Puerto Asís, Putumayo

Comunidades de Teteyé continúan movilizadas
Piden con urgencia acompañamiento de los organismos y organozaciones nacionales e internacionales de derechos humanos
Por organizaciones sociales del Putumayo

Ante las constantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho internacional humanitario, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes-

del territorio fronterizo Puerto Vega, Teteyé, del municipio de Puerto Asís, Putumayo, continúan por tercera vez movilizadas sobre la vereda Santamaría Medio de la inspección Puerto Vega desde el día 24 de noviembre de 2011.

Se han declarado en asamblea permanente obligadas a ser uso de sus derechos constitucionales legales y legítimos por los siguientes:

1. En el año 2002 se implementa el Plan Colombia en nuestro territorio y se ejecuta el Plan Patriota generando todo tipo de violación de derechos humanos a la población fronteriza.

2. Desde el año 2002 inicia la explotación petrolera en el Corredor Puerto Vega – Teteye por la empresa petrolera Petrotesting.

3. En el año 2003 se crea para fomentar la organización comunitaria, defender la vida y el territorio y poder tener un buen vivir, la Asociación Acsomayo y otras organizaciones sociales de base como Sintcacfromayo.

4. Del arduo trabajo organizativo, autónomo, serio y responsable de Acsomayo se construye en borrador inicial del Plan Integral de Voda como una propuesta de desarrollo propio frente al explotación extractiva del petróleo -

y la problemática socio ambiental generada, el cual es sustentado en una reunión interinstitucional y comunitaria por el primer presidente de la Asociación Luis Bastidas en el mes de noviembre de 2005-

y como respuesta de la justa reclamación de los derechos se obtuvo el asesinato de Bastidas por paramilitares en el casco urbano de Puerto Asís, el 1 de diciembre de 2005.

5. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes constituidas en asamblea permanente realizan la primera movilización pacífica en mayo de 2006,para defender la vida con la vida, por  la violación sistemática de los derechos humanos y la infracción al derecho Internacional.

6. Se levanta la movilización de mayo de 2006, con la firma de unos acuerdos para abordar la grave problemática en el marco de mesas de trabajo: Derechos humanos, Derecho Internacional Humantario, consulta previa, inversión social y regalías, las cuales no se han cumplido ni ejecutado.

7. En el tema de derechos humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario se realiza un diagnostico participativo con las comunidades que nos arroja los siguientes datos: 2003 a 2006:

80 asesinatos ( 17 líderes ), violación de menores, 25 casos de ejecución extrajudiciales, 5 desplazamientos masivos, 33 detenciones arbitrarias, 5 casos de desaparición forzada, 7 casos de victima por minas, ocupación de bienes civiles por la fuerza pública etc.

En la actualidad continua la violación sistemática de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, casos recientes:

Civil herido en operativo del ejercito vereda Caucasia, despojo de tierras a 7 familia campesinas en Teteyé, hostigamiento en medio de población civil (batería petrolera, comunidad y base militar en vereda nuevo porvenir), excesos y abusos en dos retes militares de Teteyé y Nuevo Porvenir etc.

8. En el año 2009 nuevamente nos movilizamos sobre la vereda remolinos en la Inspección Puerto Vega para reivindicar nuestros derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales en vista de la crítica situación humanitaria generada-

por la fumigación, erradicación manual forzada y la problemática socio ambiental que se incrementa día por la explotación petrolera en nuestro territorio, esta manifestación pacífica termino también con las suscripción de acuerdos que tampoco se han cumplido.

9. La explotación petrolera inicia con la producción de petróleo de cinco pozos en el año 2006 con una producción de 2. 500 a 3.000 barriles diarios.

En el año 2010 se abre más pozos para un total de 9 pozos con una producción de 6.000 a 8.000 barriles diarios. Para el año 2012 según la Licencia Ambiental Global modificada 1930 de Octubre de 2010, se aprueba la perforación de 39 pozos más, ampliación de locaciones existentes entre otras actividades de alto impacto para la región.

10. existe un pasivo ambiental desde el año 2002 con la contaminación de ríos y quebradas (como la quebrada Diamante en la vereda Buenos Aires), en la actualidad de acuerdo al diagnóstico ambiental comunitario se tiene la contaminación de varias quebradas-

y ríos (Agua Blanca, Los Cristales, Toaya, Rio San Miguel entre otras fuentes hídricas de la región) Tala de bosque, Contaminación por el polvo, el ruido, el aire por el humo que sale por las tea. Los efectos por la contaminación hasta el momento,-

son latentes en la salud humana de la población que consume, se alimenta del agua de los ríos y quebradas porque no tienen resuelto el saneamiento básico y demás problemáticas que están poniendo en riesgo la vida de todos nosotros y generando desplazamiento para salvaguardar la vida.

11. Las comunidades angustiadas e inquietas por los graves efectos nocivos y lesivos causados por los impactos de la explotación petrolera, desde el año 2010, solicitaron un espacio de dialogo, para lo cual se hicieron 5 convocatorias ( 3 veces en la vereda Esmeralda, 2 veces en la vereda Buenos Aires)-

y una vez más se intentó lograr una reunión directamente con el doctor Alfredo Gruber representante legal de Vetra Exploración y Producción Colombia S.A. en Bogotá y esta reunión que fue solicitada a través de la defensoría del Pueblo, fue cancelada por la Empresa Petrolera.

En todas estas ocasiones que la comunidad ha intentado convocar espacios de dialogo, las comunidades se han quedado esperando.

12. Por lo señalado anteriormente, las comunidades nos hemos visto obligadas a movilizarnos nuevamente desde el dia 24 de noviembre de 2011 hasta la fecha.

13. El dia 07 de diciembre de 2011 hizo presencia una delegación del Gobierno, liderada por el Dr. Carlos Eduardo Bernal de la Dirección de derechos Humanos del Ministerio del Interior para dialogar con la Asamblea Permanente, haciendo conocer unas soluciones que no resuelven de fondo la problemática que padecemos.

14. Actualmente las comunidades nos encontramos declaradas en asamblea permanente y seguimos concentrada en la vereda Santa María medio, analizando la situación y deliberando para tomar una decisión colectiva en defensa de nuestros derechos que están siendo vulnerados y violados por la explotación petrolera que pretende arrasar nuestro territorio y nuestra gente.

 or todo lo anteriormente les solicitamos: acompañamiento con la ejecución de acciones de protección y garantía de los derechos humanos de líderes, dirigentes y de todos y cada uno de los habitantes del territorio fronterizo que se encuentran movilizados reclamando y reivindicando de manera justa y pacífica sus derechos.

Oportuna intervención e incidencia política ante el Gobierno Nacional para que atienda las propuestas de las comunidades que consisten:

1. Cese de la explotación petrolera mientras no se revise La licencia ambiental Global 1930 de octubre de 2010 y se solucione la problemática expuesta en el Manifiesto de la Asamblea Permanente.

2. No construcción del Oleoducto desde Teteyé a la Estación el Tigre en el Municipio del Valle del Guamuez.

3. Asignación de presupuesto para la construcción y ejecución del Plán Integral de Vida. Por la defensa de la vida en el territorio, asamblea permanente de comunidades indígenas, afros y campesinas del corredor Puerto Vega, Teteyé, municipio de Puerto Asís, Putumayo.

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Pradera, Valle del Cauca

El Ejército se atrinchera en viviendas y toma a los residentes como escudos humanos

Por Camilo Raigozo. Con información de Reddhfic

En las horas de la noche del domingo 27 de noviembre de 2011 en el corregimiento El Líbano, arribaron a la vivienda de la familia Zapata Vanegas, militares del Batallón de Ingenieros 3 “Coronel Agustín Codazzi” y procedieron a instalar alrededor un campamento militar.

En  la vivienda se encontraban Harold Zapata y sus hijas Isabel y Maylin Zapata Vanegas, de 9 y 7 años respectivamente. Uno de los militares pasó la noche de manera abusiva dentro de la.

Harold Zapata le pidió al militar que se retirara, ante lo cual este lo comunicó con el teniente que comandaba el grupo de aproximadamente 30 soldados invasores de la vivienda.

Zapata le exigió al oficial que retirara sus tropas de la casa, pues además de que los soldados usaban el baño y la cocina abusivamente, también estaban poniendo a la familia como escudo humano, a lo que el teniente se negó.

En horas de la tarde nuevamente la familia insiste en que los militares se retiren de su hogar pero el teniente respondió que:

"De las antenas para acá todos estos hijueputas son guerrilleros y la orden de la guerrilla es que nos mantengan alejados de las cosas, que no nos vendan nada, y hasta que no nos hablen". Y nuevamente se rehúso a retirar las tropas de la casa.

Luego las tropas procedieron a tomar agua de la casa de manera inconsulta, ensuciando los pisos y ropas del área del lavadero.

El martes 29 de noviembre de 2011, el grupo de militares continuó ocupando el bien civil generando además daños en los cercos de los alrededores de la casa, corriendo permanentemente la manguera de un lugar a otro, generando suciedad en el piso de la casa.

A las 4:45 de la tarde se escuchan disparos y se inició un enfrentamiento armado en zona poblada entre integrantes del Batallón de Ingenieros No. 3 “Coronel Agustín Codazzi” e integrantes de la guerrilla de las FARC.

En el cruce de disparos los militares utilizaron la vivienda campesina como trinchera y a sus habitantes como escudos humanos sin importarles la vida y la integridad de los ismos.

Numerosos proyectiles y vainillas de arma de fuego impactaron cerca de Zapata y sus hijas, afectando emocionalmente a los tres.

Posteriormente los militares les pusieron cascos y chaquetas camufladas a todos los civiles que se encuentran dentro de la casa.

El enfrentamiento que duró hasta pasadas las 6 de la tarde, dejó la vivienda seriamente afectada. Una viga y varias paredes fueron averiadas a raíz de numerosos impactos de de fusil.

Cerca de las 6:15 de la tarde llegó Martha Isabel Vanegas, madre de las niñas y toda la familia se dispuso a desplazarse para buscar refugio en otro lugar, pero los militares lo impidieron.

Adicionalmente el enfrentamiento armado dejó en el corregimiento de El Líbano daños en cultivos de pan coger, y la utilización de cuatro viviendas como escudos y sitios de acantonamiento por parte de los soldados y el uso indiscriminado de granadas y morteros en las inmediaciones de las casas de la población civil.

Durante el enfrentamiento se realizaron acciones bélicas en inmediaciones de la escuela del corregimiento, a pesar de que en ella se encontraba Florentino Ledesma, Ana Ruby Ardila y  dos niñas.

El miércoles 30 de noviembre de 2011, los pobladores de El Líbano, se desplazaron forzadamente hasta el casco urbano del municipio de Pradera y solicitaron la intervención de la Personería Municipal, pero el funcionario rehuyó a su responsabilidad de escuchar a la población desplazada.

Pese a que 10 familias, entre las que se cuentan 49 adultos y 14 niños, se encontraban en situación de emergencia manifiesta a raíz del desplazamiento forzado de que fueron objeto, ni las autoridades, ni los entes de control les prestaron atención.

Viernes 9 de diciembre de 2011 nuevamente hubo enfrentamientos armados entre el ejército y las FARC en zonas pobladas del corregimiento El Líbano, dejando a los lugareños en medio del fuego cruzado. Algunos realizaron concentraciones masivas para salvaguardar sus vidas.

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Parauribismo/ Timbiquí, Cauca
Población alista desplazamiento masivo por amenazas de paramilitares
Por Cococauca/ Notimundo

Los habitantes del Consejo comunitario de Cuerval (Timbiquí) como ente de comunidades negras en el territorio colectivo étnico, han recibido amenazas de los paramilitares que manifestaron que iban a bombardear a la gente una vez saliera el ejército ”por falta de colaboración para con ellos”.

Teniendo en cuenta que de manera sorpresiva el Ejército del Baflim No. 10 salió de la comunidad de Cuerval el día 8 de diciembre a las 7:45 pm, de manera inevitable la gente se prepara a un desplazamiento masivo de niños, niñas, mujeres, embarazadas, hombres y adultos mayores estimados en más de 300 personas.

La crisis humanitaria tiene proporciones desbordadas y rogamos a la comunidad nacional e internacional la mayor solidaridad y colaboración respectiva.

Guapi – Cauca, 8 de diciembre de 2011

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Las FARC siguen fuertes tras muerte de ’Cano’, dice la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer

Tanja Nijmeijer concedio este miércoles una entrevista para la televisión pública holandesa.
Por Efe

Afirmó que ese grupo armado ilegal sigue siendo fuerte a pesar de la muerte el pasado noviembre de su máximo líder, ’Alfonso Cano’.

"Las Farc siguen adelante sin ’Cano’, ha habido muchas acciones militares después de su muerte, lo que es una señal de que seguimos adelante y de que el final de las Farc está lejos", afirmó Nijmeijer en una entrevista emitida este miércoles por el canal de televisión público holandés, NOS.

La cadena holandesa especificó que compró la entrevista a un periodista colombiano, del que no ha revelado su identidad, el cual habló con la guerrillera en un punto no precisado de la selva colombiana a finales del pasado mes de noviembre.

Mostrando un rifle en sus manos, Nijmeijer tampoco dudó en defender el uso de las armas: "cuando estás en la selva y continuamente escuchas bombas, continuamente escuchas armas, la única respuesta es disparar", indicó en correcto holandés, que, aunque es su idioma materno, pronuncia con acento colombiano, ya que incluso le cuesta encontrar las palabras adecuadas.

La guerrillera holandesa se mostró en todo momento relajada y con una sonrisa en su boca, incluso cuando reconoció que temió por su vida en noviembre de 2010, en el ataque en el que murió del jefe militar de las Farc, Víctor Julio Suárez Rojas, alias ’Jorge Briceño Suárez’ o ’Mono Jojoy’.

"Escuché las bombas que caían muy cerca de mi cama y pensé que no sobreviviría", comentó, y que tras ese ataque a ese campamento de las Farc "todo había desaparecido".

Respaldando en todo momento a la organización a la que ya pertenece desde casi una década, enfatizó el carácter generoso del fallecido ’Mono Jojoy’, del que se piensa que Tanja formaba parte de su guardia personal. "Cuando cayeron las primeras bombas, ordenó que la gente tenía que ser evacuada, algo típico que caracterizaba a ’Mono Jojoy’, resaltó.

Con un buen aspecto físico que no parece responder a las duras condiciones de la vida en la jungla, la guerrillera, de 33 años, aparece en la entrevista aseada y se la ve en algunos fragmentos realizando tareas sencillas como el transporte de leña poco pesada.

No es la primera vez que Nijmeijer reafirma su apoyo a las Farc: "soy una guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y seguiré siendo guerrillera hasta vencer o hasta morir", afirmó en una entrevista difundida en 2010 por la emisora pública ’Radio Nederland’, poco antes del ataque en el que falleció ’Mono Jojoy’.

En un principio se pensó que Tanja había muerto en esa misma operación, pero pruebas de ADN realizadas a los cadáveres encontrados lo descartaron.

Los intentos de la familia de Nijmeijer de hacerla desistir de su entrega a las Farc no han cuajado hasta ahora, y de hecho, en la entrevista difundida este miércoles, la holandesa no ha hecho el menor comentario a su familia, que tampoco ha querido reaccionar ante las nuevas imágenes de su pariente.

Tanja también ha hecho oídos sordos a los ofrecimientos del Gobierno colombiano, que ha señalado en diferentes ocasiones que, si decidiese desmovilizarse, podría entrar en un proceso de reintegración ’generoso’, si se confirmase que no ha cometido crímenes de lesa humanidad.

Nijmeijer, sobre la que pesa una orden de captura solicitada por Estados Unidos, saltó a la prensa en 2007 cuando, tras un bombardeo contra uno de los campamentos de las Farc, las Fuerzas Armadas encontraron uno de sus diarios con críticas sobre la jerarquía de ese grupo.

EU la acusa, junto a otros 17 guerrilleros, de cargos relacionados con el secuestro de los estadounidenses Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, cometido en 2003.

Según las autoridades colombianas, Nijmeijer, ingresó a las Farc el 15 de noviembre de 2002 tras pasar una temporada en Pereira como profesora de inglés en un colegio.

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Violencia sexual en instituciones educativas colombianas: escándalos silenciados y delitos impunes

Por Brújula Comunicaciones

Mientras en otros países los casos de violencia sexual dentro de las escuelas genera escándalos y supone serias consecuencias para los responsables, el problema en Colombia es invisibilizado, minimizado y queda impune.

La Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide abren este debate pendiente en la sociedad colombiana, y llaman la atención sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y de las entidades encargadas de investigar y sancionar disciplinaria y penalmente los casos de abuso sexual en los centros educativos del país.

Con la intención de hacer de este tema una prioridad nacional, la Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide llevaron a cabo el Foro de discusión sobre la violencia sexual en instituciones educativas en Colombia: propuestas de acción para la prevención y el restablecimiento de derechos.

En el Foro se presentaron los resultados para Colombia de un informe llevado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se analiza el fenómeno de la violencia sexual en las instituciones educativas en Bolivia, Ecuador, México y Colombia.

Como resultado de la presentación de la situación de violencia sexual que experimentan, principalmente niñas, en instituciones educativas de diversos países de la región, la Comisión instó a los “Estados a supervisar a las instituciones educativas a efecto de prevenir diligentemente-

violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y a garantizar que éstos puedan ser escuchados y tengan acceso a la justicia como cualquier persona mediante mecanismos efectivos que se adapten a sus necesidades”.

Entre los diferentes tipos de abuso se encuentra la violencia sexual institucional que incluye el acoso, las relaciones sexuales bajo coacción, el abuso sexual, y el chantaje sexual, además de la petición de favores sexuales a cambio de calificaciones escolares.

El género, la raza, la edad, la etnia, la ruralidad, la opción sexual, la existencia de alguna discapacidad o la situación de desplazamiento son factores de mayor vulnerabilidad.

El problema en Colombia, a través de las cifras

Si bien casi a diario los medios de comunicación de todo el país registran hechos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, son pocas las cifras oficiales que se conocen sobre este problema y menor aún la sanción penal, disciplinaria o social a este tipo de delitos.

Datos y estadísticas de Medicina Legal

En el año 2006 se practicaron 322 exámenes médico-legales sexológicos a niños, niñas y jóvenes (en promedio seis exámenes semanales) por presunto delito sexual ocurrido dentro de las instituciones educativas.

En 2009 se practicaron 489 exámenes por la misma razón, en promedio 9 semanales. De estos, 7 de cada 10 exámenes sexológicos fueron practicados a niñas y los 3 restantes, a niños.

Datos y estadísticas de la Procuraduría General de la Nación (PGN)

Entre enero de 2005 y junio de 2011, la PGN asumió 208 quejas disciplinarias por presuntos delitos sexuales perpetrados en los planteles educativos de carácter público.

En los últimos años, el número de denuncias conocidas por la Procuraduría en todo el territorio nacional han ido en aumento de la siguiente manera: 44 en 2008; 55 en 2009 y 62 en 2010.

Siete de cada diez quejas tienen como presunto victimario a un docente.

De las 208 quejas disciplinarias conocidas por la PGN, solamente se han resuelto 32 casos. Es decir, de cada 10 denuncias sólo se resuelven 1,5 casos.

Los departamentos en donde más casos se han denunciado ante la PGN son, en su orden: Santander (39), Antioquia (26) Cundinamarca (19), Tolima (14), Atlántico (12), Risaralda (11) y Bogotá (11).

Factores de riesgo que favorecen la violencia sexual en las instituciones educativas

El informe regional presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra preocupante la sistematicidad de los hechos, las tendencias deficientes en el manejo de las denuncias-

y los patrones de encubrimiento y tolerancia en todos los países estudiados, que dan lugar a una serie de factores de riesgo que se reproducen en Colombia y permiten la repetición de los hechos sexuales abusivos en las escuelas:

1.    Cultura de tolerancia del abuso sexual y normalización de relaciones abusivas entre alumnas/os y docentes o directivos.

El tipo de relaciones que se crean en los planteles supone altos niveles de cercanía, confianza e intimidad que pueden dar pie a que el personal escolar, utilizando su posición de poder, cometa un acto sexual abusivo, sin que el hecho sea visto como un episodio de abuso por parte de los menores ni de sus representantes.

Esto es posible ya que se parte del supuesto erróneo de que cualquier acto abusivo hace parte del proceso de formación y del estereotipo de la incapacidad del menor de denunciar un episodio de este tipo en un contexto de protección institucional.

2.    Encubrimiento para no poner en riesgo el prestigio: las instituciones educativas prefieren encubrir casos de abuso sexual para evitar escándalos que afecten su prestigio, sin importar el riesgo que esto implica para otros estudiantes del plantel.

3.    Falta de interés y prioridad en la investigación y sanción de este tipo de conductas por parte de las instituciones que tienen a su cargo la investigación disciplinaria de los hechos, cuando el maestro, auxiliar administrativo, bibliotecario o directivo es un funcionario público. (Ver cifras de la Procuraduría General de la Nación).

4.    Falta de coordinación y cooperación entre las instituciones educativas y las autoridades disciplinarias y judiciales que resulta en una impunidad rampante, que a su vez refleja el poco interés de proteger a los niños, niñas y jóvenes de la violencia sexual de la que son víctimas precisamente en los lugares encargados de formarlos para la vida en sociedad.

“Es inadmisible que la escuela se convierta en un lugar amenazante para los menores de edad y que las violaciones a sus derechos humanos no se traten con la debida diligencia en las instancias disciplinarias y penales.

El Estado no está cumpliendo con su deber de proteger a los niños, niñas y jóvenes”, asegura Katherine Romero, abogada de Women’s Link Worldwide.

Entre tanto, Mónica Roa, directora de programas de Women’s Link se pregunta “¿por qué en Colombia y en general en Latinoamérica, la violencia sexual en instituciones educativas tanto religiosas y laicas, como públicas y privadas no genera los escándalos y responsabilidades que sí se han dado en otros lugares del mundo?”.

Por su parte el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que  se precisan acciones de prevención eficaces por parte de las entidades responsables, para identificar los factores de riesgo y promover una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos en las instituciones educativas.

“Las situaciones de omisión de denuncia y de negligencia en la investigación de los hechos, debe enfrentarse con el fin de que la violencia sexual en centros educativos sea investigada y sancionada con celeridad y eficacia.

Este foro es una evidencia del compromiso de la Defensoría del Pueblo para promover compromisos institucionales y para intensificar el seguimiento sobre esta situación", concluyó Volmar Pérez.

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Timbiquí, Cauca

Las FARC arrasaron campamento de paramilitares y estos la emprendieron contra la población civil
Inminente desplazamiento masivo ante las amenazas de los criminales autodenominados “los rastrojos” en el Consejo Comunitario de Cuerval
Por Camilo Raigozo. Notimundo

 Los habitantes del Consejo Comunitario de Cuerval, municipio de Timbiquí, Cauca, están en inminente riesgo de muerte por las amenazas de paramilitares autodenominados “los rastrojos”.

El recrudecimiento de las agresiones contra la población civil se debe a que el pasado 30 de noviembre las FARC-EP arrasaron con un campamento que los ‘paras’ tenían en El Estero del Loro, donde tenían azotada a la población con asesinatos, amenazas y extorsiones.

El ataque de las FARC dejó como saldo al menos 25 paramilitares muertos, un sin número de heridos y el campamento arrasado, por lo que los sobrevivientes salieron en desbandada, según las informaciones recibidas por Notimundo.

Alrededor de las 11 de la mañana del mismo 30 de noviembre arribaron huyendo a Cuerval 7 paramilitares y se tomaron las instalaciones del Consejo Comunitario y amenazaron e intimidaron a los pobladores prohibiéndoles salir y hacer llamadas.

Posteriormente varios 'paras’ fueron capturados por el ejército pero sin embargo la zozobra y la crisis humanitaria están desbordadas entre la población, ya que Cuerval y Guajuí se encuentran sitiados por al menos 120 paramilitares.

Estos han amenazado a los pobladores con asesinarlos y bombardearlos “por no colaborar”, por lo que los moradores han manifestado que si el Estado no les garantiza la seguridad para su permanencia se desplazarán masivamente al área urbana de Guapi y Timbiquí.

La Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de base del pueblo negro de la Costa Pacífica del Cauca, Cococauca,  como organización regional en la costa pacífica, exige al Estado las garantías de respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

También solicitó a la comunidad nacional e internacional  su solidaridad y a estar atentas a los acontecimientos “como una manera de preservar la vida e integridad de nuestro grupo étnico”.

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Con arrogancia Santos se niega a un acuerdo humanitario con las FARC
Por Camilo Raigozo

Tras el irresponsables intento de rescate a sangre y fuego que le costó la vida a tres agentes de la policía y a un soldado el pasado 26 de noviembre en las selvas del Caquetá, el presidente Santos, dijo con arrogancia este 6 de diciembre que descarta un acuerdo humanitario con las FARC.

Con las disculpas de siempre como: “el país está cansado de engaños”, “las Farc no buscan llegar a acuerdo alguno, solamente buscan fortalecerse en términos políticos y militares” y “el país no volverá a caer en sus trampas”, entre otras, Santos condena de nuevo al olvido a los restantes 12 uniformados en poder de las FARC.

Y lo peor aún es que tanto él como su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, (otro gran derrotado en la marcha de la hipocresía) han advertido que los rescates a sangre y fuego continuarán, desoyendo el clamor de los familiares y del pueblo colombiano.

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Estruendoso fracaso de la marcha de guerra e hipocresía

Los guerreristas, entre ellos el Gobierno, las fuerzas militares y los medios de comunicación fueron los grandes derrotados.
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Quedó demostrado este 6 de diciembre de 2011 que ya está pasando el tiempo en que los todopoderosos medios de comunicación y 'periodistas estrellas' manipulaban a su antojo el pensamiento de las grandes masas sociales.

En Bogotá, de los dos millones de personas que esperaban ver desfilar como borregos y gritar como loros, en las calles, apenas se pudieron apreciar grupúsculos aislados y una Plaza de Bolívar casi vacía.  

Los otrora todopoderosos e influyentes medios de comunicación de la oligarquía, que manipulaban el pensamiento de la gente a su antojo están quedando aislados. Sus víctimas cada vez son menos.

La sociedad les está pasando cuenta de cobro por la forma descarada de manipulación y desinformación sobre el conflicto social y armado que padece Colombia, al convertirse exclusivamente en medios de propaganda militarista.

Sin embargo aún después de la fracasada marcha siguen empeñados en ocultarle al país la responsabilidad del gobierno del presidente Santos y de las fuerzas militares en el intento de rescate a sangre y fuego que les costó la vida a los cuatro miembros de la fuerza pública el pasado 26 de noviembre.

Del mismo modo continúan engañando al país y distorsionando la realidad haciéndole creer que los militares y policías privados de la libertad por acciones del conflicto social y armado en poder de la insurgencia tienen el estatus de secuestrados, cuando en realidad no lo son, según la definición del Derecho Internacional Humanitario.

Los ‘avezados’ directores y los periodistas ‘estrellas’ de los poderosos medios de comunicación televisivos, radiales y escritos, deberían echarle una leidita a las disposiciones de los Protocolos I y II de Ginebra, sobre el Derecho Internacional Humanitario. Así no le causarían más daño al país con sus desinformaciones.

A continuación transcribimos algunos apartes de una nota de El Espectador que resume el revés que sufrieron los medios, los guerreristas y los hipócritas, que convocaron a la marcha del 6 de diciembre de 2011:

Las razones de los que no marcharon

Por: Elespectador.com

¿Por qué por los niños violados y asesinados por el Ejército no hay marchas?, se preguntó @ivo_romero en su cuenta en Twitter.

El usuario en Facebook Skeleton Post Mortem afirmó que “al ser apoyada por el presidente Juan Manuel Santos (la marcha), pierde, de entrada, toda legitimidad: no se puede marchar en contra de uno de los actores del conflicto y omitir deliberadamente a los demás. No se puede olvidar que Santos estuvo ligado al escándalo de los falsos positivos mientras era Ministro de Defensa”.

En esa misma línea, Tomas Pastrana B se preguntó ¿por qué sólo se marcha contra las Farc?, ¿qué pasa con los Paras, las Bacrim, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los crímenes de odio, los falsos positivos?”.

Por otra parte, Diego Rocha afirmó que “han sido más numerosas las marchas de los estudiantes, pero no recibieron tanta importancia en los medios de comunicación”.

Al momento de hacer el balance de la marcha, los usuarios en redes sociales fueron muy críticos.

@AlfredoHenao escribió: “Marcha del odio fracaso total, como lo es también la guerra absurda que sus organizadores pretenden perpetuar”.

@Claudiaruiz afirmó “se busca foto de millones de personas apoyando la guerra, pero no encontramos sino lluvia y grupitos”. Foto Caracol Radio.

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Nordeste antioqueño
Denuncian fumigaciones aéreas con glifosato donde no hay cultivos ilícitos
Por Cahucopana

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño Cahucopana,  informa a la comunidad nacional e internacional los últimos acontecimientos en contra de la vida e integridad de las comunidades campesinas del Nordeste Antioqueño.

El día 26 de noviembre de 2011, en la vereda Camelias, jurisdicción del municipio de Remedios, parte alta del Nordeste Antioqueño.

Siendo las 9: 30 de la mañana se presenció  el sobre vuelo de avionetas, las cuales hicieron aspersiones con glifosato en zonas de cultivos de pan coger, hay que tener en cuenta que en esta zona no se tiene conocimiento de siembra de cultivos de uso ilícito, esto gracias a la concertación con las comunidades organizadas.

Hace exactamente  un mes, el 27 de octubre de 2011 la corporación hizo la denuncia de los bombardeos llevados a cabo por fuerzas militares en la finca de la señora Fanny del Socorro Tapias vicepresidenta de Cahucopana, la cual dejo como resultado la crisis nerviosa de los habitantes de la vivienda y la muerte de dos búfalas de recría, zozobra y miedo entre los habitantes.

Aunque este hecho  fue denunciado oportunamente, no se ha obtenido pronunciamientos por parte de las fuerzas militares de la zona, ni las autoridades competentes.

Es por ello que solicitamos la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos  siendo esta una manera de visibilizar y denunciar las reiteradas afectaciones que aquejan a los campesinos del Nordeste Antioqueño.

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6 de diciembre de 2011

Gran marcha de la hipocresía
Rechazando unos actos criminales y otros no, marchan juntos y revueltos manipuladores y manipulados.
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En la “gran marcha” prevista para este 6 de diciembre, miles de colombianos, la mayoría víctimas de la manipulación mediática saldrán a marchar, apoyando con su actitud, sin darse cuenta, una política de guerra y barbarie que prolongará por más tiempo el desangre que padece Colombia desde hace más de medio siglo.

No habrá agentes de inteligencia infiltrados fotografiando y filmando a los marchantes, para luego armarles falsos positivos jurídicos y en el peor de los casos secuestrarlos y desaparecerlos o simplemente asesinarlos selectivamente.

Tampoco habrá miles de policías reprimiendo la marcha a punta de bolillo, potentes chorros de agua o gases lacrimógenos. Menos intervendrán los siniestros escuadrones de la muerte, Esmad.

En cambio, la gran marcha de la hipocresía y el cinismo acaparará la atención de todos los medios  de “comunicación”, grandes y chicos, adeptos al régimen. Los canales de televisión y las estaciones de radio transmitirán en directo el gran show. Sólo hará falta la alfombra roja por la carrera séptima en el caso de Bogotá.

Desde luego no faltarán a la cita las connotadas “personalidades” del gobierno, de la política, la farándula, las iglesias, el periodismo, la televisión, la radio, la industria, la economía y del deporte, entre otros.

El señuelo de la marcha, que en realidad es un plebiscito para profundizar los horrores de la guerra y los rescates a sangre y fuego, es contra el “secuestro”. Término que según la definición de las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH, sólo se aplica a personas civiles ajenas al conflicto detenidas criminalmente por alguno de los bandos.

El secuestro, como lo define el DIH, es un crimen de lesa humanidad que hay que rechazar con vehemencia y sin reservas. Tanto los que realizan las guerrillas, como los que realiza el Estado por intermedio de sus agentes y para-agentes en diversas formas.

Exigimos a las FARC, al ELN y al Estado, la inmediata liberación de las y los civiles ajenos al conflicto social y armado que mantienen privados de la libertad en su poder en calidad de secuestrados.

En cuanto a las personas privadas de la libertad en acciones inherentes al conflicto social y armado que padece Colombia (militares, policías o guerrilleros), ojalá fueran puestas en libertad de forma inmediata, unilateral y sin condiciones por las partes.

Sin embargo, dejando la hipocresía a un lado y fundamentados en la realidad, lo que hay que exigir con vehemencia y sin reservas al gobierno y a la guerrilla, es que realicen de forma inmediata un acuerdo humanitario que permita el retorno con vida de todas las personas privadas de la libertad por acciones del conflicto armado al seno de sus hogares.

Por eso no deja de ser hipócrita y cínica la actitud de los promotores y de los marchantes del 6 de diciembre de 2011, pues lo ético, moral y honesto, es marchar masivamente para exigirle al Gobierno y a las FARC un inmediato acuerdo humanitario para liberar a quienes están en las selvas y en las cárceles.

Y más honesto, ético y moral aún, es marchar masivamente para exigir que se ponga fin de una vez por todas por la vía del diálogo al doloroso conflicto social y armado que desangra al país desde hace medio siglo. Lo demás es hipocresía o engaño.

Quienes promueven y marchan este 6 de diciembre, ¿han alzado alguna vez su voz de protesta, por ejemplo, para pedir justicia en el caso de las dos niñas violadas, una de ellas asesinada junto a sus dos hermanitos, presuntamente por un oficial del Ejército en Tame, Arauca?

Quienes promueven y marchan este 6 de diciembre, ¿han exigido alguna vez o promovido alguna marcha de protesta contra el secuestro y asesinato a sangre fría por el Ejército de más de 3.200 jóvenes, en los mal llamados falsos positivos?

Quienes promueven y marchan este 6 de diciembre, ¿han protestado o convocado marcha alguna para exigirle al Gobierno que informe donde están las al menos 15.849 (de las 61.404)  personas secuestradas y desaparecidas por agentes y para-agentes del Estado, según informe del Registro Nacional de Desaparecidos, de agosto de este año?

Quienes promueven y marchan este 6 de diciembre de 2011, ¿han hecho algo similar alguna vez en su vida para exigir justicia sobre los 173.183 asesinatos y los 34.467 secuestros y desapariciones cometidos mediante la estrategia paramilitar entre junio de 2005 y diciembre de 2010, según informó la Fiscalía en enero de este año?

Quienes promueven y marchan este 6 de diciembre, ¿han exigido de forma similar alguna vez en su vida castigo a los miembros de la Fuerza Pública, políticos, empresarios, terratenientes, transnacionales,-

ganaderos, medios de comunicación y narcotraficantes, entre otros, por su complicidad en la estrategia paramilitar que ha asesinado, secuestrado y desaparecido demencialmente a decenas de miles de personas y despojado más de siete millones de hectáreas de tierras?

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Misión humanitaria a Putumayo

Jardines de Sucumbíos vive en la miseria a pesar de estar rodeada de inmensas riquezas
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Jardines de Sucumbíos es un corregimiento que pertenece al municipio de Ipiales, Nariño, en límites con Putumayo, donde compañías saquean diariamente unos 230 barriles de petróleo extraídos de cinco pozos.

Entre los más de 4.500 habitantes de este corregimiento se encuentran pueblos ancestrales como los Pastos, Awá, Kofanes y Nasa, que desde siempre han padecido la ausencia social del Estado.

Actualmente los pobladores están pidiendo que se cambie la jurisdicción del poblado, para que se convierta en municipio y pase al departamento del Putumayo.

Para llegar a Jardines de Sucumbíos desde Puerto Asís se gastan unas dos horas y media de tránsito vehicular por una carretera polvorienta que semeja mucho a un camino de herradura.

Hasta allí llegó la Comisión Humanitaria a Putumayo, liderada por la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Indígenas y afro del Putumayo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro.

Sí el Estado brilla por su ausencia en lo social, en lo militar es, por el contrario, muy generoso, lo que ha generado una grave crisis en derechos humanos y en el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

Entre la docena de denuncias que en esta materia recibió la Comisión se encuentran las minas antipersonas sembradas en zonas rurales donde se enfrentan el Ejército y grupos insurgentes, que ponen en alto riesgo a la población civil.

Los falsos señalamientos y las capturas arbitrarias de residentes acusados falsamente de ser colaboradores de la guerrilla o de pertenecer a esta, es otro de los padecimientos de los moradores.

El 28 de noviembre de 2011 el ejército y la Fiscalía capturaron a Norberto Igua en la vereda El Paraíso, acusado falsamente de ser guerrillero. Igua es un líder campesino, miembro de la junta de acción comunal de la vereda.

Con base en testimonios de informantes a sueldo, en la vereda Sucumbíos los pobladores han sido víctimas de señalamientos por parte de la Fuerza Pública que los acusa de ser guerrilleros.

Varios pobladores aparecen en listados de la Sijin con nombre y fotografía, por lo que temen que en cualquier momento sean capturados.

El mismo 28 de noviembre de 2011, niños de una familia Awá que se dirigían a la escuela fueron abordados por miembros del Ejército, quienes les ofrecieron dulces a cambio de que dieran información de la guerrilla.

Igualmente indígenas Awá de la vereda El Caño denunciaron que miembros del Ejército pescan con dinamita acabando la riqueza pesquera de los ríos de los cuales ellos sacan el sustento para sus familias.

Del mismo modo se quejaron que cuando las tropas del Estado se encuentran en la zona no pueden salir a pescar, ni a cazar, por el riesgo de que los militares los asesinen y los presenten como “falsos positivos”, hechos que ya han ocurrido.

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Piden apoyo internacional para investigar muerte de agentes abandonados por el gobierno en poder de las FARC

Por Camilo Raigozo

La defensora de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, Piedad Córdoba, pidió apoyo internacional para investigar libre e imparcialmente las circunstancias en que murieron los cuatro agentes de la Fuerza Pública colombiana.

El gobierno y las fuerzas militares habían abandonado a su suerte desde hacía más de 12 años a los tres policías y el soldado que murieron en la selva el pasado 26 de noviembre, al parecer víctimas de un irresponsable intento de rescate a sangre y fuego.

Los cuatro uniformados del Estado habían perdido la libertad a manos de las FARC en acciones inherentes al conflicto social y armado que desangra a Colombia desde hace 50 años.

Una y otra vez de forma indolente los últimos gobiernos se habían negado a realizar un intercambio humanitario que los hubiera devuelto al seno de sus familias y a la libertad con vida.

En entrevista con El Espectador la exsenadora Piedad Córdoba se preguntó: "¿Hubo o no un rescate fallido? ¿Hubo enfrentamientos o no? ¿Hubo fuego cruzado? ¿Hubo ejecuciones proscritas por el derecho de guerra?”.

Ante estos interrogantes y ante la alianza entre el gobierno, las fuerzas militares y los medios de comunicación, para ocultarle la verdad al país, Córdoba solicitó el acompañamiento internacional para que se haga una investigación eficaz, independiente e imparcial.

Como en la guerra la primer sacrificada es la verdad, los colombianos tienen porqué dudar sobre las versiones de los altos mandos militares, el gobierno y los medios, acerca de las circunstancias y los responsables del trágico desenlace.

En un comunicado las FARC responsabilizaron de estas muertes al presidente Juan Manuel Santos y al alto mando militar por haber tratado de rescatar a sangre y fuego al coronel Édgar Yesid Duarte, al mayor Elkin Hernández, al intendente Álvaro Moreno y al sargento del Ejército José Libio Martínez. Foto David Felipe Rincón.

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Continúa amenazas contra defensores de derechos humanos en el Magdalena Medo

Por Credhos

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la continuidad de la comisión masiva y sistemática de amenazas de muerte-

en la región del Magdalena Medio y Barrancabermeja, contra la población civil y los defensores y organizaciones defensoras de derechos humanos para impedir el respeto a la vida, la dignidad humana y la defensa de la tierra y el terriotrio.

Hechos

Con fecha del 25 de noviembre de 2011, nuevamente los paramilitares pertenecientes a las estructuras del grupo autodenominado Los Rastrojos, además de estar vinculados con el asesinato de cerca de 55 personas mediante la modalidad de sicarial durante el año 2011 en el Puerto Petrolero,-

haber proferidos amenazas de muerte contra jóvenes en los diferentes sectores de la ciudad, emitieron otra amenaza de muerte contra  los defensores de derechos humanos que están vinculados a las organizaciones defensoras de la vida y la dignidad humana en esta región de Colombia.

La acción intimidatoria, demencial y punitiva, hecha a través de un panfleto hallado el 26 de noviembre de 2011 y que tiene como propósito impedir la labor de los defensores y las organizaciones para exigir respeto a la vida,-

continuar con el acompañamiento en la reivindicación de los derechos de los obreros y campesinos  del Magdalena Medio, la defensa de la tierra y el territorio y la exigibilidad  de la verdad, justicia y reparación integral  de las víctimas,-

declaró objetivo militar a los miembros de LA Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, La Unión Sindical Obrera, OFP, Gente en Acción, Ettdh, Quinto Mandamiento, Fundación DRC, Sintrainquigas y Andas,-

vinculándolos y tildándolos de tener nexos con la guerrila comunista. Finalmente en el mismo acto criminal, los paramilitares Los Rastrojos, enviaron una advertencia al movimiento LGTB, para que se abstenga de realizar marchas en los próximos días y así evitar la muerte.

Esta nueva amenaza de muerte contra los miembros de las organizaciones de derechos humanos de Barrancabermeja y el Magdalena Medio surge luego de acentuarse el acompañamiento a las víctimas del conflicto social y armado que agobia a los pobladores de la región,-

el movimiento de los trabajadores de Ecopetrol en la exigencia de sus derechos laborales integrales, así como de los obreros de la industria de la palma en los municipios aledaños y la exigibilidad permanente del movimiento campesino a lo largo y ancho de esta región.

Si es cierto que las autoridades legalmente constituidas en Barrancabermeja y el Magdalena medio tienen el control pleno de la ciudad y la zona cómo lo aseguraron públicamente y cómo lo consagra su deber constitucional en el artículo 2:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades“, vale la pena preguntarnos

¿Cómo los paramilitares armados, se movilizan ‘campantes’ por Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio dónde se supone existe total control de la fuerza pública, más aún en las actuales circunstancias cuando se prevén  grandes inversiones?.

Exigimos

Al Estado Colombiano adoptar las medidas inmediatas de prevención y protección para garantizar la vida, la seguridad, la integridad física y los más elementales derechos de la población civil y los defensores de derechos humanos de las organizaciones amenazadas de la región de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

A la fuerza Pública, emprender acciones efectivas que conduzcan a establecer los responsables de estas amenazas que permita recuperar el control social en la ciudad de Barrancabermeja y la Región del Magdalena Medio.

Que se esclarezca, investigue y castigue por parte de los organismos del Estado a los responsables de estos hechos de violencia y actos de lesa humanidad.

Llamamos

A la comunidad internacional a hacer seguimiento de los hechos denunciados e interceder por los defensores de derechos humanos de Barrancabermeja y la región, ante el Gobierno colombiano para que se respete el ejercicio de defensa de la vida y los Derechos Humanos de todos los habitantes.

A la Oficina de Nacionales Unidas, OEA, que haga seguimiento a estos hechos, en el marco de las diversas recomendaciones al Estado colombiano para que de una vez por todas desestructure los grupos paramilitares que hoy continúan intactos actuando con auto denominaciones como los Rastrojos y otros.

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Corte falla a favor de campesinos en el caso de la finca La Alemania

Por Corporación Jurídica Yira Castro

Informamos a la opinión pública, en medio de este ambiente mediático y político generado por el Estado colombiano, en el que deslegitima, desprestigia y estigmatiza a las víctimas, líderes y lideresas, organizaciones acompañantes y defensoras de los derechos humanos;-

que después de casi una década de trabajo denunciando las injusticias cometidas contra la población campesina desplazada y despojada de sus tierras desde el 2001, de la finca La Alemania, por el accionar paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María,-

al mando de Rodrigo Mercado Peludo alias “Cadena”, que le impidió a la comunidad, el pago de un crédito colectivo que había adquirido con la Caja Agraria, para cancelar el valor de compra del predio para cultivar e implementar proyectos productivos.

Por el no pago de dicha deuda, la entidad bancaria exigió cuantiosas sumas de dinero, embargando y secuestrando, dicho bien inmueble.

Es de entender y comprender dicha imposibilidad de pago, teniendo en cuenta, las condiciones en las que quedaron estos labrero(a)s después de la arremetida violenta a la que fueron sometidos/as.

Por tales motivos, y en aras de salvaguardar los derechos de estas comunidades, desde la Corporación Jurídica Yira Castro, que acompaña el proceso desde hace varios años, al igual que otras organizaciones hermanas,-

instauramos una acción de tutela, en el mes de agosto de 2010, en contra del Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito de Sincelejo, La Caja Agraria en Liquidación y el Instituto  Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder,-

solicitando que se protegieran los derechos fundamentales de esta población a la vivienda digna, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al derecho a la defensa, al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, a la restitución de tierras y a la dignidad humana,-

declarando la nulidad de todo lo actuado por vía de hecho y se suspendiera el cobro y ejecución de las obligaciones, sentencia que fue negada en primera y segunda instancia, revisada por la Corte Constitucional, Sala Octava (8), resolviendo el día 20 de Septiembre de 2011, lo siguiente: 

1. Conceder la tutela en favor de la comunidad de la Finca LA Alemania, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, la Caja Agraria en liquidación y el Incoder y en consecuencia ordenar la nulidad del proceso ejecutivo mixto que cursa en el Juzgado-

Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, promovido por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación en contra de la empresa Comunitaria La Alemania que fue cedido a la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda.

2. La Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., se abstendrá de cobrar intereses de mora respecto de los pagarés, desde la fecha del desplazamiento hasta de la notificación de la presente sentencia.

3. La Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., no podrá cobrar anticipadamente la totalidad de la deuda por las cuotas atrasadas a partir de la fecha del desplazamiento hasta la notificación de la presente sentencia.

Resaltamos en esta ocasión, el papel de la Corte Constitucional, en aras de cumplir con su legítima función de ejercer la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la Carta Política, esperando que esta labor continúe, de manera independiente y autónoma, como deber ser.

Reconocemos por supuesto, el valor y el coraje de tantas mujeres y hombres, que han hecho posible que estas apuestas y luchas en defensa de los derechos humanos, sean una realidad.  Para ellas y ellos nuestro agradecimiento, respeto y admiración.

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Misión humanitaria a Putumayo

Crisis humanitaria en la inspección Piñuña Nergro
La única presencia del Estado es la militarización y por lo tanto las continuas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario
Por Camilo Raigozo

Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011 una comisión humanitaria liderada por la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Indígenas y afro del Putumayo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh,-

y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, realizaron una visita a zonas rurales de cuatro municipios de Putumayo con el fin de constatar y documentar las continuas violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Notimundo acompañó a la comisión en las diferentes travesías y constató en el terreno el grado de postración en que se encuentran los derechos fundamentales de las comunidades y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

El primer sitio visitado por la Comisión fue la inspección Piñuña Negro en el municipio de Puerto Leguízamo, a la cual se llegó desde Puerto Asís en algo más de dos horas en lancha rápida por el río Putumayo.

Lo primero que nota el visitante es el alto grado de abandono en que se encuentran las comunidades por parte del Estado.

Los pobladores carecen de agua potable, electrificación, alcantarillado, vías de acceso, centros de enseñanza para los niños y hospitales básicos, entre otras necesidades. Casi todos los moradores habitan en casuchas de madera.

Todo lo anterior en medio del saqueo de la gran riqueza mineral y petrolera del departamento por parte de empresas transnacionales que se enriquecen inconmensurablemente con la complicidad de las diferentes esferas del gobierno.

La única presencia del Estado es la fuerte militarización, que se traduce en represión y en continuas violaciones e infracciones sistemáticas de los derechos humanos y el Derecho internacional Humanitario respectivamente.

Entre Puerto Asís y Piñuña Negro la Infantería de Marina tiene puestos de control en los que además de empadronar, fotografiar y filmar a los pobladores, les restringe la movilización, el tránsito de mercancías, medicinas, herramientas y otros productos necesarios en la cotidianidad campesina.

Hostigamientos, estigmatizaciones, falsas acusaciones, retenciones, amenazas y malos tratos, son entre otros, los atropellos que tienen que soportar los labriegos y comerciantes de parte de las fuerzas militares del Estado, según denunciaron a Notimundo y a la Comisión.

También denunciaron las fumigaciones aéreas indiscriminadas que siguen afectando los cultivos de pancoger, el medio ambiente, el ganado y  la salud humana.

En varias ocasiones el gobierno ha firmado compromisos con los campesinos para la sustitución concertada de cultivos ilícitos a cambio de programas y proyectos productivos alternos, sin que hasta la fecha les haya cumplido el más mínimo acuerdo.

“Yo no voy a ayudar a guerrilleros”, les dijo el general Delvasto, quién fuera comandante de la Brigada 27 del Ejército a los campesinos, dijeron estos en sus denuncias.

En la Inspección La Ospina, del mismo municipio, sobre un camino que intercomunica a varias veredas, el Ejército instaló un puesto de control y ahora les prohibieron a los campesinos transitar por ese lugar.

En la misma inspección, el  pasado 28 de octubre, después de un bombardeo aéreo, el Ejército retuvo ilegalmente a una niña de 12 años y a un niño de 13, hijos del labriego Luis Fajardo.

Cuando este fue a reclamarlos los uniformados le dijeron que los habían retenido por seguridad para que no fueran a avisarle a la guerrilla.

Varios líderes han sido sistemáticamente capturados y encarcelados de manera arbitraria con montajes judiciales acusados de  los delitos de rebelión y terrorismo entre otras falsas acusaciones.

Entre las víctimas detenidas recientemente se encuentran el joven Carlos Iván Riascos, Clímaco de la Cruz Rodríguez, Manuel Antonio Márquez, Alexis Antonio Arroyo, Telmo Cuero, Faustino Carabalí y Eugenio Tapiero.

Otro de los flagelos que padecen los habitantes de esta zona limítrofe con Ecuador son los abusos der la Fuerza Pública de ese país vecino con las comunidades colombianas.

Detenciones arbitrarias, malos tratos, estigmatizaciones, robo de gas y gasolina, persecución y otras restricciones, figuran entre los atropellos de la fuerza pública ecuatoriana contra los pobladores colombianos de la zona limítrofe.

Como las anteriores la Comisión Humanitaria recibió más de 20 denuncias de manera pública y privada las cuales serán debidamente documentadas y puestas en conocimiento de la comunidad internacional, especialmente al grupo de países que conforman el G24.

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