sábado, febrero 23, 2013

Terrorismo de Estado/
Fumigan el territorio sin coca del Consejo Comunitario de Chanzara, Nariño
Por: Cococauca

El Consejo Comunitario de Chanzará de la Regional Cococauca y sus comunidades (municipios de Guapi – costa pacífica del Cauca; e Iscuandé – Nariño), fueron fumigados con el veneno maldito el día 22 de febrero de 2013 desde las 11:00 am.

Por política interna de la regional Cococauca y aplicado de manera autónoma por el Consejo
Comunitario de Chanzará, se eliminó totalmente los cultivos de coca en el territorio colectivo étnico.

Con esta política, el gobierno nacional quiere acabar todo lo que signifique vida, y de esta manera se rompe con los derechos como grupo étnico, sus sitios sagrados, los bancos de semillas tradicional ancestral, el conocimiento de los mayores, la perpetuidad de la generaciones futuras en condiciones “sanas” por el daño a las madres lactantes y sus crías, las embarazadas, y demás generadoras de vida.

Por nuestros niños y niñas y otras múltiples razones, no descansaremos en nuestra posición de resistir en nuestros territorios colectivos. Pero nuestra preocupación va más allá, ya que la continuidad de la guerra química y biológica nos pretende desterritorializar.

Exigimos al gobierno colombiano suspender estas acciones e iniciar un proceso de concertación con las comunidades sobre sus políticas antinarcóticos, y que además responda por qué también ataca territorios colectivos libres de coca.

Quisiéramos entender por qué Colombia es el único país del mundo que permite el uso de esos tóxicos sobre su territorio, máxime cuando el candidato Juan Manuel Santos (actual presidente) firmó el Pacto Ambiental Colombiano en abril de 2010.

Por eso exhortamos a los organismos de control del estado colombiano a que cumplan su papel con la detención de estas acciones malévolas y el castigo a los responsables.

El gobierno tiene la obligación de respetar y acatar los convenios y pactos suscritos de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la OIT, y proceder conforme a los derechos consagrado en la Ley 70/93 o ley especial para las comunidades negras en Colombia.

viernes, febrero 22, 2013

El Partido Liberal muestra sus garras contra los diálogos de paz
Por: Camilo Raigozo

En vez de ayudar al proceso de paz que se adelanta en La Habana entre el régimen que actualmente preside Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, voceros de ese partido político quieren meterle palos a las ruedas de los diálogos.

“Presidente: si ve que el proceso de paz no avanza, párese de la mesa, que el Partido Liberal será el primero en apoyarlo”, dijo ante los medios el representante liberal por el Cauca Carlos Julio Bonilla.

Por su parte el delfín Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal, dijo que “no se puede admitir ningún condicionamiento de la paz para continuar con los diálogos, incluso el cese bilateral al fuego.

“Nuestras Fuerzas Armadas deben seguir con mano fuerte combatiendo la guerrilla. No podemos darle espacio a las Farc para que se rearmen, se reorganicen y, de paso empiecen a dilatar el proceso".

A las voces voces siniestras de Uribe y Pinzón se suman ahora los liberales que en nada contribuyen a la salida dialogada a la atroz guerra impuesta al pueblo colombiano por las oligarquías nacional y extranjera.

Ante la arremetida de los guerrerista, el pueblo debe organizarse y unirse urgentemente para evitar que estos logren hacer fracazar los diálogos de paz y continúen desangrando al país, como lo han venido haciendo desde hace medio siglo.

Niegan libertad al bandido Alfonso Plazas Vega, coronel del Ejército
Por: Camilo Raigozo

El juez tercero especializado de Bogotá negó la pretensión de la defensa del criminal Luis Alfonso Plazas Vega, coronel del Ejército Nacional, de otorgarle el beneficio de libertad condicional.

Plazas fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de personas en el caso del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.

El bandido se encuentra “recluido” en las instalaciones militares del Cantón Norte de Bogotá, lo cual es impunidad disfrazada y una burla para las víctimas y sus familiares, ya que debería estar pagando sus crímenes en una cárcel de máxima seguridad.

El juez negó la solicitud porque según lo dispuesto por la ley aún no se han cumplido las dos terceras partes de la condena, por lo que el oficial deberá seguir privado de la libertad.

Recientemente el flamante defensor del régimen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Loaiza, recibió de plata de los colombianos más de 400 millones de pesos para que dijera ante ese tribunal internacional, con el mayor descaro del mundo en defensa de los criminales, que en el caso de la retoma del Palacio de Justicia no se habían desaparecidos.
 
Por puro milagro y hasta causó sorpresa que Nieto Loaiza no hubiera argumentado ante la CIDH que las culpables de las desapariciones del Palacio de Justicia eran las FARC.

Comunidad Wayúu Jepira rechaza proyecto de exploración sísmica de Ecopetrol y Repsol
Por: Comunidades

Cabo de la Vela. Febrero 22. El Pueblo Wayuú declara su inconformidad así como su público y abierto rechazo contra el Proyecto de exploración Sísmica Camuro Occidental, iniciado por las compañías Ecopetrol y Repsol, con acompañamiento del Estado Colombiano,-
 
en el cual se pretende obtener el consentimiento de las comunidades Wayuu de la zona para llevar a cabo una exploración sísmica en el mar, afectando nuestros principios cosmogónicos, el cual corresponde al lugar más sagrado e inalienable para todo el Pueblo Wayuu.

"Discrepamos abiertamente del consenso construido por el equipo que lleva a cabo la consulta con las comunidades del Cabo de La Vela, cuando se refieren a los pretendidos beneficios que reporta para el pueblo Wayuu, el inicio de nuevas exploraciones en la región que corresponde para nosotros territorio-mar de Jepira. 

"También cuestionamos los modelos de las supuestas bondades de sus falsas promesas de eventuales beneficios para con nuestro pueblo, así como el supuesto respeto que manifiestan frente a garantizar el derecho al consentimiento previo libre e informado que nos asiste como Pueblo Indígena", señala el comunicado.

Terrorismo de Estado/
"Estado defendió a victimarios del Palacio ante Corte Interamericana": Molano
El abogado indicó que la opción del Gobierno fue por la impunidad y la mentira en el caso de los desaparecidos del Palacio.
Por: Elespectador.com

El abogado Jorge Molano, quien defiende los intereses de un grupo de familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia calificó como "incomprensible" la posición del Gobierno frente los argumentos esgrimidos por la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Molano indicó que con su argumentación el Estado le envió un mensaje erróneo a la justicia colombiana puesto que se desconoció todo lo adelantado por los organismos judiciales en los últimos años y las 14 sentencias proferidas por estos hechos".

"La opción del Gobierno no ha sido por la verdad, sino por el ocultamiento, la mentira, la manipulación y la tergiversación de los hechos y de las pruebas y todo esto encaminado en contra las víctimas", precisó el jurista en entrevista con este diario.

Y es que para el jurista la defensa de los agentes del Estado estuvo encaminada a defender a los victimarios y a los militares procesados y en dos casos condenadas por su participación en la desaparición de siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.

"Desconocer a los desaparecidos es un hecho sumamente grave porque desconoce el papel de la justicia en Colombia y por lo tanto se entra a desconocer el Estado Social de Derecho mediante el desconocimiento abrupto de 14 decisiones judiciales", aclaró.

Igualmente fue claro en indicar que el hecho de que el Estado haya contratado al abogado Rafael Nieto Loaiza para que presentará su representación ante el organismo internacional tres días antes es una clara muestra de lo poco que le importa al Gobierno este tema.

"Es sumamente grave que al Estado no le merezca importancia ni atención la Corte Interamericana ni las víctimas, lo que el Gobierno ha hecho es pagar millones de pesos para poner en duda su política con referencia a las víctimas", indicó.

En este caso aclaró que existe una clara contradicción de argumentos pues recién posesionado el presidente de la República, Juan Manuel Santos manifestó en un discurso que iba a respetar los fallos judiciales y el foralecimiento de una política para las víctimas.

"Lo que queremos es que el Presidente hable por estos hechos ante el país y diga si el desconocer a las víctimas es una política de su Gobierno" indicó Molano al señalar que el primer mandatario debe fijar una posición clara sobre estos hechos.

Además cuestionó la posición de la Agencia para la Defensa del Estado cuando aseguro que se habían presentado fallas y dificultades en el proceso de identificación de los cuerpos que fueron enterrados en una fosa común.

"No podemos tolerar que se mienta (...) El Gobierno no puede enmendar las mentiras del doctor Nieto con las falacias de la agencia del Estado”, precisó.

Por su parte, el abogado Rafael Barrios Mendivil, quien representa los intereses de un grupo de familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia le solicitó al Estado que presente una rectificación ante los argumentos esgrimidos en los últimos días ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según el jurista, estas declaraciones van en contra de lo que se ha presentado en los juicios que se han celebrado en Colombia en contra de un grupo de militares acusados del delito de desaparición forzada lo que ha terminado incluso con la condena de dos de ellos.

Barrios indicó además que se buscará además en los próximos días que el abogado Rafael Nieto Loaiza sea retirado de la defensa del Estado en el proceso que se adelanta en el organismo internacional por estos hechos.

"La Corte fija una audiencia pública, yo creo que lo que se viene un cambio en el agente del Estado pues con esa defensa se viene una inminente condena y de igual manera el estado debe rectificar", aclaró.

Terrorismo de Estado
Falso positivo judicial contra Antonio Valencia Ocampo, director de colegio rural y defensor de derechos humanos
Por: Camilo Raigozo

La coordinadora departamental de organizaciones sociales, ambientales y campesinas del Caquetá, coordosac, denunció  que el 19 de febrero pasado fue detenido en Florencia, Caquetá, el docente y director de la institución educativa del caserío Monserrate, municipio Cartagena del Chaira, Luis Antonio Valencia Ocampo (en la foto junto a su familia).

Según la denuncia la orden de captura fue proferida por la fiscalía 11 especializada contra el terrorismo con sede en la ciudad de Bogotá. El docente fue recluido en la cárcel El Cunduy de Florencia.

El profesor Valencia Ocampo es además defensor de derechos humanos, afiliado al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh, líder comunitario en su región e integrante de la comisión de educación de Coordosac.

Según la denuncia, el profesor Valencia viene siendo objeto de persecución por parte de organismos de seguridad del estado, consistente en presión psicológica, seguimientos, amenazas, y estigmatización, casos concurrentes contra otros defensores y defensoras de derechos humanos en la región desde el año 2010.

Las comunidades y sus organizaciones sociales exigen la libertad inmediata del docente y que cese la persecución política, sindical y social contra el campesinado y los miembros del Cpdh y de Coordosac.

El documento recuerda que este caso de falso positivo judicial es otro más de los montajes judiciales que han padecido los campesinos del Caquetá, sus dirigentes y sus organizaciones sociales.
 
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jueves, febrero 21, 2013

Terrorismo de Estado
Denuncian tratos crueles e inhumanos en la cárcel El Pedregal de Medellín
Por: Notimundo

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció que el pasado 22 de enero se presentó un altercado entre algunos reclusos del patio B del pabellón de hombres, al parecer por disputas de control y poder al interior del patio, resultando afectados varios presos políticos y sociales que manifiestan no tener ninguna relación con el enfrentamiento.

Ante esos hechos, la guardia procedió a activar seis dispositivos lacrimógenos al interior del patio, lo que disolvió la trifulca.

El operativo fue realizado por el Grupo de Reacción Inmediata, GRI, del Inpec, en cabeza del comandante de vigilancia, capitán Oscar Leonardo Cárdenas Cárdenas,  quien de manera indiscriminada, hicieron uso de sus armas –“no letales”- en contra de los presos, produciendo golpes y arrinconándolos en la cancha del patio,

en donde la densidad de los gases ahogaba a los reclusos, al punto de que Nelson de Jesús Saldarriaga sufrió de un paro cardiorespiratorio, ante lo que los demás presos tuvieron que auxiliarlo.

El Inpec no solo prestó oídos sordos a la situación, sino que activó dos granadas más y propinó golpiza a algunas de las personas que estaban ayudando a  Saldarriaga, entre ellos el preso político Jhon Jairo Quiceno Carmona, quien recibió un golpe en la mano derecha, y el preso Gerson Eluid Bermúdez, quien recibió una patada en los genitales. El agresor en los dos casos  fue identificado por los presos como Henry Aguilera.

Bermúdez está orinando sangre y Quiceno Carmona le fue  diagnosticada una fractura por dos médicos del penal, que ordenaron una radiografía para el preso político, sin que a la fecha se le haya practicado.

Las dos víctimas no han recibido atención médica idónea y oportuna, sufriendo el uno fuertes dolores en la mano y el otro mantiene el sangrado como síntoma producto de la lesión en sus testículos, al punto de que Jhon Jairo Quiceno Carmona anuncia la necesidad de próximamente iniciar una huelga de hambre, pues el intenso dolor es muy fuerte.

Las mujeres están peor

El día 4 de febrero, en el patio 3 de la Reclusión, se presentó un incidente entre la presa social que sus compañeras de reclusión identifican como Paola, quien tenía algunas prendas de uso personal extendidas en su celda para que se secaran, ante lo que algunas mujeres del Inpec procedieron a intentar decomisar la ropa, a lo que la detenida se opuso, recibiendo por eso una golpiza.

Por esa razón las demás reclusas manifestaron de manera pacífica su protesta por el mal trato que estaba recibiendo Paola, a lo que los miembros del Inpec respondieron con un operativo de requisa generalizada o “volante”, dirigida presuntamente por la cabo Fanny y el Teniente Piedrahita, al mando de algunos hombres del Inpec.

Posteriormente las mujeres fueron encerradas en sus celdas desde la 1 de la tarde del día 4, hasta las 9 de la mañana del día 6 de febrero, no permitiéndoseles redimir sus penas mediante trabajo o estudio, ni desarrollar ningún tipo de actividad por fuera de las celdas.

Paola fue aislada en las celdas de la “Unidad de Tratamiento Especial” –UTE- hasta el día 7 de febrero, en que se le permitió regresar a su celda en el patio.

El 8 de febrero se presentó un nuevo altercado de algunas presas y personal de guardia, ante lo que, nuevamente la respuesta fue el encierro generalizado de las reclusas en sus celdas, permaneciendo así hasta el día 11 de febrero en la mañana, impidiéndoles incluso la jornada de visita familiar al que tienen derecho los sábados y domingos, imponiéndoseles una sanción disciplinaria sin que mediara ningún proceso ni hubiese lugar al derecho a la defensa.

Además les quitaron el televisor y la greca de café asignadas al patio, sumando esto 5 castigos materializados en la ausencia de estos dos elementos, el impedimento de la visita familiar, el encierro y la imposibilidad de redimir pena durante su permanencia en las celdas.

Cuando dos mujeres se besaron al interior de una celda, el Inpec respondió, de manera homofóbica y desconociéndo el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

Arrinconaron a más de 200 mujeres en un solo patio, únicamente con 6 baños, 4 teléfonos, teniendo que comer en el suelo y lavar el menaje en las duchas.

En el mismo patio, la presa política Luz Enith Días González fue agredida por la dragoneante del Inpec, identificada como Darly Luz Carrillo, quien la golpeó propinándole algunos puños en su cuerpo, porque la detenida quiso llevar la comida a la reclusa Tania Molina Hernández.

Además denuncian que la misma dragoneante Carrillo durante las noches prende un radio a todo volumen, afectando el sueño de las reclusas.

Terrorismo de Estado
Tribunal Superior de Bogotá decidirá sobre la condena al oficial del Ejército asesino y violador de niños en Arauca
Por: Camilo Raigozo

La ONG defensora de los derechos humanos Humanidad Vigente informó que el próximo jueves 28 de febrero a las 9 a.m., el Tribunal Superior de Bogotá decidirá sobre la condena del terrorista Raúl Muñoz Linares, oficial del Ejército, en el caso de los niños y niñas de Tame, quienes fueron cruelmente asesinados y violentados sexualmente por el uniformado del régimen.

El Tribunal se pronunciará en esta instancia sobre la confirmación, modificación o revocatoria de la sentencia, que el pasado 25 de septiembre de 2012, condenó al monstruo del Ejercito a 60 años de cárcel, por los delitos de doble acceso carnal violento y triple homicidio agravado.

Humanidad Vigente, quién representanta a las víctimas, invita a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación, a acompañar la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia.

“Las víctimas esperan que se ratifique la condena en contra del militar y se inicien las investigaciones penales y disciplinarias en contra de otros miembros del Ejército Nacional, a quienes el fallo ordena investigar por su conducta omisiva, al no haber actuado con la debida diligencia”, dice el comunicado de HV.

Paro Cafetero
Fuerte apoyo al paro cafetero por parte de la senadora Gloria Inés Ramírez
Por: Camilo Raigozo

La senadora de la República elegida por el PDA y dirigente del Partido Comunista, Gloria Inés Ramírez, manifestó su apoyo a los trabajadores del café, quienes adelantarán un paro del sector por tiempo indefinido a partir del próximo lunes 25 de febrero.

Dirigentes del Movimiento por la Dignidad  Cafetera,  le han manifestado a la prensa local del Eje Cafetero que más de 200.000 productores del país se levantarán en pie de lucha y se movilizarán en el paro a nivel nacional.

Un artículo de Antonio José Gutiérrez Blanco, dice que las principales causas de la crisis cafetera son, la disminución en la producción, la cual era en 1993 de 17 millones de sacos exportados y el año pasado esa cifra tan sólo llegó a 7 millones 700 mil sacos, con  el agravante de que casi todo el café para el consumo interno fue importado.

Un segundo factor es la  baja en el precio del café, que en 2011 era de $1.100.000 la carga y hoy está en $490.000, lo que está muy por debajo de los costos de producción.

Y un tercer factor –dice Gutiérrez- ha sido la revaluación del peso frente al dólar, que les ha ocasionado pérdidas por más de 2 billones 100 mil millones de pesos al gremio, lo que ha arruinado a al menos 550 mil familias.

Las modestas exigencias de los caficultores al gobierno de Santos, según la misma fuente, son: precio remunerativo y estable; promoción de la siembra del café para evitar la importación del grano; No al aumento de la contribución cafetera; control a los precios y la calidad de los insumos para el café;-

informe de los recursos o activos que manejó la Federación y el Fondo nacional del café y que el gobierno defina cuál es la entidad que debe seguir atendiendo la asistencia técnica de la producción cafetera; subsidios para el control de roya y broca; atención a las deudas de los caficultores; no a los TLC, especialmente con Estados Unidos y luego se agregó el punto de No a la explotación de la Gran Minería.

Los caficultores denuncian que el gobierno ha sido indolente e indiferente con la crisis que padecen, “pues tiene puesta su atención en la locomotora minero-energética, en la aplicación de la reforma tributaria, y en servirle a las multinacionales mineras y a los magnates del gran capital financiero”, dice el documento de Gutiérrez Blanco.

Sin embargo el Gobierno por intermedio del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo les advirtió a los caficultores, después de haberlos tomado del pelo durante más de un año de “concertaciones” que, "No actuaremos al remolque de paros y mucho menos presionados por vías de hecho ilegales como la obstrucción de carreteras".
 
"El ministro de Agricultura se equivoca al decir que aquí hay movimientos oscuros, al decir que esto no es legítimo, por el contrario esto lo estamos haciendo de cara a la sociedad, todas las reuniones que se están haciendo en los municipios se están haciendo a la luz pública, están asistiendo hasta la Policía y la Sijin, que lástima que a los que pensamos diferente nos estigmaticen" le dijo un caficultor a El Diario del Otún ante los señalamientos temerarios de Restrepo Salazar.

Parauribismo/
Paramilitares siembran terror en la vereda Miramar de San José de Apartadó
Por: Comisión de derechos humanos de San José de Apartadó

El 19 de febrero, en las horas de la tarde un grupo de aproximadamente 50 paramilitares provenientes del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, mal llamados “gaitanistas”, y que son los responsables directos de masacres, desplazamientos, asesinatos y hurtos hicieron presencia en la vereda Miramar de San José de Apartadó del Urabá antioqueño.

En esa incursión retuvieron, maltrataron y amenazaron a un campesino de la zona quien adelantaba labores agrícolas y el cual fue interceptado alrededor de las cuatro de la tarde del 19 de febrero. Aunque es puesto en libertad hoy a las 10 am, es demasiado preocupante que aún hoy persistan estas acciones sin que hayan acciones por defender a la población.

Es necesario recordar que desde el año pasado se ha hecho público ante las autoridades civiles y militares de la zona la forma y los corredores por donde estos grupos hacen presencia, preocupa que éstos solamente se han dedicado a desmentir lo que diariamente viven estas comunidades y que no realicen las acciones necesarias y suficientes para velar por la vida y la integridad de los pobladores de la región.

Todas las comunidades campesinas rechazamos estas y todas las acciones que ponen siempre en peligro inminente a toda la población, por lo cual le exigimos al estado:

Que las autoridades realicen las medidas necesarias y suficientes para prevenir el riesgo contra la vida y los derechos fundamentales de todos los habitantes de la zona.

Que las autoridades accionen todas las medidas y los mecanismos para proteger la vida de los habitantes de todas las veredas de San José de Apartadó.

Que las organizaciones de Derechos Humanos, La Cruz Roja Internacional, la ONU, la alcaldía y la gobernación, adelanten las investigaciones necesarias y rigurosas para investigar y sancionar a los responsables de todas las actividades que pongan en riesgo a la población civil, además de poner a funcionar la sentencia de la corte constitucional a fin de prevenir y proteger con realidades a la población.

Responsabilizamos al Estado de lo que allí suceda, es inminente el peligro al que diariamente es expuesta la comunidad por esto grupos.


Diálogos de paz
Con éxito se instalaron las  Asambleas Constituyentes por la paz con justicia social
Por: Camilo Raigozo

Desde las dos de la tarde de este miércoles 20 de febrero, más de 1.500 representantes de las comunidades y de al menos 1.000 organizaciones sociales de los 32 departamentos colombianos, se dieron cita en la Plaza Eduardo Umaña Mendoza para la instalación de las Asambleas Constituyentes por la Paz con Justicia Social en Colombia.

Allí la muchedumbre venida desde los más apartados rincones del país, cansados de la guerra,  realizaron diversos actos culturales y arengaron a los movimientos sociales que exigen la paz con justicia social para Colombia.

Acto seguido se movilizaron en una nutrida marcha por la Carrera Séptima hasta la calle 23 donde está ubicado el teatro donde se hizo la instalación de las Asambleas.

El líder campesino Andrés Gil realizó la apertura del certamen recordando que son las campesinas y campesinos los que han pagado la mayor cuota de sangre y dolor como consecuencia del conflicto social y armado que próximamente cumplirá medio siglo.

Gil aseveró que las Constituyentes son el germen para acabar con la guerra por la vía civilizada, porque nacen del constituyente primario que es el pueblo soberano. Además, dijo, a partir de estas se construirá un nuevo país con justicia social y democracia real.

También hizo presencia el exministro Álvaro Leyva Durán, reconocido activista por la paz y quien recientemente les propuso al gobierno y a las FARC-EP, pactar un cese bilateral del fuego, idea que fue bien recibida por la insurgencia y frente a la cual el régimen que preside Santos ha guardado silencio.

La senadora Gloria Inés Ramírez y el representante indígena Hernando Hernández, acompañaron el evento y fueron saludados por la asistencia con admiración por el trabajo que han realizado en pro de la paz en el país.

La exsenadora y activista por la paz Piedad Córdoba, el representante a la Cámara Iván Cepeda, el periodista Carlos Lozano, la congresista Ángela María Robledo y por parte del gobierno distrital María Teresa Bernal, quien leyó un mensaje de apoyo del alcalde Gustavo Petro, respondieron a las preguntas, que sobre el tema de la paz y las Constituyentes les formulara el cineasta y columnista Lisandro Duque.

En el futuro próximo se llevarán  a cabo más de 100 Constituyentes por la Paz en los 32 departamentos colombianos, las cuales pueden ser locales, regionales o sectoriales.

Muchas han sido las iniciativas de los movimientos sociales y populares para aportar a la mesa de conversaciones de La Habana, la cual busca poner fin a más de 50 años de de guerra impuesta al pueblo colombiano por las violentas y criminales oligarquías nacional y extranjera.

miércoles, febrero 20, 2013

Parauribismo/
Amenazan y hostigan a líder de la Universidad Tecnológica del Chocó y dirigente de la Mane
Por: Aceu

La Asociación Colombiana de estudiantes universitarios, Aceu, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, graves amenazas y persecuciones en contra de Yilson Arias estudiante de la Universidad tecnológica del Chocó.

Posterior a la marcha del día de los trabajadores 1 de mayo de 2011, un hombre se dirigió en tono amenazante hacia Yilson Arias  diciéndole,  “sigue protestando”.

Horas después recibe una llamada desde el numero celular 3008678701, en esta llamada un hombre desconocido le dice “cuídate, ya sabemos dónde vives”, en horas de la noche percibe la presencia de un hombre desconocido vigilando la casa.

En el paro nacional estudiantil en contra de la reforma de la ley 30/1992, Yilson Arias  fue uno de los lideres visibles que condujo la movilización en la UTCH.

En los medios de comunicación locales (canal CNC Quibdó), concretamente el periodista Rafael Galeano, quien en su espacio noticioso saco una foto en el medio televisivo de Yilson aduciendo que él era el líder de todo el revuelo que se estaba causando al interior de la  universidad, poniendo así en grave riesgo al compañero.

Las y los estudiantes de la UTCH, realizaron un pliego de peticiones con exigencias concretas, las cuales la administración de la universidad se comprometió a cumplir.

Al no cumplirse el pliego petitorio, las y los estudiantes deciden iniciar de nuevo un paro estudiantil durante el segundo semestre.

Durante la realización del paro un sujeto desconocido se acercó a la hermana de Yilson preguntándole si él era su hermano, al recibir una respuesta positiva le dice textualmente “a esos que andan fastidiando toca acostarlos”, siendo esto una amenaza directa contra su integridad.

A principios del mes de Enero la residencia del compañero Yilson  estuvo siendo vigilada por hombres extraños durante horas, lo cual lo obligo a cambiar su lugar de residencia visto el constante hostigamiento.

Aproximadamente el día 24 de enero se encontraba departiendo con un compañero en la calle, al momento llegan dos hombres en una moto con armas visibles, uno de ellos al parecer trabaja en la Sijin.

El otro sujeto es desconocido, al percibir el tránsito de mucha gente cerca de ellos los motorizados se retiran hacia al otro anden, los hombres vigilan durante un tiempo a los compañeros quienes al percatarse de esta situación se retiran rápidamente de este sitio y entran en una casa cerca.

Uno de los hombres se retira y El otro que es de la SIJIN inicia a hacer llamadas sin dejar de mirar hacia donde se encontraban los compañeros.

Han surgido varios rumores por parte de vecinos y estudiantes de la universidad que acusan falsamente al compañero Yilson Arias de pertenecer a la insurgencia, poniendo en grave riesgo la vida del compañero.

martes, febrero 19, 2013

Desafuero penal militar
Demandan esperpento de ampliación al fuero militar
Por: Camilo Raigozo

Los congresistas Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela Robledo, Guillermo Rivera Flores, los abogados Ramiro Bejarano y Santiago Medina, las ONG, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Comisión Colombiana de Juristas, demandaron ante la Corte Constitucional la ampliación al fuero militar.

Los congresistas, juristas y las dos organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos interpusieron demanda de inconstitucionalidad contra el adefesio aprobado en el Congreso hace dos meses.

“Hubo vicios de forma en el proceso de formación del Acto Legislativo número 02 de 27 de diciembre de 2012 y se violó el principio de unidad de materia”, dijeron los demandantes a los medios.

Igualmente los demandantes sostienen que en la aprobación de la reforma se ignoraron las aberrantes cifras de impunidad que alcanzan más del  98 % en los casos de asesinatos a sangre fría de manera generalizada y sistemática, más conocidos como falsos positivos y de otros crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

El presidente Santos y su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón le han mentido una y otra vez al país y al mundo sobre los verdaderos propósitos de la coartada, maquillada con el señuelo de que lo que se busca es darle más garantías jurídicas a los uniformados a la hora de actuar contra grupos armados ilegales.

Esta y otras falacias expresadas por el régimen para justificar la ampliación del fuero militar, fueron desmentidas categóricamente una a una por 11 especialistas de la ONU y por la ONG Human Rights Watch, quienes criticaron duramente la jugada para la impunidad. Lea aquí las falacias de Santos, Pinzón y otros, desmentidas por HRW.

Al menos 300 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, la Corte Penal Internacional, el Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otras organizaciones como HRW, coinciden en que la ampliación del fuero militar es un retroceso y una devastación de los derechos humanos en Colombia.

El pasado 1 de noviembre la ONU le envió al gobierno colombiano y al Congreso una dura carta en la que advertía que, “De ser aprobado el proyecto, perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos”.

El excongresista Rodrigo Uprimny explicó tres razones que demuestran que la ampliación del fuero militar es una garantía de impunidad para las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por las Fuerzas Militares y la Policía.

Primera: “Porque olvida violaciones graves a los derechos humanos, como la toma de rehenes. E incluso, porque por defectos técnicos los falsos positivos podrían ser trasladados a la justicia militar, pues la lista de exclusiones debe referirse a homicidios agravados y en persona protegida, ya que la ejecución extrajudicial no está tipificada como delito”.

Segunda: “Porque el proyecto establece que toda infracción al derecho humanitario será conocida por la justicia militar, con excepción de los delitos expresamente excluidos. Resultado: si hay una muerte o un posible abuso en una operación militar, los primeros pasos de la investigación los hará la justicia militar y no la Fiscalía. Será la justicia militar la que llegue al sitio de los hechos y realice las primeras indagaciones.

“Todo experto en criminalística sabe que esas primeras horas son decisivas, pues se recogen (o dejan de recoger) las pruebas esenciales. Entonces, en la práctica, será la justicia militar la que determine si la muerte fue un acto legítimo de guerra, una infracción al derecho humanitario que le corresponda investigar o una ejecución extrajudicial que deba reenviar a la justicia ordinaria.

“¿Cómo podrá entonces enterarse la Fiscalía de que hubo un crimen que deba investigar? Dependerá de que la justicia militar le remita el caso, lo cual casi nunca ha ocurrido en violaciones a los derechos humanos”.

Tercera: “Supongamos que por alguna razón se sabe que pudo haber un falso positivo. ¿Puede entonces intervenir la Fiscalía autónomamente? No, pues en ese evento entra a operar la ambigua “comisión técnica de coordinación”, que incluye a representantes de la justicia militar.

“Y si esa comisión concluye que el caso es de la justicia ordinaria, el militar procesado podría todavía acudir al “tribunal de garantías penales” creado por la reforma, que definirá definitivamente quién investiga el caso. Y la mitad de los miembros de ese tribunal son militares o policías retirados”.

Total, impunidad pura y dura que elevará a la ene potencia el número de crímenes y atrocidades cometidos por militares y policías, quienes saben de antemano que sus abusos y crímenes gozarán de total impunidad.

Si antes de la aprobación de la demencial medida la impunidad era de más del 98 %, ¿qué les espera a los colombianos después de semejante acto de barbarie?
 
Lea también:
 
Un fuero ampliado de facto

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Puro Centro Narcocrático/
Iván Cepeda se pregunta si Álvaro Uribe sigue ‘chuzando’ para espiarlo y calumniarlo
Por Camilo Raigozo

El expresidente Álvaro Uribe, alias “El número uno de la Casa de Nari”, como lo llamaban sus secuaces en el DAS y cabecillas paramilitares, dijo a través de Twitter que “Iván Cepeda, quien tanto me difama, acudió a funcionarios de Estados Unidos a preguntar (sugerir?) por indulto a terrorista Simón Trinidad”.

El representante  a la Cámara Iván Cepeda le dijo a los medios que si tuvo una cita privada en la embajada de Estados Unidos para hablar sobre su seguridad y que como integrante de la Comisión de Paz del Congreso se abordaron varios temas, sin mencionarlos.

“Yo puedo tener conversaciones con todos los funcionarios del cuerpo diplomático y no tengo por qué dar explicaciones.

“El que tiene que dar las explicaciones del caso es él (Álvaro Uribe). ¿Por qué él sabe lo que se está hablando en las embajadas? ¿Cómo lo sabe? ¿O hemos vuelto a las épocas de las chuzadas?”, cuestionó el congresista según varios medios de comunicación.

Uribe, quien está en la mira de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que lo investiga como presunto responsable o inductor de más de 3.000 asesinatos, según el sitio Impulso, es señalado por cabecillas paramilitares, ONGs de derechos humanos nacionales e internacionales y un amplio sector de la opinión pública colombiana y extranjera, como paramilitar.

Seguridad narcocrática
Condenan a cuatro militares por el asesinato a sangre fría de un habitante de la calle
Por: Camilo Raigozo

La Fiscalía informó que cuatro terroristas del régimen pertenecientes al Ejército Nacional, fueron condenados a más de 40 años de cárcel por el asesinato a sangre fría de un indigente durante una falsa operación militar efectuada en el occidente de Medellín.

El Juzgado Quinto Penal del circuito de Medellín determinó que los bandidos estatales identificados como, cabo tercero José Tomás Jiménez Yepes, pasará 43 años en prisión y los soldados Jefry Johan Úsuga López,-
 
John Édison Escobar Martínez y Elkin Alonso González Sanmartín reciban la condena de 42 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad ideológica en documento público y porte ilegal de armas.

Según el ente investigador el crimen fue perpetrado el 9 de julio de 2007, cuando los terroristas pertenecientes a la Cuarta Brigada del Ejército reportaron la muerte en combate de un presunto extorsionista en el barrio Belencito Corazón de Medellín.

Los bandidos en su coartada expresaron que a la víctima le habían encontrado un revólver calibre 38 con 6 vainillas y una granada de fragmentación.

Semanas después familiares de la persona asesinada la identificaron como John Jairo Quiroz Ángel, un reconocido habitante de la calle y habitual consumidor de alcohol y estupefacientes.

De acuerdo con el examen de sangre practicado por el Instituto de Medicina Legal, para la fecha de los hechos el indigente presentaba tercer grado de alcohol lo que hacía casi imposible su participación en un enfrentamiento armado.

Los peritos de la Fiscalía determinaron también que la trayectoria de los disparos realizados por los bandidos del régimen no coincide con la supuesta ubicación de los soldados. Se estableció también que la prueba de disparo resulto negativa para la víctima.

La decisión de primera instancia fue apelada ante la Sala Penal de Tribunal Superior de Medellín.

Por los mismos hechos ya fue condenado en sentencia anticipada, a 20 años de prisión, el soldado regular Juan David Gutiérrez Zapata y está acusado como determinador el sargento segundo Luis Ángel Reyes Montealegre.

Recientemente el presidente Santos y su ministra de Defensa Juan Carlos Pinzón en complicidad con el Congreso aprobaron una reforma que amplía el fuero militar lo que conduce a que los crímenes cometidos por militares y policías queden en la impunidad.

lunes, febrero 18, 2013

La crisis de la salud convoca a un acuerdo político
Por: Organizaciones

La ANSA, Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, conformada por más de 60 organizaciones entre los cuales hacen parte:

ONG´s, parlamentarios, sindicatos, gremios médicos, asociaciones de pacientes, asociaciones de hospitales, funcionarios de secretarias de salud y académicos, se reunieron el 11 de febrero para analizar la crisis recurrente del sistema de salud y las preocupantes declaraciones del Gobierno-

que indican que sus iniciativas abandonan el derecho a la salud para concentrarse en la regulación del mercado, situación que preocupa a un amplio sector de la sociedad que ve como el Gobierno Nacional aplaza su responsabilidad de garantizar, respetar y proteger el derecho a la salud.

1. Puntos de discusión:

El Gobierno Nacional no considera como prioridad en su agenda el tema de la salud.

El Gobierno Nacional apoya una ponencia de ley estatutaria donde se considera que el derecho a la salud es prestacional y no fundamental.

El Gobierno Nacional considera reducir y debilitar los alcances de acción de la Tutela y propone otros mecanismos. La tutela actualmente es el único instrumento rápido y efectivo para que muchos pacientes con enfermedades huérfanas en situación crítica o con necesidades de salud puedan acceder a medicamentos o tratamientos.

El Gobierno Nacional sigue apoyando la intermediación de entes privados. Es necesario que todas las fuerzas vivas de la sociedad digan NO a las EPS, NO a la intermediación.

El Gobierno Nacional insiste en ligar la capacidad de pago con los servicios y niveles de atención en salud. No considera que la cotización al sistema se haga según capacidad de pago, pero el acceso debe ser universal y sin obstáculos.

La Ley estatutaria de salud es una tarea urgente que debe convocar a todos los sectores y avanzar en la construcción participativa de una ley ordinaria que desarrolle la estatutaria donde se incluya condiciones dignas de trabajo y de formación permanente de los trabajadores y médicos. Debe estar lista para la discusión con el Gobierno.

Existen otras voces en el Estado que SI le apuestan al derecho de la salud: parlamentarios, secretarios departamentales y municipales de salud, y rescatan el papel de la Contraloría y Corte Constitucional en la defensa del derecho a la salud.

La mayoría de las regiones del país tienen un importante trabajo que necesita fortalecerse y articularse.

Debemos avanzar en identificar una acción contundente que permita la movilización de amplios sectores de la comunidad.

Se debe considerar una estrategia internacional de información y denuncia frente a la vulneración del derecho a la salud en Colombia identificando a los responsables de la crisis.

Se consideraría un paso adelante que los territorios asuman el régimen subsidiado sin intermediación privada y que estos gobiernos avancen en condiciones dignas de trabajo y eliminen la tercerización.

Es necesario avanzar en la problemática de la atención primaria de las zonas rurales donde se requiere enfermería, odontología, bacteriología y medicina, pero no se cuenta con estos profesionales.

La ANSA se debe articular a otros temas como: la reforma pensional, la reforma tributaria, el tema de la paz, pero sin perder la particularidad de la salud y el horizonte de reivindicación de su derecho fundamental.

2. La ANSA, Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, considera:

Un acuerdo político sobre la concepción de la salud como derecho fundamental y en la perspectiva de goce efectivo.

El Estado debe ser el garante de este derecho y no simplemente un regulador o un árbitro de la competencia.

La salud integral implica calidad de vida y dignidad humana, no sólo atención de la enfermedad en el marco un sistema amplio de seguridad social.

Los recursos de la salud son públicos. ¡No más lucro ni corrupción con los dineros de la salud!

La ley estatutaria y ordinaria es uno de los escenarios en donde se defiende el derecho a la salud y se debe valorar su importancia en el contexto de los procesos.

El sistema de salud debe respetar y garantizar los derechos laborales y a la seguridad social de todos los trabajadores y profesionales de la salud.

El sistema de salud debe ser participativo e intercultural.

Se debe fortalecer la movilización y diseñar estrategias para llegar a las comunidades.

Continuar con la defensa de los elementos centrales de la ley estatutaria en la ponencia del senador Luis Carlos Avellaneda, y hacer un amplio proceso de consulta para construir la propuesta de ley ordinaria.

Apoyar la marcha del próximo 28 de febrero.

3. Plan de Acción – ANSA

Fortalecer la ANSA, a través de un comité nacional de impulso y de tres comisiones de trabajo (legislativa, comunicación y movilización), con expresiones regionales.

Realizar una denuncia sistemática de la estrategia del Gobierno de recuperar financieramente a las EPS, comenzando por la demanda de desacato a las órdenes de la Corte Constitucional.

Desarrollar una campaña de comunicación masiva para “Ponerle cara al dolor” y sensibilizar a la población, acciones en las comunidades, cacerolazos, plantones, pedagogía ciudadana, articular dinámicas académicas con sociales.

Llamar a la movilización masiva desde la cotidianidad de los servicios de salud en articulación con los movimientos sociales y políticos que trabajan en defensa por la recuperación de la tierra, la educación, los derechos laborales, las pensiones y la paz.

Ampliar el debate público sobre los proyectos de ley estatutaria y ordinaria que realmente garanticen el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y a la seguridad social.

Reclamar sistemáticamente a los parlamentarios regionales su deber de acompañar una reforma realmente estructural que supere la crisis actual del sistema.

Realizar un Encuentro Nacional por la Salud y la Seguridad Social que permita consolidar los acuerdos políticos y convocar a todos los sectores por la defensa del derecho fundamental a la salud.

Acompañar la iniciativa de los secretarios de salud para recuperar el carácter público de los recursos de la salud.

Convocar a la solidaridad internacional por el derecho fundamental a la salud por todas las vías de articulación de los sectores sociales, académicos y políticos que participan en la ANSA.

¡La salud es un derecho y no un negocio!

Febrero 26: Cacerolazo en pro de justicia para las víctimas del sistema de salud en Colombia













Más información.

Intenso trabajo político de la senadora Gloria Inés Ramírez en el eje cafetero
Por: Camilo Raigozo

Entre el miércoles 13 y el viernes 16 de febrero la senadora del Partido Comunista y del PDA, Gloria Inés Ramírez, cumplió un arduo trabajo en su desempeño político con diferentes grupos sociales de la zona del eje cafetero.

Al atardecer del miércoles en la ciudad de Pereira la legisladora se reunió con una docena de profesionales de la salud de diferentes disciplinas, explicándoles las pretensiones del Gobierno de remendar superficialmente el sistema de salud y protección social actual, sin hacer cambios de fondo.

A su vez las y los galenos reunidos le expresaron a la senadora sus apremiantes condiciones laborales y el futuro incierto que les espera de continuar el actual sistema de salud, el cual no solo pone al paciente como cliente y a la medicina como mercancía, sino que  a las y los profesionales de la salud los somete a condiciones indignantes de trabajo.

Algunas de las conclusiones que dejó la reunión es el de fortalecer la naciente organización de profesionales de la medicina en la ciudad de Pereira, para lo cual se planearon futuras reuniones de la misma índole con el mayor número posible de participantes. La senadora aportará su conocimiento y su trabajo para lograr los objetivos.

Reunión con el alcalde de Riosucio, Caldas

A primera hora del jueves 14 de febrero la senadora Ramírez Ríos fue recibida en su despacho por el alcalde  del municipio de Riosucio, Caldas, Abel David Jaramillo Largo, quién le ofreció a la legisladora un completo informe sobre los logros y frustraciones de su administración.

Inversión social, empleo, recursos, actualización catastral, reconocimiento de víctimas, proyectos y problemas de financiación y ejecución, fueron algunos de los temas que se trataron en la conversación. Ramírez le ofreció todo su apoyo al alcalde para sacar adelante los ambiciosos proyectos de la administración municipal.

Reunión con mayores indígenas

Posterior a la reunión con el alcalde la senadora Gloria Inés Ramírez mantuvo un encuentro con mayores, líderes indígenas de Riosucio, quienes quisieron conocer las opiniones de la senadora sobre el futuro político en Colombia, principalmente el de la izquierda.

Marcha por la salud en Riosucio

Acto seguido Ramírez se sumó a la marcha que se realizó por las principales vías de Riosucio, en la que participaron trabajadores del hospital local, usuarios del mismo y la comunidad en general, reclamando de los gobiernos departamental y nacional, cambios de fondo en el sistema de salud y seguridad social.

En su discurso la senadora denunció, entre otras cosas, las pretensiones del Gobierno de hacer reformas insustanciales para que la Ley 100 quede intacta y las EPS sigan embolsillándose la plata de la salud de los colombianos. "Sólo la organización social, la unidad y la movilización en las calles, hará que el gobierno escuche el clamor de la ciudadanía", dijo la legisladora.

Encuentro con las comunidades en Anserma, Caldas

En el municipio de Anserma representantes de campesinos, indígenas y afros, se reunieron con la congresista de izquierda y le pusieron en conocimiento múltiples quejas y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública, entre otros casos.

Se escucharon graves denuncias sobre reclutamiento forzado por parte del Ejército a los jóvenes de la región. “Los militares entran abusivamente a las viviendas y sacan a los jóvenes y se los llevan a prestar el servicio militar sin importar que estén estudiando”, le contó entre otras cosas un líder de la comunidad a la senadora, quién tomó atenta nota de las denuncias.

Otra grave denuncia, entre muchas, fue la de una comunidad indígena que no tiene territorio para vivir y trabajar, pues el propio les fue arrebatado.

Sus niñas son violadas y hay una epidemia de enfermedades venéreas. Ninguna autoridad les ha prestado atención hasta el momento. “Nos ha tocado robar para sobrevivir”, le confesó un líder indígena a la legisladora.

En el albergue Villa Pava en La Virginia, Caldas

En horas de la tarde del 14 de febrero la senadora Ramírez Ríos visitó a 529 personas, la mayoría niños y mujeres, que componen unas 87 familias, asentadas en el refugio Villa Pava, como producto de la ola invernal que inundó los barrios El Progreso y Madre Vieja, donde tenían sus viviendas.

El albergue fue construido desde noviembre de 2011 (hace 14 meses) por parte de Prevención de Riesgos. Sin embargo hasta la fecha las familias damnificadas continúan esperando la solución habitacional prometida por las autoridades.

La senadora escuchó a las familias damnificadas y tomó atenta nota sobre las anomalías que padecen por la negligencia de los gobiernos local, departamental y nacional.

Feminicidio, una realidad a erradicar

En la mañana del viernes 15 de febrero de 2013, Gloria Inés Ramírez participó en el foro, Feminicidio, una Realidad a Erradicar, emprendido por diferentes organizaciones de mujeres y la Cámara de Comercio del municipio de Palmira, Valle del Cauca, en cuyas instalaciones se realizó.

En su intervención la senadora abogó por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la igualdad de género frente a las condiciones laborales y salariales, el respeto a los derechos humanos de las niñas, las jóvenes y las mujeres, sin importar su credo, condición económica, racial, escolar y cultural.

Ramírez Ríos enfatizó en su apoyo a legislaciones que favorezcan a la mujer, para que esta tenga acceso rápido y fácil a la justicia. Igualmente instó a la asistencia a organizarse y unirse para defender los derechos femeninos y para erradicar los abusos de género como consecuencia del clericalismo, el machismo y el conflicto armado que padece el país.


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