sábado, julio 23, 2011

Putumayo
Reclaman a las autoridades celeridad en las investigaciones por atentados contra dirigentes sindicales
Por Sintraputumayo

La Organización Social, Ambiental y Sindical denominada Sindicato de Trabajadores Petroleros del Putumayo Sintraputumayo, saluda a las comunidades del municipio de Villagarzón y el departamento del Putumayo.

Es importante que el pueblo de Villagarzón y el departamento del Putumayo, se entere de primera mano que Sintraputumayo, ha realizado denuncias formales ante las instituciones de control y la opinión Pública, en contra del alcalde Luis Eduardo García,-

las compañías Petroleras y el gobernador del Putumayo Byron viveros Chávez, a razón de actuaciones mal intencionadas, que van en contra del buen nombre de la Organización sindical y ponen en riesgo la vida de los que conforman el sindicato.

Es primordial que el pueblo conozca que el día 22 de julio de 2011, el presidente de Sintraputumayo, el señor Yesid Calvache (foto), fue víctima de una agresión terrorista, donde desconocidos a las cinco de la mañana aproximadamente,-

atentaron contra la integridad del sindicalista y su familia a través de una bomba incendiaria, que por fortuna no llego a su objetivo, evidencias que fueron recogidas por la Policía Nacional del municipio de Villagarzón, así lo demuestran.

Sintraputumayo, se solidariza con Yesid Calvache y su familia y da gracias a Dios, de que las intenciones de los delincuentes que una vez más atentan contra su vida son frustradas y de ante mano le agradecemos a este gran líder, por su entereza y su sentido comunitario, por ser un buen hijo del pueblo, capaz de reclamar lo que le pertenece y luchar por las comunidades más necesitadas.

Denunciamos y responsabilizamos al estado por la vida de los sindicalistas y una vez más, reclamamos de parte de los órganos de control, celeridad en los procesos interpuestos e investigación sobre los atentados realizados en contra de los líderes sindicales, para que la impunidad no se convierta en un sosiego de las organizaciones de las bases sociales, que lo único que reclaman es justicia social.

Sintrapetroputumayo, le comunica a la delincuencia que está generando los hechos intelectuales y materiales, que los derechos del pueblo no se negocian y que la lucha que se viene realizando no es objeto de amedrentamientos, que los líderes sindicales no darán un paso atrás y que Dios y la justicia, sean los encargados de castigar los intereses mezquinos de nuestros falsos líderes.

viernes, julio 22, 2011

Puerto Gaitán, Meta
Trabajadores de la USO desmienten a Pacific Rubiales y acusan al gobierno de agresión violenta y cobarde
Por USO

La Unión Sindical Obrera, USO, frente a la reciente protesta de trabajadores de empresas contratistas al servicio de la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energi, Pre, en los campos de Rubiales y Quifa, jurisdicción de Puerto Gaitán, Meta, se permite informar a la opinión pública lo siguiente:

El día 18 de julio, aproximadamente a las 6:00 a.m., cerca de 5.000 trabajadores de firmas contratistas al servicio de la multinacional Canadiense Pacific Rubiales Energy (PRE) iniciaron una protesta pacífica en las instalaciones de los Campos de Rubiales y Quifa, por las violaciones a sus derechos laborales y fundamentales, la implementación unilateral de los salarios la mayoría muy bajos en relación con la industria, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que viven en sus campamentos.

Ese mismo día varios trabajadores afiliados a la USO, solicitaron la presencia del sindicato en el campo. La dirección Nacional de la USO determinó desplazar al área cuatro dirigentes sindicales, que salieron de Puerto Gaitán a las 10:30 a.m. Llegando al campo Quifa a las 3:00 p.m., donde se encontraron que la vía estaba bloqueada por la seguridad de PRE que atravesó en la vía dos camionetas, una retroexcavadora y dos camabajas para impedir el tránsito de los dirigentes. (Existen fotos documentales).

Luego de una hora los dirigentes sindicales lograron sortear los obstáculos y sobre las 6:00 p.m. lograron llegar a campo rubiales, donde fueron recibidos por casi 4000 trabajadores. En el área, los dirigentes tuvieron la oportunidad de recoger varias inquietudes, documentos y fotografías sobre la violación de los derechos de los trabajadores/as y las condiciones de hacinamiento e insalubridad a que son sometidos por parte de las empresas contratistas y subcontratistas, las cooperativas y bolsas de empleo o empresas de servicios temporales.

Durante la reunión convocada por el Vicepresidente de la República el día 18 de julio, para dar solución a la problemática de los trabajadores de Cepcolsa, el Gobierno en cabeza del Ministro de Minas solicitó levantar la protesta que se realizaba en los campos de PRE, a lo cual la USO manifestó la necesidad de conformar una comisión del Ministerio de la Protección Social, la USO y la administración de PRE, para atender este conflicto, propuesta que fue rechazada por la multinacional canadiense.

El día 19 de julio a las 5:00 a.m. Mientras los trabajadores dormían el Esmad inició la agresión en su contra, agresión que incluso se realizó en los campamentos con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento (repletos de tuercas, tornillos y plomos), y balas de goma.

Esa agresión a mansalva generó el caos entre los trabajadores, porque además de la asfixia por el gas, se inició un incendio en las carpas en las que dormían estos trabajadores, generado por los artefactos disparados por los escuadrones represivos de la fuerza púbica. Los trabajadores como pudieron respondieron con palos y piedras, resultando varios trabajadores heridos, algunos de gravedad, como el compañero que perdió un ojo por el impacto de una granada de gas lanzada por el Esmad.

Rechazamos la desinformación que pretende hacer la multinacional PRE, insinuando que la protesta fue ocasionada por personal ajeno a sus trabajadores y contratistas, pretendiendo ocultar que fueron más de 5000 trabajadores de empresas contratistas a su servicio quienes iniciaron esta protesta, por las violaciones sistemáticas de sus derechos laborales, el mal trato de sus jefes y las pésimas condiciones en las que deben alojarse y realizar sus necesidades fisiológicas.

La USO Rechaza la violencia y considera que la mejor vía para la solución de los problemas es el diálogo productivo, NO el uso de la fuerza y el cierre de espacios de diálogo como sucedió en este caso.

De igual manera, exigimos al gobierno nacional las garantías para el ejercicio sindical y el derecho de libre asociación en esa región del país, pues hoy la multinacional PRE se niega a permitir el ingreso de representantes de la USO, impidiendo el contacto directo de la USO con sus afiliados. Rechazamos la actitud de la multinacional PRE de pretender desconocer el acuerdo que dió lugar al levantamiento de la protesta y que resumimos así:

1. No habrá ningún tipo de retaliación penal, laboral o disciplinaria, contra los dirigentes y trabajadores que participaron en la protesta: en ese orden de ideas, se reconocerá el sueldo de los días cesantes que duró la protesta; se garantiza el derecho de asociación;

2. No se suspenderá ni terminará el contrato de los de los trabajadores que participaron en la protesta; Los contratos de 21 días serán prorrogados mientras se da la discusión del tipo de contrato en la mesa del 3 de agosto.

3. La empresa PRE garantiza que se le prestará la atención médica que requieran los trabajadores que resultaron heridos en la protesta.

4. El día 28 de julio se reunirá la USO y la administración de PRE, se reunirán para discutir las denuncias y solicitudes que tienen los trabajadores de las diferentes empresas contratistas en esa región.

5. La empresa PRE se compromete a participar en la reunión del día 3 de agosto, en el municipio de Puerto Gaitán, donde se instalarán las mesas de diálogo en las que se discutirán temas sociales, ambientales y laborales.

6. El sindicato solicita que la empresa Pacific Rubiales Energy, le brinde las garantías para su permanencia en el área, solicitud que será consultada por la instancia de la Junta Directiva de la multinacional.

Parauribismo/
Asesinada Keyla Ester Berrío Almanza, de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco, Bolívar

El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y la Liga de Mujeres Desplazadas organizaciones basadas en el departamento de Bolívar, Colombia, denuncian ante la opinión nacional e internacional el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza, de 31 años, madre de una niña de 9 y dos niños de 11 y 12 años de edad.

Keila; de la segunda generación de mujeres integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, es hija de la señora Everledis Almanza Charry, mujer fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas en el Municipio de Turbaco Bolívar.

Keila habitaba en la Ciudad de las Mujeres ubicada en el Municipio de Turbaco como beneficiaria del proyecto de vivienda de la Liga de Mujeres Desplazadas fundada en el año 2006. Keila y su familia son beneficiarias de Medidas Cautelares 319-09 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

La Liga de Mujeres Desplazadas ha solicitado al Estado colombiano de manera reiterada desde el otorgamiento de las  Medidas Cautelares en el mes de noviembre de 2009 ; ampliadas el 16 de junio de 2010 y el 7 de marzo de 2011 a toda la organización,-

neutralizar el riesgo creciente de los factores generadores de violencia contra las mujeres de la organización y sus familias en razón de su reconocido  liderazgo como activas defensoras de sus derechos humanos, y  víctimas del conflicto armado en la región.

Desde su fundación en el año 1999 la organización, sus proyectos y lideresas han sido atacadas crímenes que hasta la fecha permanecen en la impunidad.

La Liga de Mujeres Desplazadas ha sido amenazada por paramilitares autodenominados Águilas Negras y el Ejército Revolucionario Anticomunista ErpacC en más de cinco oportunidades durante los años 2010 y lo que va corrido del 2011.

A pesar de las afirmaciones de las autoridades de que los crímenes contra la LMD son hechos aislados, la organización reconoce un ciclo de violencia y un patrón de discriminación en donde se ataca a las mujeres por sus relaciones amorosas,-

el consumo de sustancias, el manejo de recursos, desviando así las investigaciones, lo que es más grave, tratando de hacer recaer la responsabilidad de los hechos en las mismas víctimas como generadoras de su propio riesgo.

El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y La Liga de Mujeres Desplazadas responsabilizan al Estado por la negligencia en su deber de prevención y protección y por la impunidad absoluta en las investigaciones de los hechos criminales contra la organización, lo que ha venido permitiendo la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres de la organización sus familias y sus proyectos.

Seguridad narcocrática/
Dos militares fueron acusados de asesinato a sangre fría
Por Camilo Raigozo

Un fiscal de Derechos Humanos y DIH profirió resolución acusatoria en contra del cabo primero del ejército, Pedro de Jesús Bonilla Flores y Wilson Arango Roche, soldado profesional, como presuntos asesinos de persona protegida.

La Fiscalía pudo establecer que el 5 de mayo de 2004, tropas del batallón contraguerrillas 12, Diosas del Chairá, secuestraron a Nelson Gutiérrez Ospina, de la vereda Bolivia, del municipio de Paujil Caquetá, quién se encontraba en compañía de vecinos y parientes construyendo un rancho.

Tiempo después, los ‘héroes de la patria’ lo asesinaron de varios disparos y lo presentaron como guerrillero de las FARC dado de baja en combate. Los presuntos criminales le colocaron al cuerpo para redondear la coartada: granadas, estopines y 14 proyectiles para fusil AK-47.

Para el fiscal a cargo del caso las inconsistencias e incoherencias probatorias dejan dudas sobre la veracidad de las versiones rendidas por los procesados.

Varias organizaciones de derechos humanos esperan que se haga justicia, que los condenados paguen sus penas en cárceles comunes y no en centros vacacionales, y que además, las tropas no se desmoralicen por la aplicación de justicia contra los uniformados que cometen crímenes.

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jueves, julio 21, 2011

Parauribismo/
Nuevas amenazas y abusos contra afrocolombianos bajo la administración Santos
Por comunidades

La violencia y hostigamiento continúan socavando el marco legal que defiende los derechos de los afrocolombianos. Aunque las comunidades afrocolombianas poseen títulos colectivos legalmente expedidos por más de 5,2 millones hectáreas de tierra, las comunidades afrocolombianas son desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento forzado.

Los consejos comunitarios afrocolombianos se crearon para administrar los territorios colectivos y jugar un importante papel en el ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, e informado.

Sin embargo, los grupos paramilitares siguen expulsando violentamente a las comunidades afrocolombianas de sus territorios colectivos, haciéndolo con la cooperación y aval de proyectos económicos de gran escala. Acsn ha denunciado en varias ocasiones estas expresiones de violencia en contra de las comunidades y líderes afrocolombianos.

Pese al conocimiento doméstico e internacional de la destrucción sistemática de los derechos de las comunidades afrocolombianas, las amenazas y la violencia no han disminuido:

El 15 de julio, José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) recibió en su celular a las 12:48 a.m. el siguiente mensaje de texto: “ya sabes q todo tiene precio pero tu pago es con sangre”.

Mientras tanto, uno de los activistas locales de PCN en el norte del Cauca, Armando Caracas Carabalí, recibió una serie de llamadas amenazantes empezando el 7 de julio. El anónimo dijo: “tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o si no le llenan el buche de plomo”.

Estas amenazas se dan en un contexto donde por lo menos 29 líderes afrocolombianos e indígenas han sido asesinados solamente en 2011. Incluso en La Toma, Cauca, paramilitares y compañías multinacionales siguen amenazando los derechos de la comunidad y la autonomía del consejo comunitario a pesar de la atención internacional que ha recibido la situación.

El 15 de julio, Aníbal Vega, el Representante Legal del Consejo Comunitario de La Toma, recibió una llamada telefónica advirtiendo que “…ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben”.

Dichos hostigamientos en contra del Consejo Comunitario de la Toma se dan después de la expedición de la Sentencia T-1045A/10 de la Corte Constitucional que declara ilegal toda actividad minera hecha sin primero haber cumplido con el derecho del consejo comunitario a consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Los afrodescendientes de La Toma han practicado la minería artesanal desde 1636. No obstante, los inversionistas han solicitado y buscado licencias mineras en las tierras colectivas por los últimos 11 años. Paramilitares y mineros ilegales siguen amenazando con su presencia en La Toma a través de actividades mineras ilícitas, amenazas y asesinatos.

Desde hace varias semanas hay ocho retroexcavadoras en tres sitios diferentes del territorio del Consejo Comunitario de La Toma haciendo minería ilegal (ver foto). La presencia de 4 de estas retroexcavadoras era de conocimiento de funcionarios del gobierno y de autoridades locales, regionales y nacionales desde el 15 de junio.

El Consejo Comunitario de La Toma es parte de las comunidades consideradas como casos emblemáticos que el Auto 005 de la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Colombia proteger desde comienzos del 2009. Estas expresas han sido desobedecidas.

La violencia y los atentados en contra de las comunidades afrocolombianos e indígenas no se ha limitado a Cauca o los integrantes del PCN. Hay un ambiente de intimidación y violencia generalizada en contra de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas.

Para señalar sólo una instancia, dos hombres armados ingresaron a las oficinas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (Copdiconc) en Santiago de Cali el 13 de julio.

Los hombres atacaron al representante legal de la organización y a otro miembro del equipo de Copdicinc, señalándolos como “guerrilleros” mientras los abusaban físicamente y demandaban saber a qué grupo guerrillero pertenecían.

Los hombres robaron computadoras, grabadoras, memorias USB y materiales que contienen información sensible acerca de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas.

Ese mismo día, 3 hombres armados ingresaron a la casa de la presidenta de Copdiconc. Estos tipos de ataques dificultan el trabajo de la sociedad civil para defender los derechos constitucionales de los afrocolombianos.

El movimiento en defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas ha tenido que afrontar diversos obstáculos locales, nacionales e internacionales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos hechos por grupos armados ilegales no han parado de agredir a organizaciones y líderes afrocolombianos.

Cuando los líderes y organizaciones son silenciados, las comunidades que ellos representan se quedan sin protección. La presión inmensa de vender o abandonar sus tierras colectivas  hace más difícil que estas comunidades defiendan sus derechos territoriales.

Las medidas de protección que han sido adoptadas para estos líderes y comunidades son mínimas. Hay casi total impunidad de los delitos que se cometen contra los afrocolombianos.

Las violaciones constantes a los derechos culturales, territoriales y humanos de comunidades afrocolombianos se agravará con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Una mayor inversión efectuada en el contexto de un conflicto armado interno devastará estas comunidades ya que no hay garantías para la protección de los derechos etnoterritoriales de los afrocolombianos.

El congreso de EU debe apoyar la carta del congresista Hank Johnson a Obama, la cual exhorta al presidente a que se oponga al TLC y que “los Estados Unidos y Colombia tomen medidas inmediatas para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas y prevenir que sucedan nuevos desplazamientos de estas comunidades”.

Carta abierta al Presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos Calderón
Por Colectivo de estudiantes universitari@s afrocolombian@s CEUNA y Fundación de Organización de Unidad Afrodiaspórica para las Américas OUA

Señor Presidente:

Nosotros y nosotras, miembros de la comunidad negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, nos parece muy importante y significativo el homenaje a nuestras cantaoras: Petrona Martínez, Totó la Momposina, Leonor González Mina y Graciela Salgado. Y a través de ellas, a la música de nuestros ancestros y ancestras que surge como un canto a la vida, la alegría y la libertad.

Sin embargo, hemos creído que dicho homenaje debería incluir un plan estructural que genere mejores condiciones de vida para los miles de hombres y mujeres que sueñan en un territorio lleno de fraternidad, amor y solidaridad.

Doctor Santos, lo invitamos a reconocer y adelantar programas, planes y proyectos que busquen contrarrestar y erradicar el Racismo y la discriminación racial histórica de los afrodescendientes en Colombia.

Como sabemos, la población afrocolombiana con necesidades básicas insatisfechas están por encima de 45%; aproximadamente el 80% vive en la pobreza, de ellos el 50% se encuentra en la indigencia; la tasa de mortalidad infantil está por encima del 75% y la de natalidad es superior al 30%.

En el caso de la educación “el 10% de los niños y niñas afrodescendientes de 6 a 10 años no tienen acceso a la educación, en el caso de la educación básica llega al 12%, y el 27% de las y los afrocolombianos, se encuentran por fuera de la educación media; más del 85% no tienen posibilidad de ingresar a la educación superior.

Como lo indican las cifras, señor Presidente, nuestro pueblo registra los indicadores sociales y económicos más bajos en materia de salud, educación, vivienda y agua potable.

Es evidente la crítica situación de los derechos socioeconómicos y culturales de la población afrodescendiente en Colombia, la confinación y el desplazamiento forzado, las persecuciones a los procesos organizativos, las amenazas y asesinatos sistemáticos a nuestros líderes y lideresas, caso reciente de Ana Fabricia Córdoba, de la cual las investigaciones recientes no han arrojado ningún resultado.

En los últimos años, muchos y muchas dirigentes y líderes Afrocolombianos/as, han tenido que huir del país para salvar sus vidas. Tal situación por su masividad, sistematicidad, violencia y continuidad, configuran “el proyecto de aniquilamiento contra nuestro pueblo: nuestro actual etnocidio”.

De igual forma, nuestros bosques, ríos y mares han sido destruidos por el narcotráfico, el monocultivo y el saqueo de nuestras riquezas naturales.

Por todo esto, consideramos que si estos homenajes no van acompañados de nuestras reivindicaciones, desde una política pública seria y un aparato estatal que brinde las garantías necesarias para la autodeterminación y la libertad de nuestro pueblo, los sueños y las utopías por las cuales existen nuestras músicas y sus cantaoras, terminarán por desaparecer.

El 20 de Julio debe ser un homenaje sincero, que invite a la reflexión y a la búsqueda de soluciones para el pueblo Negro, afrocolombiano, palenquero y raizal.

miércoles, julio 20, 2011

Parauribismo/
'Chuzaron al chuzador'
Por Camilo Raigozo

Diferentes medios dieron cuenta este 20 de julio que la cuenta en Twitter del  expresidente Álvaro Uribe, alias “El número uno” de la “Cas de Nari”, había sido tomada por hackers que se identificaron como el grupo Anonymus Colombia.

Los hackers instalaron el enlace a un video en Youtube titulado “La Falsa Independencia”. El enlace es el siguiente: http://www.youtube.com/watch?v=GXiitm0oaMQ&feature=youtu.be

“Chuzaron al chuzador”, es la frase de moda de la sabiduría popular, ya que la misma cree que Uribe es el máximo responsable de las chuzadas del DAS, estas sí criminales.

La chuzada de la cuenta de alias “El número uno” de la “Casa de Nari”, duró unos 30 minutos y cuando este tomó nuevamente el control trinó: “Qué grave el daño criminal a nuestra cuenta, terroristas han penetrado mi cuenta”.

El ex mandatario debiera decir lo mismo del  grave daño criminal que causó su gobierno utilizando al DAS para espiar a magistrados de Corte Suprema de Justicia, a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobiernos vecinos y opositores políticos.

Otras cuentas hackeadas fueron la de Facebook del presiente Santos y el sitio web del ministerio de Defensa. Los hackers habían anunciado el pasado 18 de julio la "Operación Independencia! 201 años de independencia, no mas saqueo de nuestras riquezas".

Seguridad narcocrática/ 
Denuncian la desaparición de un campesino en Pradera, Valle
Por Corporación Justicia Y dignidad

Desde el viernes 15 de julio de 2011, familiares y vecinos de la vereda La Fría, del municipio de Pradera, Valle,  constataron la desaparición del campesino Gilberto Campo de 71 años de edad, quien es comunero del cabildo indígena Kwet Wala.

Es importante resaltar que  en el sector hay presencia de grupos armados y a tan solo 250 metros  de la casa del agricultor se encontraron rastros de presencia del Ejército Nacional (campamento). La comunidad ha estado buscando  infructuosamente al mayor adulto desde el día viernes a la fecha.

Su hermano Marino Ocampo acudió a la Personería Municipal donde  le manifestaron no tener competencia para este tipo de temas, y en la Fiscalía del casco urbano de Pradera no se le recibió la denuncia, menos aún se activó el mecanismo de búsqueda urgente de personas. 

Es importante recordar que el 6 de marzo de 2011, en el mismo sector,  un grupo de hombres armados al parecer paramilitares asesinaron brutalmente en su vivienda a la anciana indígena Leopoldina Valencia Gue Gue, de 70 años de edad. Hecho que fue denunciado ante las autoridades competentes y que en la actualidad se encuentra sumido en la impunidad

La comunidad indígena del Resguardo de Kwet Wala y sectores aledaños se encuentra muy atemorizada, por la ausencia de garantías para sus vidas y la investigación a hechos criminales ocurridos en la región, pues esto puede conllevar a la  reedición de atroces crímenes que aún no se han borrado de la memoria colectiva de las comunidades.

Exigimos al Estado de Colombia el cumplimiento irrestricto de los tratados internacionales de derechos humanos a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de las comunidades indígenas y campesina de la zona rural de Pradera y una  pronta justicia frente a este atroz crimen

 A las organizaciones sociales, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones de mujeres divulgar la presente información y respaldar políticamente las exigencias de las Comunidades Indígenas y campesinas.

lunes, julio 18, 2011

Seguridad narcocrática/
Oficial del ejército presunto violador y asesino de niños es un monstruo peor que Garavito
Ahora con testimonios fraudulentos pisotea la dignidad de sus víctimas aduciendo demencialmente que no eran inocentes sino prostitutas
Por Camilo Raigozo

¿Qué misterioso poder tiene el oficial del ejército Raúl Muñoz, presunto violador de al menos dos niñas y asesino de una de ellas junto a sus dos hermanitos en Arauca?  

Desde el mismo momento en que se destapó el escabroso hecho criminal, el presunto violador e infanticida ha contado con inauditos apoyos empezando por el comandante del ejército, general Alejandro Navas, quien el 3 de noviembre de 2010 afirmó ante los medios sin ninguna vergüenza y respeto por la dignidad de las víctimas:

“El subteniente habría cometido esos crímenes el 2 y 14 de octubre, pero, de acuerdo con su primera confesión, las dos relaciones fueron consentidas por las niñas. Todavía no hay un hecho que nos haga pensar sobre la responsabilidad directa”.

El cinismo del general es sólo comparable con el del jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, quién violó a más de 50 niñas, de las que decía que “Hacían fila para acostarse conmigo”.

La ONG defensora de los derechos humanos, Humanidad Vigente, ha denunciado la persecución, intimidación, hostigamiento, criminalización y encarcelamiento, de personas que han evidenciado los abusos del Ejército en zona rural de Tame, especialmente de la comunidad de las veredas donde el presunto criminal cometió sus fechorías.

Las comunidades de las veredas de Caño Camame y Caño Temblador, zona rural de Tame , donde actuó el criminal, denunciaron a Humanidad Vigente el 23 de febrero pasado la presencia de personas escoltadas por militares que desde finales de enero de 2011 rondan las casas haciendo entrevistas a nombre de la Defensoría del Pueblo sin presentar identificación.

Luego, el 22 de marzo de 2011, en Saravena, se presentó el asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona, quién llevaba el caso y no había aceptado las maniobras de impunidad para dejar libre al presunto hampón, como lo denunciaron los videos 1 y 2.

Gaona, además, le había pedido al Consejo Superior de la Judicatura que investigara disciplinariamente a las abogadas defensoras del presunto criminal y a la empresa de defensoría militar, Demil, por sus maniobras irregulares para impedir la realización de las audiencias.

Sobre el asesinato de la jueza, el pasado 30 de abril el presidente Santos le manifestó con bombos y platillos a la opinión pública nacional e internacional, con la complicidad de los influyentes medios de ‘comunicación’:

"Esta mañana resolvieron ese asesinato, son 5 personas las que han identificado, 5 integrantes del ELN, o sea que todas esas insinuaciones que apuntaban a nuestra fuerza pública quedan totalmente desvirtuadas".

Sin embargo, las que pronto quedaron desvirtuadas fueron las palabras de Santos, pues lo que él, los altos mandos castrenses y los medios, ocultan es el burdo montaje judicial contra personas inocentes.

A finales de marzo pasado la ONG Humanidad Vigente precisó en un comunicado que debido a las amenazas y el inminente peligro contra la vida del padre y otros familiares cercanos de la niña abusada y asesinada junto a sus hermanitos, estos tuvieron que abandonar la zona.

Después de al menos ocho aplazamientos tramposos de audiencia, la nueva defensa del presunto violador  e infanticida, teniente Raúl Muñoz, tratará demencialmente de demostrar que sus víctimas se prostituían desde tiempo atrás.

Y lo harán, según Noticias Uno, utilizando una coartada todavía más infame: presuntos reinsertados de la guerrilla que se desmovilizaron en 2008.  

Nada más ofensivo contra la dignidad de las niñas y los niños, de sus familiares y de toda persona que aún le quede algo de humanidad.

"¿Usted es periodista o trabaja para el gobierno colombiano?": Manuel Olate, periodista chileno
La periodista de RCN le hace reiteradas veces a Manuel Olate preguntas tendenciosas con una prosodia de sorna que delata que su trabajo no es tanto el hacer periodismo como el hacer la propaganda del Estado colombiano
Por Rpasur/Agencia Pensamiento Crítico

El comunista chileno perseguido político por el estado colombiano, que logró su libertad porque tuvo acceso a un proceso legal en Chile en entrevista con un medio masivo de la oligarquía colombiana.

La periodista, Claudia Gurisatti de RCN (emisión La Noche), le hace reiteradas veces a Manuel Olate preguntas capciosas e insidiosas, con una prosodia llena de énfasis tendenciosos, pasando de la acusación vehemente a la sorna.

Una prosodia tan marcadamente tendenciosa que el entrevistado y el espectador pueden preguntarse si el trabajo de la periodista no es tanto el hacer periodismo como el hacer la propaganda del Estado colombiano. La periodista repite incesantemente los conceptos martillados por la falsimedia como "terroristas" para designar a la insurgencia (según imposición de las listas Bush y Uribe).

Sin embargo Manuel Olate contesta desde la dignidad y la verdad con maestría.


Una entrevista que merece ser vista porque pone en evidencia dos cosas fundamentales:

Por un lado el carácter propagandístico de los grandes medios colombianos, cuyos periodistas fungen más como parte de un sistema de persecución y linchamiento, que como periodistas en labor de investigación (como también ha quedado más que patente en la arremetida mediática contra el libre pensador Miguel Ángel Beltrán).

Por otro lado la entrevista pone en evidencia la claridad del comunista Olate y la importancia de poder asumir un pensamiento crítico, y ejercer la investigación y el periodismo, como Olate lo hizo entrevistando al comandante de las FARC Raúl Reyes: como parte de la necesidad que existe para comprender la realidad colombiana de tener acceso a todas las fuentes, en las que obviamente debe estar incluída la insurgencia.

Otra cosa que se desprende de la entrevista y del caso de persecución política contra el comunista Manuel Olate, es el nefasto desarrollo de una cacería humana contra luchadores sociales y contra el pensamiento crítico, implementada desde EU con la imposición de sus "listas de terroristas", las cuales son ilegales a la luz de numerosas constituciones.

La Corte Suprema de Justicia colombiana invalidó como "pruebas" los computadores de Raúl Reyes, los cuáles fueron aducidos como contenedores de plétora de "pruebas" por los militares colombianos, siendo que se rompió la cadena de custodia, y que en la operación Fénix fue violado el DIH, violando la soberanía del Ecuador, y asesinando a mansalva a civiles y a personas heridas: crímenes cometidos por el ejército colombiano. 

En razón del rompimiento de la cadena de custodia la Corte Suprema declaró invalidas las pruebas que los militares aducen haber encontrado en los computadores atribuídos por estos mismos militares al fallecido Raúl Reyes.

No obstante la sentencia de la Corte Suprema, el Procurador Ordóñez y sus fiscales aún no han liberado a todas las personas que esta decisión de la Corte debería haber dejado en inmediata libertad, dado que sus juicios reposan únicamente en esas "pruebas" invalidadas.

El periosdista Joaquín Pérez Becerra ya debería estar libre en virtud de esa decisión de la Corte Suprema, pero el estado colombiano se ensaña contra él y lo mantiene encarcelado en lo que es una evidente judicialización política.

El aparato judicial encabezado por Ordóñez se ha caracterizado, y caracteriza por ser un ente persecutor: no en vano el régimen colombiano ostenta un vergonzoso record de presos políticos (con 7.500 presos políticos), la Procuraduría colombiana anunció que no está de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y ha presentado un recurso de consideración, respaldado por el presidente Santos, contra la decisión de la Corte.

La periodista de RCN que entrevista a Manuel Olate inyecta numerosas preguntas insidiosas y hace gala de una prosodia francamente partisana, tanto es así que Manuel Olate le llega a preguntar, cuando el acoso se vuelve más que evidente por parte de la periodista:  "¿Usted es periodista o trabaja para el gobierno colombiano?"

Claudia Gurisatti insiste en una cuestión que parece ser la única base de la argumentación del estado colombiano:  "¿uno para entrevistar a Raúl Reyes se viste con camuflado?"

Manuel Olate le contesta que por evidentes razones de seguridad los visitantes se pusieron el camuflado; pero la periodista vuelve una y otra vez sobre el mismo punto de manera obsesiva, cuando ya quedó demostrado (hasta en la corte chilena) que el asunto de "modas" no es prueba de nada.  

La actitud persecutoria de la periodista  Claudia Gurisatti  en la entrevista a Manuel Olate no es casual, es una constante en los medios colombianos: esta actitud que pueden constatar en el video da testimonio de que Colombia es un país totalmente sumido en un régimen inquisitorial que recorta toda libertad de expresión desde el mismo estado.

En la persecución del pensamiento crítico están implicadas tanto las estructuras (fuerza pública) como las superestructuras del estado colombiano (judicializaciones, periodismo persecutor del pensamiento crítico, etc), y también está implicada la herramienta del terror y persecución al pensamiento crítico que es la herramienta paramilitar que actúa desde un estatus de ilegalidad, pero con total anuencia y coordinación con la fuerza pública, como es denunciado incesantemente por las comunidades y los sobrevivientes de las masacres.

He aquí algunos extractos transcritos de la entrevista, que sin embargo debe ser escuchada y vista para captar toda la amplitud insidiosa de la prosodia de la periodista.

Gurisatti con una pregunta tendenciosa e inexacta (porque sí hubo un juicio que absolvió a Olate):  "¿A usted no le hubiera gustado un juicio en el que lo hubieran absuelto, y usted estaría hoy ante Chile y sobre todo ante las víctimas del terrorismo de las FARC diciendo quedó demostrado definitivamente que yo no era auspiciador del terrorismo?"

Olate:  "Bueno aquí se hizo un juicio que terminó el 15 de enero, un juicio intenso, riguroso, llevado por uno de los ministros más sólidos de nuestra Corte Suprema y él acreditó que todas las actividades que nosotros realizábamos en términos internacionales eran lícitas (...) por tanto mi inocencia quedó acreditada (...)

Nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que la conclusión a la que se debía llegar tanto en términos formales como de profundidad era que yo no podía ser extraditado porque    la petición de extradición no era seria"

Gurissati, dando por ciertos los supuestos contenidos de los computadores aducidos por los militares colombianos y repercutidos hasta la saciedad por la prensa de la oligaquía, contenidos aducidos  que la misma Corte Suprema de Justicia ya declaró inválidos: "Volvamos a lo que la opinión pública ha conocido de los computadores de Rául Reyes: ¿Usted es Roque? ¿Usted es alias Roque?"

Olate:"No, eso también quedó acreditado en el primer juicio. Yo no soy Roque, la verdad ni sabemos si existe Roque"

Gurisatti en tono acusatorio:  "¿Usted por qué se reunía con Raúl Reyes?, ¿por qué iba a su campamento clandestino y se reunía?, ¿qué lo motivaba a ello?

Olate:  "Yo soy parte del partido Comunista de Chile, y nosotros teníamos interés de conocer la posición de las FARC sobre la entrega de prisioneros, entonces lo que hicimos en esa oportunidad fue una entrevista a Raúl Reyes"  (la entrevista mencionada se puede leer aquí:  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64580

Gurisatti:  "Y uno para entrevistar a Raúl Reyes se viste con el uniforme de esa organización que comete crímenes?"

Olate:  "Desde nuestro punto de vista las FARC son una organización insurgente que lucha por el poder político en Colombia. No podemos a priori descartar que pueden cometerse algunos ilícitos dentro de esa lógica del conflito interno colombiano, y no considerábamos que eran un grupo terrorista, de hecho en Chile no era considerado un grupo terrorista, las FARC, y aún todavía hoy no son consideradas como un grupo terrorista(...)"

Gurisatti, con otra pregunta capciosa:  "Uno entiende que haya labores humanitarias, uno entiende que haya labores de acercamiento que puedan terminar en fines buenos, pero por qué identificarse con una organización que ha creído en la violencia, y en la violencia más bárbara par lograr sus objetivos?"

Olate:  "Nosotros creemos que en Colombia existe un conflicto interno que tiene más de 50 años, y donde se están cometiendo ilícitos de parte y parte (...)  el gobierno colombiano comete actos de terrorismo, usted lo debe saber mejor que yo: el caso de los falsos positivos, el caso de periodistas asesinados (...) una serie de asesinatos cometidos con el aval y la anuencia del estado, que a nosotros nos parecen mucho más graves porque es el estado quién debe cautelar los derechos y las garantías de las personas.

Dentro de esa lógica nosotros siempre nos acercamos en el intento de buscar  caminos de paz, de diálogo entre la insurgencia y el estado colombiano. Por nuestra parte la responsabilidad que nos cabía dentro de la lógica de ser una organización de izquierda, era acercar posiciones con la guerrilla colombiana".

Gurisatti, en tono de burla, mofándose de la explicación que le acaba de dar el entrevistado, y poniendo en duda que el ejército cometa crímenes:  "Bueno, y suponiendo que en esos caminos de paaaaaaaz, ustedes tuvieran que encontrarse con el ejército colombiano que consideran, ustedes, como me lo dice....eh...umm... 'personas que también cometen crímenes', ¿entonces usted se pondría el camuflado del ejército colombiano para hablar con el ejército colombiano?"  Gurisatti termina la frase ya fingiendo contener a duras penas la risa, en un tono de sorna, con muy poca ética periodística.

Olate:  "¿Usted cree que el ejército colombiano entonces no ha cometido esos crímenes de los falsos positivos?

Gurisatti lo interrumpe y olvidándo que ella misma fue la que puso en tono de duda los crimenes cometidos por el ejército, arremete en tono acusatorio:  "Usted se ha vestido con un camuflado de una organización que ha usado la violencia y usted muy bien lo sabe, ¡hay fotografías suyas con un uniforme!"

Olate:  "Estando en una zona de guerra como la que estábamos, evidentemente si las FARC nos decían que teníamos que ponernos esa camisa, por razones que ellos conocían (...) Suponemos que era por seguridad en terminos de que era una zona que podía ser vista desde el aire."

Gurisatti, de repente tuteando al entrevistado, y en tono peremptorio:  "Cuando la Corte Suprema de Chile toma esa decisión de exigirle esas explicaciones al gobierno colombiano sobre la ilegalidad de la pruebas, dijiste una cosa Manuel, dijiste que esas pruebas fueron recaudadas incluso por personal que cometió 'crímenes de lesa humanidad', ¿me puedes explicar a qué te refieres, y por qué 'crímenes de Lesa Humanidad'? "

Olate:  "Porque en el primer juicio el ministro Sergio Muñoz, en su sentencia, dijo que precisamente esas pruebas eran ilícitas porque habían sido recaudadas violando la soberanía , -y aquí no estoy de acuerdo con lo que dice el jurista de que la operación Fénix fue ajustada al DIH, no es así (se refiere al jurista presente en el plateau de la Noche),-

no hubo persecución en caliente, se violó la soberanía, y además se asesinó a civiles, allí habían civiles mexicanos que tenían permiso para estar en Ecuador y que fueron asesinados en esa operación(...)    El ministro Muñoz dijo claramente que ahí se habían cometido crímenes de Lesa Humanidad; entonces no es una cosa que yo estoy diciendo porque a mí se me ocurre,-

lo dijo un prestigioso ministro de nuestra Corte Suprema de Justicia en su sentencia(...) dice que allí se cometieron crímenes de Lesa humanidad: había gente que estaba durmiendo y fue asesinada, había civiles desarmados y fueron asesinados: y quién hizo eso fue el ejército colombiano."

Gurisatti:  "Pero usted está sustentando que el estado colombiano debe indemnizarlo porque por su pedido de extradición, y por la determinación de la fiscalía general de Colombia y la orden de detención que lo puso preso esos 2 meses, ¿entonces le tienen que pagar esos perjuicios que le causó esa detención?"

Olate:  "Si a usted no le parece que estar preso siendo inocente, es razón suficiente para demandar no sólamente al estado colombiano sino al mundo entero si es necesario, no entendemos la libertad de la misma forma.

Para mí es fundamental la libertad, y por tanto considero injusto el habérmela quitado solamente por pensar diferente, por disentir y por tener una posición política, a mí me parece que definitivamente si no hago eso (demandar), es como decirle al estado colombiano que hizo bien (...) cuando las pruebas que tenía contra mí eran falsas, faltas de seriedad (...)"

"Soy perseguido político por el estado colombiano"

Gurisatti:  "Usted por qué cree que es perseguido político, es decir, usted no cree que la justicia colombiana tendría el derecho de haber investigado, de haber indagado este caso después de esas fotografías (énfasis) y todo lo que encontraron..."  Gurisatti cuando se refiere a 'la justicia' se refiere a la fiscalía que implementó la persecución.

Olate: "Yo creo que la Corte Suprema Colombiana está haciendo lo que corresponde, es la decisión la más digna, la más apegada al derecho"  Olate se refiere a la decisión de la Corte Suprema de invalidar las "pruebas" que los militares colombianos aducen haber extraído del computador atribuído por los militares a Raúl Reyes.

Gurisatti, fingiendo no haber captado la diferencia entre la Corte Suprema y la fiscalía que en este caso de la persecución se enfrentan:  "Y eso no le demuestra a usted que realmente no hay intención política sino realmente una intención jurídica?...judicial...?"

Olate:  "No. Cuando yo digo que soy perseguido político, no estoy perseguido por la justicia colombiana, sino por el estado colombiano (...)"

Periodista  Claudia Gurisatti , en un tono que pasa de la insidia  inocente  a la enumeración inquisitorial:  "Um... Manuel, y... Usted... se arrepiente o no, de haber ido a ese.. um.. campamento de Raúl Reyes, de haberse puesto un camuflado, que esas fotos hayan salido (...)

Manuel Olate:  "¿A Ecuador?"

Gurisatti, exclamativa:  "¡Al campamento ilegaaal, al campamento clandestino de Raúl Reyes!"

Olate:  "Pero por qué me voy a arrepentir de haber estado en Ecuador?(...)"

Gurissati:  "¡Nooooo! ¡pero en el campamento de él!... ¡de un jefe criminal!"    (el análisis de la prosodia de la periodista no tiene desperdicio: evidente intencionalidad propagandística en las exclamaciones, las pausas, los acentos, los tonos)

Las intonaciones de la periodista ritman sus reiteradas preguntas insidiosas.

Manuel Olate, ya cansado de la misma insistencia persecutoria para que se 'arrepienta':     "¿Usted es periodista o trabaja para el gobierno colombiano?"    

Claudia Gurisatti, insistente, quiere que el entrevistado muestre su 'arrepentimiento':   "¿No se arrepiente de haber ido a un campamento de un criminal?"

Olate:  "Yo le hice una entrevista a un jefe guerrillero...hasta este momento...

Lo interrumpe Gurrisati, en tono exclamativo:  "Yo también he entrevistado a muchos jefes guerrilleros, ¡y Jamás me puse un camuflado! ¡Nuuunca me he puesto un camuflado!

Olate:  "Eso tiene que ver con las condiciones en que usted hizo su entrevista, no son las mismas en las que yo hice la mía"

Gurisatti:  "¿O Usted no cree que Raúl Reyes era un criminal?"

Olate:  "Yo entiendo que Raúl Reyes era el dirigente de las FARC que estaba destinado al trabajo internacional, que estaba buscando caminos de acuerdo, que estaba en el intento de la entrega unilateral de prisioneros:    a ese guerrillero fue al que yo le hice la entrevista. Si yo hubiera pensado que el era un criminal malamente podría haber intentado hacer esa entrevista"

Gurisatti:  "No, porque uno a veces tiene que escuchar a los criminales, y más en ese tipo de procesos..."

Olate:  "Sí, yo por ejemplo a Uribe lo escuchaba todo el tiempo: sus posiciones respecto a la situación colombiana y es..."

Gurisatti lo interrumpe alzando la voz por encima de la del entrevistado:  "¿Usted cree que Uribe es un criminal y que Raúl Reyes no es un criminal?"

Olate:  "Yo creo que: 'por sus obras los conoceréis'"  


Obviamente, no podía faltar, en la arremetida de la periodista se tocan los puntos más trillados que adelanta falsimedia. La periodista repite que Raúl Reyes era un "terrorista", y se le olvida decir que era un sindicalista trabajador de la multinacional Nestlé en Colombia, antes de ingresar a la guerrilla tras ver caer uno a uno a sus compañeros de militancia política y del sindicato.

No se dice que hasta hoy Colombia es el país en el que son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, asesinados por la herramienta paramilitar y la fuerza pública, en una constante de callar la reivindicación laboral, social y ecológica mediante el exterminio.

Sólo en los primeros 6 meses de 2011 han sido asesinados 20 sindicalistas en Colombia, por la herramienta paramilitar en connivencia con la fuerza pública: la impunidad es total.

La periodista Gurisatti, obviamente también menciona el tema del secuestro, y se le olvida decir que la mayoría de secuestros en Colombia los comete la herramienta paramilitar y el Estado colombiano, solamente que de esos secuestros mayoritarios nadie habla, nadie habla cuando son incluso peores, porque son secuestros doblados de torturas y asesinato con desaparición del cadáver: se llaman desapariciones forzadas.

La desaparición forzada perpetrada por el régimen "democrático-paramilitar" de Colombia rebasa las cifras de la desaparición forzada de las dictaduras del Cono Sur: la propia ONU reconoció, en mayo 2011, al menos 57.200 víctimas del crimen de estado de la desparición forzada.

Pero del crimen de estado de la desaparición forzada los medios no hablan, cuando sí hablan hasta la saciedad e incluso inventan mucho en el tema del secuestro por parte de las guerrillas: porque si bien los civiles pueden ser nombrados "secuestrados", los militares en manos de la insurgencia no lo son a la luz de derecho internacional y de toda racionalidad: son prisioneros de guerra.

Pero a los prisioneros de guerra que tiene la guerrilla la falsimedia los llama "secuestrados", mientras que paralelamente oculta que en las cárceles colombianas sí hay miles de secuestrados por el estado: aquí ya no hablamos de diez civiles, hablamos de más de 7000 civiles que sufren secuestro estatal.

Lo que no se dice en la entrevista es que en Colombia hay 7.500 presos políticos, más de 7000 de ellos son civiles encarcelados bajo montajes judiciales; es con uno de esos montajes judiciales que el estado colombiano pretendía enjaular y castigar al comunista Manuel Olate por su actitud solidaria, y su labor investigativa.

Pero felizmente para Manuel Olate, este tuvo acceso a un debido proceso en Chile ante el pedido de extradición del estado colombiano, y gracias a la labor de su defensa y la carencia absoluta de seriedad de las "pruebas" aportadas por el estado colombiano, logró su libertad.

Manuel Olate tuvo la suerte de que le fueran respetados sus derechos, y que fuera respetada la debida legalidad para una extradición; no como lamentablemente ocurrió en abril 2011 con el periodista sueco Joaquín Pérez Becerra quién sufrió una total violación del debido proceso necesario a una extradición,-

y sufrió una total violación del DIH y del derecho a defensa por parte de las autoridades venezolanas quiénes lo entregaron al estado colombiano, en una violación del DIH que dejó consternadas a millones de personas.

En la arremetida evidentemente partisana de la periodista Gurisatti, en su tono inquisitorial y su sorna, queda retratada la represión a las ideas, la represión al pensamiento crítico que sufre el pueblo colombiano.   Vea el video:


domingo, julio 17, 2011

Guapí, Cauca
Denuncian que población civil ha quedado en medio de los enfrentamientos armados y que el ejército allana las viviendas de manera arbitraria
Por Notimundo. Con información de las comunidades

Desde el 29 de junio, hasta hoy 14 de julio de julio de 2011 y de manera esporádica se han venido enfrentando el ejército y las Farc, en el territorio colectivo del Consejo comunitario del Alto Guapi, municipio de Guapi, costa pacífica del Cauca.

Al parecer los habitantes de las comunidades de los consejos comunitarios de Napi, San francisco y del Alto Guapi, están siendo sometidas por el ejército a restricción alimentaria, afirma la denuncia.

A raíz del recrudecimiento de los combates y los allanamientos arbitrarios que hace el ejército a las viviendas, desde el día miércoles 13 de julio de 2011, la población de Caimito se ha estado desplazando.

Hay información de que el 95 por ciento de los pobladores de Caimito, estimados en 250 habitantes aproximadamente, se encuentran desplazados en la localidad de Callehonda, en estado de confinamiento.

“Reiteramos las exigencias al gobierno nacional y los actores del conflicto armado que libren la guerra fuera de los territorios colectivos étnicos, y respeten los protocolos del derecho Internacional humanitario entre los cuales está la distinción de la población civil”, dicen las comunidades en su denuncia remitida a Notimundo.

Igualmente solicitan a los organismos de derechos humanos y a la comunidad nacional e internacional, fijar especial atención frente a la crisis humanitaria que se presenta y el riesgo que corren la vida y la integridad de la población civil.

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