Cuarta Acción Humanitaria por el Nordeste Antioqueño
Puerto Nuevo Ite sigue siendo escenario de la resistencia campesina
Por Yeny Pino. Socióloga. Especial para Notimundo

Los espacios son construcciones sociales que reflejan las dinámicas y situaciones que viven día a día los hombres y mujeres que lo habitan. Narrar la historia de un espacio implica desentrañar las situaciones que le han dado vida a su lenguaje, su mentalidad, sus momentos.

La historia de Puerto Nuevo Ité, se desarrolla a partir de situaciones propias de un conflicto político que se expresa en lo armado, escenario donde se construye la cotidianidad de los olvidados, los subordinados y los rebeldes.

Puerto Nuevo Ité, es una vereda del municipio de Remedios, Nordeste Antioqueño, su asentamiento principal es un caserío de 15 familias aproximadamente, ubicado al margen derecho del río Ité, la economía de la región está basada en la extracción de madera y del oro, artesanalmente.

Todo comenzó cuando un espacio natural se convirtió en un espacio social, donde se creó comunidad. Esta vereda tuvo su origen en el desplazamiento forzado que vivió nuestro país en los años cincuenta, donde las élites de colores liberales y conservadores se disputaban las tierras de los desteñidos, pobres y campesinos; para ese entonces, cualquier territorio de Colombia era una trinchera afortunada.

En este espacio se consolidaron, durante cuatro décadas, cotidianidades alrededor de la exclusión y la invisibilizacion por parte del Estado.

A partir de 1994 empezaron los hostigamientos a los habitantes de Puerto Nuevo Ité, con bombardeos, quemas del caserío y asesinatos, por parte del ejército y los paramilitares, que llevaron a reaccionar de diferentes maneras, pues ante todo había que sobrevivir.

La guerra obligo a estas poblaciones a estar listos para correr, unirse o morir, aunque “nada se deba”. En la unión se lograron consolidar tácticas de resistencia como las redes de solidaridad, los refugios humanitarios, las acciones humanitarias, las marchas y los éxodos campesino, que hasta el día de hoy se mantienen.

A pesar de estos logros, los líderes, aquellos hombres y mujeres que el miedo les da el valor para resistir han sido judicializados en el mejor de los casos, otros han sido asesinados dentro de las ejecuciones extrajudiciales.

Los que quedan, vitalizan la lucha campesina como la única opción que se tiene frente a la arremetida paramilitar y militar, que buscan apropiarse de este territorio minero, maderero y rico en biodiversidad, para entrar en la lógica del capital, con sus representantes en la tierra, las multinacionales.

Hoy en día hacen presencia en la zona empresas como la Kedhada, filial de la Anglo Gold Ashanti Mines, segunda productora mundial de oro, a la cual el gobierno nacional le adjudicó 21.986 de hectáreas del territorio para el inicio de la prospección de minas de oro en el Nordeste Antioqueño, las cuales, además, en éstos momentos se encuentran en proceso de titulación, como si se trataran de terrenos baldíos, cuando en realidad están habitadas por comunidades que llevan varias décadas allí.

En Puerto Nuevo Ité, y en general en la región del nordeste Antioqueño, un grupo de campesinos se resisten a morir, a ser humillados a pesar que les han matado ocho lideres, han vivido detenciones masivas, les han detenido los lideres más comprometidos, los han hostigado, intimidado, desacreditado, señalado, torturado, militarizado, fumigado.

Ellos vienen desarrollando momentos de resistencias y visibilización de su situación a la comunidad nacional e internacional, a través de las acciones humanitarias.

“Porque nosotros como campesinos lo que queremos es estar en nuestras tierras, donde podamos subsistir, nosotros no queremos irnos a la ciudad a aguantar hambre, en la ciudad solamente se ve miseria, uno pa` comerse una libra de yuca tiene que comprarla, sin embargo nosotros la producimos acá en nuestras tierras y esa es la resistencia de nosotros como campesinos, no dejarnos desalojar de las tierras donde podemos subsistir”. Dijo un campesino al ser entrevistado.

La primera acción humanitaria se realizo los días 23 al 29 de febrero de 2004 en la vereda El Provenir del municipio de Remedios Antioquia con la cual se logro romper temporalmente el bloqueo, permitiendo la entrada de alimentos, brigadas de salud y relacionar las denuncias sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH.

A partir de esta acción humanitaria se logro consolidar una nueva organización campesina, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) con el objetivo de luchar por los derechos humanos, desplegándose un trabajo integral por la convivencia y la vida digna de las comunidades campesinas, demostrando que aunque han sido victimizados durante tanto tiempo tienen una gran capacidad de organización y lucha en torno a las necesidades comunes de los campesinos.

Las acciones humanitarias, han sido una de las iniciativas más importantes porque se ha logrado romper con el bloqueo sobre la región y verificar las denuncias sobre las graves violaciones de los Derechos Humanos. (Revista La marcha, 2007: 50).

Así, del 8 al 12 de abril de 2005 en la vereda Cañaveral del municipio de Remedios Antioquia, se realizó la Segunda acción humanitaria al Nordeste Antioqueño y en el 2006 la III contra el bloqueo, por la vida y la paz en la vereda de Lejanías del mismo municipio.

Y celebramos la cuarta Acción Humanitaria desarrollada el pasado 15 al 19 de mayo de 2009, en la vereda de Puerto Nuevo Ité. Esta buscaba denunciar la situación que está viviendo la región en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento, abandono estatal en general, declarándose nuevamente la organización campesina en resistencia.

Esto demuestra que es el pueblo quien está llamado a hacer la historia; asumir el papel de proponer y pensar cómo construir una sociedad donde la sangre no siga siendo derramada por el pueblo incauto, que le consolida los proyectos económicos a las multinacionales, mientras que los representantes de las élites son declarados como “héroes” de la patria por mantener, a través de la represión, las mismas condiciones de obediencia del pueblo hacia los futuros gobernantes.

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Piden respeto y garantías de los derechos de la población en situación de desplazamiento
Por Organizaciones sociales

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Mesa de Seguimiento del Auto 092, realizamos el 27 de Mayo, una misión de verificación sobre las condiciones en que se encuentran las familias en situación de desplazamiento que desde hace 76 días, ocuparon la Plaza de Bolívar y, posteriormente, fueron trasladadas voluntariamente, al parque Tercer Milenio de Bogotá.

Esta ocupación pacífica busca conseguir el cumplimiento de las obligaciones del gobierno nacional y distrital respecto a la garantía de sus derechos económicos y sociales como víctimas del desplazamiento por el conflicto armado.

Las organizaciones integrantes de la misión encontraron que aunque este grupo de población en situación de desplazamiento se encuentra en conversación con el Gobierno Distrital, hasta el momento, no han recibido la asistencia humanitaria que su situación amerita, ni la presencia y actuación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Los testimonios recogidos, en su mayoría mujeres, coincidieron en haber demandado al Estado, en diferentes ocasiones, protección, orientación y ayuda con el fin de obtener la restitución integral de sus derechos, tal como lo ordena la Ley 387 de 1997, la sentencia T-025 de 2004 y sus posteriores autos de seguimiento.

A pesar de ello, las respuestas institucionales obtenidas hasta el momento han sido insuficientes e ineficaces para alcanzar el goce efectivo de sus derechos. Su insostenible situación de sobrevivencia los llevó a ocupar pacíficamente el espacio público como forma de reclamar vivienda digna, una solución laboral digna y estable para sus familias y la prórroga de la ayuda humanitaria mientras no consigan su estabilidad social y económica.

Todos ellos derechos jurídicamente inherentes a ellos por ser víctimas del desplazamiento y del conflicto armado.

Este grupo de personas en protesta pacífica está compuesto, en su mayoría, niños y niñas, y mujeres que representan más de la mitad de la población allí concentrada (algunas en estado de embarazo).

Estas mayoritariamente, son las que asumen las cargas del cuidado y la atención de quienes ocupan el lugar. También se encuentra un número minoritario de personas de tercera edad y de personas discapacitadas.

Estas provienen de diferentes lugares del país, ya que se vieron obligadas a dejar sus territorios por amenazas y hechos de violencia por parte de actores armados ilegales y legales, violencia sexual ejercida por actores armados legales e ilegales, y la necesidad de evitar el reclutamiento forzado de integrantes jóvenes de las comunidades.

Los testimonios y voces de las personas entrevistadas, en su mayoría mujeres dan cuenta del impacto del desplazamiento: la ruptura del tejido familiar y social, la pérdida de sus tierras, viviendas, del trabajo y de unas condiciones que les permitían vivir dignamente.

Situación que les ha llevado a vivir la experiencia de desarraigo, pobreza, discriminación y exclusión social.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos constatamos las condiciones insalubres del lugar, la improvisación de espacios para bañarse, lavar ropa y los utensilios de cocina, las dificultades para el acceso a agua potable, etc., que ponen en riesgo la salud, en particular de niñas, niños, mujeres embarazadas, personas mayores y en situación de discapacidad que ya empiezan a mostrar infecciones y cuadros de desnutrición.

La alimentación proviene, actualmente, del rebusque y de las donaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas. Las unidades sanitarias ubicadas en el lugar no son suficientes para el número de personas concentradas en el parque y, aunque han dispuesto mecanismos para el manejo de las basuras, tienden a acumularse; los cambuches autoconstruidos son muy frágiles ante el frío, el viento y la lluvia.

Adicionalmente, muchas madres temen acciones jurídicas por parte del Icbf, en las que les quiten a sus hijos e hijas menores por las condiciones de precariedad que se viven en el parque.

Este grupo se encuentra en negociaciones con la Alcaldía Distrital sin haber logrado aún acuerdos concretos, aunque facilitó la instalación de un número insuficiente de sanitarios y garantizó la presencia de fuerza pública para su seguridad.

El gobierno Distrital ofreció como albergue transitorio las instalaciones de la UPJ, que funcionan como centros temporales de reclusión para personas infractoras de la ley. Según esta misión de verificación que visitó las instalaciones, estas no cuentan con condiciones mínimas para ser habitadas por las personas desplazadas, razón por la cual la misma población finalmente, rechazó dicha propuesta.

La Defensoría del Pueblo y la Personería se han hecho presentes, y acompañan el proceso de negociación entre las partes. Hasta el momento, no se ha activado ninguna respuesta humanitaria integral que facilite unas condiciones mínimas de supervivencia a este grupo de personas, mientras estas están en conversaciones en aras de una solución concreta y definitiva a su problemática.

Frente a esta situación las organizaciones de la Mesa de Seguimiento al Auto 092 que participamos en esta misión de verificación solicitamos:

A la Alcaldía de Bogotá, dar respuesta pronta y con garantías a las demandas de las personas en situación de desplazamiento que participan en esta acción legítima ateniéndose a la Ley 387 de 1997 y la Sentencia T-025 de 2004 y sus posteriores autos de seguimiento.

A la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional instar a desempeñar su corresponsabilidad, ateniéndose a los principios de coordinación y subsidiariedad (Ley 1190 de 2008), en ofrecer una respuesta con garantías a las demandas de este grupo de personas y a garantizar la existencia de una ruta efectiva de realización de los derechos de la población en situación de desplazamiento ateniéndose a la Ley 387 de 1997 y la Sentencia T-025 de 2004 y sus posteriores autos de seguimiento

A la Secretaría de Salud, brindar la atención a las personas que lo necesiten y la vigilancia sanitaria a los niños, niñas, mujeres embarazadas, de la tercera edad, discapacitadas y todas aquellas que lo requieran.

A los organismos de Control, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería Distrital la protección, seguridad e integridad de estas personas, evitando que se de un desalojo violento que atente contra la vida estas personas.

A la Oficina de la Alta Comisionada, el CICR, otras instancias ejercer sus buenos oficios frente al gobierno Nacional y Distrital y este grupo de personas en situación de desplazamiento, para una salida negociada que dé respuesta a sus demandas de forma integral y permanente, tal como lo consagran la Ley 387, la Sentencia T 025, los Autos de seguimiento ordenados por la Corte Constitucional y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

A la Alcaldía de Bogotá, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a los entes de asistencia humanitaria existentes en el país, que garanticen unas condiciones mínimas humanitarias a este grupo de personas (mayoritariamente mujeres, niños y niñas, y algunas personas ancianas y discapacitadas) mientras duren las negociaciones.

Firman: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Ilsa); Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (Ciase); Iniciativa de Mujeres por la Paz (Imp); Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados; Red Nacional de Mujeres Desplazadas; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Este comunicado fue enviado también al Cicr, Acnur Undp, Msf, Defensoría del pueblo, Procuraduría, Alcaldía y Acción Social.

Vea también:
Drama de familias desplazadas en Bogotá. Video

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Parauribismo/
Presuntos ‘paras’ asesinan a pareja de campesinos en Sabana de Torres, Santander
En lo que va corrido del año al menos 10 personas han sido víctimas de detenciones ilegales, cuatro han sido asesinadas y desplazadas forzosamente 7 familias y varios dirigentes
Por Camilo Raigozo

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denunció ante la opinión pública nacional e internacional que el pasado 21 de mayo, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, llegaron varios sujetos a la casa de los campesinos Pedro Bonilla Chivatá, de 56 años, y Heidy Johana Caballero Guerrero Guerrero, de 26 años, y los asesinaron. Los criminales dejaron huérfana a una niña de un año.

Estos hechos se suman a la ola violencia que vienen padeciendo los habitantes del municipio de Sabana de Torres en los últimos años. “Aquí se asesina y se violan los derechos humanos, sin que haya una solución por parte de las autoridades civiles y militares”, dice la denuncia.

Amenazas

El sábado 23 de mayo, aproximadamente las diez de la mañana, fue amenazado por sujetos desconocidos Rosendo Duarte Ávila, padre del tesorero Asogras seccional Sabana de Torres.

Los maleantes le dijeron que "es mejor que su hijo no siga jodiendo con el trabajo de organización en la Asociación Campesina, por que esto desprestigia a la administración de Sabana de Torres. Por lo tanto, es mejor que venda lo que tiene y vayase del municipio".

La agremiación campesina exigió al régimen que se esclarezcan los crímenes, las amenazas, se proteja a la población y se aplique la justicia, “ya que para nadie es un secreto que en Sabana de Torres operan bandas de paramilitares que se autodenominan 'Águilas Negras' y 'Rastrojos'".

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Parauribismo/
Paramilitares amenazan a la comunidad de las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica

Como un servicio a nuestros lectores a continuación transcribimos las amenazas de los ‘paras’:

A la comunidad de las Universidades Nacional de Colombia, Distrital, Pedagógica Nacional y Privadas, Colegios de Bogotá y Ciudadanía en general.

Nos dirigimos a ustedes para notificarles lo siguiente:

Observamos con suma preocupación el triunfalismo reinante en la Nación colombiana con respecto a la inminente derrota de la subversión. Nada más erróneo. Hemos constatado el crecimiento soterrado de estructuras milicianas y políticas en la ciudad de Bogotá, más concretamente en barrios, barras bravas de Futbol, colegios, sindicatos, Universidades, JAC, JAL y demás espacios de participación ciudadana.

Se encuentran en un repliegue estratégico y acumulando fuerzas. También ha sido desaforado el crecimiento de organizaciones delincuenciales que azotan a la ciudadanía.

Nuestra guerra no es contra la Nación ni contra la Universidad, ni contra los sindicatos ni contra la llamada Oposición, ni contra la juventud. Nuestra guerra es contra la subversión. No somos, como afirma el señor Guillermo León Valencia, una renovada estrategia paramilitar ni una reminiscencia que retoma el nombre de otros grupos pues nosotros pertenecimos al antiguo Frente Capital del Bloque Centauros Auc-Accu, mejor conocidos como Bloque Capital.

Nosotros somos Autodefensas que nos organizamos de nuevo en legítima lucha antiterrorista y antidelincuencial en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños. La Ley, el Derecho y los gobernantes incompetentes de la ciudad de Bogotá protegen más al Terrorista que al ciudadano honesto y trabajador.

Esto no se trata de la persecución de líderes comunales, profesorales, sindicales, estudiantiles o políticos. No. Nuestro objetivo es el aniquilamiento de los miembros de la subversión (y sus familias) y sus redes de inteligencia y apoyo miliciano, financiero, logístico y político.

Situación muy distinta es que los miembros de la subversión que son dados de baja por nuestra Organización se encuentren infiltrados entre los estudiantes, sindicalistas, profesores, líderes comunales y activistas políticos; pues es de simple razonamiento que para adelantar tareas políticas y militares hay que insertarse de forma exitosa en la cotidianidad de la comunidad en la que se desean desarrollar tareas políticas o militares.

No se puede caer en la ingenuidad al pensar que una persona sea cual fuere la Organización a la que pertenece, pueda en algún momento manifestar y aceptar frente a extraños o enemigos que es militante de tal Organización.

Mucho menos portar distintivos de guerra. Recuerden que varios de nuestros militantes trabajaron para la subversión; nosotros ya sabemos de los artilugios que utilizan los subversivos para reclutar personas.

Una arista del neo marxismo

Es el caso del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC) que se hace dueño de la ideología bolivariana haciendo peligrar la vida de aquellos verdaderos bolivarianos que no comulgan con las FARC ni con el pseudobolivariano de Chávez.

Sí claro, en el Movimiento Bolivariano caben todos los patriotas pues no es un partido de vanguardia o clasista, (Contrario al famoso Pccc -PC3- que es el que dirige al MBNC) pero el bolivarianismo no es el objetivo estratégico de las FARC, o dónde queda aquello de “Por la Patria Grande y el Socialismo”.

Se sirvieron hábilmente de la ideología bolivariana como Caballo de Troya para reclutar más personas pues quién se atrevería a negar la importancia histórica de Simón Bolívar. Una organización que recluta y adoctrina “masas” (que según la Carta de Reunión pueden o no apoyar la guerra pero que en términos reales terminan trabajando para las FARC), que no dirige pero es dirigida por comunistas (Pccc ó PC3) y estos a su vez por el Secretariado.

Aquí solo se ve semejante adefesio, luego ¿no es el Partido el que dirige la organización militar y no al revés?

No creemos que la verdadera ideología bolivariana tenga como fin la “Dictadura del Proletariado” que es contraria a la actual “Dictadura de la Burguesía”; el sueño de Bolívar es la Patria Grande, no el Socialismo. Los bolivarianos no pueden terminar siendo los idiotas útiles del comunismo y del neo marxismo.

En la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Distrital y demás Universidades de Bogotá, Barras Bravas, Colegios y barrios operá el terror fariano, el terror eleno y el terror maoísta (FEU, FES, Asamblea Sur -responsables del ahogamiento en el río Tunjuelito de las dos estudiantes del Liceo Adolfo León Gómez, dizque salida pedagógica, eso era una salida de trabajo político encubierto fariano.

Los directivos de ese colegio nos van a tener que explicar por qué permiten la injerencia de elementos subversivos en esa institución- Taller de Lideres en la Universidad Nacional, Mbnc, Mjbnc, Cice, Fescol, Radiochirrixx, Fensuagro, Mefisto, Oficinas de Estudiantes de Economía, Ingeniería, Derecho, Economía, Medicina –utilizándolas para organizar bloqueos y disturbios, almacenando armas y explosivos en los casilleros de estas- ,TNT, SUR, Llamarada ML,

Aquelarre, ollas comunitarias, las directivas de la Universidad Distrital están sumamente permeadas por el ELN, Grupo Comunista Revolucionario de Colombia, Brigadas Antiimperialistas, Guardias Rojos y FUN-Comisiones ó PCC-M ó Modep, Udes, Adhip, Itg, Colectivo Comunal JEG; “FARC-Comisiones o FUN-EP… da igual” dirigido por elementos infiltrados que fungen como supuestos estudiantes, supuestos líderes comunales, supuestos sindicalistas, supuestos practicantes o supuestos pasantes que vienen a enseñarnos agricultura urbana, salud y otras cosas más; a enseñarnos a vivir.

De ahora en adelante para que un estudiante o pasante venga debe contar con una autorización expresa y escrita de la correspondiente Universidad que certifique quién es y que hace, nosotros lo cotejaremos con la base de datos que hemos compilado durante labores de Inteligencia desarrolladas en barrios, colegios y universidades por nuestra Organización. Si es un joven subversivo emulando al Che Guevara y jugando a la guerra, nuestros patrulleros le darán de baja.

Creemos que la Universidad no debe ser campo de combate, entonces por qué la utilizan para almacenar armas y explosivos como Anfo. La subversión está utilizando la universidad como retaguardia militar. Si el llamado tropel no es una confrontación de tipo militar, entonces qué es. Simple vandalismo, eso es.

No es nuestro deseo reclutar estudiantes para la guerra pues somos ya bastantes patrulleros para exterminar subversivos. La guerra nos golpeo, nos cincelo, nos endureció hasta convertirnos en lo que somos.

Lo que si reafirmamos es nuestro firme compromiso de exterminar a la subversión que agrede al estudiantado, a la ciudadanía, a los trabajadores, a los barrios, a los colegios y a la Universidad. A los estudiantes los queremos estudiando para que aporten a la construcción de Nación.

Estudiantes: sabemos del amplio descontento existente entre ustedes por la presencia y el actuar de la subversión en la Universidad, la subversión no entiende que todo es dialectico y que nada es inamovible. Hace 60 años se asentaron en la Universidad ¿y qué han logrado?

Fabricar mártires que sirven de idiotas útiles para la subversión, tropeles, cierres, viajes a Cuba o Europa para unos cuantos sabihondos de la burocracia subversiva –como aquel subversivo que estuvo en enero en España, pobre victima que tiene el lujo de pasear por los campamentos de las Farc y por Europa-, orgías de sexo, alcohol y marihuana, canelazos con la misma música mamerta de siempre que se convierten en una fiesta para los elegidos, paros, bloqueos, estigmatización, etc.

Ustedes los estudiantes son muchísimos más, no voten por los mismos subversivos de siempre. Rebélense a ver si esa escoria subversiva entiende por las buenas o por las malas. Tómense las oficinas de estudiantes pues les pertenecen, son para el intercambio académico, el descanso y el esparcimiento; no para cuadrar la logística de los disturbios; abran los casilleros de la subversión, encárenlos.

El dominio fariano está maduro para disolverse y el fin de la dominación subversiva en la Universidad Nacional también será el fín de todos los pseudocomunistoides, capuchos, cierres y paros.

Se afirma que los estudiantes no son terroristas y estamos totalmente de acuerdo, pero no hemos sido nosotros los encargados de crear ese paradigma, han sido los terroristas que fungen como pseudoestudiantes pseudouniversitarios que con sus “tropeles” y demás actos utilizan explosivos y armamento, todo esto dentro de la Universidad. ¿O es que acaso las Auc hicimos algún tropel o disturbio en las Universidades? ¿Fuimos nosotros los que lanzamos morteros desde la Universidad?

Fueron las Farc las que utilizaron el Campus como plataforma de lanzamiento de morteros hace unos años. Lo que hicimos fue erradicar la subversión. Antioquia es un buen ejemplo de ello. La estructura del Bloque Metro extirpo de raíz a la subversión en las Universidades. Después de la extinción de las Auc-Accu, volvieron los rebrotes de subversión. Nos falto intervenir las Universidades Nacional, Pedagógica y Distrital.

Las Auc garantizan el orden. Con las Auc no hay peligro. No vote por subversivos, en caso contrario, no hay seguridad de que la Universidad continúe existiendo después de elecciones.

En los barrios y colegios de las distintas localidades de Bogotá hemos invitado a los jóvenes para que corrijan ciertas conductas y a que no salgan de casa a horas no decentes y a no involucrarse con la subversión, decisión celebrada por muchos padres de familia, profesores y mismos estudiantes.

Señores de las Barras Bravas, la ciudadanía esta hastiada de sus acciones delincuenciales, o paran sus acciones vandálicas o los combatiremos hasta disolverlos. Fuera las ollas de vicio que embrutecen a la juventud. Nosotros no decimos “ojo por ojo, diente por diente”. No.

Al que nos haga saltar un ojo le cortaremos la cabeza, y al que nos salte un diente le romperemos la mandíbula. Señores rectores de Colegios y Universidades, ustedes son responsables por la presencia de subversión en estos establecimientos pues alguien debe responder, su anomia es cómplice de la subversión; ¿o no es cierto señor Wasserman?

Su actitud pusilánime ha permitido el establecimiento de las FARC en la Universidad Nacional; haga cumplir el acuerdo que rechaza nuestra presencia y al mismo tiempo la subversiva; más asquerosa es su actitud propia de los alfeñiques que no resuelven nada. No deseamos que usted asuma de nuevo la rectoría.

El más pequeño rasgo de piedad es contemplado por los subversivos como un signo de debilidad que aprovechan inmediatamente. No hay lugar para hombres blandos de corazón. Al servicio de Vigilancia Universitaria les advertimos que hemos detectado complicidad con la subversión de algunos de sus miembros, así como el hurto de equipos por otros miembros. No deseamos entrar en confrontación con esas personas pero si siguen comportándose ambiguamente, los daremos de baja.

Al interior de nuestra organización habíamos decidido no señalar públicamente los objetivos militares, pero estimamos conveniente advertir a la ciudadanía que con sus impuestos paga el exilio de estos personajes cuando se auto amenazan para exiliarse; y para que sus padres de familia los corrijan pues muchos de estos son post-adolecentes jugando a ser el Che Guevara, Bolívar o Camilo Torres.

Entérense señores padres de familia, ustedes subvencionan la educación de sus hijos, no el terrorismo. Como dicen los subversivos, se debe hacer una denuncia pública y eso es lo que hacemos. También se decidió no dar de baja a los subversivos dentro del campus; se les dará de baja afuera, esto para no generarle problemas a la Universidad.

Son Objetivo Militar de nuestra Organización por pertenecer a la subversión y fungir de idiotas útiles de esta:

Luis Alberto Arenas Sosa, Laura María Ligarreto Barrientos, David Fernando Flórez Ballesteros, Cristina Isabel Guzmán Martínez, Antonio López Epiayú, Laura Bonilla, Hugo Giovanni Garzón Ilarión, Edison Javier Reyes Roa, Jaime Alberto Rueda Muñoz, John Freddy Cortés Novoa, María Antonia Espitia Barreto, Cristina Isabel Guzmán, William Javier Díaz Ramírez, Hugo Giovanni Hilarión, Oscar Barón, Eduardo Mantilla, Dora Peña, Fabio Rivera,

Edison Javier Reyes Roa, Jorge Alberto Mantilla, Leydi Andrea Rojas, Patricia Archila, Diego Hernández, Cristian Lesmes, Ibón Lizet Ríos, Giselle Medina, Ariel Fernando Ávila Martínez, Eder Maylor Caicedo Fraide, Juan David Sanabria, Miguel Rodríguez, Leonardo Rodríguez, Hernán Cortes, Andrea Lucumi, Sebastián Gómez, Jenny Garzón, Luis Alejandro Sarria Pérez, Jorge Acuña, Jennifer Bonza Suarez, alias “lucho”, alias “tantuntan”,

alias “gabo viejo”, alias “enano anarco” de Ingeniería, alias “gugul”, alias “señora nay” y su esposo- algunos dueños de puestos de ventas ambulantes que trabajan para la subversión con información, Manuel Vargas, Carol Delgadillo Silva, Johany Duarte, Leydi Silva, Diana Betancur, Cristian David López, Francisco Tolosa, Carlos Medina Gallego y alias “el vikingo”.

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Parauribismo/
Fiscalía llama a indagatoria a cuatro ex directores del DAS
Por Camilo Raigozo

María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate, Jorge Noguera (“el buen muchacho”) y Joaquín Polo, ex directores del DAS y subalternos directos de Álvaro Uribe Vélez, serán llamados a indagatoria por la Fiscalía.

Según el ente investigador los ex directivos tendrán que explicar las interceptaciones hechas a magistrados, políticos, periodistas y lideres de oposición.

Los cuatro sujetos nombrados directamente por el Presidente en el alto cargo, serán investigados por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos, abuso de autoridad, falsedad en documento público, supresión u ocultamiento público y fraude personal.

Los constantes escándalos y las investigaciones periodísticas indican que la desprestigiada entidad cayó bajo el gobierno de Uribe al servicio del paramilitarismo y otras mafias de narcotraficantes.

Jorge Noguera es acusado de suministrarle a los escuadrones paramilitares listas de sindicalistas y opositores al régimen para ser asesinados. Uribe no solo lo defendió al ser descubierto, sino que lo nombró en el cuerpo diplomático del país en Italia.

El ex presidente Cesar Gaviria y otras personalidades han coincidido en afirmar que el DAS se ha convertido en una organización criminal. Esta entidad depende directamente del Presidente.

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Inminente captura masiva en Montes de María
Por Mesa de Seguimiento y Acompañamiento

Una detención masiva ilegal. Foto El Tiempo

La martirizada región de los Montes de María, vasta zona montañosa entre los departamentos de Bolívar y Sucre y donde el paramilitarismo de la mano de la fuerza pública cometió las más horrendas masacres –no es sino mencionar Macayeyo, El Salado y Chengue-, padece hoy después del desmonte paramilitar, la nueva modalidad represiva que se enseñoreó del país: la de las capturas masivas.

En efecto esta Mesa ha tenido conocimiento de que en las zonas donde operaron los paramilitares, el Ejército y en especial la Infantería de Marina, instrumentando testimonio pagos de aquellos, de delincuentes comunes, viciosos y desertores de la guerrilla como Luis Alfonso Hernández Sánchez “Comandante Horacio”, han elaborado “informes de inteligencia” en los cuales aparece como “narcoterrorista” la base social que no fue funcional a la estrategia paramilitar. En especial, líderes comunales y sociales.

Con base en dichos desprestigiados informes, al parecer la Fiscalía ha emitido cientos de órdenes de captura contra campesinos y líderes de los corregimientos de Tierra Grata y el Hobo en jurisdicción de Carmen de Bolívar –Bolívar- y Salitral y Don Gabriel en el municipio de Chalán, Sucre.

Estos se sumarán a los cientos de campesinos recluidos en las cárceles La Ternera de Cartagena y La Vega en Sincelejo, entre ellos del dirigente Manuel de Jesús Reyes Reyes.

Son los falsos positivos judiciales, casi tan ominosos como los que se manifiestan en cientos de cadáveres de muchachos pobres e inocentes “caídos en combate” aún sin importar que padecieran síndrome de Down o retraso mental.

Estos “falsos positivos” se han convertido en la nueva forma del terror en los Montes de María. No quedó satisfecha la fuerza pública con el exterminio y el desplazamiento que el paramilitarismo hizo en la región.

Los sobrevivientes figuran en las órdenes de batalla de las tropas que copan cada metro de la zona. Y la “prueba reina” de que son terroristas, es el haber denunciado los crímenes del paramilitarismo, y la connivencia de la fuerza pública con ellos.

Por esta razón ya fue asesinado el dirigente campesino de la región, Luis Miguel Gómez Porto. Un falso positivo que pronto será objeto de pronunciamiento judicial.

Que no le pase de nuevo a la Fiscalía General de la Nación la vergonzosa situación que todos los días le ocurre. Que los “peligrosos narcoterroristas” que ella se presta para judicializar, son después liberados por ella misma ante la evidencia de que son inocentes.

O si no, que lo diga la captura e inmediata libertad de los veinticincos campesinos del Socorro y Simacota capturados recientemente en el “el golpe más duro jamás dado al ELN” y que prácticamente lo acababa en Santander, y sobre quienes un Juez no encontró mérito alguno para dictarles medida de aseguramiento.

O los quince dirigentes sociales y de la oposición de Arauca encabezados por Martín Sandoval, recién liberados después de muchos meses de prisión por “terroristas”.

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Nordeste Antioqueño
Con éxito se realizó la Cuarta Acción Humanitaria
Las comunidades denunciaron los asesinatos cometidos por la fuerza pública en la región denominados equivocadamente “falsos positivos” y las amenazas continuas de los paramilitares autodenominados “Águilas Negras” entre otros atropellos
Por Camilo Raigozo. Voz

Con el acompañamiento de representantes del sistema de Naciones Unidas y de más de 40 organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, culturales, agrarias y periodísticas, tanto nacionales como extranjeras, se realizó en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios, Antioquia, durante los pasados 15 al 19 de mayo, la Cuarta Acción Humanitaria, convocada por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana.

Provenientes de varias regiones del país, las delegaciones y los representantes de las comunidades de la zona, abrieron el evento con una rueda de prensa en horas de la mañana del 15 de mayo, en las instalaciones de la USO en Barrancabermeja, cuyo tema central fueron las ejecuciones extrajudiciales de campesinos cometidas por tropas del Ejército Nacional, adscritas al batallón Batalla de Calibío, perteneciente a la Cuarta Brigada.

Gerardo Acero, líder campesino de la región y miembro de la dirección de Cahucopana, le recordó a los asistentes los nombres de las víctimas que recientemente han caído bajo las balas oficiales, entre los que mencionó a los labriegos Heriberto Correa, Sigifredo Castaño, Pablo Emilio Agudelo, León Benítez, William Hernán Sánchez, Carlos Mario García, Miguel Ángel González Gutiérrez y Luís Horacio Ladino Guarumo, asesinados y presentados por el ejército como “guerrilleros dados de baja en combate”.

Inocentes en la cárcel

El líder agrario también advirtió que en la región se continúan dando las violaciones a los derechos humanos, las persecuciones, los montajes jurídicos contra los líderes campesinos, las amenazas, el bloqueo económico, las ejecuciones extrajudiciales, fumigaciones con glifosato y el desplazamiento forzado, entre otros atropellos.

“Hoy el Estado aún nos tiene a dos compañeros inocentes en las cárceles: Miguel González Huepa y Andrés Gil, víctimas de las conocidas capturas masivas”, dijo Acero a los periodistas.

Luego de terminada la rueda de prensa las delegaciones partieron hasta el caserío San Francisco, pasando por Yondó, Antioquia, por una trocha casi intransitable, ya que los vehículos se quedaban enterrados en el lodazal cada varios kilómetros. En ese trayecto, la caravana se encontró con tropas del ejército que se movilizaban en dos camionetas.

Mientras los expedicionarios trataban de desenterrar sus vehículos, un militar de civil se dedicó a fotografiar a las personas. Después de las reclamaciones y el requerimiento del acompañamiento internacional, el militar tuvo que dejar borrar las imágenes tomadas ilegalmente.

“Sí esto hacen los militares con los campesinos delante de tan importantes testigos nacionales y extranjeros, ¿cómo será cuando ellos están solos e inermes?”, se preguntó asombrada una delegada internacional.

Amenazas paramilitares

De San Francisco hasta Puerto Nuevo Ité, se gastaron cinco horas por el río Cimitarra, en el que por su bajo caudal, las lanchas encallaban asiduamente. El 16 de mayo, la comunidad anfitriona dio la bienvenida a los visitantes.

Acto seguido se realizó la presentación de los representantes de cada delegación y posteriormente vinieron los páneles: Seguridad democrática y ejecuciones extrajudiciales, dictada por el profesor de la Universidad Distrital Frank Molano; Extracción de recursos y mecanismos de guerra, a cargo del dirigente de la CUT, Jorge Gamboa.

Ejecuciones extrajudiciales como mecanismos de impunidad, ofrecida por Humanidad Vigente, y al morir la tarde, el campesino Álvaro Manzano, de la Acvc, dio una charla sobre Organización campesina por la tierra. Simultáneamente se realizaron talleres con la población infantil y diversos actos culturales.

Cineforos, actividades culturales, jornada de salud, talleres, actividades de recreación e integración, tuvieron desarrollo durante los días 17 y 18 de abril. Al día siguiente, las delegaciones partieron hacia Barrancabermeja y de allí a sus lugares de origen.

Simultáneamente al desarrollo de la Cuarta Acción Humanitaria, se conoció que paramilitares amenazaron a los pobladores en la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra.

Se rumora en la región sobre una inminente arremetida paramilitar en la vereda Puerto Nuevo Ité, rumor que es acompañado, según los moradores, por las amenazas que hacen los soldados del Batallón Calibío a los pobladores, según las cuales, a ellos no hay que temerles “pero a los que vienen de las ‘Águilas Negras’ sí”.

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Refugio Humanitario del Catatumbo

Por Camilo Raigozo

Miriam Teresa Cruz, Albeiro Ortiz y Erika Tatiana Ortiz Cruz, lloran la muerte de su hijo y hermano, José Albeiro Ortiz Cruz, de 17 meses de vida. Foto Camilo Raigozo.

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Desde el pasado 29 de abril, centenares de campesinos de las veredas La India y Morro Frío, del municipio de Tibú; Caño Azul y Cooperativa Sapadhana, de Convención, y Caño Mariela, Caño Escondido, Caño Tomás y El Suspiro del municipio de Teorama, decidieron iniciar un Campamento de Refugio Humanitario, localizado en la vereda Caño Tomás, corregimiento de Fronteras, municipio de Teorama, N.de Santander.

El Campamento de Refugio es una acción desesperada de resistencia pacífica de los pobladores contra las fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato, las constantes violaciones a los derechos humanos, las constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la falta de voluntad política del presidente Álvaro Uribe Vélez para concertar una solución definitiva al problema de los cultivos ilícitos, y la ausencia de una política económica y social que resuelva los problemas del campesinado.

En rueda de prensa ofrecida por las comunidades en el Campamento el sábado 23 de de mayo de 2009, ante medios de comunicación locales y alternativos de otros lugares del país, los campesinos denunciaron los diferentes problemas que los aquejan.

El líder agrario de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, José del Carmen Abril, señaló a este medio que el campesinado está dispuesto a sustituir los cultivos ilícitos voluntariamente, pero para eso se necesita la cooperación del Estado, que es lo que la comunidad ha venido pidiendo desde hace tiempo sin conseguir que este le haya prestado atención.

"No queremos más expropiaciones de tierras a los campesinos, no queremos más desplazamientos forzados por causas de las fumigaciones con glifosato y las erradicaciones manuales", dijo entre otras cosas Abril.

Por su parte Pablo Antonio Téllez Carrascal, otro líder campesino, pidió "que el Gobierno cumpla con sus obligaciones constitucionales de garantizar educación, salud, vivienda digna, vías de penetración, electrificación rural y nos brinde facilidades para la comercialización de los productos que en esta región se producen".

"El Campamento de Refugio es una respuesta de nuestra comunidad en el legitimo derecho a la resistencia pacífica para evitar el desplazamiento de cientos de campesinas y campesinos que dependemos de los cultivos de uso ilícito para subsistir", argumentaron otros habitantes.

Los periodistas que partieron desde Cúcuta al lugar de la rueda de prensa, constaron el mal estado de las trochas que tienen los campesinos para sacar sus productos al mercado, cuya travesía dura todo un día, cuando hay "buen buen tiempo".

Primer martir del Campamento

José Albeiro Ortiz Cruz, se conviertió en el primer martir fallecido en el Campamento de Refugio el 23 de mayo, solo un día despues de haber cumplido sus 17 meses de vida. Un absurdo accidente le cegó la vida al ser atropellado por uno de los vehículos que prestó sus servicios hasta el sitio.

El niño quedó en grave estado de salud y no resistió el duro trayacto hasta Machique, Venezuela, lugar más próximo al Campamento donde se logró encontrar un médico, a seis horas de camino. Tanto Miriam Teresa Cruz Péres y Albeiro Ortiz, padres del niño, como la comunidad, culparon al Estado de la muerte del pequeño por no suministrar servicio médico a la población en esa extensa zona del Catatumbo.

"Falsos positivos" y paramilitares

Este medio pudo constatar también el dominio que tienen los paramilitares en el municipio de Tibú, La Cuatro, La 44, El 60, Campo 2 y El Tablazo, entre otras localidades, a pesar de la fuerte presencia del Ejército y la Policia.

Las comunidades recordaron con dolor la matanza en el corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, el 21 de agosto de 1999 ejecutada por ordenes de Salvatore Mancuso.

En esa ocasión los paramilitares, lista en mano, sacaron a al menos 26 personas de sus viviendas y las ejecutaron a sangre fria. Según un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el mayor del ejército, Luís Fernando Campuzano, ordenó retirar el retén militar que estaba a la entrada de La Gabarra, para facilitar la comisión de la masacre.

Además fue comprobado que el ejército no auxilió a las victimas ni tampoco adelantó operaciones de persecución de los criminales.

Según denuncias de los pobladores, más de 400 líderes y al menos 11.200 personas han sido asesinadas, mientras que otras 600 personas fueron desaparecidas bajo la estrategias paramilitar del régimen. Entre el 2006 y el 2008, el ejército asesinó en los mal llamados "falsos positivos" a 68 personas.

Los paramilitares han continuado su orgía de sangre extorsionando y asesinando a personas inermes. La última víctima, según testimonios, fue un joven humilde que se dedicaba a la venta de gasolina y al no pagarles a tiempo el valor de la extorsión a los 'paras', estos lo descuartizaron, en hechos que ocurrieron hace un mes.

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