Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrariasMisión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009
Por Comisión Colombiana de Juristas
He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín), Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio).
Estoy muy agradecido con el gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave.
También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia.
También celebré reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda, Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces militares.
Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes.
Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.
Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas.
En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios.
Cabe destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios .
Los hallazgos que presento hoy son preliminares.
Mi informe completo se publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo . Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.
Quiero comenzar reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.
Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla
Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.
Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad
La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.
El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate.
A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.
Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos positivos y en Soacha.
El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio.
El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg.
He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.
Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican firmemente que ese no es el caso.
Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia.
No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido.
Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.
Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después.
Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.
La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa.
Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible.
Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.
A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el CICR y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes,
el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.
Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica.
La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía , y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación. Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos.
El segundo es que en algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria.
Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.
Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar, aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.
Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales
A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país.
El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.
Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones.
Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno.
Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.
Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos paramilitares maten y participen en otros actos criminales.
Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares.
Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.
Las instituciones del Gobierno
La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.
Defensores de derechos humanos
La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos.
Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces.
Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.
También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.
Compensación a las víctimas
Tengo entndido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas-que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes – contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares.
Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.
Otras cuestiones
En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas:
- directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción.
-la realización de una investigación independiente de los procedimientos y resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos.
-la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones.
-la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.
-la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de ejecuciones extrajudiciales.
-la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General de la Nación , con más personal, apoyo y formación.
Fuerza Pública allana arbitrariamente seminario de derechos humanos
