Parauribismo

El gobierno de Uribe fue un gobierno de delincuentes

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Nuevamente así lo demuestra la próxima imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación hará contra los presuntos delincuentes Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.

Según el ente acusador ambos incurrieron en los delitos de concierto para delinquir y en el caso Del Castillo, además los delitos de violación ilícita de comunicaciones y peculado por apropiación.

Esta imputación también cobija a otros dos presuntos bandidos cercanos a Uribe identificados como Sergio González y Diego Álvarez, ambos abogados.

Del Castillo y Velásquez habrían hecho parte de la tenebrosa estrategia de Uribe de calumniar y desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber actuado rigurosamente en investigaciones contra políticos ´paras’, entre estos Mario Uribe, su primo.

Estos sujetos también están acusados de reunirse con narcoparamilitares en “la casa de nari”, como en el caso de alias “job”, y del mismo modo habrían actuado en los montajes contra Yidis Medina.

Hace una semana fue llamado a declarar ante la justicia Mario Montaya, comandante del Ejército en el gobierno Uribe quien tiene acusaciones por asesinatos a sangre fría y complicidad con el paramilitarismo.

Treinta días atrás fueron capturados los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, lo mismo que su secretario general Alberto Velásquez. El Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, es prófugo de la justicia  y su ex ministro consentido Andrés Felipe Arias fue condenado y también huye de la justicia.

Hace pocos meses fueron condenados Bernardo Moreno, secretario general de Uribe,  y María del Pilar Hurtado, su secuaz en el DAS. Así mismo su último candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, está siendo investigado por la Fiscalía.

A lo anterior hay que agregarle las investigaciones y condenas contra cúpulas del DAS entre los que se destacan Jorge Noguera y otros importantes delincuentes. Cabe anotar que varios exfuncionarios del DAS y paramilitares han declarado que este organismo fue entregado por Uribe a los paramilitares.

En este aparato criminal, en lo que fue convertido el DAS, quedan procesos pendientes como son los casos contra Andrés Peñate, Jorge Mario Eastman y Joaquín Polo, mientras que el proceso contra José Obdulio Gaviria fue remitido a la Corte Suprema porque ahora el presunto delincuente goza de fuero especial como senador.

Cebe recordar que los jefes de seguridad de Uribe, muy allegados a él, Mauricio Santoyo y Flavio Butrago, generales de la Policía, resultaron ser delincuentes ligados al narcoparamilitarismo. El primero está en una cárcel de Estados Unidos y Buitrago fue destituido y tiene medida de aseguramiento.

A lo anterior hay que sumarle los crímenes cometidos por las fuerzas militares y de policía bajo el gobierno de Uribe, que se cuentan por miles según el último informe de la ONG Human Rights Watch.

En este escándalo varios generales, coroneles y otros presuntos delincuentes de alto rango fueron señalados como responsables de centenares de asesinatos contra civiles, más conocidos como falsos positivos.

Contra Álvaro Uribe existen al menos 276 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que van desde masacres, asesinatos, paramilitarismo, corrupción y muchos delitos más, pero los procesos no avanzan. 

Sin embargo por el número de altos funcionarios de su gobierno investigados y condenados, se puede afirmar que el gobierno de Uribe Vélez fue un gobierno de delincuentes.

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San José de Apartadó

Policía y Ejército hostigaron y agredieron a líderes campesinos y defensores de derechos humanos

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 25 de junio cuando Oscar Zapata, líder comunitario y miembro del Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadó, se encontraba en el casco urbano de la cabecera municipal, fue víctima de seguimientos por parte de agentes de  inteligencia militar vestidos de civil.

Aproximadamente a las 9 de la noche cuando el líder campesino se encontraba cenando en el  Éxito, en compañía de otro miembro del Comité y de un reconocido comerciante de la localidad, fueron grabados y fotografiados por cuatro sujetos de civil presumiblemente armados.

Coronel Germán Rojas, acusado de
violaciones a los derechos humanos
y al DIH.

Luego fueron rodeados por otros cuatro individuos con traje militar y armados con fusiles. Aunque las tres víctimas los identificaron como miembros de la Brigada 17 del Ejército, los sujetos no portaban ningún distintivo en clara infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Los uniformados les exigieron a sus tres víctimas una requisa “de rutina”, solo a ellos, mientras los otros cuatro sujetos de civil seguían grabándolos y fotografiándolos.

Uno de los campesinos comenzó también a grabar en su celular los hechos, pero los que grababan de civil ordenaron el decomiso del teléfono del campesino a lo que los tres amigos opusieron resistencia

Un soldado que se comunicaba permanentemente con el teniente coronel Javier Rojas extrañamente le preguntó al comerciante que si él también era de San José de Apartadó, lo que indica que los militares mantienen constantemente vigilados a los campesinos, pues hasta el momento no se había mencionado el lugar de su domicilio.

Una vez se retiraron los militares ingresaron  varios miembros de la Policía bajo el mando de Carlos Andrés Bravo, quienes también les exigieron otra requisa “de rutina”, solo a los tres.

Los policía querían trasladar a las tres víctimas a la estación, a lo que ellas se negaron al darse cuenta que el centro comercial estaba rodeado de vehículos de alta gama con vidrios polarizados, motocicletas, sujetos de civil armados, militares y policías.

Cuando los tres amigos quisieron regresar a terminar su cena el vigilante del almacén les cerró las puertas para impedirles la entrada, denunció a Notimundo el Comité para los Derechos Humanos de San José de Apartadó.

En el momento en el que los dos labriegos y el comerciante instauraron la denuncia sobre los atropellos ante la Policía, se dieron cuenta que en el informe los agentes tergiversaron los hechos. Escribieron que habían acudido al sitio por una riña de pareja.

Horas antes a través de la emisora Antena Estéreo el coronel German Rojas Díaz había acusado a la población de tener un complot con la guerrilla, por exigir el retiro de las guarniciones militares y de Policía del medio de la población civil.

“Quienes vienen pidiendo el retiro de la base militar en San José de Apartadó tienen un complot con la guerrilla para hacer salir a la Fuerza Pública del corregimiento”, habría dicho el coronel según la fuente, refiriéndose indirectamente al comité de derechos humanos, quien conjuntamente con los habitantes han insistido en la reubicación de la base militar que actualmente se encuentra al pie del colegio Mariano.

Es decir que los agentes militares y policiales del régimen someten a los niños y demás población civil a que les sirva de escudo humanos para resguardarse de los ataque de la insurgencia, en la más aberrante infracción al Derecho Internacional Humanitario, como en el caso de El Mango, en Argelia, Cauca.

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