San Vicente del Caguán, Caquetá
Cuenta de cobro a los habitantes de lo que fue Zona de Despeje
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y amenazas viene padeciendo la comunidad bajo la política de seguridad democrática
Por Camilo Raigozo.Voz

Solo el año pasado fueron ejecutados 38 civiles en el casco urbano y 10 en las áreas rurales del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en lo que los mismos residentes denominan como la cuenta de cobro que el actual Gobierno les está pasando lenta pero inexorablemente, por haber servido sus territorios de zona de despeje en los fallidos diálogos de paz entre el ex presidente Andrés Pastrana y la insurgencia de las FARC.

Sumado a lo anterior, la comunidad acusa a las fuerzas de seguridad del Estado y a paramilitares de la desaparición de al menos otras ocho personas

Casos como el de Olmedo Lugo Bueno, campesino desaparecido de su finca el 21 de octubre de 2007 a manos de hombres fuertemente armados y encapuchados que ingresaron violentamente a su vivienda y lo secuestraron sin que hasta la fecha se sepa de su suerte. El 30 de octubre desapareció del casco urbano de San Vicente, Alberto Henriquez y el primero de noviembre, fue desaparecida Didy Johanna Gracía, de la vereda Miravalle.

Del mismo modo, los labriegos Argemiro Niño Ríos y Digney Valencia Acuña, habían desaparecido el 10 de diciembre de la vereda La Ceiba. Sus cuerpos fueron encontrados días después mutilados y con señales de tortura en el relleno sanitario de San Vicente.

Detenciones y ejecuciones extrajudiciales

José Elías Guzmán Chalá, había desaparecido el 21 de enero de 2008 en la vereda San Luís del Oso, inspección de Guayabal, jurisdicción de San Vicente. Posteriormente fue reportado por el Ejército como guerrillero dado de baja y sus restos fueron sepultados como N.N. en el cementerio de Neiva, Huila.

Otras personas que corrieron la misma suerte son, Nelson Julián Caviedes, Antonio María Osorio Córdoba, Quiterio Osorio Córdoba y Milton Mauricio Orrego, este último desaparecido el pasado 4 de febrero en el barrio El Coliseo en el caso urbano del municipio.

En diciembre último, fueron detenidas con base a señalamientos de supuestos reinsertados y a supuestas interceptaciones telefónicas, doce personas acusadas por la Fiscalía de rebelión, entre las que figuran amas de casa, conductores de taxi, un médico, enfermeras y trabajadores del campo.

Según el abogado Hernando Molano, defensor de algunos de los detenidos quién habló con VOZ, dijo que las a las personas se les ha violado derechos humanos fundamentales, que las acusaciones por las cuales se les sindica son infundadas y que por lo tanto debe dejárseles en libertad inmediatamente.

Entre las personas acusadas de ser guerrilleros y de supuestamente planear el secuestro de los hijos del presidente Uribe están, el conductor de taxi Alexander Tafur, el médico Anael Sanjuanelo, Consuelo Moreno, Diego Quevedo, Faiber Gaspar, José Eduardo Salgado, Lina Velásquez, Ninfa Castillo, Yolanda Lozada y Carlos Silva. Cabe anotar que varias personas no tienen recursos económicos para pagar a un abogado que les garantice la defensa de sus derechos vulnerados.

Listas ‘paras’ contra el Polo

Por otra parte, paramilitares autodenominados “Corporación Colombia Libre”, han amenazado a toda persona que pertenezca al Polo Democrático Alternativo y los declara objetivo militar. Han hecho circular una lista de personas que “serán ajusticiadas”, entre las que se encuentran:

Víctor Oime Hormiga, Arístides Oime, Isaac Páez López, Octavio Collazos, Héctor Morales, Javier Salcedo, Rafael Orjuela, Domingo Pérez Cuellar, Floro Peña, Alexander Vanegas, Javier Navarrete, Fernando Aldana, Janeth Muñoz, Aldemar Gómez, Ever Pérez, Fanny Eyerbe, Odilia Criollo, Emilio Viveros, Gilberto Lugo, Fernando Gómez, Francisco Mora y otros más.

La última acción criminal contra la población civil inerme en San Vicente se presentó el pasado 9 de marzo con la desaparición del sindicalista de la salud Carlos Burbano, quién había sido organizador de la marcha contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado realizada tres días antes. El cuerpo del sindicalista fue encontrado 48 horas más tarde en el basurero del municipio con visibles huellas de tortura y al menos 11 puñaladas.

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Fuerza Aérea bombardeó a comunidades negras en el Pacífico caucano
Al menos 25 personas entre las que hay varios niños resultaron heridas
Por Camilo Raigozo.

El Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Playón, ubicado a 40 minutos del área urbana del municipio de López de Micay, costa pacifica del departamento del Cauca, denunció ante la opinión nacional e internacional que el pasado 26 de marzo aviones de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon a la población civil de la zona.

Según las comunidades, ese miércoles de las nueve hasta las 10 y media de la mañana, tres aviones de la FAC estuvieron bombardeando muy cerca de los caseríos civiles Cabecitas y Charco Largo, municipio de López de Micay, Cauca.

Como resultado del operativo militar, quedaron heridas al menos 25 personas , cinco de ellas de gravedad, las cuales fueron atendidas en el hospital de López de Micay.

Cuando cesaron los bombardeos, varios líderes de la comunidad ubicaron al teniente que comandaba el operativo, del cual los denunciantes no suministraron la identidad, y le preguntaron por qué del ataque a la población civil, este les respondió que era orden de la presidencia de la República y que “eso no es nada para lo que se les viene encima”.

Entre las personas que resultaron heridas están, Luis Manuel Orozco, Emilio Orozco, Héctor Emilio Orozco, Lidia Marina Orozco; y los niños Angie Catalina Riascos Orozco de 8 años y Hector Manuel Hitaz de 4 años.

Los moradores de esa región del Pacífico caucano pidieron que se presente de carácter urgente una comisión humanitaria que pueda evaluar los daños causados a la tranquilidad de la población y los efectos en los terrenos que afectaron los cultivos. .

Así mismo le exigieron al presidente Uribe cesar inmediatamente los ataques a la población civil afrocolombiana y responsabilizaron al Estado colombiano por los daños causados, por los que reclamaron una reparación inmediata.

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Paramilitares masacraron a tres indígenas Awa y desaparecieron a otro
Por Camilo Raigozo. Con información de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes

Paramilitares de civil y armados con fusiles y pistolas ingresaron a la vereda Candillal en el corregimiento de Altaquer, del municipio de Barbacoas, Nariño y se llevaron por la fuerza a los indígenas Alonso Rosero Moreno, Johny Sotelo Rosero y Paulino Fajardo Marín.

Los criminales hicieron caminar a las victimas hasta la vereda Vegas en el municipio de Ricaurte y luego de someterlos a interrogatorios los asesinaron de varios disparos.

Según la Red Isaías Cifuentes, Manuel Antonio Rosero, profesor indígena de la misma etnia, también fue asesinado, aunque otras versiones sostienen que está desaparecido.

La zona donde ocurrieron los hechos está altamente militarizada por tropas de la Brigada 19 y la Brigada Móvil 14, adscritas a la Tercera División del Ejército con sede en Cali. Sin embargo en los dos últimos años han sido asesinados 46 indígenas cuyos crímenes permanecen en la impunidad.

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Paramilitares desplazan a la población de Mapiripán, Meta
Por Camilo Raigozo. Voz

Según denuncias de la población, paramilitares que se autodenominan “Ejército de Salvación del Meta" (ESM), llegaron desde mediados de febrero a la región de Puerto Alvira, jurisdicción del municipio de Mapiripán y están sembrando el terror en la población inerme, lo que ha generado el desplazamiento forzado de al menos 196 personas, cifra confirmada en un informe de la Defensoría del Pueblo.

Los paramilitares que hacen presencia desde el pasado 17 de febrero en el sitio conocido como California en la región de El Siare y en La Horqueta, vereda El Silencio, en el mismo municipio, se han dirigido hacia Puerto Alvira y con lista en mano están buscando a las personas para matarlas.

Una Misión Humanitaria de la que hicieron parte la Defensoría del Pueblo, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur y la Pastoral Social, a la zona el pasado fin de semana, encontraron que además de las 61 familias desplazadas, en el caserío de Mocuare se hallaban 44 indígenas de la etnia Sikuani provenientes de Mitare.

Estos indígenas se habían desplazado por los bombardeos del ejército en la zona. Así mismo, dice el informe de la Defensoría, a Barranco Colorado llegaron 60 indígenas Nukak Makú y 80 indígenas Guayaberos, desplazados por las mismas circunstancias.

El municipio de Mapiripán ya había sido victima del terrorismo de Estado, cuando a mediados de 1997 un grueso número de paramilitares, en coordinación con el Ejército Nacional, entraron a la jurisdicción y torturaron, desaparecieron y asesinaron a niños, mujeres, ancianos y hombres, cuyo número sobrepasó el medio centenar.

Dicha masacre fue planificada y organizada por el Ejército y los ’paras’ desde meses atrás, tal como lo declaró el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya, quién por ser partícipe de los horrendos crímenes narró a las autoridades pormenores de cómo fueron coordinadas las acciones para tomarse a la población y ejecutar la demencial barbarie.

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En manos de hackers ‘paras’
Por Camilo Raigozo

Al terrorismo paramilitar exportado por el régimen colombiano a los países vecinos Venezuela y Ecuador, se suma ahora el terrorismo informático.

El pasado 17 de marzo, piratas de Internet bloquearon por varias horas el portal oficial de la presidencia de Ecuador y dejaron el siguiente mensaje: “Con Colombia no se metan”, que traducido a la realidad significa: con el régimen uribista no se metan.

Sin ningún recato el Gobierno de un país vecino es amenazado, como cotidianamente suele suceder en Colombia con las personas, medios de comunicación y organizaciones sociales que disienten del régimen narco-paramilitar que ostenta el poder.

A los asesinatos, amenazas y hostigamientos que practica el régimen contra sus críticos y opositores políticos, ahora se suma el terrorismo informático.

Varias páginas de Internet y buzones de correo electrónico de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos han sido bloqueadas por los hackers ‘paras’ de la red, entre ellas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Reiniciar, Cinep y la Página del Polo Democrático Alternativo, entre otras.

La mordaza fue impuesta inicialmente sobre la agencia de noticias en Europa, Anncol, por “piratas de la red”, al ser calificada por el gobierno colombiano de pertenecer a las FARC.

Luego el silenciamiento se aplicó a la página de Piedad Córdoba y parece ser que continuará extendiéndose sobre cualquier medio que no sea uribista.

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