Crisis humanitaria en el medio Guaviare
Por Cinprodec

Desde finales del año 2002, los pueblos indígenas y la población civil del río medio Guaviare, han venido sufriendo de manera escalonada la intensidad el conflicto armado que vive el departamento del Guaviare.

En los últimos dos años ha generado la mayor incidencia de desplazamiento forzado, especialmente de los pueblos indígenas Guayabero y Nukak que habitan esta zona, comprendida por los departamentos del Meta, sur del Vichada, Guaviare y Guainía.

Desde finales del año 2005, el 100 por ciento de la etnia Nukak, aproximadamente unos 186 indígenas, que por milenios han habitado esta zona del país, fueron desplazados de manera forzada por la intensidad del conflicto que les impide la libre movilidad por su territorio.

Se suma a lo anterior el asesinato selectivo de los indígenas Monikaro Nukak Maku, en ebrero del 2008 en el resguardo Barranco Colorado y Daniel Nukak Maku, quién fue asesinado en el mismo resguardo un mes despues. Ambos pertenecientes a esta tribu nómada.

Similar situación vive el pueblo guayabero como resultado de la escalada y degradación de la guerra que se vive en sus territorios. Se registran a la fecha 186 integrantes de este pueblo, el 80 por ciento, en situación de desplazamiento.

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La situación es especialmente dramática para los niños, quienes se hallan en la orfandad y la desprotección careciendo de su propia seguridad alimentaria. El cambio de hábitos alimentarios causan alteración de su ciclo de vida y de la salud en el campo genético.

El pasado 19 de Julio el indígena guayabero Marquito González, fue ejecutado extrajudicialmente en el Resguardo de Barranco Colorado, ocasionando este hecho un desplazamiento forzado masivo hacia el municipio de Mapiripán, Meta.

Abandonados históricamente por el estado Colombiano, estos pueblos sufren las consecuencias de la falta de atención en materia de educación, salud, obras de infraestructura, proyectos productivos sociales, ambientales, y económicamente justos y equitativos.

Desde la concepción de la mal llamada “Seguridad Democrática”, la entrada de miembros del Ejército Nacional en la zona ha ocasionado el recrudecimiento de la guerra agravando la crisis humanitaria.

Hoy es indispensable la presencia del Estado, mas allá de la militarización, que reconozca a la población civil como sujetos de derecho, llegando con proyectos orientados al mejoramiento integral de la calidad de vida de la población indígena y no indígena que ocupa el territorio del epartamento del Guaviare.

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Situación de los derechos humanos en Colombia
La peor de América Latina y una de las más graves en el mundo
Por Camilo Raigozo. Voz

Las desproporcionadas cifras de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, persecución contra sindicalistas, defensores de derechos humanos,

reclutamiento de menores y detenciones arbitrarias, entre otras violaciones, hace que la situación de los derechos humanos en Colombia sea la peor en América Latina y una de las más graves en el mundo.

Conocidas las abismales cifras sobre ejecuciones extrajudiciales en las que están seriamente involucradas las fuerzas de seguridad del Estado, otros agentes del mismo y paramilitares,

la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, urgió coordinar esfuerzos y liderazgos para esclarecer y poner fin a esas prácticas criminales.

Los últimos casos conocidos, no los únicos, son la desaparición de jóvenes del sur de Bogotá, aparecidos luego como “dados de baja en combate” por el ejército en Ocaña, N. de Santander, donde inicialmente se habló de 11, luego de 19, más tarde de 36 y finalmente ya se acepta que son más de 100 los cadáveres enterrados como N. N en esa localidad.

Según la secretaria de gobierno del Distrito, Clara López Obregón, esas personas fueron desaparecidas para su posterior asesinato.

Desde e 2002 a la fecha se han reportado 125 ejecuciones extrajudiciales en el oriente de Antioquia, que constituyen el 40 por ciento de todos los falsos positivos presentados por el Ejército como guerrilleros abatidos en combates. Córdoba, Sucre, Meta, Arauca, Risaralda, Nariño Valle y Cauaca, son entre otras las zonas que presentan este flagelo.

De 1.015 casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos por la Fiscalía, hay 750 militares investigados, 180 acusados y 50 condenados.

Los casos registrados son solo una parte, pues una gran cantidad no denuncia por temor, por desconfianza en la justicia y por amenazas de los mismos victimarios.

En los seis años de mandato de Uribe, han sido asesinadas al menos 13.634 personas por motivos políticos.

El desplazamiento forzado, que tratamos en otra sección de esta misma edición, es otra de las perlas de la administración Uribe. En el primer semestre de este año aumentó en más del 41 por ciento.

En cuanto a la tortura, trato cruel, inhumano y degradante, la Coalición Colombiana Contra la Tortura logró documentar 97 casos el año pasado, de los cuales, en 27 las víctimas fueron torturadas y dejadas con vida y en 43 casos, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas por los victimarios.

Formaron parte de las personas martirizadas 11 niños y 18 mujeres. En el 90.1 por ciento de las torturas que se lograron documentar está comprometido el Estado.

Por acción directa de sus agentes en el 70.4 por ciento y por el uso de la estrategia paramilitar en el 19.7 por ciento.

En lo que va corrido del año han sido asesinados al menos 41 sindicalistas, por lo que una delegación de Union Network International (UNI), una de las asociaciones de sindicatos independientes más grandes del mundo, le pidió el pasado 1 de octubre a las autoridades colombianas aclarar dichos asesinatos.

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Paramilitares amenazan y saquean a desplazados en Tumaco, Nariño
Por Camilo Raigozo. Voz

La Mesa Distrital de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Tumaco, denunció ante la opinión pública nacional y extranjera las amenazas que paramilitares han venido haciendo a las comunidades desplazadas en Tumaco, Nariño.

El lunes 6 de octubre pasado, en las horas de la mañana, un grupo de personas colaboradoras de grupos al margen de la Ley, amenazaron y agredieron físicamente a los miembros de la Junta Directiva de la Asocacion de Desplazados Asdpfrod.

Los ‘paras’ hurtaron al menos dos toneladas de alimentos de la bodega de la organización afectando la alimentación de niños en alto riesgo de desnutrición y de sus 50 familias que han llegado en condición de desplazamiento involuntario.

Al día siguiente en horas de la tarde, sujetos extraños llegaron hasta las viviendas de los directivos de la organización de desplazados ubicando el paradero de estos.

Las comunidades han dado a conocer estos hechos a la Policía, el Ejército, la Defensoría y la Secretaría de Gobierno, para que estos entes tomen las medidas de protección.

Las personas amenazads son: Camilo Hernando Muñoz, Wilson Sánchez, Andrés Mauricio Hurtado, Gelen Yud Martínez y Jhon Jairo Valencia.

El pasado 7 de octubre, sicarios acabaron con la vida del líder del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, Armenio Cortés. Según las comunidades, existe un “Plan Pistola” para asesinar a los líderes de desplazados, derechos humanos y de otras organizaciones sociales.

La población y sus líderes en peligro, hicieron un urgente llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, y a los organismos de control del Estado a que insten al gobierno a tomar las medidas de protección pertinentes.

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Día Mundial de la salud mental
Impactos del conflicto armado en la salud mental de los colombianos
Por Corporación Avre

El 10 de octubre, ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud –OMS, como el día mundial de la salud mental, con el propósito de llamar la atención de la sociedad sobre la necesidad de identificar, tratar y prevenir algunos trastornos emocionales, para este año el tema se centrará en el suicidio como causa destacada de muchas muertes prematuras y prevenibles.

El suicidio es la décimo tercera causa de muerte en el mundo. Estudios de autopsia psicológica demuestran que en 90% de los casos de suicidio consumado se presentaban enfermedades mentales no diagnosticadas, que de haber sido atendidas se hubiera evitado este tipo de desenlace.

La enfermedad mental más frecuente que conduce a intentos de suicidio es la depresión, presente en el 80% de las personas que lo han intentado.

Las condiciones sociales de desarraigo y exclusión social, la falta de participación en redes sociales, carencias afectivas y dificultades en reconocer el papel esperado en la sociedad, dificultan el sentido de pertenencia y de identidad.

Estos factores propician la depresión y el suicidio, fenómeno que el sociólogo Emil Durkheim llamó suicidio anómico, para referirse a las condiciones sociales de precariedad que impulsan a los sujetos a este tipo de salidas desesperadas.

Es por esta razón, que las cifras de suicidio nos pueden servir de indicador del estado de salud mental de una sociedad.

Para el caso de Colombia, las cifras de suicidio, de homicidio y de otros actos violentos como el maltrato intrafamiliar, la violencia sexual y el desplazamiento forzado, nos sirven de termómetro para evaluar el grado de deterioro de nuestra sociedad.

El panorama al que nos asomamos diariamente a través de los medios de comunicación es desolador en muchos casos, indignante en otros, pero siempre perturbador y apabullante, al punto que podemos afirmar que la salud mental de las víctimas de esta violencia siempre está afectada en mayor o menor medida, pero también afectada la salud mental de quienes sirven de testigos y espectadores de lo que a diario pasa en el país.

Esto no quiere decir, como afirman muchos, que los colombianos y colombianas estamos enfermos mentales o que vivimos en un país de locos.

Mejor, afirmamos que estamos en un contexto social opresivo y autoritario, donde el sufrimiento impuesto por las condiciones de vida hace muy difícil vivir y la violación constante de los derechos de las personas hace incluso difícil sufrir.

De ahí, que nos mal adaptemos a convivir en medio del dolor y la atrocidad, unos anestesiados e indiferentes, intentando vivir en globos de cristal; otros marcando diferencias y exclusiones dogmáticas como las que se ven en el fanatismo político, el religioso, el étnico o el deportivo.

En este marco, es oportuno referirse a la salud mental de los y las colombianas, que han vivido por más de 40 años en medio de un escenario de violencia política y conflicto armado interno, que ha víctimizado principalmente a la población civil.

En los últimos 20 años más de 70.000 personas civiles han sido asesinadas, más de cuatro mil muertes cada año por razones sociopolíticas[2], cientos de miles han sido amenazadas, torturadas o desaparecidas y más de 3 millones se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

El conflicto armado interno en Colombia ha sido irregular, prolongado y tiene raíces estructurales históricas de índole económica, social, política, cultural e ideológica, consecuencia de la pobreza extrema, la inequidad, la injusticia y la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales y las necesidades básicas de la población colombiana, escenario en el cual la violencia ha sido el medio utilizado por todos los actores armados para obtener, mantener y consolidar control sobre territorios, recursos y ciudadanos[3].

Este contexto prolongado de violencia exacerbada, ha generado impactos psicosociales y en la salud mental de personas, familias, comunidades y en la sociedad en general.

En esta última, uno de los impactos más destacados ha sido la progresiva legitimación y justificación del uso de la violencia y el poder autoritario por encima de las prácticas deliberativas y democráticas; reforzando en el colectivo, imaginarios que acentúan la intolerancia, la individualidad, la estigmatización y generan mayor polarización.

En este sentido, muchas personas se muestran indiferentes ante la violencia y perciben la militarización y el conflicto resuelto por la vía violenta como algo normal o deseable, hasta el punto que, su naturalización, impide emprender acciones para defender o reestablecer derechos que están en riesgo o que ya han sido vulnerados.

Por otro lado, en un gran porcentaje de la población, se ha generado una especie de amnesia colectiva, que se refleja en apatía, negación del conflicto, evasión y difusión de las responsabilidades, así como en dificultades para adelantar acciones solidarias y trabajo colectivo.

En consecuencia, uno de los efectos más dramáticos del conflicto colombiano, ha sido la desestructuración del tejido social, que se manifiesta en desconfianzas, descoordinación, silenciamiento, miedo, dificultad para mantener y consolidar procesos organizativos e inmovilización.

Ante este escenario, el acompañamiento psicosocial y la atención en salud mental, contribuyen a integrar nuevos elementos de análisis que promuevan mensajes y acciones acordes a la dignidad de todo ser humano y la defensa de derechos, así como a sensibilizar sobre la necesidad de establecer salidas civilistas y negociadas al conflicto armado, como escenario para cambios estructurales y caminos para el establecimiento de la paz y la garantía de los derechos fundamentales de toda la sociedad.

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[1] Documento realizado por la Corporación AVRE (Acompañamiento psicosocial y en salud mental a víctimas de violencia política). Apartes de este documento fueron publicados en el periódico Portafolio del 10 de octubre de 2008.

[2] Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿Desmovilización o legalización? Amnistía Internacional, 2005

[3] “El problema de la violencia en Colombia es de larga data y de gran complejidad. La estabilidad de instituciones democráticas está afectada por profundas desigualdades sociales y altos índices de violencia cuyo significado no puede reducirse a la sola violencia terrorista.

“Esta es una situación que exige de soluciones cuya búsqueda no puede ser postergada. Sin embargo, el camino hacia la convivencia pacífica no es sencillo: sucesivos gobiernos han fracasado en sus intentos de erradicar la violencia o han logrado éxitos parciales o relativos en el área de las soluciones negociadas.

“Dado este contexto, la complejidad de la situación indudablemente requiere de esfuerzos extraordinarios para recuperar la paz y asegurar el imperio de la ley para todos los colombianos.” En: Informe sobre el proceso de desmovilización. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciembre de 2004.

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Mortandad democrática/

Ejecuciones extrajudiciales

El escándalo sobre la desaparición de personas en diferentes puntos del país, que luego aparecen como “guerrilleros dados de baja en combate” por el ejército, sigue suscitando estupor e indignación a medida que se conocen más detalles.

Como un servicio a nuestros lectores, a continuación transcribimos apartes de un artículo de la revista Semana titulado “Tesis macabra”:

Dos casos investigados por la Fiscalía darían la clave de qué está pasando con los muchachos que aparecen como bajas en combate. Sería obra de una red criminal de tráfico de personas a la que estarían vinculados militares.

La clave para resolver el misterio de lo que pasó a los 11 muchachos que desaparecieron del sur de Bogotá y que fueron supuestamente muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander, puede estar en otros dos casos similares que ya investiga la Fiscalía desde hace unos meses y en los cuales están detenidos los responsables de reclutar a los jóvenes.

Los reclutadores, en estos dos casos, han confesado a los fiscales que ellos les entregaron los muchachos a miembros del Ejército y estos, posteriormente, los presentaron como muertos en combate.

El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en Barranquilla hace dos años, cuando un hombre que se identificó como informante del Ejército convenció a cuatro muchachos humildes que vivían del rebusque, para que viajaran con él a Córdoba, donde les prometió un buen trabajo.

Tres de ellos aparecieron muertos en combate uno o dos días después de que el informante se los entregó a un oficial del Ejército.

Un desmovilizado de las autodefensas que había sido contactado por el reclutador, y que después decidió no viajar, denunció lo ocurrido y gracias a su testimonio fue capturado el hombre que había sonsacado a los muchachos, quien confesó que un oficial del Gaula del Ejército, de la Brigada XI de Córdoba, le pagó por llevar a los jóvenes como carne de cañón.

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Ese mismo Gaula se vio involucrado el año pasado en un hecho idéntico que encendió las alarmas de las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, y de la propia vicepresidencia de la República.

Entre julio y agosto del año pasado desaparecieron en Toluviejo, Sucre, 11 jóvenes de entre 16 y 22 años, cuatro de los cuales eran desmovilizados de las AUC.

En algunos casos los incautos recibieron una propuesta para trabajar en una finca en otro municipio de Sucre; en otros casos se les habló de que harían parte de un grupo de las Águilas Negras.

Todos aparecieron como muertos en combates con la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre o con el Gaula del Ejército de Córdoba, uno o dos días después de su desaparición, y fueron enterrados como N. N. en los cementerios de Chinú y Sincé.

Por estas muertes ya fue capturado Robinson Eustaquio Barbosa, que era el reclutador, y hay detenido un capitán del Ejército, y este lunes se exhumarán los cadáveres para buscar nuevas evidencias que ayuden a esclarecer exactamente qué pasó con estas personas.

A la Fiscalía le preocupa además que hay por lo menos 100 jóvenes más desaparecidos en todo el país, en particular en las zonas donde están operando las bandas emergentes del narcotráfico, como el Eje Cafetero, Antioquia y los Llanos.

Las similitudes entre estos casos y el de los 11 muchachos de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar que murieron en Ocaña preocupan porque las autoridades y los observadores internacionales empiezan a ver tantos elementos comunes, que se descartaría que se trate de casos aislados, y le daría fuerza a la teoría de que se trata de un modo de operar de una red u organización criminal.

¿Cuáles son los elementos comunes? Por un lado, el perfil de las víctimas. Son personas jóvenes que viven en la marginalidad, pero no indigentes ni necesariamente delincuentes.

Más bien se trata de muchachos que buscan desesperadamente un ingreso, como los desmovilizados, y que están dispuestos a viajar a donde sea para conseguirlo.

En segundo lugar, son reclutados para irse lejos. Nunca les ofrecen trabajar o participar en grupos en su propia región. Esto hace pensar que la intención es que ni ellos conozcan la zona a la que van, ni que allí sean reconocidos.

En tercer lugar, a los investigadores judiciales les ha llamado poderosamente la atención que en los supuestos combates no suelen participar grupos grandes, pues los muertos son casi siempre uno o dos muchachos, a los que se les encuentran sobre todo armas cortas.

Es decir, si es que se presentó combate, este suele ser desigual y extraña que asociados a estas muertes no se encuentren por ejemplo campamentos u otros elementos de guerra, como sí suele ocurrir cuando las Fuerzas Armadas combaten con la guerrilla.

Adicionalmente, resulta por lo menos curioso que cerca del 80 por ciento de las bajas en combate reportadas contra las bandas criminales sean N. N., personas sin identidad, de las que no se conoce exactamente grupo de pertenencia, ni antecedentes, a pesar de que muchos de ellos fueron enterrados con sus documentos.

Si se tiene en cuenta que en el último año han muerto 500 miembros de las bandas criminales en combate, la cifra de muertos anónimos es preocupantemente alta.

Por todo lo anterior es que tanto el vicepresidente, Francisco Santos, como el Ministro de Defensa y el Fiscal General han decidido que se cree un grupo elite que aclare lo que está pasando.

Javier Fernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha sido enfático: “Esto no se puede tratar como casos aislados porque lo que estamos viendo posiblemente es la actuación de una macabra red criminal”.

El llamado de la ONU es a que no sólo se agoten los recursos jurídicos, sino los controles internos dentro de las Fuerzas Armadas para que se descubra si hay miembros de la Fuerza Pública vinculados con esta red, cómo y por qué estarían operando en ella.

Aunque muchos indicios apuntan a que existe esta red criminal de trata de personas, también quedan muchos interrogantes sin resolver.

Por ejemplo, quién paga para que los muchachos sean reclutados y trasladados hasta los lugares donde encontrarán la muerte, y por qué a lo largo de los dos últimos años esta modalidad de reclutamiento se ha extendido de una región a otra.

No se sabe exactamente qué ganan los militares que presuntamente actúan en ella. ¿Mejorar aparentemente sus resultados operacionales? ¿Dinero?

¿O simplemente es un pacto con verdaderas bandas criminales que siguen actuando impunemente mientras mueren muchachos recogidos al azar?

Hasta ahora hay sospechas, pero no evidencias, de que el caso de los 11 jóvenes del sur de Bogotá haga parte del mismo patrón. Por ahora se está analizando cada caso.

Semana tuvo acceso a las necropsias y encontró que casi todos los cadáveres recibieron seis o siete impactos de bala, que en la mayoría de los casos se reportó el hallazgo de armas cortas y en dos de ellos se trataba de fusiles. Pero todavía no se puede establecer si hubo o no combate.

El Ejército es sin duda el principal interesado en que estas muertes se aclaren, pues hay un manto de duda tendido sobre varias de sus unidades.

Y sobre todo porque, de confirmarse la tesis macabra, el país estaría ante uno de los más aterradores casos de corrupción militar.

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Malestar estudiantil por infiltración de la Dijin en la Universidad Nacional
Por Camilo Raigozo

Dos miembros de la Dijin, de civil y armados que habían sido infiltrados dentro de la comunidad estudiantil fueron descubiertos por los estudiantes de la Universidad Nacional dentro de sus instalaciones.

Cuatro estudiantes, quienes tuvieron que cubrirse el rostro con capuchas para proteger su seguridad, sorprendieron a los agentes secretos Jonathan Gutiérrez y Jhon Luís Garzón, violando la autonomía universitaria.

Los hechos ocurrieron en medio de la protesta estudiantil por la presencia en el lugar del magnate banquero Luís Carlos Sarmiento Angulo, quién horas antes le había aconsejado a Uribe decretar el Estado de Conmoción Interior, como efectivamente ocurrió.

Varios centenares de estudiantes, ofendidos por la presencia en la universidad de esta clase de ‘encapuchados del gobierno’, reclamaron la presencia de las autoridades de control para que valoraran por qué agentes encubiertos de la fuerza pública ingresan a la universidad armados y sin uniforme.

Mientras que unos 120 policías del Escuadrón Metropolitano Antidistubios, Esmad, y varias tanquetas, esperaban amenazantes en las afueras, los estudiantes procedieron a la entrega de los agentes de inteligencia a la Defensoría del Pueblo y a la Secretaría de Gobierno.

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Del mismo combo
Por: Cecilia Orozco Tascón

El agarrón por el botín de la cámara de Comercio de Bogotá no es, como se pretende, entre dos agrupaciones diferentes que se están matando por proteger los bienes de la ciudad.

Se trata de bandos de una sola liga: la de la coalición de gobierno. Así se explica que la Casa de Nariño haya hecho declaraciones de apoyo al uno y al otro, casi al tiempo.

En una esquina se encuentra gente que se ha creído que posee el título de controladora legítima e irreemplazable del poder de la entidad; en la esquina contraria se ubican quienes aspiran a saber cómo es la repartición de las canonjías que se ordenan desde allí.

Es cierto que los ciudadanos de a pie adolecemos de ingenuidad. Pero molesta que los políticos de la Cámara o sus delegados piensen que somos tontos.

¿Intentan convencernos de que hay una batalla de ángeles guardianes que se enfrentan a peligrosos asaltantes, o al revés, que éstos son los buenos y los de la Presidencia los malos? Una pizca de santidad y una tonelada de malicia es la mezcla de personalidad que definiría con certeza a cualquiera de las facciones.

El fondo real de la disputa es fácil de hallar. Tampoco hay que quebrarse la cabeza. $1.300 millones al año (hay gente que dice que esa cifra es corta), el manejo de la más importante información empresarial y comercial de la ciudad y la función que cumple la Cámara como centro de arbitraje y conciliación de los grandes negocios, no son una bicoca.

Ese triple capital alcanza para pagar viejas deudas de gratitud, o bien para distribuirlo entre organizaciones y personas naturales o jurídicas de Bogotá y de 59 municipios de Cundinamarca, pues su campo de acción no se limita a la metrópoli.

Por contera, la Cámara tiene una vigilancia pública mínima porque se ha autoproclamado como “privada y sin ánimo de lucro”, a pesar de que recauda y administra dineros de los bogotanos.

El río corría por debajo del puente cuando el vicepresidente Francisco Santos le cantó la tabla a Cambio Radical, porque Oswaldo Acevedo, que preside la junta directiva de esa institución en su calidad de delegado del Jefe de Estado, le llevó quejas del “voraz apetito burocrático” de sus contendores.

(Dicho sea de paso, Acevedo parece sufrir de similar voracidad: simultáneamente es el presidente de YanHaas, firma que hace encuestas cada tres meses para averiguar con métodos “científicos” el grado de popularidad de quien lo nombró). Santos y Acevedo defienden a la presidenta ejecutiva, María Fernanda Campo, ¿de quién? De Enrique Vargas Lleras.

Pero Enrique representa también al Presidente, como Acevedo; como el ex secretario general de Uribe, Alberto Velásquez, y como Álvaro Rincón, el esposo de la ex ministra Marta Lucía Ramírez. Éstos fungen de empresarios benefactores de Bogotá.

Tomaron partido por Enrique, José Blackburn, otro “empresario” cuyo interés es la “transparencia” de los nombramientos y adjudicaciones; y Germán Vargas, quien aunque advirtió que no quería hablar de “pequeñeces”, declaró que los “sectores mayoritarios del comercio vienen formulando cuestionamientos muy severos sobre los procesos licitatorios y asignación de contratos…”.

¡Eureka! Contratos, licitaciones y puestos, son las palabras del juego de todos ellos. Entonces que no nos echen chistes flojos.

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Juez estadounidense decidirá sí aprueba preacuerdos de “Cuco Vanoy” y “Gordolindo” con la Fiscalía
Por Comisión Colombiana de Juristas

La Comisión Colombiana de Juristas pide al Fiscal General de Estados Unidos y al Juez Moore que los preacuerdos de paramilitares extraditados sean más consistentes con los compromisos asumidos por los Estados Unidos.

El Juez K. Michael Moore decidirá el próximo jueves 9 de octubre de 2008 en audiencia, si aprueba los dos pre-acuerdos suscritos entre la Fiscalía de EE.UU. y los paramilitares Ramiro Vanoy, alias “ Cuco Vanoy” y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordolindo”.

Este preacuerdo no se refiere a las obligaciones del acusado ante la justicia ordinaria colombiana ni ante la Corte Suprema de Colombia. Solamente se refiere a los procesos de Justicia y Paz en dos sentidos: Se dispone que nada en el acuerdo impide la participación del acusado en los procesos de Justicia y Paz.

Asimismo, señala que el acusado entiende que no obtendrá más rebajas en Estados Unidos por colaborar con estos procesos. Pero, los beneficios otorgados mediante estos acuerdos no están condicionados a la cooperación de parte de los acusados con la justicia colombiana.

Es por esto que la Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado para que se garanticen los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad, compromiso asumido por los dos gobiernos poco después de la extradición de los paramilitares en mayo pasado.

Este compromiso fue confirmado en comunicación oficial del Gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 14 de mayo de 2008, donde se reitera: “Que cualquier beneficio judicial en EE.UU. estará condicionado a la cooperación con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la Reparación”

Es esencial que las autoridades colombianas como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, y la Procuraduría, se pronuncien ante las autoridades estadounidenses, especialmente ante el juez del caso, y ante la Fiscalía de EE.UU., recordándoles los compromisos políticos y jurídicos de este país en esa materia.

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Mortandad democrática/

Reportan aumento de asesinatos en los que estarían involucrados miembros de la Fuerza Pública
Por Caracol Radio

Fuentes oficiales informaron que durante los últimos seis años se han disparado las estadísticas de homicidios en los que presuntamente estarían vinculados integrantes del Ejército, la Policía y el DAS.

Caracol Radio conoció el más reciente informe de la Unidad de Derechos Humanos, en el que se advierte que los asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, pasaron de un solo caso en 2001, hasta llegar a 245 en 2007.

Según la Fiscalía, en el 2002 se reportaron siete casos de asesinatos en los que estuvieron vinculados miembros de la Fuerza Pública, 21 en el 2003, 47 homicidios del mismo tipo en el 2004 y 73 casos similares en el 2005.

La Unidad de Derechos Humanos reportó 122 investigaciones por la presunta responsabilidad de algunos militares y policías en el año 2006, 245 procesos por hechos similares en el 2007, y en un primer informe de 2008, se ha informado sobre 16 casos.

Según el informe, Antioquia es el departamento más afectado con estos hechos, con 155 asesinatos en los que estarían vinculados integrantes de la Fuerza Pública, le sigue el Meta con 107 casos, posteriormente Córdoba con 54 procesos, Norte de Santander con 26 investigaciones y Caquetá con 20 homicidios.

La mayoría de los miembros de la Fuerza Pública investigados por esos hechos son integrantes del Ejército Nacional, con 685 casos, muy de lejos sigue la Policía con 32 casos, y el DAS solo reporta cuatro casos.

Según conoció Caracol Radio, seis coroneles del Ejército están investigados por presunta responsabilidad en homicidios, así como siete mayores, 23 capitanes, 33 tenientes y 480 soldados profesionales.

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El Éxito, es un fracaso

Varias personas nos han enviado la siguiente queja para que la publiquemos, lo que haremos sin editarla, aclarando que el titular corre por nuestra cuenta:

Almacenes Éxito

Qué se manifiesten publicamente los que han sufrido estos efectos explotadores en pleno siglo 21. ¡Son unos explotadores! junto con la nueva administración de Carulla y Vivero.

Los nuevos cajeros los contratan por 6 horas diarias. (3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde o sea todo el día), por la módica suma de $320.000 pesitos y con esta oferta de que gangazo.

¿Quién no ha mercado alguna vez en el Éxito?

Esta cadena de almacenes, fue por muchos años insignia de la industria paisa. Todo el mundo compraba allí y todos los que tenían una empresa, grande o pequeña, soñaban con venderle al Éxito. Lamentablemente, las cosas ya no son así.

Desde hace meses, venimos oyendo historias de pequeños y medianos proveedores que se han quebrado por culpa de las políticas de esta cadena de almacenes que ahora incluye además a Cadenalco (Ley, Pomona, Óptimo).

¿Usted no ha oído una de estas historias? Miles de colombianos se han quedado sin trabajo por culpa del Éxito.

Mire algunas de las prácticas de esta cadena de almacenes:

Para las promociones aniversario, días de precios especiales, etc., son los proveedores los que ponen el descuento. Es decir, si le venden algo con 10 o 20% de descuento, eso lo tiene que asumir el proveedor.

Participar en las promociones no es voluntario. Los almacenes exigen que usted participe con una cuota de descuentos al año que el mismo Éxito fija. Si no participa en la promoción, no puede volver a vender en el almacén el Éxito.

Los promotores y mercaderistas los paga el proveedor. ¿Sabe cuántos empleados se ahorra el Éxito? Las empresas pequeñas le pagan un empleado más al Éxito, que se ganó el año pasado 35 mil Millones de pesos y no contrata más gente.

El 100 por ciento de los costos de impulsos, promociones, devoluciones y averías, los paga el proveedor.

Lo de las averías quiere decir, que si el proveedor entrega un producto en buen estado, pero por el mal manejo que le da el almacén se deteriora (un hundido, un rayón, etc.), eso lo asume el proveedor y no el Éxito, que por negligente lo dañó.

Si usted quiere unirse como proveedor, el primer pedido es gratis. Además tiene que pagar por la codificación en cada almacén, cómo si un computador central no pudiera pasar por red el código a todos los almacenes de una vez.

Las facturas se las pagan a 90 días y sin intereses. Mejor dicho, ellos se quedan con su plata, se ganan la renta que ella produce en 90 días y luego no le dan a usted ni un peso de esa renta. Si el proveedor quiere que se la paguen antes le hacen un descuento.

¿A usted no le parece que ya hay muchas cosas que no se consiguen en el Éxito? Acuérdese a comienzos de este año, ni siquiera se conseguían productos de Nestlé, Maggi y La Rosa.

Si empresas grandes como estas, no aguantaban más, calcule lo que sufren las microempresas. Por esto, muchos proveedores se han tenido que retirar, la mayoría porque el Éxito los quebró.

¿Sabía que el Éxito no le paga a los empacadores? Se inventaron una cooperativa que explota al trabajador humillándolo a que su salario dependa de lo que los clientes les den de propina, caso que no es obligatorio. Estos jóvenes muchas veces salen de sus casas con menos de un pasaje de bus en todo un día.

Pero eso si, al cliente hay que atenderlo y empacarle muy bien sus cosas pues es la imagen de esta paupérrima empresa de almacenes Éxito.

Piense un minuto, cuánta gente se ha quedado sin trabajo por culpa de estas prácticas desleales y sin el más mínimo sentido social.

Yo me pregunto si un almacén que reporta como ganancias netas. (después de pagar todos los gastos), 35 mil millones de pesos al año, ¿no puede ser más justo con los proveedores y los empleados?.

Si le parece injusto lo que hace almacenes Éxito - Cadenalco, si quiere ayudar a disminuir la brecha, ayudar a que ni un colombiano más, se quede sin empleo, haga algo.

Una protesta pacífica: piense cunado vaya a comprar en el Éxito y en los almacenes de Cadenalco. Espere hasta que cambien sus abusivas políticas de negociación.

Por favor pase este mensaje a sus contactos. Ayudemos a evitar los abusos.

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Presuntos ‘paras’ asesinaron a líder negro en Tumaco, Nariño
Por Camilo Raigozo

El Equipo de Derechos Humanos del Proceso de Comunidades Negras, denunció que este 7 de octubre de 2008, a la 1:05 p.m, la comunidad fue informada del asesinato de Armenio Cortés, de 46 años, miembro del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, quien se desempañaba como fiscal de la misma.

La víctima había acabado de salir de una reunión con la junta del Consejo Comunitario que se realizó en esta fecha, y terminó al medio día. Cuando Armenio estaba como a 100 metros de su casa, un hombre que lo estaba esperando le disparó causándole la muerte.

El mes anterior, habían surgido amenazas contra los líderes del Consejo Comunitario, luego de que estos denunciaran los daños ambientales que estaban causando cultivadores de hoja de coca en la zona.

El pasado 4 de octubre, fue visto un sujeto encapuchado husmeando la casa de la víctima quién huyó al ser descubierto.

Las amenazas y los hostigamientos han sido denunciados ante la Procuraduría, pero, según el Equipo de Derechos Humanos, esta lo que les ha dicho es que “no estuvieran dando papaya”.

La comunidad ha advertido que son cinco los líderes amenazados de muerte por oponerse a los planes que extraños tienen trazados para el territorio y cuyos intereses son contrarios a los de las comunidades negras.

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Mortandad democrática/

Alcalde de Bogotá urge al Ejército claridad sobre los desaparecidos de Soacha
Por Caracol Radio

El alcalde mayor de la ciudad, Samuel Moreno Rojas, en el marco del debate sobre seguridad cumplido en la Comisión Primera del Senado, sostuvo que las Fuerzas Militares tienen la obligación de hacer claridad sobre los once jóvenes que desaparecieron en el municipio de Soacha y que después fueron encontrados en fosas comunes en Norte de Santander.

Moreno Rojas dijo que no se entiende como los jóvenes desaparecieron y con solo 48 horas de diferencia aparecieron en la morgue de Ocaña, Norte de Santander.

"Eso no puede ser general", sostuvo el alcalde al referirse al comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, quien se encontraba en el recinto.

Reclamó un compromiso serio por parte de todos los organismos de inteligencia y anotó que de todo lo que se ha dicho se necesita una importante respuesta por parte de la fuerza pública.

El Alcalde se defiende

Así mismo se defendió de los cuestionamientos que hicieron sobre las cifras de inseguridad los senadores Héctor Heli Rojas, del partido liberal, y Gina Parody, del Partido de la U.

Dijo que no es cierto que en Ciudad Bolívar se presenten cuatro muertes diarias de jóvenes y que entre enero y septiembre se registraron 134 homicidios, 57 de ellos entre los 14 y 26 años, es decir hay una muerte violenta pero cada dos días.

"Ni siquiera en Bogotá hay cuatro muertes diarias. Son 50 y no 20 las familias desplazadas que llegan a la capital del país diariamente" sostuvo.

Expresó que entre el 2007 y el 2008 se redujeron los homicidios en un 22 por ciento y que en Bogotá se registran 18 homicidios por cada cien mil habitantes en comparación con los de otras capitales.

Explicó que en Cali se presentan 70 homicidios por cada cien mil habitantes, en Medellín 35 y Barranquilla 32.

En comparación con Caracas se presentan 133 muertes por cien mil habitantes, en Guatemala, 103 y en Sao Paulo 55.

La ilustración es de Notimundo.

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Etanol y neoesclavitud
Por Camilo González Posso

La huelga de los 17.000 corteros de caña está mostrando las paradojas de un modelo económico que en pleno siglo XXI combina un hiperproteccionismo de Estado para los oligopolios con formas precapitalistas de trabajo precario.

El subsidio anual que entregamos los colombianos a los productores de etanol supera los 150 millones de dólares.

Es un negocio amarrado por el lado de las ventas, pues por leyes y decretos se obliga a la mezcla mínima del 10% de alcohol carburante en la gasolina que debemos consumir. Así que no tienen que salir a un mercado libre a competir sino a uno cautivo y sin riesgos.

Por el lado de los costos y la rentabilidad, también es un negocio estado-adicto: tienen las ventajas de una zona franca, no pagan IVA, tienen rebaja en el impuesto a la renta y otras exenciones; tampoco entran en la estructura de precio la sobretasa a la gasolina o el impuesto global.

Con todas esas gabelas, a la hora de cobrar nivelan el precio del galón de etanol con el de la gasolina.

Gracias a esas ventajas obtienen o proyectan una ganancia extraordinaria, que no es más que un traslado de recursos de la población a 13 empresas, entre las cuales 3 se apropian del 65 por ciento de los beneficios.

Por el otro lado están los trabajadores y, entre ellos, los corteros, que llevan la peor parte. Reciben menos de un salario mínimo mensual -después de descuentos de la cooperativa- y viven endeudados con la "tienda" y los prestamistas al centavo, que les completan lo del mes y los ahorcan el día de pago.

Realmente trabajan al destajo y los dueños de la báscula les manipulan el pago; la jornada de trabajo (más de 9 horas/día promedio) sobrepasa las 55 horas semanales y no tienen verdadera protección ante los riesgos laborales.

Toda esa situación es administrada por la amenaza de la mecanización, que golpea en los asentamientos donde viven arrinconados con sus familias en situación de extrema pobreza.

Todo lo que piden los corteros es una relación de trabajo digno, y hasta la fecha el Gobierno y los empresarios les responden con acusaciones antiterroristas, sofismas sobre el impacto del paro en los precios de la gasolina o llamados a la "armonía laboral" bajo las mismas condiciones.

Las soluciones están a la vista, pero necesitarán un enfoque distinto a este de capitalismo parásito. Y abrirle campo a la formalización laboral, que es incompatible con la precarización impuesta por el sistema de cooperativas de trabajo asociado.

El modelo de la Casa Arana, que mostró José Eustasio Rivera en su novela decimonónica, no debería ser el espejo de la agroindustria de estos tiempos.

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La captura de la Judicatura
Por Claudia López

Quizá la institución más importante para mantener la independencia interna y funcional de la rama judicial es el Consejo

Superior de la Judicatura. Su Sala Administrativa administra el presupuesto y funcionamiento de la rama.

La Sala Disciplinaria evalúa la gestión de los despachos judiciales, actúa como instancia disciplinaria de todos los abogados y jueces del país y dirime los conflictos de competencias entre diferentes jurisdicciones.

También resuelve, en segunda instancia, los fallos contra sentencias de otras altas cortes. Por todas esas funciones, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es la columna vertebral de la independencia y funcionamiento de la Rama Judicial.

La Constitución del 91 previó que el Presidente de la República ternaría los candidatos para conformar esa Sala y la elección final la haría el Congreso de la República. El propósito del diseño constitucional era que nunca un mismo Presidente pudiera ternar a más de dos de los siete magistrados de la Sala.

El presidente Uribe, como en tantas otras materias, se dio maña de torcer la Constitución y colocar cinco magistrados. Próximamente ubicará dos más y completará la captura total de la Sala Disciplinaria.

Ahora será el Presidente -no unos jueces independientes del Gobierno- el que tendrá la potestad de sancionar a cualquier juez o abogado, del que no le gusten sus decisiones.

También podrá resolver las tutelas que le lleguen, según su conveniencia. Para la muestra, la tutela que le ordena a la Corte Suprema borrar del cohecho de la reelección al Ministro de la Protección.

El Presidente sabía que si postulaba a unos abogados serios de la carrera judicial corría el riesgo de no poder capturar la Sala. Por eso, puso en marcha una piñata politiquera a la que convidó a partidos de su coalición y les dio total autonomía para que cada uno armara su propia terna sorpresa de mercachifles confiables.

Para no correr ningún riesgo, el Presidente les dio guiños bonus para que cada partido les dijera explícitamente, a él y a los demás partidos de la coalición, cuál de los tres era el ternado de su predilección.

El ungido era protocolariamente aprobado a pupitrazo en el Congreso y luego reverentemente posesionado en la Casa de Nari. Así se consumó la captura de la Judicatura. La siguiente piñata será para la Corte Constitucional.

Los partidos uribistas, metidos hasta el cuello con la politiquería y la criminalidad, se lucieron para escoger los jueces de sus intereses.

Los reductos internos que clamaban por una selección decente fueron rápidamente expulsados de la piñata. La rapiña fue hábilmente ganada por lo más reputado de cada secta partidista.

El primer ganador fue el congresista Luis Fernando Almario, investigado por vínculos con paramilitarismo, Farc, narcotráfico y corrupción administrativa. Ese dechado de virtudes fue el promotor del hoy "magistrado" Angelino Lizcano.

Aunque para ser justos, hay que aclarar que el señor Lizcano no le debe el puestico a su ex jefe Almario, sino que se lo ganó a pulso en sus años como Secretario General de ese otro dechado de virtudes que es el Senado de la República.

Como recomendado de Colombia Democrática en general y de Mario Uribe, en particular, llegó el "magistrado" Ovidio Claros, cuya oscura trayectoria personal y pública es antónimo de su nombre.

También llegó el "magistrado" Pedro Sanabria, otra cuota judicial del ex senador Ciro Ramírez, que, según testigos de su actual proceso judicial, cobraba sus favores políticos y judiciales en cuotas de participación en los cargamentos de cocaína de los narcos y paramilitares a los que les hacía vueltas.

Nada menos que ese espectáculo 'mafiosongo' era lo que podía esperarse de la piñatización que Uribe y su gavilla partidista hicieron de la facultad que la Constitución les otorgó al Presidente y al Congreso.

Desafortunadamente, la Constitución no podía prever la clase de Presidente y Congreso que ejercerían tal facultad.

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Una visión limitada
Por Carlos Lozano Guillén. Voz

El fin de la semana pasada el fiscal General, Mario Iguarán, declaró que «el conflicto armado en nuestro país tiene dos carburantes: el narcotráfico y el reclutamiento de menores».

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Es la visión limitada que el Establecimiento tiene del largo conflicto colombiano.

Lejano de una interpretación sociológica realista de la violencia de profundas raíces en un Estado dominante despótico y de marcada desigualdad social.

Esta visión es la razón, entre otras, por la cual el conflicto no se ha podido superar por la vía política de la negociación.

El Gobierno Nacional, con la óptica sesgada al analizar los incidentes del conflicto, acusa a los corteros de la caña de azúcar de estar incitados por las FARC en su protesta social y laboral.

Desconoce la superexplotación de que son víctimas por los mezquinos empresarios de la caña.

Casi todos los corteros son parte de la población negra, discriminada siempre, a la que ni siquiera le reconocen el derecho a un contrato laboral y a la contratación colectiva.

Ahí radica el problema, pero para no afrontarlo con criterio altruista y humanista, los voceros del Gobierno y del Establecimiento, vaciados de motivación social, acuden al argumento de siempre, el viejo expediente reaccionario:

«Están infiltrados por la guerrilla; los terroristas son los que dirigen la protesta» y de paso le clavan el puñal al senador Alex López del PDA, uno de los pocos que extiende su actividad política y social en beneficio de las masas más empobrecidas, más allá de los fríos salones y pasillos del Capitolio Nacional.

Es la lógica absurda de esta clase dominante y con mayor razón del Gobierno actual indecente que la representa, para sacarle el bulto al interés colectivo y social. Lo suyo es la pequeña, pero poderosa clase capitalista, llena de mezquindades y ambiciones.

Es la opulencia del capital en la cual se reflejan todas las bajezas propias de su clase.

El conflicto tiene otros carburantes. El principal de ellos es la desmedida ambición de los capitalistas criollos de preservar sus intereses y privilegios a cualquier costo. Incluyendo la violencia, como lo demuestra la creación del paramilitarismo, su criatura diabólica y criminal.

La «parapolítica», que se anida en la «Casa de Nari», es la mejor demostración de ella. Otros factores como la antidemocracia, la intolerancia, la aniquilación física de la oposición, el ventajismo a favor de los partidos tradicionales dominantes, la desigualdad social cada vez más creciente, la entrega del país a las transnacionales y la intervención descarada del imperio del norte, son factores de vieja data, más importantes y definitivos.

El narcotráfico (no solo en los alzados en armas sino también en la oligarquía, el Gobierno y el Estado) y el reclutamiento de menores, son factores más recientes del conflicto, que junto a la desaparición forzada, el terrorismo de Estado, el secuestro y el desplazamiento, son carburantes, que revelan su degradación.

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Parauribismo/
Exclusivo: Paramilitar dice tener pruebas de reunión previa a la masacre de “El Aro”
Por Noticias Uno

El paramilitar Francisco Villalba, quien lleva 11 años en la cárcel por la masacre del Aro y ha asegurado que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, lo condecoró por ese crimen, le dijo a Arnulfo Méndez de Noticias Uno que tiene un video para demostrar sus afirmaciones..

Villalba dice eso y asegura que no se ha retractado y que no hay inconsistencias en su testimonio contra el presidente... En la cárcel de Itaguí le pregunté por esas señaladas inconsistencias.

El paramilitar Francisco Villalba, condenado junto con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso por la masacre del Aro, en Antioquia aseguró que tiene pruebas de que el entonces Gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez lo condecoró a él y a otros autores de la masacre y que no está buscando beneficios.

“Yo no necesito beneficios porque ya pagué la condena a que estaba condenado, gracias a Dios ya pagué la condena y si me toca… de que me dicen que no me quede aquí en el país, me voy a quedar aquí en el país, y lo voy a enfrentar”.

“El Presidente dice que nunca fue en helicóptero a la Caucana y menos a condecorarlo.

“El me dio las decoraciones, se lo digo de frente, él me dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso”.

Villalba ha dicho que el entonces gobernador y su hermano se reunieron con paramilitares antes de la masacre de 15 personas.

“Ahí estuvo Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, el Gobernador de Antioquia que era Alvaro Uribe, el hermano Santiago Uribe y unos ganaderos”.

El presidente reveló varias inconsistencias en la declaración de Villalba, como el hecho de que el general Alfonso Manosalva no podía haber estado en la reunión de octubre del 97 porque había muerto en abril de ese año.

"el estuvo en la primera reunión, en la primera donde estuvo Carlos Castaño, no recuerdo la fecha pero si era antes de mitad de año".

“Cómo la gente en la calle le va a creer a un delincuente como usted, que asesinó tantas personas, mientras estuvo en las autodefensas?.

“No eso es normal, que un delincuente juzgue a un corbata blanca, sabiendo que habla la verdad, como al señor Uribe, el quiere callar a todo el mundo”.

Villalba dijo que él no hizo esta carta suya de retractación que el Gobierno envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

"Esa carta fue hecha pro Chucho Sarria"

Chucho Sarria es Jesús Amado Sarria el esposo de la desaparecida “monita Retrechera”, quien según Villalba lo engaño para permitirle el ingreso al pabellón de alta seguridad de la Cárcel Modelo.

"Para ingresar a alta seguridad tienen que firmar todos los del pasillo, para ser recibido en el pasillo. El me dijo vea aquí vamos a hacer este papel, fírmeme aquí. Yo le firmé la hoja en blanco normal".

El paramilitar dice que espera que el país pueda conocer el video que asegura tener en su poder.

Video de la noticia

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ONU pide mecanismos para denunciar las detenciones ilegales
Por: Agencia EFE/ El Espectador

Los principales expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron a los Estados que garanticen a los presos un trato de respeto y dignidad, y que se garanticen los mecanismos para denunciar las detenciones ilegales.

Trece expertos en derechos humanos de Naciones Unidas publicaron en Ginebra una declaración, con motivo de la Semana de la Dignidad y Justicia para los Detenidos, en el que denuncian nuevos métodos de tortura y maltrato.

Los expertos basan sus conclusiones en una serie de visitas realizadas a centros de detención en varios países del mundo, que no citaron.

Según la declaración, hay centros de detención en los que no existen registros apropiados de los prisioneros o "peor que eso, el hecho de estar detenidos en lugares que no son reconocidos oficialmente".

Otros, agrega, son víctimas de detenciones arbitrarias, además de aquellos que están en aislamiento por disposiciones ajenas al sistema de Justicia penal, como los inmigrantes irregulares.

Los trece relatores de la ONU denuncian en su declaración haber sido testigos de distintas formas de maltrato en sus visitas a prisiones en diferentes partes del mundo.

Entre las formas de torturas y maltrato, el comunicado se refiere a las palizas, electrochoques en varias partes del cuerpo, posiciones estresantes, la colocación de agujas por debajo de las uñas, simulación de ahogo y violencia sexual.

Otro hecho, según pudieron comprobar, es que los pobres "sufren de manera desproporcionada de hacinamiento y su acceso a los alimentos y atención médica se reduce frecuentemente al mínimo".

En tanto, afirman que las mujeres corren un riesgo mayor de ser víctimas de abusos sexuales o prácticas que pueden equipararse a la esclavitud dentro de los establecimientos donde están detenidas.

"En vista de que la violación de los derechos de los detenidos tiene lugar detrás de los muros y, en muchos casos, no existen canales eficientes para denunciarlos, la injusticia generalmente queda impune", lamentaron.

Trece relatores de la ONU cuyos mandatos están de una u otra manera vinculados a la situación de los detenidos firmaron la declaración.

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El fin de los 'yuppies'
Se les puede ver en la zona T del norte de Bogotá, rumbeando y gastando, pero siempre al debe, manejando plata ajena
Por María Jimena Duzán. Semana

Si nos atenemos al escepticismo con que los analistas económicos han recibido en Colombia la aprobación del paquete de medidas votado el viernes por el Congreso norteamericano, estamos lejos todavía de conjurar la crisis financiera mundial ocasionada por el derrumbe de Wall Street. Esa es la mala noticia.

La buena es que en esta hecatombe económica no sólo han caído en desgracia los Bancos de Inversión como Merryl Lynch o Lehman Brothers, sino que con ellos ha caído también una especie del género humano engendrada por ellos mismos a mediados de los 80, para infortunio de los mortales: me refiero a los yuppies,

esa tribu urbana que personificó de manera impecable la ambición desmedida que impulsó ese auge de los bancos de inversión en las últimas décadas y que les permitió por muchos años ganar altos rendimientos haciendo millonarias operaciones de compraventa al debe, hasta que se autodestruyeron.

Con la desaparición de los bancos de Inversión, uno sí aspiraría a que los yuppies -la abreviación para Young Urban Professionals, que en castellano se traduciría en "Jóvenes profesionales en ascenso"- queden, si no extintos, al menos reducidos a su mínima expresión. Y eso, repito, no sólo es una buena noticia, sino el fin de una maldición.

En realidad los yuppies son algo más que jóvenes profesionales en ascenso. Son un ejército de consumistas pretenciosos y ególatras que crearon una forma de vida dominada por el derroche y el rápido éxito económico, especulando con el dinero de los otros.
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Se distinguen de otras tribus urbanas porque su ambición suele ser tan grande como su ropero, en el que, además, todas las prendas tienen que ser de marca.

Para desgracia nuestra, los yuppies no sólo nacieron y se multiplicaron en Wall Street, sino que son especies que aprendieron a sobrevivir en cualquier hábitat.
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Se les puede ver en la zona T del norte de Bogotá, rumbeando de noche, gastando como si fueran hijos de narcos, pero siempre al debe, manejando plata ajena.

Vivan en donde vivan, los yuppies se comportan igual. Todos viven del leasing. Ni su carro descapotable es de su propiedad, ni su apartamento de soltero, ni su televisor plasma.
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En el fondo no tienen nada, sólo su celular, y unos cuantos gramos de 'perico'. No obstante, viven como si lo tuvieran todo, pensando que la vida es como un videojuego.

A la hora de asumir riesgos, son seres sin hígados. Si los tuvieran, no habrían tenido las agallas de vender títulos que no contenían sino aire -en muchos de esos títulos había ya propiedades cuyas hipotecas pertenecían a carteras morosas- a incautos que los compraron, seducidos no sólo por la labia de estos culebreros modernos, sino por el afán de parecerse a ellos.

La huella de sus estragos en Colombia ya se empieza a sentir con la noticia de que una parte de los fondos de pensiones fue puesta en Lehman Brothers, y se acrecentaría de ser cierto lo que afirma el senador Gustavo Petro en el sentido de que el Banco de la República habría perdido 2.500 millones de dólares en reservas internacionales en el derrumbe de Wall Street, hecho que no ha sido confirmado todavía por las autoridades del Banco.

Claro que no hemos necesitado de los yuppies para tener pruebas fehacientes de la ineptidud de los administradores de los recursos ajenos. Ese es el caso de los Fondos de Pensiones que no le han dado a una sola, en las distintas etapas del ciclo económico.

A finales de los 90, muchos vimos marchitar nuestros ahorros de toda una vida cuando se estalló la burbuja tecnológica afuera, y la inmobiliaria en Colombia.
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Luego, cuando se recuperó la economía mundial, nos salieron con la excusa de que la revaluación impedía que esos rendimientos se recuperaran, y ahora, con la crisis internacional, nuestras pensiones se devaluaron.

Sean snobs y arribistas como los yuppies, o veteranos administradores de Fondos, todos hacen fiestas con la pata ajena y el que lleva del bulto siempre es uno. De todas formas, lo deseable es que por cuenta de esta crisis se acabe de desterrar el pequeño yuppie que muchos llevamos dentro.

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Cuatro personajes en busca de autor
Podríamos escribir sobre las falacias y las verdades a medias contenidas en esas páginas; pero resulta más atractivo conocer a sus desinteresados autores
Por Daniel Coronell. Semana

Podríamos escribir sobre las falacias y las verdades a medias contenidas en esas páginas; pero tal vez resulte más atractivo conocer a algunos de sus desinteresados autores.

El principal de ellos, y quien aporta el 25 por ciento del pretendido estudio académico, es el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. No vamos a ahondar en sus relaciones familiares. Esta vez nos ocuparemos de su abundante producción literaria.

La mayor parte de su prolífica obra se ha producido desde que tiene oficina en la Casa de Nariño. En la mullida silla de su despacho ha dado a luz varias piezas maestras: Del escritorio de Uribe, Reelección, que el pueblo decida, Sofismas del terrorismo en Colombia y A Uribe lo que es de Uribe.

Si de Felix B. Caignet afirmaron que era "el más humano de los autores", pronto podremos decir que José Obdulio es "el más autor de los humanos".

El impresionante catálogo fue posible gracias al aporte de los contribuyentes colombianos. José Obdulio recibe jugosos honorarios oficiales pero no es empleado público.

Mediante un artificio legal, los dineros del Estado, con los que le remuneran su lealtad, vienen puenteados por el 'Convenio Andrés Bello'. Así no hay controles, por tratarse de una entidad internacional, y el asesor presidencial no está sujeto a la vigilancia de la Procuraduría.

Los viajes suyos son pagados con cargo al Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondepaz), regentado por el comisionado Luis Carlos Restrepo, coautor del mismo libro. Con viáticos provenientes de esos recursos públicos, el escritor José Obdulio ha visitado Europa, Estados Unidos, África y América Latina.

Otro de los autores se llama Juan Carlos Moncada Zapata. Es un antiguo subalterno de Mario Uribe. Ha hecho su carrera a la sombra del 'Primer Primo' y de su escudero William Vélez.

Gracias a eso, ha recibido contratos en las entidades que han estado bajo el control de la dupleta de 'Colombia Democrática': el Incora en liquidación y la Contaduría General, entre otras.

El brillante Moncada no advierte en el libro sobre su relación con el ex senador, ni avisa que es socio de su abogado defensor José del Carmen Ortega. Sin decir nada de eso, dedica su capítulo a predicar la inocencia de su jefe.

También está en el equipo Libardo Botero, compilador de 'Las Ideas de Uribe', y quien frecuentemente es presentado como asesor sindical.

En esa condición lo han llevado a Washington y en Colombia lo han puesto en presencia de la Secretaria de Estado y del Secretario de Comercio de Estados Unidos, para que hable a nombre del sindicalismo democrático que apoya el TLC.

Olvidaron contarles a los funcionarios norteamericanos que Botero es miembro del 'Centro de Pensamiento Primero Colombia' y que su representación no llega ni al 0,25 por ciento de los trabajadores sindicalizados.

El cuarto personaje se llama William Calderón, y es conocido como 'El Barquero'. Recuerdo una graciosa anécdota sobre él.

Un domingo de 2001, poco después de las 6:30 de la mañana, recibí una llamada del entonces candidato Álvaro Uribe. Quería reclamarme, comedidamente, por qué le habían dicho que me oponía a que un partidario suyo hiciera un programa de humor para el Canal Uno. Me dijo que se trataba de William Calderón.

Le contesté -con la misma cordialidad- que no planeábamos hacer un programa de humor y que curiosamente esa misma semana me habían llamado Noemí Sanín para pedirme que le ayudara a Calderón, que era amigo de su causa, y Mónica de Greiff, quien me habló del 'Barquero' como un gran simpatizante de Horacio Serpa.

Todo tiene su lado bueno. El libro servirá, por lo menos, para que el gran humorista inicie su carrera.

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El taxista expiatorio
No es posible mostrar que se paraliza el país ante el asesinato de un niño. Un país en el que se asesinan, en medio de la indiferencia general, a cientos de niños al año
Por Antonio Caballero. Semana

Todos los noticieros del martes por la noche le dedicaron la totalidad de su tiempo a una sola noticia: el asesinato de un niño de 11 meses por su padre en Chía.

Los presentadores y las presentadoras ponían sus caras más compungidas, soltaban sus comentarios más cursis, daban a sus voces los acentos más patéticos, con trémolos y todo. Clamor nacional, decían.

Dolor en Chía, en Colombia y en el mundo. Hacían declaraciones los vecinos, los transeúntes, las autoridades locales y nacionales.

El Fiscal General de la Nación abandonó por un momento sus investigaciones de la para-política, de la narcopolítica, de la farcpolítica, para salir en pantalla a llamar "hiena" al presunto asesino y pedir para él 60 años de cárcel.

El presidente del Congreso propuso que se hiciera un referendo para instaurar la cadena perpetua. Se organizaron marchas de protesta, con banderas de Colombia y camisetas blancas.

El gobernador de Cundinamarca ofreció recompensas en metálico. A las calles salieron procesiones de niños de colegios con velas encendidas y cánticos religiosos.

"Los colombianos no se reponen de la pérdida de Luis Santiago", se lamentó un locutor. Otro clamó: "¡Que nos devuelvan a Luis Santiago!". Otro pidió que se recogieran firmas para la pena de muerte. El Gaula entró en alerta general.

Un alto oficial de la Policía, interrogado sobre los planes de contingencia de la Fuerza Pública para enfrentar la tragedia, respondió:

—Vamos a hacer una misa campal.

Y la televisión (y supongo que la radio también) siguió azuzando la histeria colectiva, hasta el punto de que el habitualmente demagógico Presidente de la República consideró necesario calmar un poco los ánimos de quienes ya estaban pidiendo el linchamiento público del presunto asesino.

Y salió al aire para decir que aunque el crimen era "una afrenta a la Nación" no se podía olvidar que "Colombia nunca ha sido amiga de la pena de muerte".

¿Que no? Ese mismo día se habían sabido detalles sobre no menos de treinta "ejecuciones extrajudiciales" y "falsos positivos" con desaparecidos asesinados en Ocaña, Montería y Popayán, y en varios pueblos de Antioquia y Sucre.

Después de los anuncios publicitarios, que son sagrados, la alharaca prosiguió. Los noticieros empezaron a hacer un recuento detallado de lo que llamaron el calvario de la madre del niño asesinado, de la tía, de los vecinos del barrio, de todo el pueblo.

Fueron convocados juristas, curas, expertos siquiatras para que dieran su opinión sobre esta "sociedad enferma" en la que los padres son capaces de matar a sus hijos (y los hijos a los padres, no lo olvidemos, y los hermanos a los hermanos).

Les recomendaron a los padres que les prohibieran a sus hijos ver en la televisión noticias y pornografía.

Por algo lo dirían los expertos: ese mismo noticiero en el que estaban participando era pura pornografía.

Para completar el espectáculo, el Presidente de la República decidió asumir de nuevo el protagonismo presentándose en Chía para hacerse filmar con la familia (materna) del niño Luis Santiago, acariciándole la barbilla a una niñita:

"La querida Carolina, con la mamita de ella, con los abuelitos, con el pueblo colombiano, con el señor alcalde, con el apreciado gobernador...".

Pero además de oportunista y pornográfico, el montaje me pareció grotescamente desproporcionado.

No es posible mostrar que se paraliza de golpe el país entero ante la noticia del asesinato de un niño: un país en el que se asesinan en medio de la indiferencia general cientos de niños al año (en lo que va corrido de 2008, nada menos que 123 menores de 4 años).

Un país en el que se obliga a millares de niños a trabajar en las minas de carbón o en los burdeles de turismo sexual, en donde hay paramilitares que confiesan tres mil asesinatos pero son extraditados por delitos de contrabando, en donde cada día se destapan diez nuevas fosas comunes clandestinas, en donde la violencia genera mil quinientos refugiados diarios.

No recuerdo en la televisión colombiana nada parecido desde la catástrofe de Armero, hace más de veinte años.

Pero al margen de que aquella noticia sí tenía verdaderas dimensiones de tragedia (veinte mil víctimas, cuando esto de ahora, al fin y al cabo, es sólo un niño muerto), el gobierno de entonces tenía un interés inmediato en hacer olvidar los cadáveres todavía humeantes de la sangrienta toma y contratoma del Palacio de Justicia.

Y por eso también fue explotada pornográficamente la agonía de la niñita Omaira ("nuestra querida Omaira", como la llamaba en la televisión el presidente de la época.

¿Qué será lo que oculta esta vez el despliegue inusitado de los noticieros?

Porque no puede ser que se hayan puesto de acuerdo los presentadores de noticieros y los juristas y los políticos y los siquiatras y los vecinos de Chía y el Presidente para castigar colectivamente a un taxista culpable de asesinar a un niño.

Y convertirlo, literalmente, en el chivo expiatorio de todos los pecados del pueblo de Colombia.

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Soluciones fallidas
Por: Eduardo Sarmiento. El Espectador

El libre mercado fracasó y no se quiere reconocer que el Estado debe intervenir.
La desregulación financiera constituyó una de las primeras reformas para establecer el modelo neoliberal en las economías occidentales.

De acuerdo con la concepción de la mano invisible de Adam Smith, los esfuerzos individuales para obtener el máximo lucro resultan en mayor bienestar para toda la población y, según la creencia convencional, el mercado genera los estímulos para autocorregir sus falencias.

Los insucesos de la crisis financiera y las decisiones para solucionarla revelan una realidad totalmente distinta.

La libertad financiera indujo a los bancos y a los agentes a aumentar la rentabilidad del capital, o si se quiere incrementar su valor, transfiriendo el riesgo a los demás y al conjunto de la economía. En los últimos diez años

Estados Unidos experimentó la mayor valorización de la Bolsa, la construcción y la propiedad bancaria. Como es apenas normal, la economía se ha visto abocada a una caída acelerada de los precios de las acciones y bonos, la construcción y, en particular, de la propiedad bancaria.

Como la Reserva Federal no tiene una teoría en torno al desequilibrio del sector financiero, y su interrelación con la política monetaria operó sobre las manifestaciones.

Luego de contribuir a quebrar la burbuja con la elevación de la tasa de interés entre 2005 y 2007, bajó las tasas de interés y otorgó amplias facilidades de crédito a los bancos para detener la caída de las cotizaciones de la bolsa y los precios de la construcción.

Asimismo, cuando la crisis se manifestó en quiebras en cadena de las instituciones financieras procedió a concederle préstamos para reducir el deterioro de los activos y mejorar las utilidades.

Ambas políticas fracasaron. La cotización de la bolsa y los precios de la construcción siguieron cayendo ocasionando grandes pérdidas en el capital bancario y una fuerte contracción del crédito que acentuó la pérdida de capital y extendió la crisis a todo el sector y a la economía.

Las quiebras bancarias no se detuvieron; por el contrario, se agravan y se extienden en forma domino.

El proceso no se ha entendido. La baja generalizada del valor de los activos es la consecuencia de la ruptura de la burbuja financiera y no podía evitarse con medidas monetarias. El daño estructural está en los efectos sobre el crédito.

La contracción del financiamiento extiende las pérdidas y la incertidumbre a todo el sector e impide la movilización del ahorro a la inversión, lo que ocasiona la reducción de la demanda efectiva y la producción.

La solución no está entonces en parar la caída de los precios de los activos, sino en evitar su efecto perverso sobre el crédito.

El plan de salvamento de US$700 mil millones para adquirir activos de mala calidad del sistema bancario adolece de la misma deficiencia conceptual. En el fondo, está orientado a detener la caída de los precios de la vivienda y las acciones, además a reducir las pérdidas de los bancos.

A menos que las compras se efectúen por encima del valor del mercado, lo que tendría una fuerte resistencia ciudadana, la propuesta no resuelve el problema del capital.

El drama está en que el libre mercado fracasó y no se quiere reconocer la necesidad de la intervención abierta del Estado para evitar la extensión de sus destrozos. Cuanto más acentuado el descalabro de mercado tanto mayor la importancia del Estado para remediarla.

Sin embargo, la Reserva Federal no ha ido más allá de las medidas ortodoxas de bajar la tasa de interés y aumentar la liquidez.

Las soluciones han favorecido a los responsables de los daños y no han restaurado el flujo normal de crédito. Por eso, no evitaron la quiebra en dominó del sistema ni el deterioro del sector real que se dirige rápidamente a la recesión.

Lo que se plantea es la intervención para sustituir los capitales perdidos por capital oficial y la entrada del Estado a participar en la administración y salvamento de las instituciones. Si esto se hubiera hecho desde el principio, el flujo de crédito no se habría detenido y el efecto dominó no se habría presentado.

La restricción es ideológica. La intervención en el patrimonio bancario se vería como la socialización de una parte de Wall Street.

La crisis financiera constituye un serio cuestionamiento a las concepciones y teorías del libre mercado.

La desregulación estimuló a los agentes económicos a obtener grandes ganancias a cambio de resquebrajar el conjunto de la economía y la organización de los bancos centrales, en particular su función como prestamista de última instancia, tiende a favorecer a quienes causaron los daños y no resuelve las causas estructurales de la crisis.

Estamos ante una máquina poderosa de enriquecimiento de un reducido grupo a cambio de lesionar a la mayoría y significa un enorme riesgo para la economía mundial.

De hecho, se abre el debate en torno a un nuevo orden económico de regulaciones para detener los excesos del capitalismo y de intervención monetaria y financiera para erradicar los estímulos perversos e inequitativos del mercado y conciliar el progreso y la estabilidad.

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Los piratas del erario
Por: Felipe Zuleta Lleras. El Espectador

Leyendo esta semana en el Tiempo sobre los piratas somalíes que tienen asolados los mares de África, se me trastocó el diario y acabé leyendo una entrevista que María Isabel Rueda le hizo a uno de los hermanos Valencia Cossio y les confieso que no me di cuenta cuando pasé de un tema a otro.

Porque así insista Ramiro Valencia Cossio que los Zuleta Lleras han usado los puestos del Estado como lo han hecho los Valencia, conviene hacerle algunas precisiones para que en lo sucesivo no compare a su clan con la familia de quien escribe.

Ninguno de Zuleta Lleras ha ejercido cargo alguno en el sector público desde 1997. Yo fui director de Inravisión de 1986 a 1989 y luego consejero presidencial del presidente Barco y cónsul dos veces. Eso hace más de 10 años.

Es claro que siendo director de Inravisión no le metí la mano al presupuesto y, al contrario, recibí una entidad oficial quebrada y la entregué saneada, al cabo de una gestión que jamás originó una sola investigación; por el contrario, mereció artículos de los principales medios del país en sus comentarios editoriales.

Por supuesto, nunca en la dimensión de la información que leemos en estos días sobre el hermano menor de los Valencia, que llena páginas enteras de crónica roja.

En Inravisión me vi obligado a declararle la caducidad a una programadora que operaba con testaferros de Pablo Escobar, sí, el primo hermano del consejero presidencial que trabaja en la Casa de Nari.

¿Será por eso a que a los Zuleta Lleras y Vargas Lleras les dicen estadistas y a los Valencia Cossio clientelistas, como lo afirma don Ramiro?

Los Zuleta Lleras no paseábamos en “triciclos con placas oficiales”, como lo sostiene uno de los Valencia sin sonrojarse y por eso, entre otros factores, no desarrollamos ese voraz apetito por tener cuatrimotos regaladas por hampones a cambio de delinquir.

¿Será que don Guillermo León no alcanzó a ponerle placas oficiales a la cuatrimoto porque tuvo que desaparecer los documentos de propiedad, como lo sostiene la fiscal del caso?

Se sabe igualmente que don Ramiro se pensionó muy joven después de haber pasado sin ningún mérito por las empresas de Antioquia y el Ministerio de Minas y Energía. Dicen que de allí salió iluminado y por eso ahora se dedica a dar conferencias y a escribir libros sobre la actitud positiva.

¡Es una lástima que su hermanito menor no haya practicado las enseñanzas del gurú Valencia sobre sus técnicas para hacerle bien al prójimo. Salvo que el prójimo sea alias Don Mario, por supuesto.

Qué frágil memoria la del gurú, que curiosamente olvidó todos los cargos que sus familiares han tenido y dejó de lado a uno de sus sobrinos, casualmente el hijo del hoy Ministro de Justicia, quien se vio mencionado en un caso tan repugnante como el de Dragacol, en donde se robaron 26.000 millones de pesos de los colombianos. ¡Bonita familia!

Leyendo al gurú recordé a De Montaigne: “Nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis”.

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Extraditar sí, reparar no
Por: Álvaro Camacho Guizado. El Espectador

En un artículo publicadoen el libro Parapolítica. Verdades y mentiras, César Mauricio Velásquez hace un recuento y encendida defensa de la decisión del presidente Uribe de extraditar a los narcos y ‘paras’ presos.

Considera Velásquez que ésta fue, según el secretario, una decisión sabia, y que no se opone al necesario proceso de confesión y reparación que la Ley 975 exige a estos delincuentes.

Sin embargo, hay una evidente contradicción entre esta defensa de la compatibilidad entre confesión y reparación y extradición y la posición que asume uno de los más conspicuos defensores del Gobierno.

En efecto, en su columna “Días, tardes, noches”, publicada en este diario el 27 de septiembre pasado, Ernesto Yamhure sostiene, con lamentables errores de sintaxis, que: “Ese cuento de que el Gobierno está manipulando a H.H. para que no hable, yo no me lo creo.

"Si esas supuestas intenciones fueran ciertas, no habría necesidad de mandarle mensajes a través de sus defensores, porque la solución es mucho más sencilla.

"Me explico: si el Gobierno quisiera callarlo, simple y llanamente lo extradita y punto. H.H. está jugando sus cartas con astucia, pues está preparando el terreno para evitar que lo extraditen”. En pocas palabras: extradición es igual a silencio. ¿Qué opinará Velásquez?

Ahora bien, parece que la decisión de extraditar a narcos y ‘paras’ no fue producto de la sabiduría presidencial, sino de algo más prosaico: la Corte Suprema, y como resultado del debate en el que dos de sus miembros salvaron su voto de aprobación de una nueva extradición,

aprobó un concepto en el que le dice al Presidente que “su autonomía para ordenar la extradición se reduce con las obligaciones adquiridas por el Estado con la comunidad internacional en materia de derechos humanos:

‘En otras palabras, las potestades del gobernante ya no están sometidas exclusivamente a las reglas impuestas por el constituyente y el legislador del país, sino que encuentran restricciones como consecuencia de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que se ha comprometido a cumplir el Estado’ ”. (El Tiempo, 1° de octubre).

Es claro, se trata de obedecer a las exigencias de la “comunidad internacional”, eufemismo para referirse a los Estados Unidos. O sea, ni tanta sabiduría ni tanta independencia.

Mientras el Gobierno y sus acuciosos portavoces se ponen de acuerdo, mejor hablemos de otra cosa: Alfredo Molano, en su columna el domingo pasado se pregunta:

“No sé qué resortes habrán tocado Eduardo Pizarro, Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho y toda la nómina de respetables investigadores que componen el equipo, para que el gobierno de Uribe les aceptara meter mano en el tema de las masacres”.

En mi calidad de miembro de la Comisión de Memoria Histórica debo contestarle a Alfredo que en la Comisión hemos contado todo el tiempo con una absoluta autonomía intelectual y académica, y que en ningún momento ningún miembro de la CNRR intentó siquiera interferir en nuestro trabajo.

A todo señor, todo honor. Más aún, en su discurso en el acto de presentación del informe sobre Trujillo, Pizarro anunció la intención de impulsar los trabajos de la Comisión.

Invito a Alfredo a que lea el discurso del vicepresidente Santos en el mismo acto, en el que reconoce la responsabilidad del Estado sobre esta tragedia y recoge las principales recomendaciones presentadas.

Y debe leer también la circular de la Procuraduría en la que convierte en vinculantes esas recomendaciones.

Los resultados que se han publicado en la prensa en los días posteriores a la entrega del informe hacen pensar que por fin se hará alguna justicia a las víctimas de Trujillo, aunque no podemos ser completamente optimistas: cuando hablaba Santos, una de las víctimas comentó:

“Así de bonito hablaba Samper”, cuando en 1995 también reconoció la responsabilidad estatal y ordenó un programa de reparación cuya ejecución hoy día produce una mezcla incómoda de ira y risa.

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Yidis II
Por: Ramiro Bejarano Guzmán. El Espectador

Participé en una audiencia en la Comisión Primera de la Cámara presidida por una oscura parlamentaria de Barranquilla, de la cual salió mal librado el referendo que pretende reelegir a Uribe. Tal vez por eso, la gran prensa calló.

Requerido el vocero del referendo, Luis Guillermo Giraldo (LGG), para que informara cómo se ha financiado, admitió que recibieron 142 millones de aportes de personas naturales y jurídicas, y además “otros créditos” por 1.900 millones.

Lo que no pudo explicar —tampoco lo ha hecho a la Registraduría— fue quiénes son esos acreedores, ni cómo cancelarán esos 1.900 millones.

Advertido de que la cuantiosa cifra de 1.900 millones sería difícil recaudarla entre los simpatizantes, dado que nadie puede aportar más de $3’300.000, LGG optó por el artificio. Sostuvo que como ese dinero provenía de un préstamo y no de un aporte, no era necesario rendir cuentas.

De acogerse semejante tesis, todos los políticos prescindirían de recibir aportes y pedirían préstamos, para ponerse a salvo de la lupa del Consejo Nacional Electoral.

Ese disparate sólo se le podría ocurrir a alguien como LGG, quien no tuvo inconveniente en que el balance que presentó a la Registraduría, viniera avalado por el contador Luis Fernando Useche Jiménez, no obstante su claro impedimento ético, dado que también fue aportante.

Que quien avale esas cuentas sea también aportante, no debe serle indiferente a la Junta de Contadores o a un juez que tramite una eventual acción popular.

El tema de la financiación de un referendo no es asunto menor, como lo dijo el parlamentario uribista Roy Barreras, para quien lo importante son sólo las firmas, no de dónde salió el dinero. Con menos empezó lo de Yidis.

A LGG le pareció que no hay nada censurable en que los promotores del referendo, o sus parientes, o sociedades en las que participen, sean contratistas del Estado o que tengan puestos en la burocracia central o en el servicio diplomático.

¡Curiosa moral pública! Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Myriam Donato de Montoya, Gustavo Dájer Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa, inscritos como promotores, harían bien en precisarle al país si detrás de su altruismo también conviven intereses personales o familiares.

Menos pudo LGG desbaratar el argumento de que la pregunta que se pretende formular al pueblo permitiría reelegir indefinidamente a Uribe, pues el artículo diría que “quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para OTRO período”, lo que no es igual a un solo período.

De aprobarse ese texto, Uribe podría reclamar en 2010 o en 2014 el derecho a hacerse reelegir por “otro período” y así sucesivamente. LGG negó el orangután, porque según él, como la expresión “otro período” está redactada en singular, el candidato sería elegido para un solo mandato y no por varios.

La defensa gramatical es boba. Jamás en una misma elección podrá elegirse a un candidato para varios períodos. Eso no se podía ni cuando LGG era el gran barón electoral de Caldas.

Increíble que después de lo que ha pasado con la primera reelección de Uribe, pretendan perpetuarlo en el poder ultrajando todo.

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Adenda.- Si el ministro Diego Palacio —el “innombrable”— creyó que salvaría su prestigio con la absurda sentencia del uribizado Consejo Superior de la Judicatura, se equivocó, pues ahora está más comprometido que antes. ¡Qué vergüenza y qué miedo! Al paso que vamos, la justicia politizada acabará con lo que resta del Estado de Derecho.

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