sábado, febrero 26, 2011

Parauribismo/
El asesinato de Francisco Villalba.  Álvaro Uribe y la masacre de El Aro
Por Guillermo González Uribe

Su nombre era Francisco Enrique Villalba Hernández, alias «Cristian Barreto». Lo condenaron junto con dos de los máximos jefes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, por la masacre de El Aro; estos últimos a 40 años de cárcel, y Villalba a 33 años y 4 meses.

Alias Cristian Barreto se entregó a la justicia el 13 de febrero de 1998, tres meses después de dicha masacre, para aliviar su conciencia2. Luego de los testimonios que ofreció en el año 2008 ante la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República, lo asesinaron el 23 de abril del 2009.

La masacre de El Aro ha sido una de las más crueles perpetradas por los paramilitares: durante una semana se pasearon libremente por la zona, cometiendo desmanes contra sus habitantes y sus posesiones:

«Con toda la parsimonia del caso, como a sabiendas de que nada les impediría su calculada carnicería, cazaron, torturaron y vejaron a sus 17 víctimas, quemaron 42 de las 60 viviendas, se robaron 1.200 reses y forzaron a 702 habitantes a salir huyendo para salvar la vida»3.

Los relatos de los hechos son espeluznantes: descuartizamientos, violaciones, saqueos. Al tendero del pueblo, Marco Aurelio Areiza (64 años), lo amarraron, lo torturaron, le sacaron el corazón4, los ojos y los testículos.

El testimonio inicial de Villalba y otros más se corroboraron en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por los hechos, en pronunciamiento que sintetiza el horror de la violencia paramilitar en el país5.

Incluso la sentencia señala que «Colombia reconoció su responsabilidad internacional… en vista de la participación de agentes suyos en los hechos».

Los textos citados que reconstruyen los sucesos hablan de cómo se pidió apoyo a la gobernación de Antioquia, así como al ejército y a la policía, pero las autoridades no ayudaron a los pobladores, e incluso «Miembros del ejército iban arreando el ganado»6 robado a los campesinos.

Este hecho formó parte de la sangrienta estrategia paramilitar para combatir a la guerrilla, despojar de bienes y tierras a campesinos, proteger a los terratenientes y tomar el control de regiones claves para el narcotráfico.

Las masacres de los corregimientos de El Aro y La Granja, municipio de Ituango, se cometieron en desarrollo de la lucha por el Nudo de Paramillo, zona vital para el dominio del departamento de Antioquia y de la región, que estaba bajo la influencia de la guerrilla, según lo reconoció el propio líder paramilitar Salvatore Mancuso7.

Admitió también él que los paramilitares son hijos del Estado colombiano, y que recibieron adiestramiento y armas por parte de las fuerzas regulares del Estado8. Esta estrategia encontró un terreno fértil para su desarrollo en las cooperativas privadas llamadas Convivir, legalizadas y respaldadas en el departamento de Antioquia en los años noventa, durante la gobernación de Álvaro Uribe9.

Francisco Villalba, el protagonista de este recuento, estudió hasta quinto de primaria. Siendo un niño de diez años conoció a Dandenys Muñoz Mosquera, alias La Quica, quien llegaría a ser lugarteniente del capo más poderoso que ha existido en Colombia, Pablo Escobar Gaviria.

Cuando tenía dieciséis, La Quica lo mandó a trabajar con Fidel Castaño, uno de los paramilitares más sanguinarios10. De ahí en adelante la historia de Villalba es semejante a la de otros paramilitares: asesinatos, masacres, torturas, traiciones.

Pese a lo relatado, la noticia del asesinato de Villalba no tendría mayor trascendencia en un país copado por la violencia. Lo que la hace singular es que en sus testimonios vinculó al hoy expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con una masacre.

Villalba lo afirmó ante la Fiscalía en febrero del 200811 y lo ratificó luego ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en noviembre del mismo año.

El 22 de abril del 2009, pocos meses después de su testimonio ante el Congreso de la República, y cuando había pasado apenas algunos días en prisión domiciliaria, sicarios que utilizaron armas con silenciadores12, lo asesinaron frente a su casa, en el municipio de La Estrella, adjunto a Medellín13, cuando estaba acompañado de su esposa y su hija de cuatro años.

Dice Villalba en su testimonio ante el Congreso de la República14 que en la reunión en que se planeó la acción sobre El Aro estuvieron presentes «Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando».

Agrega que luego de la matanza se celebró otra reunión en la que además de varios jefes paramilitares, como Mancuso y Carlos Castaño, estaban Álvaro y Santiago Uribe, y que el entonces gobernador de Antioquia «Nos felicitó y todo a nosotros».

Añade que la operación se realizó para liberar a varios secuestrados, entre ellos a Mario, primo de Álvaro Uribe. Habla además de cómo el helicóptero de la gobernación sobrevoló la zona durante la masacre. Afirma que el hermano de Álvaro, Santiago Uribe, es el dueño del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.

Se refiere luego a una supuesta carta suya al presidente Álvaro Uribe, en la que se retracta de sus acusaciones, pero indica que esa carta es falsa: «Yo nunca me voy a retractar, yo lo que dije me quedo ahí, si me van a matar que me maten…». Habla también de otra carta dirigida al presidente Uribe, en la que el paramilitar Junior dice que Villalba no fue autor intelectual ni material de la masacre.

Al respecto, alias Cristian Barreto responde que en la cárcel les propusieron a varios desmentir sus acusaciones, y que el único que aceptó fue Junior. «Hay una contradicción del señor Junior. Él dice que yo no participé en la masacre de El Aro.

Si yo no participé entonces por qué estoy detenido, primero que todo porque me hicieron reconocimiento los familiares de las víctimas…», explica.

Cuando le dicen en el interrogatorio que no hay registro del vuelo del helicóptero de la gobernación en la zona durante los días de la acción paramilitar, responde que esto proviene de «el monopolio del país, el monopolio que quieren ocultar cosas y dejarlo a uno como un mentiroso como que está echando mentiras, yo siempre he pedido una veeduría internacional…».

Una última cita de este documento; luego de afirmar que ha sido objeto de varios atentados, Villalba agrega: «… así me maten que lo logren hacer van a callar pero las pruebas saldrán después… Son muchas pruebas que hay ocultas que muy pronto van ha (sic) salir».

No es fácil creer este testimonio de Villalba, pero los hechos generan por lo menos varias preguntas:

Si era un testigo tan excepcional, que había sido objeto de atentados y afirmaba que lo iban a matar, ¿por qué se le dio prisión domiciliaria sin brindarle protección?

Si se le creyó a Villalba cuando confesó la masacre de El Aro, y por eso la justicia colombiana lo condenó, junto con Mancuso y Castaño, ¿por qué ahora se le da credibilidad a la carta de otro paramilitar en la que se asevera que Villalba no tenía mando ni participó en los hechos?

¿Por qué aparece de pronto, en la Presidencia de la República, una carta supuestamente de Villalba en la que asegura que era mentira lo que dijo del presidente, pero el propio Villalba enfatiza que él no la escribió?

¿Por qué se le da amplia difusión y credibilidad a esa carta que, según investigación de Noticias Uno, y dictamen de un grafólogo, no la escribió Villalba sino otro preso que por interpuesta persona la hizo llegar a la Presidencia de la República de ese entonces?15.

¿Por qué la defensa dice que no hay constancia de que el helicóptero de la gobernación estuvo en El Aro durante la masacre porque no aparece en los registros de la gobernación, pero además del testimonio de Villalba, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso sostuvo en su versión libre del 18 de noviembre del 2008 que «un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló El Aro durante la masacre»16.

¿Por qué en esa misma declaración Mancuso afirma que «… el entonces secretario de Gobierno de la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, se enteró de lo que iba a pasar en El Aro en una reunión que tuvo con Carlos Castaño a la que asistió Salvatore Mancuso en Tierralta, Córdoba, previa a la masacre.

Moreno había pedido personalmente a Castaño una cita para hablar sobre las Convivir de Urabá, de las que fue uno (de los) defensores en Antioquia»?

¿Quién o quiénes deben responder ante el Estado colombiano por los $3.500 millones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó a pagar a los familiares de las víctimas de las matanzas de El Aro y La Granja?17.

La masacre de El Aro es un caso salpicado de hechos, coincidencias, interrogantes, patrones de comportamiento que no dejan de preocupar.

Al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado en repetidas ocasiones el accionar paramilitar ligado al ejército en La Granja y El Aro, lo señaló el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez como «enemigo de las fuerzas armadas»18, y la IV Brigada lo denunció penalmente. En su defensa, Valle Jaramillo manifestó:

«Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño.

Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y el país»19.
Al poco tiempo de hacer esta declaración, a Jesús María Valle Jaramillo lo asesinaron.

Por último, cabe señalar que Salvatore Mancuso, uno de los implicados en el testimonio de Francisco Villalba, y quien fue extraditado por el presidente Uribe hace más de un año a Estados Unidos, en entrevista a la revista Cambio titulada «Conmigo extraditaron la verdad», dice20:

«Si a las autodefensas, que supuestamente eran amigas del gobierno, y a Mancuso, el amigo personal de Uribe, les hacen esto (las extraditan), qué no les harán a las Farc, que asesinaron al padre del presidente».

Palabras del propio Mancuso, citándose él mismo en tercera persona como amigo traicionado del presidente Uribe. Esa relación de «amigo personal» del hasta hace poco máximo comandante de los paramilitares con el presidente no la habían reconocido hasta ahora ni el presidente ni Mancuso.

Sostiene además Mancuso en dicha entrevista, al hablar de la elección presidencial de Álvaro Uribe: «La gran mayoría de nosotros apoyamos a Uribe porque recibimos instrucciones de los comandantes y así lo hicimos en todos los departamentos con influencia del bloque Norte».

A la pregunta sobre la razón de su extradición, Mancuso responde: «El gobierno se asustó con las actividades de algunos comandantes y porque estábamos reconstruyendo la verdad».
Nuevos datos

En su edición de marzo del 2010 la revista Semana publica un artículo con nuevas revelaciones sobre las llamadas chuzadas del DAS. En uno de los apartes señala:

“El DAS siempre aseguró que nunca había tenido contacto previo con los enviados de 'Don Berna' y que esta había sido una reunión ocasional. Sin embargo, un cruce de correos entre la cúpula del DAS deja ver algo muy diferente.

"Martha es necesario saber quién es Francisco Villalba, miembro de las AUC quien se encuentra detenido en Itagüí y al parecer tiene algo que compromete al jefe. Será que los amigos de la reunión saben algo de él y lo que tiene. Me avisas con info a la sra directora".

Este correo electrónico fue enviado por el ex director de inteligencia Fernando Tabárez a Leal y la directora del DAS a las 6:30 de la tarde del 23 de abril (del 2008). Villalba era un paramilitar quien declaró ante la justicia que el presidente Uribe estaba vinculado a la masacre de El Aro ocurrida en Antioquia en 1997, cuando él era gobernador.

Villalba fue asesinado pocos días después de que le dieran casa por cárcel en abril del año pasado...  Los "amigos" a los que se refiere Tabárez son alias 'Job', con quien Leal se reunió en la Casa de Nariño, y su acompañante..."

Así que el paramilitar que acuso al presidente Uribe de participar en una masacre fue investigado por el DAS antes de ser asesinado. Un dato interesante para que las autoridades sigan adelante con estas pesquisas.

Apéndice

En su voto razonado sobre las masacres de El Aro y La Granja, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Antônio Augusto Cançado Trindade escribió, citando a Ionesco21:

«Estamos ahora subyugados por la razón de Estado que permite todo: los genocidios, los asesinatos, el meter en cintura a los intelectuales… El Estado es la defensa del crimen. El Estado impulsa el crimen, justifica el crimen… La cultura, que es la única que podría dejar al hombre respirar y darle un poco de libertad, está devorada por el Estado».

Agro Robo Seguro/
Hubo dobles pagos en publicidad de Agro Ingreso Seguro
Por El Tiempo

Contraloría ordenó embargar bienes de los ex ministros Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández.
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Los contratos de publicidad del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) tienen nuevamente al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y a su sucesor, Andrés Darío Fernández Acosta, en la mira de los organismos de control.

En esta ocasión, la Contraloría General ordenó abrir una investigación por presunta responsabilidad fiscal y el embargo cautelar de bienes a 17 funcionarios de esa cartera.

En 14 contratos de publicidad, por valor de 14.982 millones de pesos, la Contraloría encontró pagos de actividades que no tienen relación con el público al que se quería llegar -los campesinos- con el AIS y contratos similares por las mismas actividades.

"Se contrataron diseños de páginas web, compraron aparatos inalámbricos y otros elementos, que nada tienen que ver con la misión para la cual fue hecho el programa AIS", señala la contralora delegada para la Investigación, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, María del Pilar Yepes.

Adicionalmente, el organismo fiscalizador pudo establecer que hubo contrataciones similares para las mismas actividades, es decir, doble erogación de los pagos. En consecuencia, los implicados en la investigación estarían vinculados con una presunta doble irregularidad: desvío de recursos y doble pago por un mismo servicio.
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La Contraloría considera que los contratos para promoción y divulgación del programa se realizaron sin tener en cuenta los procedimientos de la Ley 80, que rige las contrataciones, pues se hicieron directamente con un organismo internacional, lo que, según la entidad, les resta transparencia a los procesos.

Yepes explicó que al proceso han sido vinculados, además de Arias y Fernández (que para la época era viceministro), viceministros, directores de departamentos y el presidente de Finagro, Luis Fernando Criales.

La Contraloría también espera vincular al director del Iica, "cuando se le levante la inmunidad diplomática, porque es un organismo internacional con el que el Ministerio contrató", explicó Yepes.

El Tiempo.com pudo establecer que a las 4 p.m. del viernes los abogados de los ex ministros se notificaron de la apertura del proceso fiscal, pero, según estos, no se concretó ningún embargo cautelar de cuentas.

Seguridad narcocrática/
Aseguran a militar por ejecuciones extrajudiciales
Por Camilo Raigozo

El pasado 25 de febrero, un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ordenó el aseguramiento del sargento segundo del Ejército, Jorge Enrique Borda, por su presunta coautoría del asesinato de dos civiles, informó el ente investigador.

Los crímenes ocurrieron entre el 5 y el 6 de marzo de 1997, cuando en la hacienda La María, corregimiento Varela, municipio de Ciénaga, Magdalena, tropas del Batallón de Infantería Mecanizada No.5 asesinaron en supuesto combate a José Manuel Molina Sevilla y Julio Useche Canchano.

La Fiscalía pudo establecer que los cuerpos de las víctimas fueron manipulados, las vainillas halladas en la escena no correspondieron con el arma que presumiblemente portaba una de las víctimas, y los cadáveres tenían disparos hechos a corta distancia, lo que contradice el reporte castrense según el cual en el intercambio de disparos mediaron 15 metros, aproximadamente.

La Fiscalía afirmó también que en el mismo proceso hay más personas investigadas.

viernes, febrero 25, 2011

Desaparecido estudiante de la Universidad Pedagógica en Bogotá

Estudiantes, profesores y amigos de Sergio Leonardo Herrera Charry (foto), estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Universidad Pedagógica Nacional, denunciaron que desde el pasado marte  22 de febrero desapareció misteriosamente sin que se tenga pistas sobre su paradero.

Según la denuncia, el estudiante salió de su casa ubicada en el barrio El Cortijo, en la localidad de Engativá, el pasado martes 22 de febrero a las 6:30 a.m.  rumbo a la universidad para encontrase con su novia, pero desde entonces no se tiene ninguna información relacionada con su suerte.

Sus familiares dejaron los siguientes números para que se informe de alguna pista: 800 89 79; 310 569 65 91, 315 328 58 72 y 313 329 94 75.

Agro Robo Seguro/
Contraloría ordenó embargo de bienes de ex ministro Andrés F. Arias
Abren investigación fiscal en su contra por los contratos de publicidad de Agro Ingreso Seguro.
Por El Tiempo

La medida cobija a otras 18 personas, entre estas se encuentra el sucesor de Andrés Felipe Arias en el Ministerio de Agricultura, Andrés Fernández.

A los implicados se les ordenó un embargo de bienes, como medida cautelar, el cual se hizo efectivo hoy, según reportó la contralora Sandra Morelli, en diálogo con La W.

El ente de control fiscal tratará de establecer, durante los próximos tres meses, si se presentó un detrimento patrimonial en la firma de los contratos de publicidad.

En caso de que los resultados sean positivos, Andrés Felipe Arias tendrá que responder por el monto del daño fiscal, es decir, lo que costó el contrato de publicidad, teniendo en cuenta que se trata de desviación de recursos, según explicó la contralora Sandra Morelli.

El monto de los recursos que se invirtieron para la publicidad de este programa alcanzaron los 14 mil millones de pesos.

El programa de Agro Ingreso Seguro fue una iniciativa creada por la administración del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, para preparar al sector agrícola frente a los retos de un eventual tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

El programa no ha estado exento de polémicas. Esta semana, la Fiscalía General formuló cargos contra siete ex funcionarios y 15 beneficiarios de este programa, que consistía en otorgar subsidios a los agricultores.

La fiscal general, Viviane Morales, encontró la posible comisión de siete conductas penales y por eso determinó formular cargos.

El programa fue impulsado por el ex ministro conservador Andrés Felipe Arias, quien luego se postuló como precandidato presidencial. Arias fue derrotado en una consulta interna por la ex canciller Noemí Sanín.

Ahora, es uno de los líderes más representativos del conservatismo.
el escándalo de Angro Robo SeguroA esto, la colectividad suma el hecho de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a siete ex funcionarios del gobierno Uribe, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Parauribismo
Uribe Vélez será denunciado por paramilitarismo
Por Camilo Raigozo

Clara López Obregón,  presidenta del Polo Democrático Alternativo, PDA, anunció que esa colectividad política denunciara a Álvaro Uribe Vélez, alias “El Número uno” y ex presidente de Colombia por paramilitarismo.

Por intermedio de un comunicado de prensa, el Polo Democrático Alternativo cuestionó los "estrechos nexos de colaboración política, económica y electoral" entre el ex presidente Álvaro Uribe y su primo Mario Uribe, condenado a 7 años y medio de cárcel por nexos con grupos paramilitares.

López Obregón, dijo que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió apoyo político para Uribe en el 2002, y que el ex mandatario acogió financiación de alias Enilse López, 'la gata', la cual aportó al menos 100 millones de pesos, a una de las campañas de Uribe Vélez.  “La Gata” está condenada a nueve años de cárcel por formación y financiación de grupos paramilitares.

El Polo advierte que Uribe debe ser juzgado por la justicia ordinaria, ya que los delitos de los cuales es señalado fueron cometidos cuando aún no era presidente. El único partido de oposición suma a lo anterior el hecho de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a siete funcionarios de su gobierno implicados en la estrategia de corrupción conocida como “Agro Ingreso Seguro" (Agro Robo Seguro).

Más información.

jueves, febrero 24, 2011

Seguridad narcorática/
Acusan a cinco militares por asesinato de campesinos
Por Camilo Raigozo

Este 23 de febrero en Bogotá, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de un oficial, un suboficial y tres soldados profesionales, por su presunta responsabilidad en las muertes de dos civiles, informó la Fiscalía.

Los crímenes sucedieron el 3 de marzo de 2005, cuando tropas del Batallón Girardot, adscrito a la IV Brigada del Ejército, ultimaron en supuesto combate con el frente 36 de las Farc en zona rural de Campamento, Antioquia, a Humberto de Jesús López Quiroz y a Nicolás Gonzalo Morales Morales.

Los presuntos criminales son: César Augusto Cómbita Eslava, capitán; Jorge Edilio Duarte Bautista, suboficial; y los soldados Luis Alfonso Vega Rodríguez, Andrés Felipe Sarrázola y Jaime Giovany Zapata Jiménez, quienes responderán en juicio por haber incurrido, presumiblemente, en el delito de homicidio en persona protegida. Todos ellos están privados de la libertad.

Capturan a otros seis uniformados por homicidio

Por otra parte, en en la misma fecha, en Puerto Asis, Putumayo, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, adscritos a Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, capturaron a seis integrantes del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer en zona rural del municipio mencionado.

Las pesquisas se efectuaron en las instalaciones de la Brigada 27, con sede en Mocoa, Putumayo, luego de que un juez de control de garantías librara las respectivas órdenes que la Fiscalía solicitó por los delitos de homicidio agravado y fraude procesal, según informa el ente investigador.

El crimen ocurrió el 2 de febrero de 2007 en la vereda La Danta, jurisdicción de Puerto Asís, donde integrantes del Gaula del Ejército dispararon en contra de Lucero Melo Calderón, a quien presentaron como miembro de una organización que perseguía el cobro de una extorsión.

Los capturados, tres soldados profesionales, dos cabos primeros y un cabo tercero, quedaron a disposición del fiscal del caso, para que los presente ante un juez de control de garantías con el fin de efectuar las audiencias preliminares.

Parauribismo/
Pérez Esquivel dice que Uribe es responsable de violación de DD.HH.
En entrevista con La W, dijo que si la Justicia pide pruebas contra el ex mandatario, las presentará
Por El Tiempo

Un nuevo round protagonizan el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

Pérez Esquivel aseguró a La W que Uribe es responsable por la violación de los derechos humanos en Colombia, particularmente por la situación que se vive en las cárceles del país y por el desplazamiento forzado de unas 4 millones de personas.

El Nobel dijo que como Jefe de Estado es responsable de estos hechos, al tiempo que advirtió que si la justicia colombiana requiere pruebas en contra del ex mandatario, él no tiene problemas en suministrarlas.

"El Presidente de Colombia es el responsable de las violaciones de derechos humanos", dijo el argentino a La W.

Recordó que en el 2008 presidió el Tribunal Permanente de los Pueblos y que, en esa posición, pudo documentar varias violaciones de los derechos humanos.

También criticó el hecho de que Uribe ordenó la extradición de los principales jefes del paramilitarismo a los Estados Unidos.

A su vez, el ex presidente colombiano utilizó, de nuevo, su cuenta de twitter para denunciar que Pérez Esquivel "está protegiendo" en Argentina a un narco que identificó como Méneses, quien ha hecho acusaciones contra su hermano, Santiago Uribe.

"Denuncio esta infamia contra mi hermano Santiago y pido a las autoridades que estudien la vida de mi hermano, su patrimonio, sus actividades, etc", dijo el ex presidente.

Uribe dijo que las declaraciones del Nobel "son irresponsables y temerarias".

'No puede ser detenido'

El abogado del ex presidente Uribe admitió, en diálogo con ELTIEMPO.COM, que Pérez Esquivel no podrá ser detenido por este caso, pues se trata de una denuncia por injuria y calumnia, el cual no tiene medida de aseguramiento en el sistema judicial colombiano.

"La ley colombiana contempla que una persona que ha realizado acciones que hayan tenido efectos en Colombia (en este caso a través de los medios) tenga que venir voluntariamente", dijo Lombana a El Tiempo.

El abogado de Uribe dijo que desestiman que Pérez Esquivel interponga una demanda, porque "el que ofendió inicialmente fue Pérez Esquivel".

El conflicto entre Uribe y Pérez Esquivel comenzó esta semana cuando el Nobel de Paz dijo que el ex presidente colombiano y su primo el ex senador Mario Uribe, condenado a 7 años de prisión por concierto para delinquir, tenían vínculos con el paralimitarismo.

Uribe respondió a través de su cuenta de Twitter que Pérez Esquivel era un "promotor" del terrorismo de las Farc y que le estaba haciendo favores a ese grupo guerrillero. Además, interpuso una acción judicial contra el Nobel por los delitos de injuria y calumnia.

Pérez Esquivel recibió en la noche del jueves, al finalizar el foro 'Haciendo la paz en Colombia', un homenaje de desagravio, promovido por organizaciones de derechos humanos que consideraron que el ataque al  Nobel, era un también una agresión contra ellos.

Bajo Cauca
Comunidades desplazadas por las fumigaciones ven favorable el cambio de lenguaje de las autoridades y de la prensa

Así lo hace saber la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asocbac, en su quinto comunicado enviado a la redacción de Notimundo, en el que también destaca conversaciones y acercamientos en varios temas con los gobiernos locales y del departamento.

A continuación transcribimos en su integridad el quinto comunicado:

Hoy (ayer) cabe destacar varios puntos sobre las conversaciones y acercamientos con los gobiernos locales y departamental, que hemos realizado:

La presencia de organismos del ministerio público como la defensoría del pueblo.
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El favorable cambio de lenguaje de las autoridades departamentales y por reflejo de la prensa, en torno a esta situación de desplazamiento forzado, reconociéndolo como tal y respetando a sus voceros.

Hemos, con base en la decisión autónoma de la comunidad desplazada forzada de Santa Rita Ituango, decidió permitir el retorno de estudiantes de bachillerato y profesores del corregimiento, a los cuales el Estado debe garantizarles los mínimos de dignidad, garantías y sostenibilidad,-

en sentido de inversión social en el tema educativo en el corregimiento de Santa Rita Ituango como autonomía escolar, respeto y dignificación a la profesión docente, kit escolares, restaurantes escolares, becas de estudio y capacitación agrícola en el SENA, solicitud de una sede de regionalización de la Universidad de Antioquia en Ituango.

Hemos permitido el ingreso del ICBF, para la atención de menores de edad, el cuál habíamos obstaculizado, con base en las afirmaciones telefónicas del gobernador de Antioquia, que se le iban a quitar los niños a las familias que los tuvieran aquí.

No entendiendo o pretendiendo no entender que los menores de edad, son las principales víctimas humanas potenciales de las fumigaciones aéreas con glifosato, en términos de enfermedades cutáneas, respiratorias y afectaciones a su crecimiento y desarrollo. Los niños aquí presentes son víctimas de estas fumigaciones y están con sus padres y madres.

Un punto esencial hacia las mesas de acercamiento en tema de reparación de cultivos lícitos, proyectos productivos de sustitución de ilícito y afectaciones al medio ambiente.

Se debe concertar una tabla de valores que determine a como se va a pagar hectárea afectada. Además se debe establecer una compensación ambiental por de Gobierno Nacional a los municipios de Tarazá, Valdivia e Ituango por las contaminaciones al medio ambiente por las fumigaciones con glifosato en un momento de calentamiento global y cambio climático.

En el tema de inversión social y proyectos productivos es clave que se respete y fortalezca la autonomía organizativa y soberanía alimentaria, para tal efecto debe garantizarse la consulta, participación y definición de la comunidad representada por la Asocbac.

En ese sentido es importante el tema de regalías actuales y futuras de la sub región con base en el megaproyecto HidroItuango, tanto de las zonas afectadas por el embalse como los sitios post presa.

Reiteramos nuestras posiciones sobre educación y salud como sobre la titulación de predios y compra de tierras por parte del Incoder para hacerle entrega a los campesinos, igualmente lo que tiene que ver con el respaldo a la legalización de la actividad minera,-

respetando las licencias existentes, contribuyendo a la formalización de la minas artesanales y capacitación e inversión por parte del Estado en mitigación al impacto ambiental. Vías de comunicación y plantas de transformación de los productos agrícolas y centros de acopio.

Resaltamos el pensar del Gobierno departamental, que hay la necesidad de que el Gobierno nacional asuma el debate de puntos como el de fumigaciones, proyectos productivos entre otros.

Por eso reiteramos que la negociación debe estar encabezada por el vice presidente de la república, el ministro de Agricultura, el director del de Estupefacientes, el gerente del Incoder.

Agradecemos el pronunciamiento de la senadora Piedad Córdoba sobre la justeza de estas reivindicaciones y de su interés junto a Iván Cepeda y otros congresistas de ser facilitadores y garantes de los acuerdos.

Nos preocupa la forma en como tropas de la brigada móvil 25 de la VII división del ejercito, el día 22 de Febrero desplazaron forzadamente a 12 campesinos de la vereda Curumana, de Tarazá, quienes se habían quedado en sus casas, a los que soldados les dijeron que se fueran para el pueblo como la otra gente, porque iban a combatir.

 Reiteramos nuestro rechazo a las amenazas contra el campesino y comunidades autóctonas, sin importar el actor armado que las ejerza.

Fraternalmente:
Asocbac
NIT: 900264352-5

Parauribismo/
Andrés Peñate dijo que José Obdulio Gaviria ordenó chuzadas
Por: Elespectador.com

En medio del escándalo del DAS, en septiembre de 2009 la Embajada de Estados Unidos envió un cable en el que señaló que el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria negaba su participación en los hechos, pero el embajador William Brownfield expresaba sus dudas sobre los autores intelectuales de las mismas, al tiempo que señalaba la demora del propio DAS en encontrar de los responsables de interceptar a políticos y periodistas.

En la extensa nota, que hacía además un recuento que de las medidas que tomaba el gobierno alrededor de la reestructuración del organismo, recordaba que  tanto el director de la Policía, Óscar Naranjo, como el ex director del DAS Andrés Peñate le comentaron por separado a Brownfield que José Obdulio Gaviria había presionado al DAS para espiar a los oponentes políticos del Gobierno.

Wikileaks había ya revelado un cable en el que se señalaba que el director de la Policía, general Óscar Naranjo le había dicho al embajador de Estados Unidos en Colombia que tanto Gaviria, como el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno podrían ser los instigadores de las interceptaciones ilegales.

En el mismo cable —divulgado por Wikileaks— recuerda el embajador que el entonces presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, y el ex senador Gustavo Petro habían acusado a la Casa de Nariño de ordenar las 'chuzadas'.

No obstante, agregó que José Obdulio Gaviria se declaró enemigo de las interceptaciones ilegales y su publicación, manifestando que eso lo diferenciaba del editor de la revista Semana, Alejandro Santos, que había publicado los detalles. En el cable se incluyó un comentario del ex presidente César Gaviria, según el cual los 'Montesinos' colombianos podrían estar detrás de las 'chuzadas'.

La ex subdirectora de Operaciones del DAS, Marta Leal, aseguró ante la Fiscalía General de la Nación que Peñate  había dicho que la información de las chuzadas era requerida por la casa de Nariño, pero Peñate negó que se hubiera referido al ex presidente Álvaro Uribe.

Así mismo Browifield señaló que el periodista de la W Radio, Félix de Bedout, un blanco del DAS en la chuzadas, le dijo que el antiguo subdirector del DAS José Manuel Narváez había mantenido acceso a la agencia después de su partida y que era el enlace principal de la Casa de Nariño con el DAS.

Bedout le dijo a Brownfield  que el contacto de Narváez en la Casa de Nariño probablemente era José Obdulio Gaviria o el Secretario de la Presidencia Bernardo Moreno.

miércoles, febrero 23, 2011

Parauribismo/
Tras insultos de Uribe rinden homenaje de desagravio a Pérez Esquivel
Los activista por la paz advirtieron que ofender al Nobel es atacar a todo el movimiento de derechos humanos
Por Camilo Raigozo

El acto tuvo lugar tras conocerse la andanada de ofensas del ex presidente Álvaro Uribe, alias “El Número uno”, como lo llamaban sus subalternos en “La Casa de Nari” y en el DAS, contra el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, al cual tildó de “promotor del terrorismo”.

Con su estilo chabacano y pendenciero, al mejor estilo gansteril, Uribe se preguntó vía Twitter "Por qué Pérez Esquivel les hace mandados a las Farc?".

Por fortuna el Nobel no vive en Colombia donde muy seguramente los paramilitares ya lo hubieran asesinarlo por ser “promotor del terrorismo", como les ocurrió a 207.650 personas, asesinadas o desaparecidas, entre 2005 y 2010, según información de la propia Fiscalía.

Al culminar el foro 'Haciendo la paz en Colombia', la representante de Madres de la Plaza de Mayo, Laura Baravalle, leyó una carta de respaldo a Pérez Esquivel, que fue firmada por más de 20 organizaciones de derechos humanos de América Latina y Europa.

"Atacar a Pérez Esquivel es atacar a todo el movimiento de Derechos Humanos de Argentina y de Latinoamérica", sostiene la carta en referencia a los insultos proferidos por Uribe contra el activista internacional.

En el marco del foro, el pasado lunes, Pérez Esquivel aseguró que el ex mandatario antioqueño y su primo Mario Uribe tenían vínculos con el paramilitarismo.

Aunque Uribe se salga de la ropa, la tozuda realidad le da la razón al Nobel, ya que casi simultáneamente Mario Uribe era condenado a 90 meses de cárcel, precisamente porque se comprobó su asociación para delinquir con los paramilitares.

Uribe instauró ante la Fiscalía General de la Nación en la tarde del miércoles 23 de febrero, una denuncia contra el Nobel por injuria y calumnia, al mismo tiempo que continuó con sus ataques:

“¿Pérez Esquivel es usted Nobel de Paz?, no siga promoviendo el terrorismo en Colombia”, le dijo “El Número uno” vía Twitter.

EU reconocía en Alfonso Cano a un ideólogo brillante: Wikileaks
Por agencias

Un cable diplomático filtrado por Wikileaks y publicado por el diario El País de España revela que el gobierno estadounidense veía en Cano a un “consumado diplomático, que nunca pierde el control de sí mismo y siempre elige sus palabras cuidadosamente”.

El documento que data de julio de 1992 afirma que Cano quiere probar su suerte en la vida política y lo describe como un “ideólogo brillante”.

El cable diplomático se refería a Manuel Marulanda Vélez, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Iván Márquez y Timoleón Jímenez, como: Blanca Nieves y los cuatro enanitos.

Bajo Cauca Antioqueño
Desplazados por las fumigaciones exigen hablar con el gobierno y critican el tratamiento irresponsable de los medios sobre la crisis

Un cuarto Comunicado emitido por la dirigencia de la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asocbac, da a conocer la delicada situación por la que atraviesan los más de 3.000 campesinos desplazados por las fumigaciones indiscriminadas con glifosato.

A continuación transcribimos en su integridad el comunicado:

La comisión de voceros de los campesinos de los desplazados forzados por las fumigaciones con glifosato refugiados en los coliseos del municipio de Tarazá y del municipio de Valdivia, definimos proponer al Estado que conforme la comisión negociadora de alto nivel encabezada por el vicepresidente de la republica Angelino Garzón, el Secretario de Gobierno Departamental,-

el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, el Director Nacional de Estupefacientes, el Gerente del Incoder y de organismos de control del ministerio público como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría delegada Agraria y Ambiental, la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos y el DIH, que creemos tendrán el poder de decisión suficiente para dar soluciones a las condiciones que exigimos para retornar a nuestro territorio:

El cese inmediato de las fumigaciones aéreas en el bajo Cauca Antioqueño y nudo de Paramillo.
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La reparación inmediata por perdidas de cultivos lícitos y proyectos productivos que el mismo Estado ha brindado a los Campesinos para la sustitución, los cuales han sido afectados por estas fumigaciones.

Garantías en Derechos Humanos para los campesinos desplazados por las fumigaciones con glifosato y sus dirigentes.

Inversión y proyectos productivos para sustituir los cultivos de uso ilícito concertados con la comunidad, que garanticen su autonomía y soberanía alimentaria.

Se establezca una mesa de veeduría y seguimiento a los acuerdos a los que posiblemente se lleguen, compuesta por el Estado, la Asocbac, la Procuraduría Agraria y Ambiental, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría departamental, el Incoder, Acnur, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Igualmente no ratificamos que solo aceptaremos dialogar y negociar con las autoridades civiles del Estado.

Continuamos solicitando a la Senadora Piedad Córdoba, el Representante Iván Cepeda, el Representante Indígena Hernando Hernández, La Senadora Gloria Inés Ramírez, el senador Jorge Enrique Robledo, a integrar una comisión facilitadora, de acercamiento y de garantías para que los campesinos desplazados del bajo Cauca y Santa Rita, podamos dialogar y negociar con el Estado.

Agradecemos a la senadora Piedad Córdoba, al Representante Iván Cepeda, al Representante Indígena Hernando Hernández, quienes a pesar de estar fuera del país en un importante evento por la paz de Colombia y la unidad Latino Americana, al saberse convocados a esta comisión,-

se nos han acercado y puesto a la disposición para comenzar los acercamientos con el gobierno nacional. Igualmente agradecemos le interés manifiesto de Senador Juan Manuel Galán en esta problemática y lo invitamos a hacer parte de esta comisión de acercamiento.

De una forma fraternal criticamos la forma en como la prensa, la radio y la televisión, han presentado las comunicaciones sobre esta problemática, multiplicando los señalamientos y estigmatizaciones realizadas por el ejército a este proceso,-

señalando a nuestros voceros de promotores del desplazamiento y planteando que variamos cada día nuestras exigencias, tergiversaciones que en vez de informar desinforman y macartizan, siendo muestra clara del nivel de nula libertad de prensa y de sujeción de los medios de comunicación al poder del Estado y su ideología militarista.

Fraternalmente:
Asocbac
NIT: 900264352-5

¿Retorno y permanencia sin garantías?
Por Iván Cepeda. Representante a la Cámara

Probablemente, uno de los asuntos que mayor controversia ha causado en los últimos meses en Colombia es la política de restitución de tierras.

En contraste a los conatos de discusiones de carácter democrático que se han librado públicamente en torno a la ley de tierras, la reacción que ha causado en algunos sectores, vinculados a la gran propiedad de la tierra y expresada mediante diversos métodos y escenarios al país, ha sido virulenta.

Durante décadas, la cuestión agraria ha permanecido de una u otra forma en el fondo de toda discusión política en Colombia. Los períodos de violencia que ha sufrido nuestro país están íntima y profundamente vinculados con los ciclos de acumulación de la tierra y los capitales vinculados a esta en muy pocas manos y representa uno de los mayores obstáculos para la maduración de la democracia y la justicia en Colombia.

Los últimos años del gobierno de Uribe representan uno de los períodos más violentos del despojo de tierras. Dos entre miles de estos casos son el de la Hacienda las Pavas, en el departamento de Bolívar y los predios de El Tamarindo, en el Atlántico.

123 familias tomaron posesión de la hacienda las Pavas que se encontraba abandonada por parte del narcotraficante Jesús Emilio Escobar durante 1997 hasta el 2003, momento en que fueron desplazados por acción de grupos paramilitares.

Desde 2003 hasta el 2006 la comunidad retornó paulatinamente a la hacienda, solicitándole en el 2007 al Incoder la extinción del dominio del predio, dado que el propietario había dejado de ejercer la posesión.

No obstante este mismo año la hacienda fue vendida al Consorcio El Labrador compuesto por las empresas Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama S.A., del que hace parte el grupo económico Daabon, quien se dedica a la implementación del cultivo de la palma aceitera.

Finalmente, en el 2009, luego de un intenso proceso social y jurídico, se produjo el desalojo ilegal de la comunidad de las Pavas, mediante una vía de hecho por parte de las autoridades civiles y policiales del municipio. Desde entonces estas familias viven una profunda crisis humanitaria, por la escasez de alimentos, el abandono del Estado y la ola invernal.

Ante las exigencias de esta comunidad organizada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, de garantías para ejercer su derecho a la restitución y el retorno, las cuales se traducen en la efectiva extinción de dominio de la hacienda y su posterior adjudicación, continúan siendo víctimas por estos días, de amenazas y persecución contra sus líderes1.

En el caso de la Finca El Tamarindo en el Departamento de Magdalena, 110 familias campesinas y desplazadas de diversas zonas de la región Caribe, tienen posesión pacífica del predio desde hace más de 10 años, dedicándose a la agricultura como mecanismo de subsistencia.

Desde 2008, luego de que se conociera la construcción de la Zona Franca Internacional del Atlántico ubicada frente al predio el Tamarindo, y se proyectara construir una carretera por el medio del predio que pueda conectar de manera más rápida esta zona con la ciudad de Barranquilla enlazándola con la circunvalar y la zona industrial de la Vía 40,-

se han presentado múltiples pleitos con personas que se declaran dueñas de estos predios, quienes han promovido varios procesos de desalojo, caracterizados por extralimitaciones de la fuerza pública, desconociendo las normas que regulan la materia que exigen que dichas diligencias deben llevarse a cabo sin detrimento de la integridad física de las personas, escogiendo entre los medios más eficaces aquellos que causen menos daño a la integridad de las personas y sus bienes, para evitar daños innecesarios.

En más de 20 diligencias realizadas en el último año, el Esmad ha entrado a la comunidad lanzando gases lacrimógenos afectando a los niños, mujeres y ancianos que allí habitan, la maquinaria pesada utilizada ha arrasado con los cultivos y las casas, matando a los animales y dejando personas heridas, con tal de desvirtuar la posesión pacifica que los campesinos ejercen en la Finca.

Adicionalmente, las Personas que se declaran dueñas de estos predio, han contratado a la Empresa de Seguridad Privada 911, de propiedad de Emilse López alias, “la gata”, quien se encuentra con la licencia de funcionamiento cancelada de acuerdo con información entregada por la Superintendencia de Vigilancia. Funcionarios de esta empresa entran al predio en horas de la noche y destruyen los cultivos con el fin de amedrentar a la comunidad.

Se han proferido amenazas en contra de sus líderes, estando en la actualidad uno de ellos desplazado, nuevamente, en la ciudad de Bogotá. El año anterior personal de la empresa 911 profirió amenazas de muerte en contra de la abogada de la Defensoría del Pueblo Atlántico y contra una la funcionaria del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, organización que acompaña a esta comunidad.

Ante estas dos graves situaciones expreso mi disposición a adelantar las gestiones necesarias, tendientes a la garantía de los derechos a la restitución, al retorno, la posesión, y la integridad personal de las personas que integran estas dos comunidades.

Llamo, con carácter de urgencia, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Interior y de Justicia a realizar todas las acciones pertinentes para evitar nuevos hechos de violencia contra integrantes de estas dos comunidades y se realicen de manera pronta las acciones tendientes a garantizar sus derechos sobre los territorios.

martes, febrero 22, 2011

"Le decomos una vez más al país, hombre, conversemos": Alfonso Cano
Por El Tiempo

El cambio de lenguaje y la mayor apertura al diálogo por parte del Gobierno, y el camino adoptado por la guerrilla, con las liberaciones unilaterales, sumado a los cambios producidos en la región en los últimos 10 años, "conforman un momento histórico para alcanzar la paz el Colombia".

En esa conclusión coincidieron este lunes un grupo de expertos de paz y la ex senadora Piedad Córdoba, en la primera jornada del seminario 'Haciendo la paz en Colombia', que se extenderá hasta el miércoles.

"Existe una nueva coyuntura y se vislumbra la disposición del gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos para lograr la paz", explicó Córdoba al abrir el evento que tuvo lugar en un hotel céntrico de esta capital.

Por su parte, el ex director general de la Unesco, Francisco Mayor Zaragoza, destacó la necesidad de aprovechar el momento "para avanzar hacia la paz" y respaldó la tarea de Colombianas y colombianos por la Paz, organización que consideró "clave para las liberaciones de los rehenes en manos de las Farc".

Mayor consideró que de llegarse a un proceso de paz en Colombia "el gobierno estadounidense del presidente (Barack) Obama, debe formar parte de ese clamor mundial de Colombianas y Colombianos por la Paz", en pos de un diálogo.

En el encuentro se presentó un video del líder de las Farc, Alfonso Cano, en el que se escucha: "Le decimos una vez más al país: 'hombre, conversemos'. El video data de julio del 2010.
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"Hoy estamos, mañana no estamos, pero otros integrantes del ejército del pueblo tomarán nuestras armas para seguir adelante, independientemente de la situación", afirmó el líder guerrillero en el video.

Ante más de un centenar de personas, el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fustigó a la pasada administración de Álvaro Uribe, a la que acusó de "no tener vocación de paz", al tiempo que aseguró que tanto el ex mandatario como su primo, el ex senador Mario Uribe, "mantenían vínculos con los paramilitares".

"Vengo siguiendo el conflicto colombiano desde hace tiempo, y hemos llegado a la conclusión de que es esta es una gran oportunidad para apuntalar un proceso de diálogo", le dijo Pérez Esquivel a El Tiempo. También se presentó un video del Eln.

"De acá tiene que salir un pronunciamiento, a modo de hoja de ruta, que nos permita llegar con una propuesta a la Unasur, para plantearla al gobierno colombiano", explicó una fuente de la cancillería argentina, que participó del evento.

Ante los rumores que llegaban de Colombia, sobre la posible caída del líder de las Farc Alfonso Cano, El Tiempo consultó a Córdoba, quien no dudó en acusar a "sectores afines al gobierno que difunden estas versiones. Lo venían haciendo desde el viernes para tratar de que muchos de los asistentes no llegaran al evento".

Pero si de ausencias se trata las más notorias eran las de dirigentes o especialistas brasileños, que hasta la semana pasada eran barajados, como el caso del sociólogo Emir Sader y el asesor presidencial Marco Aurelio García. Sin embargo, Córdoba aseguró que se realizará un seminario en Brasil "en el corto plazo".

Para este martes, en la segunda jornada, se esperan nuevos debates y un nuevo video, esta vez con un mensaje de Alfonso Cano a la ex senadora, según confiaron los organizadores.

El coloquio llegará a su fin con un acto público que tendrá lugar en el palacio San Martín, sede de la cancillería argentina, a la que muchos de los presentes se esperanzan -a pesar de la poca presencia oficial del gobierno el lunes-, de que acuda la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por lo pronto, desde Buenos Aires, del primer tramo del seminario sólo partió una voz uniforme para que en Colombia los intentos de paz tengan una nueva oportunidad.

Bajo Cauca
Gobernación de Antioquia y alcalde de Tarazá insisten en señalamientos y estigmatizaciones contra protestas campesinas
Por Pacocol

El  secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el  alcalde de Tarazá, Yuán Andrés Restrepo Obando, ven guerrilleros por todos lados, nunca habían visto las calles de Tarazá atestadas con tanta gente y acuden a los argumentos más fáciles y pueriles al calificar las manifestaciones campesinas de “estar orquestadas por la guerrilla de las FARC”. 

Es una muestra grande de la incapacidad de estos funcionarios que no atienden responsablemente las reclamaciones de miles de campesinos que cada día llegan de las veredas de los municipios de Ituango y Tarazá para exigir que el gobierno ponga fin a las fumigaciones con Glifosato y para allanar soluciones definitivas a las condiciones pobreza y abandono en las que viven.

Los campesinos aseguran que las fumigaciones afectan sus cosechas y productos de pancoger, versión apoyada por otros líderes consultados por la prensa regional.

"Nos quedamos sin pastos para el ganado. Yo tengo seis animalitos y tuve que arrendar un potrero lejos de mi casa para tenerlos, todo porque ya no encuentran qué pasto comer porque fue envenenado con las fumigaciones", dijo un labriego al Diario El Colombiano, de la ciudad de Medellín.

lunes, febrero 21, 2011

Bajo Cauca
Más de 3.000 desplazados por fumigaciones reclaman atención del gobierno y acusan a altos mandos militares de agresiones y señalamientos

Así lo señalan las comunidades campesinas habitantes del Bajo Cauca y el Nudo de Paramillo en un comunicado enviado a la redacción de Notimundo por la Asociación Campesina del Bajo Cauca, Asocbac. A continuación transcribimos en su integridad el comunicado:

Hoy en medio de la crisis humanitaria que se presenta en el municipio de Tarazá, por el desplazamiento forzado por las fumigaciones con glifosato en el Bajo Cauca y Nudo de Paramillo, 3.000 campesinos desplazados de Taraza, Valdivia y Santa Rita Ituango,-

realizamos un cabildo abierto popular, sobre la actual problemática del desplazamiento campesino, en el marco de las definiciones de la Proclama Patriótica de Julio de 2010 definiendo:

Artículo primero: Ratificar las exigencias estipuladas al Estado Colombiano para solucionar este desplazamiento forzado y generar las condiciones de retorno de los campesinos en desplazamiento forzado a su territorio:

El cese inmediato de las fumigaciones aéreas en el Bajo Cauca Antioqueño y nudo de Paramillo. Lo que no significa que nos oponemos a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, sino que insistimos en que no sean realizadas por medios contaminantes del medio ambiente.

La reparación inmediata por perdidas de cultivos lícitos y proyectos productivos que el mismo Estado ha brindado a los campesinos para la sustitución, los cuales han sido afectados por estas fumigaciones.

Garantías en derechos humanos para los campesinos desplazados por las fumigaciones con glifosato y sus dirigentes.

Inversión y proyectos productivos para sustituir los cultivos de uso ilícito concertados con la comunidad por medio de Asocbac, que garanticen su autonomía y soberanía alimentaria.

Se establezca una mesa de veeduría y seguimiento a los acuerdos a los que posiblemente se lleguen, compuesta por el Estado, la Asocbac, la Procuraduría Agraria y Ambiental, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría departamental, el Incoder, Acnur y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Además que el Estado colombiano, de forma inmediata cumpla lo contemplado en materia de ayuda humanitaria y atención de emergencia a población en situación de desplazamiento forzado, contenidas en la ley 387 de 1997, en la sentencia T 025 sobre estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado en Colombia y sus respectivos autos de seguimiento.

Ya que a tres días de estar desplazados es mínima o casi nula la ayuda recibida comparada con la cantidad de desplazados, fruto de esta coyuntura, existentes en el coliseo y municipio de Tarazá. A la hora de hacer este comunicado había 3.000 desplazados forzados por las fumigaciones con glifosato.

Definimos no volver a aceptar dialogo alguno, ni aceptar en reuniones de junta de acción comunal o vereda alguna que cuente con presencia de la Fuerza Pública, o con sus organismos de seguridad. Como población civil, solo reconocemos como interlocutor válido a las autoridades civiles del Estado colombiano.

Sumado a solicitar a la Senadora Piedad Córdoba, al representante a la Cámara y miembro de la Comisión de Tierras del Congreso de la República, Iván Cepeda y al representante indígena Hernando Hernández,-

el senador Jorge Robledo y la senadora de la comisión de paz del congreso Gloria Inés Ramírez, conformar una comisión facilitadora y de acercamiento entre nosotros y el Gobierno nacional, para solucionar lo más pronto posible las causas que dan origen a este desplazamiento forzado.

Una vez solucionado, hacer parte de la mesa de veeduría y seguimiento de lo que se pacte. Incluyendo las reivindicaciones de los mineros de nuestros territorio.

Nos declaramos en cabildo abierto popular permanente de los campesinos del Bajo Cauca y Nudo de Paramillo, hasta que se solucionen las causas que ocasionaron este desplazamiento forzado anteriormente expuestas.

Como poder cabildante popular legitimo constituimos un consejo de cabildantes compuesto por, dos campesinos desplazados forzados de Santa Rita, Ituango, dos de Tarazá, dos de Valdivia. Para llevar la vocería y las conversaciones con las autoridades civiles del gobierno nacional.

Fundar la Federación Campesina de Antioquia, Córdoba y Chocó. En vías de ampliar la lucha por los derechos del campesinado y las comunidades autóctonas a la vida, la libertad, la tierra y el territorio.

Participar masivamente en nuestros territorios y en escenarios nacionales en las convocatorias como el Primero de Mayo, reivindicando como campesinos nuestro derecho al trabajo y a la tierra para quien la trabaja.

Por último, rechazamos y denunciamos la actitud hostil y los señalamientos ocurridos en horas de la tarde en la alcaldía de Tarazá cuando pretendíamos asistir a una reunión con los alcaldes de Santa Rita y Tarazá y fuimos acosados y hostigados por el general Pinto, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional y el coronel Ríos,-

quienes al enterarse de la disposición  de nuestras comunidades a no sentarse en mesa alguna con la Fuerza Pública, agredieron y señalaron a nuestros cabildantes y voceros, de ser milicianos de comandantes de las Farc y de ser criminales de lesa humanidad, que podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional por el delito de desplazamiento forzado.

Lo cual nos parece una clara agresión sicológica y estigmatización por parte de oficiales de alto rango del Ejército Nacional que pone en grave peligro la seguridad e integridad y la vida de nuestros voceros.

Exigimos que la Procuraduría General de la Nación  comience una investigación oficiosa contra estos dos altos militares  por violación sistemática de los derechos humanos, infracciones continuadas y generalizadas al Principio de Distinción, contemplado en el Derecho Internacional Humanitario, que constituyen crímenes de guerra.

Fraternalmente:
Asocbac
NIT: 900264352-5


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