Desafueros de la Infantería de Marina ha provocado crisis humanitaria en la zona entre Meta y GuaviareEl pasado 10 de octubre, la Infantería de Marina perteneciente al Batallón Nº 100 de El Barrancón, bajo el mando del coronel Serpa Mora y el teniente Bedoya, que opera en El Tigre, límite entre el Meta y Guaviare, realizó un bloqueo de alimentos y medicamentos.
También restringió el libre tránsito de las personas y las estigmatizó tildándolas de milicianos y auxiliadores de las Farc, además de someterlas a empadronamientos ilegales. El bloqueo se realizó del 10 al 19 de octubre de 2011.
Así lo denunció a Notimundo José Samuel Rojas Mora (foto 2), del Comité Regional de Derechos Humanos del Guayabero, delegado por la Asociación Campesina Ascatragua para interlocutar y defender ante los militares los derechos de los campesinos.
Más de 8.000 campesinos y al menos 4.000 niños de la zona fueron sometidos al hambre por la Infantería de Marina, relata Rojas Mora. Cuatro embarcaciones que transportaban víveres para la región, entre ellas una canoa con más de tres toneladas en verduras, fueron retenidas y devueltas.
“Toda embarcación que llegaba al retén militar comandado por el teniente Bedoya, era retenida o devuelta, con el argumento de que no cumplía con las medidas de seguridad”, se queja el defensor de los derechos humanos.
Esta situación generó una grave crisis humanitaria en la región por lo que la Defensoría del Pueblo intervino ante los militares para que cesaran los atropellos. Sin embargo aunque el bloqueo fue levantado, continúan las agresiones verbales contra de los pobladores.
En ese mismo sitio los infantes de marina les piden documentos a los civiles y los registran en libros, lo cual es ilegal. Así mismo indagan a los pasajeros, les toman fotos, videos y realizan funciones de Policía Judicial que no les corresponde.
Las comunidades y los comerciantes esperan que se les repare los daños y perjuicios ocasionados por los abusos de las tropas estatales, los cuales ascienden a más de 15 millones de pesos.
A continuación transcribimos apartes de la denuncia interpuesta por el Comité Regional de Defensa de los Derechos Humanos del Guayabero y La Macarena, ante las instancias nacionales e internacionales:
Centro poblado La Tigra, 18 de octubre de 2011, Puerto Rico, Meta
Yo José Samuel Rojas Mora haciendo uso de mis derechos constitucionales y legales denuncio los siguientes hechos:
Según denuncias hechas por varios campesinos y comerciantes ante el Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos del Guayabero quienes manifiestan lo siguiente.
Tropas de la infantería de la marina, quienes se encuentran en el sitio denominado El Tigre, límite entre Meta y Guaviare, abordaron una lancha, luego de pedirles la Cámara de Comercio, el teniente Bedoya, le dijo al motorista:
“Para la entrega de Vaquero subieron remesa para más de mil guerrilleros, esta no alcanza sino para doscientos a trescientos guerrilleros. No la voy a dejar de pasar”.
Luego de estar detenida por varias horas el motorista solicitó que lo dejaran descender hasta la finca de unos amigos donde permaneció por espacio de varios días.
El día 13 de octubre yo, Samuel Rojas Mora, hice presencia en compañía de Marina Bate, Cristian Camilo González y María Manrique, delegados de la vereda La Tigra, en el lugar de los hechos.
Una vez llegamos al puesto de control de la infantería, solicitamos la presencia del comandante de la unidad militar, quien se identificó como el teniente Bedoya, a quien le solicité que explicara los motivos por los cuales no permitía el tránsito de embarcaciones de diferente tipo y el ingreso de víveres a la región.
Manifestó que la lancha no cumplía con las medidas de seguridad y el reglamento fluvial. Se le puso el conocimiento que ahí teníamos los chalecos, el botiquín, el extinguidor y la bandera.
La respuesta fue que no la dejaba pasar. Se le solicitó el trasbordo a otras canoas la cual respondió que si quería devolviera esa carga a La Carpa y finalmente dijo que volviéramos al otro día, viernes 14 de octubre en horas de la mañana.
Yo fui en compañía de Efrén Guzmán y Herminson Silís Rivera, motorista de la lancha y le solicité de nuevo al teniente de trasbordo de la remesa, ya que en esta región hay más de 8.000 campesinos y 4.000 niños y usted no puede hacer bloqueos de alimentos ni restringir el libre tránsito.
La respuesta del teniente fue que él recibía órdenes del coronel Serpa Mora y que sí quería lo llamara al celular 320 211 20 24. Como no hubo solución me devolví a La Tigra y desde allí denuncié ante organizaciones sociales, sindicales, ONG defensoras de derechos humanos para que una vez más se solidarizaran con los habitantes del Guayabero que seguimos siendo víctimas de los militares.
Me comuniqué con Rocío García de la ONU; la delegada para los derechos humanos del Meta y Guaviare; Eduardo Gonzáles, defensor regional del Meta; el defensor comunitario del Meta; el defensor comunitario del Guaviare y Doris Rivera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, entre otros, a quienes les puse en conocimiento del bloqueo de alimentos, medicamentos y restricción al libre tránsito que realiza la infantería de marina.
Los defensores mostraron su preocupación por esta práctica ilegal y la actitud de los militares ya que ellos, al contrario, deben garantizar la seguridad alimentaria para los campesinos y el territorio Nacional.
Sí las embarcaciones de los comerciantes y campesinos no cumplen con las medidas de seguridad, ellos como Estado están en la obligación de buscar los medios para que le llegue a los habitantes los productos de la canasta familiar o acceder a que sea transbordada en pequeñas canoas o subirla en los botes de la infantería de marina.
El 16 de octubre en vista de que el bloqueo alimentario continuaba, ya habían cuatro embarcaciones retenidas y dos de ellas ya habían sido devueltas a La Carpa, Guaviare, mientras que las otras dos continuaban retenidas, entre ellas una con más de tres toneladas de verduras que ya llevaba más de 24 horas tapadas con un plástico y por el cambio climático de lluvia y sol ya no estaban aptas para el consumo humano.
Ante la denuncia y solicitud de los campesinos, llame de nuevo al defensor comunitario del Guaviare, quien me manifestó que el 14 de octubre en la Defensoría del Pueblo, él se había reunido con el coronel Serpa Mora quién se había comprometido a ordenarle al teniente Bedoya que permitiera trasbordar los alimentos a otras canoas.
Y que eso no era posible entonces utilizara el bote tanque y los botes de la marina para solucionar el problema alimentario. El defensor me manifestó que fuera hasta el retén y hablara con el teniente Bedoya.
Ya empezaban a llegar campesinos y comerciantes de diferentes veredas para reclamar sus derechos, ya que en todos los centros poblados no se conseguía ni una libra de arroz. A los comerciantes de La Carpa se les había disminuido las ventas en un 80%, ya que los campesinos que de rutina se dirigen a los diferentes sitios a comprar sus remesas, habían sido devueltos por los soldados de la infantería de marina.
Es así como en compañía de varios campesinos, comerciantes nos dirigimos al sitio de los hechos, el día domingo 16 de octubre a las 10 a.m. con el objetivo de encontrar una respuesta positiva.
La delegación estuvo compuesta por Yessy Pereira, Toño Ovalle, Álvaro Ovalle, Reinaldo Pinzón, Farid Pereira, Efrén Guzmán, Jhon Hurtado, Carlos Eduardo, Luz Oneida Ibarguen, John Ariza y Samuel Rojas Mora.
Las personas antes mencionadas son fieles testigos estuvieron en el sitio de los hechos y pudieron observar la grave violación de derechos humanos y DIH por parte de los infantes de marina que se encuentran acantonados en el sitio antes mencionado.
Una vez llegamos al sitio el saludo del teniente Bedoya fue preguntarnos si traíamos los papelés en regla, el zarpe botiquín, extiguidor, remos, chalecos salvavidas, etc.
Después de más de dos horas de discusión se logró que el teniente permitiera el paso de una canoa con más de tres toneladas de verdura que ya llevaba 24 horas retenida y que por el sol y la lluvia la verdura ya no estaba apta para el consumo humano.
Herminsul Silís Rivera denuncio que el 10 de octubre de 2011 en horas de la tarde se dirigía en compañía de su esposa a la región en una lancha que transportaba 14 toneladas de víveres de propiedad del comerciante William Nicolás Cardona, quién tiene toda la documentación de sus negocios al día.
Al llegar al retén los militares le pidieron cámara de comercio, documentos lo cuales fueron registrados en un libro. Luego los soldados le manifestaron “para la entrega de Baquero subieron remesa para más de 1.000 guerrilleros esta no alcanza sino para 200 a 300 guerrilleros no la voy a dejar pasar la lancha”.
La lancha permaneció por espacio de varias horas en el retén y finalmente el motorista solicito que lo dejaran devolverse hasta una finca. El teniente Bedoya le ofreció dinero para que le diera información acerca de guerrilla.
El motorista denunció que el teniente hizo varios viajes hasta la finca donde estaba la lancha para presionarlo que le diera información de las FARC . Finalmente después de permanecer la lancha retenida por espacio de varios días, fue devuelta a La Carpa donde fue descargada lo que genero un gasto de coteo y combustible alimentación por un valor de 2.500.000.pesos.
Luz Oneida Ibarguen Bustamante denunció que el 14 de octubre de 2011 se movilizaba en una canoa con más de tres toneladas de verdura y al llegar al sitio antes mencionado el teniente Bedoya no le permitió el paso.
El teniente le ordeno a un soldado para que le tomara varias fotos y videos. La canoa luego de ser detenida por espacio de varias horas la dejaron llegar hasta una casa metros más abajo donde permaneció hasta el domingo 16 de octubre.
La verdura estuvo tapada con un plástico y cuando llegó a su destino no estaba apta para el consumo humano. Las pérdidas superan los seis millones de pesos. Ibarguen exige que le reparen los daños y perjuicios pues es madre soltera y quedó sin con qué ganarse el sustento para sus hijos lo único que tenía lo perdió a causas del mal actuar del teniente Bedoya.
Ingrid Viviana Gonzáles denunció que el día 15 de octubre de 2011 transportaba en una canoa más de una tonelada de víveres y en el sitio antes mencionado el teniente Bedoya no le permitió el paso lo cual fue descargada en una finca metros más abajo.
Alexandra Pereira Mucutuy quien venía en compañía de su esposo Alberto Balata Gonzáles y de su hija de 10 años de edad, denunciaron que el 14 de octubre de 2011 a las tres de la tarde llegaron en una lancha de su propiedad con víveres al retén de la infantería de marina con destino a La Tigra.
El teniente Bedoya no les permitió pasar y los hizo devolver para La Carpa. También denuncian que el teniente Bedoya de una manera grosera le dijo a Alexandra que se subiera la blusa hasta la altura de los senos, en presencia de su esposo y su hija. Les pidieron los documentos la cual registraron en un libro.
El 17 de octubre de 2011, Jhon Mario Ocampo, quien venía en compañía de Eduim Gómez, Julio Cesar, quienes se movilizaban en una lancha que trasportaba más de seis toneladas de víveres, al llegar al retén de la Infantería de Marina no les permitieron el paso y les hicieron dejar la lancha amarrada metros más abajo y en los botes de la marina fueron llevados hasta El Tigre, a un kilómetro y medios del retén militar, colocándolos como escudos humanos y objetivo militar
El 17 de octubre de 2011 en el momento que pasaba la voladora de línea que cubre la ruta de San José del Guaviare a Puerto Cachicamo, fue abordada por soldados de la infantería de marina en el sitio El Tigre donde tiene el retén el teniente Bedoya.
Luego de pedirles los documentos a los pasajeros y registrarlos en un libro, un soldado dijo “aquí todos son auxiliadores de las FARC y los que están en la voladora son colaboradores de las FARC”. El soldado que tenía los documentos en la mano le dijo al anterior: “ojo con lo que dice los que vienen en esa voladora son profesores”. Los docentes igual que el motorista protestó y rechazaron la agresión del soldado y exigieron respeto.
El 1 de noviembre de 2011 en el momento que nos movilizábamos una delegación de derechos humanos en la voladora delinea que cubre la ruta entre Puerto Cachicamo y San José del Guaviare, la voladora fue abordada por soldados de la infantería de marina en La Carpa al mando del teniente Bedoya.
Luego de pedir los documentos de identidad procedieron a regístralos en un libro. Los defensores Fermín Oviedo Espinosa, José Samuel Rojas y Juan Ramiro Atehortúa, le solicitamos al teniente que nos oponíamos al registro de documentos en un libro.
Eso es empadronamiento, el registro es competencia de la Policía Judicial y ustedes no tienen estas facultades. Le hice mención al art.201.art.202. art.203 que establece quienes tienen funciones de policía judicial permanente o transitoria a las sentencias C.316, C.317. C318.
Sentencias que ratifican que el ejército no puede ni siquiera auxiliar una actividad judicial y debe actuar es en coordinación y dar la seguridad para que la autoridad competente realice la inspección judicial.
Los militares que estaban en camiseta y no portaban distintivos incluyendo al teniente Bedoya. Le requisaron el equipaje a Fermín Oviedo y el soldado que requisaba empezó a leer unos documentos personales de Fermín.
Los defensores le mostrábamos la cedula pero el teniente insistía que nos teníamos que dejar empadronar. El teniente nos chantajeó, que si no nos sometíamos al procedimiento no dejaba seguir la voladora.
Se le solicitó que él no podía detener la voladora, que si nosotros estábamos cometiendo algún delito que nos pusiera a disposición de la autoridad competente. El teniente se comunicó con el capitán Saty Valencia Yair, jefe de operaciones del Batallón 100, quien por medio del radio de comunicación le autorizo al teniente que nos sometiera al registro o sino que no dejara mover la voladora.
Esto constituye una grave violación al libre tránsito. Después de tener la voladora detenida por espacio de más de 40 minutos, finalmente por el exceso de fuerza, el chantaje nos sometimos a la práctica ilegal anticonstitucional.
Los militares no se limitan a sus funciones y el reglamento fluvial, verificar que los botes cumplan con las medidas de seguridad, buscan es perseguir estigmatizar a la población civil.
Yo Samuel Rojas Mora, denuncio que el 2 de noviembre de 2011 en el sitio Puerto Arturo, a las 12.30, soldados de la infantería de marina quienes estaban en camiseta negra y no portaban distintivos, abordaron la voladora de línea, con una actitud grosera hicieron bajar a los pasajeros para una requisa.
Sin tener en cuenta que ellos no tienen esas funciones y que venía una señora enferma y señoras con niños de brazos, lo cual generó una discusión entre los pasajeros y los militares. Finalmente llegó un teniente en camiseta, sin distintivos, pero al menos fue decente, se dirigió de manera amable, acepto el error delos soldados, pidió disculpas y manifestó nosotros no podemos empadronar solo verificamos y observamos que la voladora cumpla con las medidas de seguridad
Exigencias
Por lo anterior le solicito realizar una investigación inmediata imparcial de los hechos que aquí denuncio y castiga, sancionar judicializar al Teniente Bedoya y al Coronel Serpa Mora por los hechos antes mencionados, por las estigmatizaciones, torturas psicológicas y demás abusos de autoridad y por la grave violación al DIH.
Solicitamos se tomen las medidas necesarias para que hechos como los antes mencionados no se sigan repitiendo en la región que solo generan desplazamiento forzado.
Solicito se nos devuelva la dignidad y el buen nombre, no seamos más estigmatizados por vivir en una zona guerrillera.
Solicitamos se reparen los daños y perjuicios se indemnice a las victimas antes mencionaos incluyendo al comité regional por la defensa de los derechos humanos del guayabero.
Solicitamos se remueva al teniente Bedoya para garantizar el buen desarrollo de la investigación.
Solicitamos se envié una comisión de la procuraduría y autoridad competente, a la región del guayabero para la ampliación de las denuncias.
Para mayor constancia firma.
Denunciante
J
osé Samuel Rojas Mora
Vicepresidente Comité Regional por la Defensa de Los Derechos Humanos del Guayabero.
Gira nacional de la película La Toma sobre el holocáusto del Palacio de Justicia 26 años después
