurso para salvaguardarse de sus errores históricos y victimizarse trate descaradamente de engañar a la opinión pública y de desconocer los procesos de las comunidades, estigmatizarlas y menospreciarlas-

no importándole lo que con estos señalamientos le pase a la gente buena como campesinos, mineros, comunidades negras, amas de casa, profesionales etc. que hacen parte de estas organizaciones comunitarias que sólo quieren un futuro feliz para sus hijos y los de su comunidad.

Queda claro también que este es un campanazo para los proyectos que vienen en la cola y que les tocará afrontar todos los errores y atropellos que de una u otra forma se han cometido con las poblaciones habitantes de los territorios y-

que hoy demostramos que queremos cambiar la historia del país, pero para ello necesitamos la voluntad de todos los actores, incluyéndolos a ustedes, sin prepotencia, sin relaciones verticales, sin engaños, sin estigmatizaciones, sin señalamientos infundados, sin trampas, sin asesinatos, sin desapariciones…

De esta manera la comunidad del cañón del Río Porce entendió que la organización, la unidad y la solidaridad son valores necesarios en cualquier proceso social si buscamos el bienestar colectivo, lo que potencia en esta ocasión de manera muy clara las posibilidades-

de una negociación justa y un desarrollo sustentable del territorio, para que los que lo habitan y los municipios en general, sean los mayores beneficiarios como poseedores y protectores históricos de estas fuentes naturales que hoy deben favorecer a todo el país.

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(1) Esta información hace parte de los resultados de la encuesta comunitaria, realizada en el 2011, por las familias pertenecientes a la zona de influencia de Porce II y Porce III.

(2) ¿Otro apagón?. Publicado: 2011-06-23. http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/otro-apagon/121991

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Alianza quindiana contra la megaminería

Por: Jhon Jairo Salinas. Comunicaciones Conap Quindío

Ya ha quedado claro a través de los diferentes encuentros, foros y asambleas; lo perjudicial, invasivo y opresor para nuestra economía que pueden llegar a ser los proyectos de Mega minería en el departamento del Quindío.

Los métodos de explotación a cielo abierto y el inminente e irreversible daño al medio ambiente son datos que ya conocemos y que se han expuesto mediante cifras.

“Sabido es que toda actividad humana incide sobre la Naturaleza y en muchos casos, de manera negativa para su preservación.

“La actividad minera no es ajena a este precepto sino, que por el contrario, en la actualidad y fundamentalmente, las explotaciones de minerales, que se realizan a cielo abierto generan sustancias residuales muy peligrosas,-

depositadas sobre la superficie del suelo, así como enormes cavas o tajos, que por acción del aire, o del agua empleada en la operación, pueden provocar la contaminación de las aguas río abajo; aún muchos años después de finalizada la vida útil de la mina. 

"La minería no puede ser limpia, contamina el ambiente, y  no se puede hacer sin riesgos ambientales. Las tecnologías que permiten la explotación de yacimientos son altamente contaminantes y destructivas.

“La minería demanda enormes cantidades de agua, que contamina permanentemente con químicos como el cianuro. El drenaje ácido, y otras formas de contaminación, son efectos comprobados y a veces comienzan después de que se retiró la empresa y se cerró la mina” (1).

Ahora, se trata de hacer que la minería nos congregue a todos y todas los que formemos parte activa (o no) de las propuestas hechas desde Marcha patriótica para una nueva Colombia.

Desde el departamento del Quindío, urge aglomerar a todos los grupos, personas, organizaciones, movimientos, etc. En torno a la gran minería, sus consecuencias y la necesidad de crear una contra propuesta, una alternativa sostenible ante el saqueo y la expropiación que nos espera.

Es inaplazable tomar el problema de “La Locomotora Minera” como un eje de trabajo que necesita de nuestro accionar inmediato, con gestiones  oportunas, concretas y efectivas. 

La Alianza Departamental contra la   mega minería (trasnacional y nacional), propone unir los esfuerzos que se realizan desde los diferentes municipios del Quindío para frenar el avance de la “Locomotora Minera”,-

ya que todos estos se siguen haciendo en forma aislada, individual, y es solo a través de la organización y las alianzas en la lucha contra las empresas extractivas  Multinacionales o nacionales,-

que podemos realmente, no solo parar este modelo de desarrollo invasivo y atropellante; sino darle salida a unas ideas que podrían hacer, en principio, que este departamento avance hacia una equidad social, y a garantizar para todos y todas un medio ambiente limpio donde prospere la vida.

La Marcha Patriótica, El Cabildo Abierto Nacional, nos llaman a todos y a cada uno de nosotros hacia una nueva independencia, hacia el establecimiento de un nuevo orden social de verdadera justicia, participación y equidad para todos.

El manejo sostenible de nuestros recursos naturales, su aprovechamiento y el beneficio que de ellos tiene que llegar a las regiones; se constituyen en una de nuestras primerísimas armas en la búsqueda y consiguiente manifestación de este propósito.

La Alianza Quindiana contra la mega  minería, se alza como una protesta hacia un modelo económico que quieren imponer en nuestra región, un modelo  que no ofrece  progreso social con el desplazamiento de comunidades enteras.

Un modelo que tiene no respeto ni consideración con la madre naturaleza, con el medio ambiente sano y limpio al que todos tenemos derecho  cuando desaparecemos montañas enteras para sacar esa piedra brillante que no se puede comer, ni beber, ni respirar.

Un modelo que no respeta a la gente, cuando no se nos participa ni se nos incluye en la toma de decisiones para el futuro de nuestra región y de nuestra forma de vida.

Desde la Conap, la FEU, El Consejo Patriótico Nacional,  llamamos a todos aquellos que están por la vida y no por la extinción y el colapso de nuestros recursos, a que nos unamos en esta idea que busca la organización y la cohesión de todos estos esfuerzos, en la búsqueda de verdaderas soluciones a nuestros problemas de subdesarrollo, desempleo, falta de oportunidades, etc.

Convocamos a organizaciones sociales, ambientalistas, estudiantiles, de mujeres, organizaciones campesinas, de trabajadores, de desplazados, comunidades afrocolombianas, indígenas, organizaciones barriales, de artesanos, de artistas, de derechos humanos, organizaciones pro defensa de los derechos de los animales, etc.

Establezcamos juntos un progreso con consenso, con la participación de todos y con verdadero interés por el bienestar y la equidad para cada uno de los que hacemos parte de Colombia.

¡Conservación y vida para futuro. El Quindío libre de megaminería!

Alianza Quindiana contra la megaminería.

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(1) “Mitos y realidades de la minería” Por Jennifer Moore, - 28 de julio, 2011.Publicado en ‘El Salmón’.

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Seguridad narcocrática/

Acusados seis miembros del Ejército Nacional por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía informó que un suboficial y cinco soldados profesionales del Ejército Nacional  fueron acusados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH como presuntos responsables de los asesinatos a sangre fría de los campesinos Reinel José Vergara Jiménez y Andrés Rafael Velilla Canchila, perpetrados en zona rural del municipio de El Roble, Sucre.

Los presuntos criminales pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, retuvieron a los dos labriegos en un billar en Corozal, los secuestraron y posteriormente los asesinaron reportándolos como guerrilleros de las FARC “dados de baja en combate, el 4 de diciembre de 2006.

Los cobijados con la medida son: John Alexander Díaz Cupasachoa, cabo tercero, Jairo Hernández Sáenz, Giovanny Pérez Ospina, Hernando Romero Barrios, Carlos Edna González y José Gabriel Mesa Mesa, soldados profesionales.

El informe del ente investigador dice que todos los procesados están privados de la libertad, sin aclarar en cual casino o resort castrense.

En la deforma a la justicia, mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad.

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El drama de las hijas e hijos de las flores. Videos

A propósito del Día Internacional De Las Trabajadoras y Trabajadores de Flores y la temporada de San Valentin:

Estos son los vínculos de los vídeos cortos,

http://www.youtube.com/watch?v=LsB09MslsOI
http://www.youtube.com/watch?v=Ch_T26tky3g
http://www.youtube.com/watch?v=Pv0HsA7ucno
http://www.youtube.com/watch?v=g8tPxJDY6LU
http://www.youtube.com/watch?v=bAbKZfcngjQ

Video completo:

http://www.youtube.com/watch?v=Y4qxVHBTL_k

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Pronunciamiento de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

El perdón se le debe pedir a las víctimas, no a los victimarios

Por Cceeu

Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos del pasado 1° de febrero, en las que descalifica el fallo de segunda instancia por las desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia,-

configuran un claro desacato del presidente de la República, quien tiene la obligación de “prestar a los funcionarios judiciales (…) los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias”, según la Constitución (art. 201.1).

Dado que la sentencia por las desapariciones del Palacio de Justicia establece obligaciones de reparación a las víctimas en cabeza de su ministro de Defensa y de los altos mandos militares, para que pidan perdón a la comunidad por los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985-

que llevaron a las desapariciones mencionadas, las declaraciones de Santos1 pidiendo “a nombre de los colombianos” que se actúe en sentido contrario, y que más bien se pida perdón al Ejército, constituyen una manifiesta y flagrante insubordinación contra el Estado de derecho.

Así mismo, consideramos que las descalificaciones hechas por el Presidente Santos a la decisión de pedir a la Corte Penal Internacional que someta a estudio una eventual responsabilidad del expresidente Belisario Betancur,-

evidencian la intención del Gobierno de beneficiar, con el fenómeno de la impunidad, a los más altos dignatarios comprometidos en graves de crímenes contra la humanidad como lo es la desaparición forzada de personas.

Este alzamiento público contra las decisiones de los jueces de la República pone en riesgo la vida y la integridad de los magistrados que confirmaron la sentencia condenatoria contra el Coronel Plazas Vega por las desapariciones investigadas, y a la vez estimula a los ciudadanos a desconocer las actuaciones judiciales y cuestionar, por medios distintos a los legalmente establecidos, los pronunciamientos de la justicia.

El presidente incumple así su promesa de no controvertir las decisiones judiciales, y continúa la conducta de su antecesor de atacar a los jueces cuando, con sus decisiones, sancionan conductas criminales de altos responsables estatales por graves violaciones a los derechos humanos.

No es función del Presidente impartir perdones a quienes sean condenados por crímenes graves contra los ciudadanos, y mucho menos hacerlo públicamente en nombre de todos los colombianos.

El ataque del primer mandatario a la independencia de la justicia y a la autonomía que deben tener los jueces de la República para dictar sus decisiones envía a las y los operadores judiciales un mensaje de intimidación frente a la resolución de casos en que están criminalmente comprometidos altos funcionarios de la Fuerza Pública.

Tal es el caso de las miles de desapariciones forzadas perpetradas en los últimos años o la práctica masiva de las ejecuciones extrajudiciales, que se encuentran casi todas en la más completa impunidad.

Atacando a la independencia de la justicia se agravan y confirman las escasas o nulas garantías para que las víctimas puedan acceder a un recurso judicial efectivo ante las instancias nacionales para la realización de sus derechos a la verdad, a la reparación de los daños, a la sanción de los responsables y a la garantía de que estos crímenes no se seguirán cometiendo.

Hay que tener en cuenta además las presiones que distintas instancias del estamento militar vienen ejerciendo para imponer en la Constitución y en la legislación nacional una extensión irrestricta del fuero militar de modo tal que todas-

las operaciones militares y policiales, incluidas las que resulten en vulneración de los derechos de los ciudadanos, sean consideradas actos del servicio y por ende sean conocidas en primera instancia por los jueces penales militares.

No es improbable que estas declaraciones del Presidente Santos se den también en el marco de dichas presiones, las cuales configuran un ambiente de impunidad y de intimidación en el cual las y los operadores judiciales no encuentran las condiciones necesarias para el ejercicio independiente y autónomo de sus funciones.

Por estas razones, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red de 219 organizaciones sociales y de derechos humanos con presencia a nivel nacional, convoca a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a:

1. Respaldar y pedir respeto por las decisiones de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que confirmaron la sentencia por las desapariciones del Palacio de Justicia, lo mismo que a las demás decisiones de los tribunales de justicia que esclarezcan y castiguen crímenes contra los derechos humanos, sin consideración a los rangos o cargos de sus responsables.

2. Llamar al presidente Santos a rectificar sus declaraciones y acatar sin ningún tipo de reparos y respaldar la presente sentencia y cualquier otra providencia judicial en que se puedan ver afectados altos responsables de la Fuerza Pública-

por crímenes contra los derechos humanos, y abstenerse en el futuro de cualquier declaración que afecte las condiciones de autonomía e independencia de que deben gozar las y los funcionarios de la administración de justicia.

3. Exhortar al Gobierno nacional a brindar plenas garantías a las y los funcionarios judiciales, testigos, apoderados y demás intervinientes en los procesos en que se juzgan graves violaciones de derechos humanos que comprometen a altos funcionarios del Estado.

4. Exhortar a los funcionarios y entidades de la administración de justicia a no dejarse intimidar por el ambiente de descalificaciones y de improperios de otras instancias del Estado, aunque provengan del propio presidente de la República.

Bogotá, 6 de febrero de 2012

Para mayor información contactar a los voceros políticos de la CCEEU:

Gustavo Gallón: Teléfono 317 665 52 20

Alirio Uribe: Teléfono 312 587 49 58

José Humberto Torres: 316 310 62 62

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Denuncian graves violaciones al DIH por parte del Ejército en Cauca y Nariño

Por: Notimundo. Con información de Reddhfic*

El pasado 27 de enero, en la vereda San Pedro, corregimiento Río Negro, municipio de Miranda, Cauca, cerca de las dos de la tarde, hubo enfrentamientos armados en zona poblada, entre el ejército y las FARC.

Según la ONG de derechos humanos Reddhfic, los militares regulares, además de disparar de forma indiscriminada  toda clase de artefactos de guerra, utilizaron como trinchera las viviendas de los campesinos.

Como resultado de esta acción militar, Edilson Trochez, quién se encontraba en la vereda El Cabildo del municipio de Miranda, fue alcanzado por un proyectil que le causó una herida en su rodilla derecha.

Igualmente Saúl Silva Mosquera, quien se encontraba en la vereda La Cilia, del municipio de Miranda, fue alcanzado por un proyectil que le causó una herida en la mejilla izquierda. Ambos heridos fueron atendidos en el hospital de Miranda.

Municipio de Argelia

El 23 enero de 2012, en el  corregimiento El Mango, centro poblado, Edilma Girón, compañera de Jhon Jairo Solarte Túquerres, actual vicepresidente de la junta de acción comunal de dicha localidad, recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que su compañero se había hecho censar en acción social para obtener una ayuda humanitaria de desplazados o sobre la ola invernal.

Y que por lo tanto había una ayuda que era más o menos entre 400.000 a 500.000 pesos. Y finalmente le pidieron que diera la dirección de la casa para hacerle llegar el auxilio económico. La señora Edilma Girón dio la dirección de la casa.

El 25 de enero de 2012, cerca de las 4 de la tarde, Edilma Girón recibió una llamada en donde le dijeron que dadas las condiciones no se pueden dirigir hasta el lugar y que hables con Solarte para que pase por las oficinas de Acción Social en la alcaldía de Argelia entre las 9 y las 10:30 de la mañana. Este accedió a dirigirse a la oficina citada.

Un día después, a las 8:30 de la mañana, nuevamente llamaron a Edilma Girón y ante la confirmación de la cita le dijeron que preguntara por el doctor Mauricio Mosquera en la alcaldía.

En las instalaciones de la alcaldía dos personas de civil se acercaron a Jhon Jairo Solarte llamándolo por su nombre. Luego le pidieron los documentos y le dijeron que estaba detenido por una orden de captura por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Después lo esposaron y lo trasladaron hacia la estación de policía. A las afueras del lugar había policías y militares.

Cerca de las 2:30 de la tarde Jhon Jairo Solarte fue trasladado hasta la cancha de futbol del pueblo, en donde lo tuvieron por un lapso de 40 minutos, tiempo en el cual le dijeron que estaban esperando un helicóptero para su traslado a la ciudad de Bogotá. Posteriormente lo retornaron a la sede de la estación de policía.

En la estación Solarte vio un documento sobre la mesa en donde paramilitares del grupo “Los Rastrojos” lo acusaban de trabajar con alias “pocillo”, y alias “el grillo” y por lo tanto lo señalan de tener vínculos con el 60 frente de las FARC-EP.

El 27 de enero de 2012 cerca de las dos de la mañana, Jhon Jairo Solarte fue trasladado por cuatro policías y 12 militares hasta un cerro contiguo al pueblo y luego lo retornaron a la estación de policía. Posteriormente lo dejaron en libertad.

Las llamadas telefónicas fueron realizadas desde los números celulares 310 417 66 11 y 317 744 72 84.

Municipio de Argelia, Cauca

El domingo 15 de enero de 2012, en el corregimiento El Mango, cerca de las 8 de la noche, en momentos en que la joven Yuli Alejandra Díaz Muñoz transitaba por una de las calles del lugar en compañía de Jhon Edison Solarte, escucharon la detonación de artefactos explosivos en el centro poblado.

Segundos más tarde integrantes de la Policía Nacional acantonados en la base policial instalada en medio del centro poblado, dispararon indiscriminadamente ráfagas de proyectil de arma de fuego.

Yuli Alejandra Díaz, de 12 años de edad y estudiante de 6 grado, inmediatamente entro a la casa de una vecina de nombre Ambelina Alvear, en donde tuvo que pasar la noche.

En el lugar Yuli Alejandra se percató que tenía una herida a causa de una esquirla de artefacto explosivo que se había alojado en su abdomen, siendo atendida por ocupantes de la casa.

Al día siguiente, Yuli Alejandra Díaz se dirigió al centro de salud y cuando iban a la altura de la estación de policía un agente de la policía les dijo “hijueputas guerrilleros”.

Luego les dijo que por ahí no podían pasar. Yuli Alejandra y Jhon, pese a las heridas de la menor de fueron obligados por los agentes  a dar la vuelta por otra parte más lejos. Los médicos de dieron a la joven una incapacidad de 30 días.

Municipio de Barbacoas, Nariño

El domingo 15 de enero de 2012, en el corregimiento de Altaquer, en horas de la madrugada se presentó un enfrentamiento armado en una zona poblada entre integrantes del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional, del Batallón de Infantería No. 9 “Boyacá” e integrantes de las FARC.

En medio de los enfrentamientos, los militares y agentes del EMCAR, además de disparar de forma indiscriminada  toda clase de artefactos de guerra, utilizaron como trinchera de ataque y defensa las instalaciones de la Institución Educativa además de las viviendas.

Como resultado de esta acción militar desproporcionada la niña Lisdey Nayerly Andrade Rosero, de 8 años de edad, recibió un impacto de arma de fuego que le causó una herida  en la cabeza.

Además del pánico generalizado en los pobladores entre los que se cuentan centenares de niños, y personas de la tercera edad, los residentes fueron afectados por el gas pimienta que lanzaron los uniformados, varios hogares de pobladores, la iglesia y la escuela fueron afectados con impactos de bala y esquirlas de artefacto explosivo.

El lunes 23 de enero de 2012,  en el corregimiento de Altaquer, se presentó un enfrentamiento armado en zona poblada entre integrantes del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional, del Batallón de Infantería No. 9 Boyacá, e integrantes de las FARC.

Según la denuncia, el grupo de agentes del EMCAR que se encontraba en el centro poblado, dispararon de forma indiscriminada  toda clase de artefactos de guerra.

Como resultado de esta acción militar Ember Chacua y Pedro Vargas, quienes al momento de los hechos departían en el interior de la casa resultaron heridos.

Chacua fue herido en la cabeza por una esquirla de artefacto explosivo y Vargas fue herido en un pie. Los dos heridos fueron remitidos al hospital de Ipiales.

La ONG también denuncia que son permanentes los atropellos de la fuerza pública quienes acusan a algunos habitantes de pertenecer a las FARC.  Los invitan a desmovilizarse y a pertenecer a red de informantes.

Igualmente, de manera arbitraria retienen civiles, les toman fotos y huellas digitales para posteriormente dejarlos en libertad. Foto Efe.

*Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes

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Seguridad narcocrática/
Condenado oficial de la Policía por asesinato
Por Notimundo

El Juzgado 23 Penal del Circuito de Medellín, con funciones de conocimiento, sentenció a 19 años y dos meses de prisión al subteniente de la Policía Nacional, Diego Juan Londoño Muñoz, por el homicidio del joven Manson Escay Acosta González, informó la Fiscalía.

La sentencia fue proferida luego de que el juez valorar el conjunto de pruebas técnicas y testimoniales presentadas por la Fiscalía

Según las investigaciones de la Fiscalía, el oficial baleó a la víctima por la espalda el 14 de mayo de 2010, cuando luego de una requisa salió corriendo para evitar su conducción al comando de la Policía.

Testigos del hecho ocurrido en el barrio Nuevo Horizonte de Medellín declararon a la Fiscalía que el oficial fue el autor del disparo.

En la misma decisión y por solicitud de la Fiscalía, el fallador absolvió a los patrulleros: Fabio Andrés Guapacha Trejos y Fredy Ríos Villa.

En la deforma a la justicia, mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad.

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Parauribismo/

Amenazan a reclamante de tierras de la hacienda Bellacruz, Cesar

Un campesino que representa a 95 familias desplazadas del sur del Cesar recibió un sufragio firmado por “Grupo Armado Anti-restitución”.

Por: Verdad abierta

                

A menos de un mes de haber entrado en marcha Ley de Víctimas que pretende reparar a cuatro millones de personas desplazadas y devolverles dos millones de hectáreas que les fueron usurpadas, en el sur del Cesar fue amenazado el líder de una asociación que representa a 95 familias reclamantes de tierras en ese departamento.

La amenaza ocurrió el miércoles 25 de enero de 2012 cuando el campesino llegó a la habitación donde se hospedaba y le entregaron un sobre de papel manila. Adentro había una tarjeta fúnebre con su nombre y firmada por “Grupo Armado Anti-restitución del Cesar”.

El líder no tuvo otra opción que salir desplazado de la región y denunciar la amenaza ante las autoridades.

Aunque durante 2011 el líder había recibido otro sufragio y de su habitación fueron hurtados varios celulares y los documentos del proceso de restitución que defiende, considera que el último sufragio llegó después de que su nombre fuera publicado por varios algunos medios de comunicación.

“Nosotros no somos familias que nos estemos aprovechando de la Ley de Víctimas, es que somos víctimas desde 1986 y eso está demostrado con documentos”, dijo.

El líder representa a 95 familias que solicitan la titulación de una parcela en la Bellacruz, una antigua hacienda ubicada en el municipio de La Gloria, en el sur del Cesar, que en 1996 fue centro de polémica nacional porque de allí fueron desplazadas más de 300 familias por paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado Becerra a cargo de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’.

En versiones libres, alias ‘Rancho’, un desmovilizado de ese grupo, confesó ante la Unidad de Justicia y Paz que el grupo paramilitar fue contratado por los dueños de la hacienda. (Lea Las trampas de Bellacruz y Tierra prometida en La Bellacruz).

Aunque las familias llevan más de 20 años exigiéndole al Estado que les titule una parcela, con la aprobación de la Ley de Víctimas en 2011, el caso de Bellacruz se reactivó cuando los campesinos volvieron-

a tocar las puertas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, allegando documentos que apuntaban a la titulación irregular de predios dentro de la antigua Bellacruz y la existencia de unos terrenos baldíos.

Así el 5 de septiembre de 2011 el Subgerente encargado de Tierras Rurales del Incoder firmó una resolución en la que ordenó una inspección ocular a la antigua hacienda para confirmar la existencia de los terrenos baldíos.

La decisión fue apelada por el abogado que representa a MR Inversiones S.A.S, la firma que antiguamente explotaba la Bellacruz.

Tres meses después, con una nueva resolución, el Incoder resolvió el recurso de reposición interpuesto por la firma y decidió dejar en firme la anterior resolución.

VerdadAbierta.com habló con funcionarios del Incoder, quienes explicaron que el proceso continúa en etapa probatoria.

Es decir, que dependiendo de los resultados de la inspección ocular decidirán si comienzan o no un proceso de recuperación para su posterior titulación a los campesinos. Sin embargo, explicaron que, por el momento, desconocían la amenaza que había recibido el líder reclamante.

Pese a las amenazas el líder dijo que él y los campesinos seguirán reclamando las tierras porque “es justo, porque en realidad somos víctimas y hemos actuado en derecho”.

Las familias exigen que se realice un estudio a las tierras tituladas en la zona por el antiguo Incora “porque a muchos se les tituló menos de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, o no se les notificó”, y que además se recuperen los baldíos, calculados en por lo menos 1.500 hectáreas, para que también sean adjudicadas a las víctimas de la violencia.

“Comenzó el proceso de restitución pero no vemos el apoyo del Estado. ¿Dónde está la Ley de Víctimas?”, preguntó el líder.

Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio de Justicia, dijo que ya fueron notificados del caso y que de inmediato implementaron medidas de emergencia. "Rechazamos estos hechos y nos preocupan.

Un proceso de restitución de tierras en las dimensiones e importancia como la que se ha propuesto sacar adelante este gobierno, sin duda, tendrá obstáculos. Uno de ellos son las amenazas provenientes de sectores que tienen intereses en que esto no ocurra.

Sin embargo, la institucionalidad está preparada para afrontarlos. La Unidad Nacional de Protección tiene como prioridad la protección de los beneficiarios de la restitución", dijo Villamizar.

Según datos de esta Unidad, hasta el momento han recibido 29 solicitudes de protección a líderes reclamantes, 44% provenientesde Córdoba, 32% de Tolima, 13% de Antioquia y 10% provenientes de Chocó, Valle del Cauca y Caldas.

Entre 2002 y diciembre de 2011, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, tiene registrados el asesinato de 53 reclamantes de tierras en el país.

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Parauribismo/

Continúan las amenazas sistemáticas contra miembros de la ONG Credhos en Barrancabermeja
Por Credhos

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credhos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional una nueva amenaza de muerte hecha contra la integridad de María Ravelo Grimaldo,-

presidenta de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria Andas seccional Barrancabermeja e integrante de la junta directiva de Credhoa, al igual que a los miembros   la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Acvc,-

a través de un panfleto dejado en la entrada de de la sede de Credhos el día 1de febrero de 2012, donde los delincuentes y criminales se autodenominan “Comandos Urbanos”.

En horas de la mañana del 1 de febrero del 2012, como es normal Wilfran Cadena miembro de la junta directiva de Credhos llego a la oficina de Credhos, ubicada en la Avenida 52 No. 25-49, zona central de Barrancabermeja-

y al dirigirse a la puerta encontró en las verja que antecede a la puerta seis hojas sueltas tamaño carta en cada una de las cuales estaba escrito el panfleto que amenaza y estigmatiza a todos los miembros de Credhos de hay que acabar con la vida de todos los integrantes de la Corporación.

En forma consecutiva, el contenido del panfleto intimidador de los defensores de derechos humanos de Credhos, reitera que vienen haciendo seguimiento a todos los movimientos que se hacen desde Credhos y puntualiza, haciendo énfasis como si se tratara de un hecho victorioso,-

el encarcelamiento de David Ravelo Crespo y señalando, con el pretexto de ser su prima o hermana, a María Ravelo Grimaldo, a quien la conminan a que abandone la labor de ir a los barrios de Barrancabermeja invitando a la gente a meterse-

en temas relacionados con los derechos humanos si no quiere ser asesinada y que le acaben con su familia, pues según esta nueva estigmatización, María Ravelo está enseñando las ideas de David Ravelo Crespo en los barrios.

Así mismo, en las horas de la noche, siendo las 8:15 p.m. del 1 de febrero de 2012, su hija Anny Lizeth Vera Ravelo, en instantes en que salía de su lugar de trabajo, en la calle 9 con carrera 18, fue interceptada por dos hombres a bordo de-

una moto roja de alto cilindraje uno de los cuales dejando ver que estaba armado procedió a  entregarle una copia del mismo panfleto encontrado a puertas de la sede de Credhos  y le dijo que “le dijera a su mamá que dejara el jueguito que tenía”.

Antecedentas

Es la segunda vez que en menos de un mes del año 2012, es amenazado de manera sistemática otro miembro de la junta directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, si se tiene en cuenta que el 12 de enero de este mismo año fue amenazado de muerte Abelardo Sánchez Serrano,

cuando se desplazaba por la carrera 22 en inmediaciones del barrio Torcoroma y fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una moto color azul con rayas negras en el tanque y el hombre que iba como parrillero desenfundó una pistola y le apuntó en el pecho para intimidarlo y con expresiones agresivas lo conminó:

“Que dejemos de estar denigrando de la fuerza pública que ya tenemos a un hijueputa de Credhos encarcelado y que si es necesario si hay quedarle al resto, pues lo haremos para acallarlos; y antes de irse, dijeron: que tenía setenta y dos horas para salir de la ciudad”.   

En los últimos años las amenazas de muerte, hostigamiento y persecución han sido las constantes contra defensores de derechos humanos aglutinados en Credhos como en el año 2008 cuando por vía correo electrónico y correo escrito más de nueve comunicados y panfletos firmados por grupos armados ilegales que se hacen llamar:

Autodefensas Unidas de Colombia, Águilas Negras, Héroes de Castaño, de un grupo paramilitar comandado por alias ¨Don Mario¨ y las autodefensas Gaitanistas y donde se hacen amenazas directas de muerte contra todos los miembros de Credhos-

junto a otras organizaciones sociales, quienes somos estigmatizados  y consideran según estos desmovilizados rearmados paramilitares que nos deben asesinar so pretexto “de que Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio salga adelante”.

Entre el 2009 y el 2011 se han producido 12 amenazas de muerte por el trabajo en defensa de la vida y las víctimas contra los miembros de Credhos por parte de los grupos paramilitares; acciones criminales que se ha complementado con seguimientos constantes desde  vehículos públicos sin-

ningún distintivo que identifique su afiliación a empresas de transporte o entidad pública de la ciudad, sin embargo, al día de hoy no hay ningún avance y mucho menos resultados sobre estas agresiones personales y colectivas.

El día 26 de noviembre de 2011 una nueva amenaza de muerte dirigida por los paramilitares denominados “Los Rastrojos” amenazaron las organizaciones sociales y con ellas a todos los miembros de Credhos.

Esta última intimidación contra María Ravelo Grimaldo quien durante seis meses tuvo que salir del país refugiada por el programa que sostiene el gobierno del Principado de Asturias (España) para la defensa de los derechos humanos,-

el cual acoge a personas que se encuentran en alto riesgo de  muerte tras reiteradas y peligrosas amenazas de muerte recibe una nueva injuria y amenaza de muerte que se suma a las que han ocurrido con otros integrantes de Credhos en retaliación-

a las constantes denuncias que realizamos contra las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se vienen presentando en la región y buscan impedir el trabajo en defensa de los derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

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