viernes, junio 12, 2015

San José de Apartadó
El Ejército continúa infringiendo el DIH y pone en peligro a la población
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, denunció que el paso 10 de junio, nuevamente se presentaron combates entre insurgentes de las FARC-EP y el Ejército.

Según la denuncia a las 10 de la mañana guerrilleros atacaron la base militar adscrita a la Brigada 17 del Ejército, la cual se encuentra ubicada junto al Colegio El Mariano y a unos cincuenta metros de viviendas, lo cual es una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario.

En el enfrentamiento que duró unos 10 minutos los militares se refugiaron en las viviendas, en las tiendas de abarrotes, en el centro comunal, en la capilla y en el centro educativo, situación que puso en riesgo la vida y los bienes de la comunidad.

El día anterior en hechos similares resulto herida por proyectil de arma de fuego de largo alcance la civil Luz Mari Alcaraz.

Terrorismo de Estado
Denuncian que en la masacre del Ejército en Guapi, Cauca, también habrían sido asesinados y desaparecidos civiles
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunciaron que en los bombardeos del Ejército en el que fueron masacrados 27 combatientes de las FARC EP, el pasado 21 de mayo en el municipio de Guapi, Cauca, también habrían sido asesinados y desaparecidos un número indeterminado de civiles.

“Al parecer dentro de las 27 personas muertas producto del bombardeo, no todas eran parte de la insurgencia. De igual forma el número  de personas muertas en esta acción puede llegar a 80, cifra que no se ha dado a conocer con claridad”, dice la denuncia recibida por Notimundo.

A continuación apartes del documento:

El día 21 de mayo del 2015, a las 2 pm, se iniciaban  las operaciones por parte del ejército colombiano, en inmediaciones del territorio colectivo de las comunidades negras del consejo comunitario del Alto guapi, más concretamente la vereda San Agustín.

Estas operaciones consistieron en bombardeos y posterior desembarco de tropas desde helicópteros; las acciones   se presentaron de manera indiscriminada, afectando a mujeres, niños y hombres que participaban de un taller sobre el desescalonamiento del conflicto armado.

Con la llegada de las tropas por vía terrestre, según información recibida, se pudieron haber presentado asesinatos  y desapariciones de personas que habían resultado heridas en el bombardeo.

Al parecer dentro de las 27 personas muertas producto del bombardeo, no todas eran parte de la insurgencia, de igual forma que el número  de personas muertas en esta acción puede llegar a los 80, cifra que no se ha dado a conocer con claridad.

Este acontecimiento,  produjo el desplazamiento masivo de 463 personas que conforman 110 familias  de las comunidades provenientes de las veredas San Agustín, San Vicente, Rosario, Las Juntas y Balsitas, quienes se dirigieron hacia la cabecera municipal de Guapi.

Las cifras de personas desplazadas fueron suministradas por la Defensoría Regional del Pueblo en el Cauca y la Pastoral Social del Vicariato Apostólico  de Guapi.

La situación de las personas desplazadas es de total angustia y problemas de tipo sicosocial ante la agudización del conflicto y los controles que ahora ejerce la fuerza pública.

La crisis humanitaria se viene agudizando en la región ante los constantes controles que  ejerce la fuerza pública antes y después de las acciones del 21 de mayo, en la vías fluviales, donde son constantes los abusos, detenciones arbitrarias, señalamientos, y prohibiciones a la población de circular por los ríos, lo cual impide a los pobladores realizar sus faenas de pesca y los está condenando a la hambruna, ya que de estas actividades depende su sustento.
Igualmente e vienen presentando graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública, más concretamente, el Batallón 42  de la Infantería de Marina, tropas que permanecen en la Normal Superior la Inmaculada en Guapi.

Situación similar ocurre en el hogar San Joaquín y Santa Ana, donde viven niños, niñas, adolecentes, adultos mayores y comunidad religiosa.

El 28 de mayo los habitantes del municipio de Guapi adelantaron una marcha masiva exigiéndole a los actores armados que respeten a la población civil y al Estado que cese los operativos en los territorios comunitarios donde ha quedado la población civil involucrada.

De igual forma le exigieron a la fuerza pública abstenerse de continuar los atropellos, estigmatizaciones contra la población a la que señala que “si viven en esas zonas entonces son “guerrilleros”.

La masiva marcha instó a los órganos de control para que vigilen lo que está sucediendo en Guapi y que se extiende a otra poblaciones como Timbiquí y López de Micay. De igual se planteó el cese bilateral de hostilidades de forma inmediata para evitar más hechos dolorosos.


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miércoles, junio 10, 2015

Prosperidad para pocos
Ante la crítica situación pensionados marchan desde Cali a Bogotá 

Desde Cali, salió el pasado lunes 8 de junio, la primera Marcha por la Unidad y Dignidad del Pensionado Colombiano, que se espera llegue a Bogotá el próximo 18 de junio para realizar la primera Cumbre Nacional de Pensionados, que tiene como propósito visibilizar la crítica situación por la que atraviesa este sector, así como la de los adultos mayores del país, ante el desamparo y olvido por parte del Estado Colombiano.

Organizados en la Alianza Interinstitucional de Jubilados y Pensionados de Emcali y la Alianza Nacional de Pensionados, los adultos mayores, reclaman del gobierno, que se resuelva de fondo la situación del pasivo pensional del Estado y el cumplimiento de los acuerdos firmados ante la promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos, quien se comprometió a rebajar los aportes de Salud del 12% al 4%, entre otras cosas.

En la actualidad cursa en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 183 de 2015, que precisamente pretende que la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados sea del 4% del ingreso de la respectiva mesada pensional.

Los pensionados también reclaman el incremento anual de las mesadas con el porcentaje más favorable, entre el incremento del IPC, y el incremento del salario mínimo, la no aplicación de cuotas moderadoras a los beneficiarios, pero sobre todo que se instale una mesa de concertación con el gobierno nacional, en la que se discutan estos y otros temas que los afectan en su cotidianidad.

Serán por ahora 35 marchantes, que saldrán del monumento a la solidaridad en Cali (Av 3 Norte con Calle 34) a las 7:30 de la mañana, con destino al municipio de Buga, donde pernoctarán la noche del lunes 8 de junio, para continuar su recorrido hasta Bogotá.

San José de Apartadó, Urabá
Señora salió herida cuando el Ejército se resguardó en áreas civiles en enfrentamientos con la insurgencia
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El 9 de junio anterior aproximadamente a las 3:20 de la tarde, se presentaron enfrentamientos armados entre el Ejército, la Policía y posiblemente la insurgencia de las FARC EP, dentro del casco urbano de San José de Apartadó, denunció el Comité de Derechos Humanos de esa localidad.

Según la fuente, los militares se atrincheraron en las viviendas y en la parte posterior del centro comunal, el cual está ubicado al frente de una tienda de víveres en la que se encontraba en esos momentos Luz Mary Alcaraz, de 33 años de edad, quien resultó herida en un brazo presumiblemente por una bala disparada por el Ejército.

El comité de derechos humanos advirtió que le preocupa que la civil herida “pueda ser víctima de hostigamientos psicológicos o montajes judiciales por parte de la Fuerza Pública a fin de evadir o justificar su posible responsabilidad en los hechos”.

Por lo anterior, el comité solicitó a la Personería, Defensoría del Pueblo, Cruz Roja y a la Acnur,  brindar acompañamiento permanente a Luz Mary Alcaraz mientras esta se encuentre en el centro hospitalario, así como también se le brinde protección cuando regrese a su casa.

Ante la ausencia de personal médico en el lugar, Alcaraz tuvo que ser trasladada en un carro particular hasta Apartadó, distante una hora.

El Comité para los Derechos Humanos y la población de San José de Apartadó han denunciado infructuosamente en varias ocasiones las continuas infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública y la ubicación en áreas civiles de las guarniciones militares y de Policía.

“Aún recordamos los tristes hechos del martes 9 de abril de 2013, donde fue asesinado por miembros del Batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada 17 del Ejército Nacional,el joven campesino Carlos Andrés Torres. Recordamos también la muerte de Deimer Guaca en el 2012, por las balas del miembros de la Fuerza Pública en medio de un enfrentamiento”, finaliza la denuncia.



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