sábado, febrero 19, 2011

En Cartagena censuraron informativo VOX Populi
Por Hernán Durango

El periodista y luchador político-social cartagenero Edison Lucio Torres, director del programa radial Vox Populi, que emitía  todas las mañanas a través de las ondas hertzianas de Radio Vigía, propiedad de la cadena Todelar de  Colombia, denunció persecución supuestamente ordenada desde la Cárcel donde se encuentra recluido  el ex senador Javier Cáceres Leal, por parapolítica.

Edison Lucio Torres condenó la censura  a su espacio  informativo y señaló mediante pronunciamiento público ante organismos nacionales e internacionales que vigilan la libertad de prensa en Colombia  que el ex parlamentario Cáceres no solo tiene o tenía poder en la Fiscalía, sino también en la Procuraduría y en algunos jueces venales de Cartagena y Bolívar que es necesario detectar para denunciarlos por prevaricadores, ya que se han prestado para fines non santos.

Yo he sido victima de la persecución desatada por el ¿otrora? todopoderoso senador. Un fiscal de Cartagena de sus entrañas casi me mete preso, porque supuestamente no había atendido varias citaciones a su despacho dentro del proceso por injuria y calumnia que me iniciaron en octubre de 2006.

Todo con la mirada complaciente de su amiga la directora de Fiscalía de Bolívar, Iveth Hernández Sampayo, quien un familiar suyo (como también del Procurador Ordóñez) era parte de la unidad legislativa del mentado senador, explica Lucio Torres, quien participó como precandidato presidencial en la consulta interna del Polo Democrático Alternativo PDA recientemente y es integrante de la dirección nacional del partido de oposición.

En otros aprtes de su pronunciamiento el comunicador  sostiene:

Han pasado 4 años y 5 meses sin que se conozca un fallo sobre el proceso que se me sigue por injuria y calumnia instaurado por el honorable senador. ¿Qué espera la juez 5 Penal del Circuito de Cartagena para fallar? Me responden que está en el turno 9.

No podemos olvidar que una hermana del detenido senador fue nombrada juez en Cartagena, ya que a su vez la hermana de la que fuera en esos momentos presidenta del Tribunal Superior de Cartagena, magistrada Betty Fortich, fue designada en un alto cargo de Etesa a petición del senador, según manifestara Mery Luz Londoño, expresidenta de esa entidad.

En este carrusel, aun no investigado por autoridad alguna, podría ser una Caja de Pandora sobre la forma cómo se nombran jueces y fiscales en las regiones, especialmente en la región Caribe.

El hecho de que desde La Picota el senador Cáceres amenace con la Fiscalía a un ex paramilitar que lo ha comprometido en sus declaraciones, es diciente de la influencia que tiene en el poder judicial y en la Procuraduría General, entidad ésta que fue incapaz de sancionarlo disciplinariamente por la mala conducta que demostró al aliarse con los paramilitares que cometieron crímenes que ofenden a la humanidad.

¿Es de dudar que desde La Picota haya podido salir la orden de que sacaran del aire a Vox Populi y silenciaran al periodista Edison Lucio Torres? Es la única explicación que la gerencia del Circuito Radial de Bolívar de Todelar tendría para que por la vía de hecho me suspendiera unilateralmente el informativo desde el 10 de enero de 2011. No hay otra explicación, pues estoy a paz y salvo, lo cual demuestra que no hay razones contractuales para esa suspensión arbitraria.

Tan burda fue la suspensión que el hecho se produjo el 10 de enero y la carta de terminación del contrato me la envían el 21de enero, un día después de que el Juzgado Octavo Civil del Circuito, cuya titular es Rosiris Llerena, le notificó una acción judicial en su contra.

En Cartagena, Todelar tiene dos emisoras: Voz de las Antillas y Radio Vigía. La franja noticiosa de la Voz de las Antillas ahora la dirige Rafael Puello Montero, quien fuera empleado en el Congreso por Javier Cáceres. Hoy, en ambas emisoras existen programas y periodistas que adulan locamente al senador Cáceres.

Al salir del aire Vox Populi de Radio Vigía, se acabaría el dolor de cabeza que nosotros representábamos para el distinguido senador Cáceres, sobretodo en este año electoral. La justicia no puede ser injusta, ya que cualquier intento por callar a un periodista o a un medio de comunicación es altamente sospechoso, tal como lo señala la Corte Constitucional en la sentencia T-391/09.

Aparte de censurar a Vox Populi en Todelar, ¿no les parece sospechoso que coincidencialmente el Ministerio de Justicia, cuyo titular es íntimo de Cáceres, me quite el esquema de seguridad por las amenazas de muerte que he recibido últimamente?

Soy consciente de mi situación de seguridad personal y profesional. Cuando uno hace un periodismo comprometido con la verdad y la sociedad, puede ser blanco de los malvados y malvadas que viven del poder. Pero lo que uno no acepta es que las personas que uno cree que deben administrar justicia se pongan del lado de la iniquidad.

No creo que desde La Picota hayan llamado a la gerente de Radio Vigía para que cancelaran Vox populi, pero los amigos del todopoderoso senador –hoy caído en desgracia- que reciben órdenes desde la cárcel pudieron determinar esa decisión. Todelar debe explicar la conducta asumida por la funcionaria que cometió la arbitrariedad de suspender mi programa para que se pueda seguir diciendo: “Nos oyen y nos creen”.

Bajo Cauca
Campesinos desplazados hacen un llamado a la solidaridad del pueblo colombiano

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asocbac, hizo un llamado urgente de apoyo y solidaridad dirigido a las organizaciones sindicales, estudiantiles, defensoras de derechos humanos y a la comunidad nacional e internacional.

El drama humanitario de estas comunidades es generado por las fumigaciones con glifosato sobre los municipios de Valdivia, Tarazá y parte de Ituango, razón por la cual decenas de familias han tenido que desplazarse forzadamente.

Según los labriegos las fumigaciones han arruinado los cultivos de pan coger, proyectos productivos de sustitución brindados por el mismo Estado y el medio ambiente como la salud pública en general.

El grueso número de familias desplazadas están hacinadas en los coliseos de Valdivia y Taraza, a donde continúan llegando más campesinos de diferentes veredas.

Desde allí hacen un urgente llamado a la ciudadanía para que se solidaricen con:

Dinero en efectivo; presencia en los coliseos de Valdivia y Taraza; artículos no perecederos; frasadas y colchonetas.

Para coordinar la ayuda solidaria se pueden comunicar con:

José Herrera en Valdivia: 314 729 20 77
Jorge Rios en Taraza: 314 807 25 43
Victor Tobón 300 454 27 26

viernes, febrero 18, 2011

Piedad Córdoba dijo que las coordenadas entregadas por las Farc no eran erradas y presentará carta de Alfonso Cano
Por Camilo Raigozo

Según una información del diario El Tiempo de este 18 de febrero, la activista humanitaria le revelará al país un mensaje del máximo líder de las Farc, Alfonso Cano. También añadió que buscará la liberación de los otros 16 retenidos por el grupo insurgente.

La noticia se conoció luego de que el presidente Santos manifestara que “la puerta de la paz está cerrada”, con lo cual se condena al país a continuar su desangre, por el capricho de la oligarquía guerrerista y violenta, así como de las Fuerzas Militares, altaneras y arrogantes con los colombianos pero cobardes y sumisas ante el imperio estadounidense.

El domingo pasado, Córdoba le dijo a El Tiempo que existen buenas posibilidades para  iniciar un entendimiento con las organizaciones guerrilleras y anticipó que antes de marzo se conocería una "gran noticia".

También se supo que la ex congresista viajará próximamente a Buenos Aires, Argentina, a una reunión con académicos y líderes sociales.

Por otro lado, Piedad Córdoba aclaró que las coordenadas entregadas por las Farc para la liberación de Solórzano y Sanmiguel, no eran erradas y que todo el problema generado se debió a la malinterpretación de “una rayita”, la cual fue leída por los comandantes de los helicópteros militares brasileros como un signo menos.

Denuncian restricciones a la protección de dirigentes sindicales
Por Héctor Yesid Vaca

Conforme a lo orientado por la Administración de Ecopetrol, los escoltas no están autorizados a trabajar más de 12 horas diarias, razón por la cual me informaron que una vez se cumplan las 12 horas, me tendrán que dejar sólo en el sitio que me encuentre, sin importar el área donde me encuentre. 

Incluso han amenazado a los escoltas que de desacatar la orden impartida, si a ellos les llega a pasar algo la ARP no les cubrirá y se entendería que estarían fuera de horario de trabajo.  En mi caso particular, hoy a partir de las 5:00 p.m. quedaré sin esquema de protección, sin escoltas y sin transporte.

Dejo constancia de esta situación  y hago responsable a la administración de  Ecopetrol S. A. de lo que me pueda pasar al momento de quedar sin el esquema.

Es claro que los esquemas de seguridad no pueden ser esquemas con horario de oficina, pues como lo advertí en su momento, se vuelven inoperantes. Valdría la pena preguntarse si lo que se busca por parte de la administración de  Ecopetrol S.A.  es restringir o bloquear el ejercicio sindical? o hay algún otro interés.

Adicionalmente, solicito se le pague a los escoltas pertenecientes a mi esquema, las horas extras laboradas durante el mes de diciembre de 2010 y enero de 2011, las cuales efectivamente trabajaron y conforme a sus contratos Ecopetrol debe pagar.

Espero que cambien la decisión tomada, pues deja sin protección y vulnerables a los dirigentes sindicales, que como ustedes y el Gobierno saben, somos sujetos de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Espero que esta situación sea atendida y solucionada  lo más pronto posible.

Héctor Yesid Vaca
Secretario de Educación e Investigación
USO Nacional

Campesinos del bajo Cauca rechazan fumigaciones con glifosato
Por Asobac

Ante la negativa del estado colombiano a suspender las fumigaciones aéreas con glifosato en el bajo cauca antioqueño, miembros de la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asobac anuncian la movilización campesina y popular permanente. Lea el comunicado de Asobac:

Comunicado Público.
Febrero 17 de 2011

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, Asobac, desde el pasado mes de Enero del presente año, hizo conocer a la opinión pública en general, su absoluto rechazo a las nuevas fumigaciones con glifosato en el bajo Cauca y nudo de Paramillo, que están realizando los gobiernos departamental y nacional, con el fin de combatir los cultivos ilícitos en la región.

Igualmente planteamos que así se rompía de forma unilateral el compromiso de no fumigación en el bajo Cauca, acordado en Julio de 2008. Sin tomar en cuenta las afectaciones ambientales, económicas, sociales y de orden público que pueden derivarse de tal acción.

Contextualizamos que desde mediados del 2008 los campesinos del bajo Cauca Antioqueño han venido sustituyendo los cultivos ilícitos, encontrándose muchas veredas de la zona certificadas como libres de ilícitos por la oficina de naciones unidas para tales efectos.

Encontrándonos desarrollando un proyecto de cacao como sustitución y sembrando diversos productos de pan coger para nuestra subsistencia, mismos los cuales fueron fumigados en Noviembre – Diciembre de 2009, contaminando nuestros suelos, aguas y cultivos.

Obteniendo como respuesta del gobierno nacional y departamental, una grandilo0cuente negativa reflejada en la continuación de las fumigaciones aéreas con glifosato en todo el bajo Cauca, contaminándonos con su veneno, generando junto a la persecución a la pequeña minería hambruna

y miseria en nuestra región, que solo se puede explicar bajo la intención del Estado Colombiano, los grupos capitalistas criollos y las empresas multinacionales de depredar nuestras riquezas naturales, desplazarnos forzadamente y desalojarnos de nuestro territorio.

Por tales motivos cientos de familias campesinas y comunidad en general de los municipios que componen el bajo Cauca Antioqueño, protestamos y nos movilizamos hoy exigiendo cesen de inmediato las fumigaciones aéreas con glifosato en el bajo Cauca Antioqueño,

Que se el Estado concerté con las comunidades un plan de sustitución de cultivos de ilícitos, que en verdad busque solucionar en verdad las causas de esta problemática, genere un desarrollo local alternativo y sustentable en la región.

De igual forma nos continuamos oponiendo a que por medio de estas coyunturas y bajo la necesidad y el hambre de los campesinos y comunidades en general de la región, a proyectos y programas que desde el Estado se han convertido en formas de control social, como los-

impulsados por de Acción Social y el ejército Colombiano, que por medio de familias en acción, guardabosques y juntos, concentran los proyectos de sustitución en el Centro de Coordinación de Acción Integral Ccai, o doctrina de acción cívico militar para la consolidación de la seguridad democrática, la cual entro a operar en el bajo Cauca Antioqueño, Ituango y Nudo de Paramillo, bajo directiva presidencial 001 de Marzo de 2009.

Por lo tanto, llamamos a la opinión pública nacional e internacional, a las organizaciones sociales y populares a rechazar las fumigaciones con glifosato sobre el territorio del bajo Cauca y nudo de Paramillo, a manifestar su solidaridad en la efectiva y en la práctica con esta lucha que hoy comienza.

Llamamos a las agencias del ministerio público en el bajo Cauca Antioqueño, a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y departamental, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a velar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos pro parte del Estado hacia los campesinos y comunidad del bajo Cauca en protesta.

Exigimos al Estado Colombiano en cabeza de sus autoridades departamentales y nacionales, a respetar los derechos humanos de la comunidad del bajo Cauca en protesta, así como a generar prontamente canales pacíficos que permitan dar pronta solución a esta problemática.

Rechazamos la forma hostil y grosera como por vía celular en horas de la tarde de hoy, el gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos increpo y amedrento a nuestros voceros en Valdivia y lo hacemos responsable por la seguridad e integridad personal de nuestros voceros en Taraza y Valdivia.

Fraternalmente:
Asobac

jueves, febrero 17, 2011

Seguridad narcocrática/
El prisionero político David Ravelo se dirige por medio de una carta a la opinión pública

El prisionero político David Ravelo dirigió desde el lugar de su cautiverio una carta a la opinión pública nacional e internacional en la que explica la razón de su encarcelamiento y la celeridad con la que el régimen quiere condenarlo violando sus derechos constitucionales.

A continuación transcribimos en su integridad el texto de la carta:

Carta de David Ravelo:

Fraternal saludo a todas y a todos:

En mi condición de preso político y de conciencia, por pensar y opinar diferente al establecimiento, he sido perseguido, estigmatizado, criminalizado y victimizado.

La mayor parte de mi vida la he dedicado a la lucha contra la inequidad y las desigualdades sociales. Construir una patria justa donde los niños lloran pero de  felicidad, es por lo que luchamos.

Desde muy joven en la época de estudiante de bachillerato, me dedique a organizar a los estudiantes en los consejos estudiantiles en los colegios públicos de Barrancabermeja.

Soy de extracción humilde, por lo que me hice a pulso. Trabaje como bibliotecario durante 10 años en la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Barrancabermeja, convine la actividad laboral con la de estudiante de economía. Me desempeñe como presidente nacional del sindicato de la universidad y luego fui presidente del consejo estudiantil.

Fui profesor universitario y de algunos colegios de Barrancabermeja con Leonardo Posada Pedraza (asesinado el 30 de Agosto de 1986) aprendimos toda la dinámica de movimiento popular, la coordinadora popular fue una expresión organizativa, que articulaba las organizaciones sociales, cívicas, sindicales, religiosas y populares, estimulo la movilización social a través de paros cívicos que se realizaron en Barrancabermeja.

Se logró la movilización del campesinado del Magdalena Medio, que exigían sus derechos donde Barrancabermeja como ciudad región fue el epicentro.

En el año 1987 se desato un profunda crisis humanitaria en la ciudad y la región, pero el 22 de abril de ese año con el atentado de Cesar Martínez Blanco ( concejal de la unión patriótica), quien perdió sus piernas y contra Alirio Traslaviña ( presidente de la coordinadora campesina del Magdalena medio), quien quedo gravemente herido con otras personas, ese dia,22 de abril, fue una fecha histórica, ejemplo para el país; Barrancabermeja se paralizo por tres días en un gran paro cívico por el derecho a la vida.

En este mismo año y como respuesta a tanta impunidad, el 10 de Diciembre 1987 se fundó la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – Credhos, unos visionarios como Jorge Gómez, Jahel Quiroga, Rafael Gómez, Ubencel Duque, Orlando Higuita (asesinado), Ismael Jaimes (asesinado) y tanto otros comprometidos con la noble causa de los derechos humanos. El 15 de Enero de 1988 fue asesinado Manuel Gonzales Chacón, dirigente nacional de la USO, la coordinadora popular lidero un paro cívico que demoro 4 días, con parálisis de la producción, quienes lideramos el paro fuimos amenazados por el M.A.S.

En 1988, fui elegido secretario general de la asamblea de Santander, y en octubre de 1989 me eligieron miembro de la junta directiva de la “Empresa Licorera de Santander”.

En el año de 1990 fui candidato a la asamblea de Santander con una votación de 11.000 votos, en representación del movimiento político de oposición Unión Patriótica. En este mismo año fui nombrado como secretario de hacienda del municipio de Barrancabermeja y a comienzos de 1993 me nombraron como director de la valorización municipal, esta entidad cuando estuvo bajo mi dirección, en toda su historia fue cuando mas obras realizó, demostrando que cuando los recursos públicos se manejan se forma honesta y transparente se pueden optimizar a favor de la comunidad.

El 17 de Junio de 1993 siendo funcionario público ayude a organizar la asamblea de CREDHOS al lado de Jahel Quiroga, Rafael Gómez y Osiris Bayter, hoy exiliada para salvar su vida.

El 16 Junio de 1993, en un informe de inteligencia el Batallón Nueva Granada en II renglones, me acusa de tener vínculos con la insurgencia, estoy fue “suficiente” para que la justicia sin rostro me dictara orden de captura el 18 de Junio de 1993, es decir, dos días después del informe de inteligencia, el 28 de Junio de ese mismo año me presente en forma voluntaria para afrontar los cargos de rebelión y terrorismo.

La justicia sin rostro de manera arbitraria me tubo 27 meses en la cárcel, finalmente fui absuelto de los cargos, quedando claro que todo fue el producto de un montaje.

En la cárcel logramos descubrir la red criminal, comandada por un coronel de la asamblea denominada “red 07 de la Armada”, que asesino a mas de 100 personas en Barrancabermeja, este hecho que fue denunciado se logro trabajar en conjunto con el abogado del “CAJAR” Alirio Uribe.

En 1997, fui elegido concejal de Barrancabermeja por la Unión Patriótica hasta el año 2003.
A finales del año 2000 el paramilitarismo copo totalmente a Barrancabermeja, desde luego con la acción directa de la Fuerza pública, donde asesinaron, desaparecieron y desplazaron a miles  de pobladores.

Toda mi familia fue desterrada de Barrancabermeja, incluyendo a mis hijos menores de edad, tome la decisión de quedarme asumiendo todos los riesgos contra mi vida, para resistir y acompañar a la población victimizada.

Sufrí varios atentados criminales, incluyendo uno con “Roquet”, confesado por un paramilitar. Conformaron un comando especial para asesinar a Yolanda Becerra y al suscrito, tal vez, el ángel de la guarda muy grande nos salvó, como lo manifestó una señora de Barrancabermeja.

El 4 de Abril de 2003, en mi condición de concejal de la oposición, invite al periodista Emeterio Rivas a la plenaria del consejo, para debatir el tema  de la corrupción administrativa, donde el alcalde Julio Cesar Ardila, le adjudico dos contratos al hermano del paramilitar “Harold”, donde el contrato se adjudicó, se firmó, se cobró y no se realizó.

Las amenazas arreciaron contra el periodista y el suscrito, finalmente el 6 de abril, dos días después del debate, Emeterio Rivas fue asesinado. Denunciamos este hecho y con Credhos y el Cajar acompañamos a los familiares de las víctimas y un juez de la republica condeno al ex – alcalde Julio Cesar Ardila a 28 años de cárcel.

Ellos han jurado que a como dé lugar cobraran venganza, y creo que el hecho de estar hoy en la cárcel es producto de los parapolíticos y socios los paramilitares.

En el año 2007, recibí una llamada de un periodista colombiano que está en Estado Unidos, donde me informaba que tenía un video del presidente Uribe con varios paramilitares, esto sucedió en el municipio de Puerto Berrio, en octubre de 2001.

Evidentemente los paramilitares fueron reconocidos y el suscrito denuncio el hecho antes los medios nacionales. Esta denuncia trajo como consecuencia que los cuerpos de seguridad del estado me armaran un montaje con sus amigos los paramilitares, donde un paramilitar le fabricaron un libreto para que me acusaran de hechos ocurridos hace 20 años.

Él dice que fui jefe político de las FARC en 1990-1991-1992 y que era clandestino. Ustedes han conocido mi hoja de vida como hombre público y servidor público, donde he sido conocido ampliamente en Barrancabermeja.

Esas acusaciones han entrado en una abierta contradicción por ejemplo al expresar mis rasgos  físicos, no concuerdan con la realidad.

Rodrigo Pérez Alzate alias Julián bolívar, comandante de la estructura de la muerte bloque central bolívar ha manifestado que a como de lugar, me tenían que meter a la cárcel y lo ha conseguido. Lo extraño es que las acusaciones que me hace es de de oídas.

No le consta nada pero el fiscal tiene en cuenta sus señalamientos para imponer la medida de aseguramiento. Estos hechos aberrantes son los que me tienen en la cárcel, que desfachatez.

Frente a los hechos que se me imputan, ocurridos hace cerca de 20 años estoy plenamente de acuerdo que se investigue para que se conozca la verdad y se aplique la debida justicia, pero que se descubra la verdad real, no la verdad a medias de los victimarios, que nos quieren imponer para justificar el asesinato o el encarcelamiento, a quienes consideran un obstáculo de sus oscuros intereses.

Siempre he estado presto y dispuesto a acudir a las instancias judiciales competentes. Nunca me he escondí y jamás hui, por el contrario cuando me entere que funcionarios del C.T.I me requerían en las oficinas de CREDHOS, inmediatamente me presente de forma voluntaria.

Manifesté públicamente mi inocencia, y si me tocaba ir a la cárcel para demostrar mi plena inocencia estaba dispuesto a hacerlo. Tengo la plena convicción que todo esto es el producto para debilitar el movimiento popular y en especial las organizaciones de Derechos Humanos. Jamás me doblegare, seguiré firme en mis principios.

Llama la atención que se pretenda condenarme de manera anticipada, eso me hace acordar los funestos tiempos del esto de sitio, en los consejos verbales de guerra dirigidos por militares, que juzgaban a civiles, donde un militar tristemente célebre por su arbitrariedad, de nombre Genaro Ñungo, quien afirmaba: “ es preferible condenar a un inocente, que absolver a un culpable”.

Con esta feroz persecución a la que me han sometido y otros conocidos dirigentes de la región del Magdalena medio y resto de montajes en la diversas regiones del país lo que buscan es debilitar y acabar el movimiento popular y en especial a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, por cuanto hemos evidenciado la grave crisis humanitaria que están viviendo la regiones colombianas, la meta es callarnos.

Es necesario generar una corriente de opinión, que denuncie y visibilice a nivel nacional e internacional. El terrorismo estatal que pretenden maquillar con eufemismos como aquello de falsos positivos, la verdad es que el estado Colombia actúa como actor violento, que viola sistemáticamente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Agradezco inmensamente a la ciudadanía de Barrancabermeja, la región del Magdalena medio y a nivel nacional, a las organizaciones sociales, sindicales, religiosas, comunales, gremiales, campesinas, colectivos de abogados, de víctimas de mujeres, de Derechos Humanos,-

por esa solidaridad gigantesca que hace que la celda fría donde me encuentro, se llene de ese calor humano, posibilitando mantener la moral en alto, para demostrar que “el tallo de la verdad se dobla, pero jamás se rompe”. Tarde o temprano mi inocencia saldrá a la luz pública, porque “La verdad nos hará líbres”. Muchas gracias!!!
David Rabelo Crespo

Seguridad narcocrática/
Denuncian bombardeos indiscriminados en Puerto Rico, Meta
Por Camilo Raigozo

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, denunció que las fuerzas militares han bombardeado indiscriminadamente sobre las veredas La Esperanza, La Hermita y Monserrate, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Meta.

Miembros del Comité de Derechos Humanos de la vereda La Hermita le comunicaron a la fuente que desde el pasado 4 de febrero vieron la presencia de  la Brigada Móvil 4 en esta zona.

Según la denuncia, el 5 de febrero aproximadamente a las nueve y media de la noche, se escucharon fuertes bombardeos en la vereda La Esperanza. Uno de los artefactos explosivos cayó en el patio de la vivienda de un campesino identificado por la fuente solamente como Toribio.

Por fortuna la bomba no explotó y fue retirada posteriormente por los mismos miembros del ejército. La fuente no mencionó cuantas personas hubieran sido víctimas sí tal explosión se hubiera presentado.

En los bombardeos nocturnos del 8 de febrero, una de las bombas explotó en la finca del campesino Rodrigo Arismendi, apenas a 150 metros de la vivienda, lo que pudo generar consecuencias graves.

Igualmente, la comunidad informó que el 10 de febrero en horas de la noche el ejército estuvo bombardeando, pero que al momento de poner la denuncia no se conocía de hechos dolorosos como resultado del ataque indiscriminado.

Las comunidades manifestaron encontrarse muy temerosas por los graves desenlaces que se puedan presentar por los bombardeos indiscriminados e irresponsables y pidieron que estos cesaran inmediatamente.

miércoles, febrero 16, 2011

Seguridad narcocrática/
Cayó falso positivo jurídico contra campesino defensor de derechos humanos de La Macarena, Meta
Por Camilo Raigozo

En audiencia pública realizada el 15 de febrero de 2011 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, Meta, profirió sentencia absolutoria en el proceso que se adelantaba en contra del campesino José Samuel Rojas Mora, defensor de los derechos humanos del municipio de La Macarena, Meta.

"Se hizo justicia", fueron las palabras jubilosas expresadas a Notimundo tanto por Walter Mondragón, abogado defensor, como por las quince personas, familiares y amigos, presentes en la audiencia  cuando escucharon el sabio veredicto del juez casi a las nueve de la noche.

Con emoción contenida y gruesas lágrimas de felicidad, Ana Clois Mora y Orfa Rojas Mora, madre y hermana de Samuel, se fundiron con este en un eterno abrazo de felicidad.

El campesino era acusado por la Fiscalía 43 Seccional por los delitos de rebelión y terrorismo basados en testimonios de supuestos desmovilizados de la guerrilla, los cuales perdieron toda credibilidad en el transcurrir de la audiencia.

Lo que quedó nuevamente demostrado es la feroz persecución del régimen contra líderes campesinos y defensores de derechos humanos.  Samuel fue una de esas víctimas perseguidas por el delito de capacitarse y enseñar a sus comunidades sus derechos y la defensa de los mismos.

Rojas Mora fue uno de los organizadores de la Audiencia Pública Sobre la Crisis Humanitaria de los Llanos Orientales, realizada el pasado 22 de julio en el municipio de La Macarena, Meta, en la que se denunciaron ante el mundo la existencia de múltiples fosas comunes en las que el ejército está seriamente comprometido según el resultado de las investigaciones.

Tres días después de dicha audiencia desde la guarnición militar de La Macarena, el ex presidente Uribe acusó a las víctimas y a los asistentes a la misma de ser voceros del terrorismo, lo que trajo como consecuencia el desplazamiento forzoso de varios campesinos, el asesinato de la defensora de derechos humanos Norma Irene Pérez y el encarcelamiento de Samuel Rojas, entre otras arbitrariedades.

Lea también:
Acusan de terrorismo a Defensor de Derechos Humanos

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lunes, febrero 14, 2011

Trabajadores de Kraft Foods permanecen encadenados en huelga de hambre en la Plaza de Bolívar en Bogotá
Por Sinaltrainal

Trabajadores de la empresa Norte Americana Kraft Foods, permanecen encadenados en huelga de hambre, en la plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, desde las 6:00 A.M. del 8 de Febrero de 2011, en protesta por que el 1 de Febrero de 2011, la gerente Simone Knorr de Oliveira y Antonio Vázquez – Vicepresidente Latinoamérica-

convocó a los trabajadores y los encerró en el Estadio Municipal de Palmira, en medio de un gran dispositivo de seguridad contratado con una empresa privada y personal de inteligencia del Estado, apoyados por paramédicos y ambulancias, informaron que el 31 de Enero de 2011, solicito al Ministerio de la Protección Social, autorización para despedir los trabajadores, por el cierre definitivo de la factoría ubicada en la Zona Franca del Pacífico en el municipio de Palmira, afectando a 400 familias.

Simultáneamente, la administración de Kraft Foods, con el fin de crear pánico y presionar a las familias para que los trabajadores renuncien a sus contratos, ha realizado una sucia campaña de acoso a las casas, haciendo llamadas, enviando cartas notificando la decisión de cierre de la factoría y despido colectivo.

Kraft Foods usó la inundación que desde el 29 de Diciembre de 2010, no existe en la Zona Franca del Pacífico, para suspender los contratos de trabajo desde el 8 de Diciembre, mientras que las otras empresas ubicadas en esa Zona, enviaron a sus trabajadores a vacaciones, les respetaron sus derechos y desde finales de Diciembre reiniciaron sus laborales.

Kraft aprovechó la parálisis de la producción en la Zona Franca del pacífico, para abastecer el mercado andino que incluye a Colombia, desde fábricas ubicadas en otros países y recibe millonarias sumas por el cobro de seguros y el lucro cesante.

La Multinacional, se ha negado a dialogar con las autoridades y Sinaltrainal como representante de los trabajadores, no ha querido participar de la mesa de trabajo conformada desde hace meses, con el propósito de establecer el tiempo y los procedimientos para el reinicio de las actividades,-

la multinacional dejo pasar intencionalmente el tiempo, impidió el inicio de labores de verificación, sanitización y mantenimiento, para justificar que la maquinaria no está en condiciones de funcionar y ha informado que si fuera posible iniciar operaciones con maquinaria nueva, sería aproximadamente en un año, esto indica,-

que efectuado el despido de los trabajadores, piensa abrir nuevamente la fabrica, con salarios más bajos, aprovechando otras ventajas que le ofrece el gobierno nacional, con leyes como la 1429 del 29 de Diciembre de 2010, llamada de formalización del trabajo, entre otras.

Kraft Foods, no tiene consideración con los damnificados por la ola invernal, dejará sin trabajo a 400 familias, afectando a proveedores, transportadores, consumidores y al país, generando más desempleo, sometiendo al hambre a miles de familias y dañando su futuro.

Contrario a todo principio ético, la multinacional Norte Americana Kraft Foods, solicita ser exonerada del pago de impuestos y el gobierno anuncia beneficios para los empresarios con los decretos de Emergencia Social y permite que Kraft Foods siga inundando a Colombia con productos que ingresa de otros países.

No permita que los Norte Americanos de Kraft Foods Pisoteen la Dignidad Nacional.

Seguridad narcocrática/
Rechazan detención arbitraria de líder sindical
Por Camilo Raigozo

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, denunció ante la comunidad nacional e internacional la detención arbitraria de la dirigente sindical Aracely Cañaveral Vélez, ocurrida el pasado 17 de enero, en Medellín.

La orden de detención fue impartida por la Fiscalía 5ª Especializada de Cartagena, Bolívar, sin que se le ofreciera información sobre las razones por las cuales era privada de la libertad.

El día siguiente después de su detención fue trasladada a la ciudad de Cartagena, donde le informaron a su abogado que se encontraba detenida por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de drogas, por lo que sería sometida a juicio.

Según Fensuagro, Cañaveral Vélez ha sido por más de 20 años líder del Sindicato de Trabajadores de Confecciones Leonisa S.A., Sintraleonis, Sindicato de la Industria Textil de Colombia Sintratextil  y en del Sindicato Informal, Asotracomerciant, filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Parauribismo/ San Miguel, Putumayo
Paramilitares masacraron a cinco personas, entre ellos una niña, en una zona fuertemente militarizada
Por Camilo Raigozo

Varias organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Mesa de Organizaciones Sociales, Campesinas Indígenas y Afrodescendientes, denunciaron el atroz crimen de cinco personas, entre ellas una niña, por parte de paramilitares.

El doloroso hecho ocurrió al medio día del pasado 11 de febrero en la vereda Dios Peña, municipio de San Miguel, Putumayo, cuando varios sujetos irrumpieron violentamente  y con sevicia degollaron a Luz Marina Roa Alfonso, de 59 años, Luz Mery Roa Roa, de 35 y Sorith Juliet Alfonso Roa, de tan solo 5 años de edad.

Los criminales también asesinaron con arma de fuego a los hermanos Erazo Rodríguez, trabajadores agrarios. Un tercer campesino logró escapar. Según información de la Defensoría. estas personas habían llegado procedentes del Valle del Cauca a trabajar a la finca de la familia Alfonso Roa.

La zona donde la estrategia paramilitar del régimen continuó anegando de sangre el territorio nacional está fuertemente militarizada por tropas de la Brigada 27 Selva, la Fuerza Naval del Sur y el Grupo Mecanizado  José María Melo.

La Defensoría mediante el Sistema de Alertas Tempranas ya había advertido sobre el riesgo para los pobladores de las zonas cercanas a La Dorada y de las veredas Tres Islas, El Afilador, San Antonio del Comboy, Dios Peña, El Maizal, Chiguaco, Palmira Mandur, La Floresta y La Cabaña, jurisdicción del corregimiento de Puerto Colón.

Igualmente había advertido el alto riesgo corren los indígenas de los Pueblos Kofán e Inga los cuales conforman el Resguardo Yarinal San Marcelino.

No obstante los homicidios selectivos, masacres, retenciones ilegales, secuestros,
restricciones a la libre movilización, desplazamientos forzados y  reclutamientos, por parte del autodenominado grupo paramilitar “Los Rastrojos”, continúan a la orden del día.

Las comunidades, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, rechazaron la brutal masacre y exigieron que se investiguen los hechos con la mayor celeridad posible, lo mismo que los abusos de las tropas del Estado y la connivencia que estas mantienen con los ‘paras’.

Del mismo modo les solicitaron a las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales, que vigilen con celo las investigaciones y que sean ellas mismas quienes con su presencia en los lugares de los crímenes, corroboren y denuncien la presencia paramilitar que actúa con plena libertad en zonas densamente militarizadas.

Lo importante es el gesto y la realidad de las acciones humanitarias
Por Athemay Sterling

Ante las irresponsables e incendiarias palabras de Eduardo Pizarro L. quien antes siendo director del IEPRI  expresaba posiciones guerreristas, luego en la Comisión uribista desnaturalizaba las  reparaciones  que deben ser integrales a las víctimas y ahora de querer ahogar el gesto humanitario de ser liberados y luego recibidos por el CICR y Piedad Córdoba, de unas personas privadas de su libertad como consecuencia del actual conflicto social y armado;-

nos obliga a indicar que es importante afirmarle a la opinión pública que lo dicho por E. Pizarro   contradice las sanas y precisas declaraciones del CICR quien afirma que no hay que especular con falsas hipótesis, sino que lo importante es la libertad de las personas que se hallan en poder de las Farc-Ep, y hoy el Representante del CICR  lo reafirmó ante provocadoras preguntas de Arizmendi de Caracol.

Ya lo había explicado anteriormente cuando afirmé que "Gesto de las FARC-EP es humanitariamente valioso, válido políticamente y viable en lo jurídico" (1) y que el visto bueno del Gobierno podría ser una antesala de aproximaciones hacia conversaciones que conduzcan a que las Farc-Ep y el Estado se reúnan y establezcan un itinerario de diálogo hacia la solución política al actual y casi centenario conflicto social y armado colombiano.

No se compadece que el señor aludido, quien representa al Gobierno y no a la sociedad,  aspire a arruinar con su palabrería insustancial  un proceso de liberaciones unilaterales de una Fuerza Insurgente de carácter Beligerante que junto al Estado Institucional colombiano, permiten que una Institución Internacional avalada por el Derecho y la normatividad acerca del Derecho Internacional Humanitario, como es el CICR, y al mismo Estado del Brasil junto a la gestora de Colombianas y Colombianos por la Paz Piedad Córdoba, puedan desarrollar su labor humanitaria.

Le digo a Pizarro: deje lo insustancial y vaya a la esencia, por favor.

Y a propósito de estas valiosas liberaciones unilaterales y humanitarias que esta Insurgencia y beligerante agrupación guerrillera quien existe en la realidad política, militar y Jurídica como es la Farc-Ep, obliga ahora al Estado para que lo haga y a la sociedad entera  para que propugnemos  se-

liberen los casi 8.000 presos políticos en poder del Estado Colombiano, muchas y muchos de ellos en precarias condiciones de salud, con montajes judiciales como le ha ocurrido a David Ravelo, por ejemplo, quienes sus familias ni siquiera pueden pronunciarse,-

porque cuando lo hacen se les persigue, estigmatiza y a veces criminaliza el Estado por ser filiales en consanguinidad con esos ciudadanos que sólo ejercían el derecho ahora conculcado de la libertad de conciencia, asociación, opinión y protesta, entre otros.

El País que más presas y presos políticos tiene en sus penitenciarias y además otras personas extraditadas ilegalmente es Colombia, y una República que se precie ser democrática no puede, ni debe tener presos políticos. En caso contrario lo que prevalece es el más puro terrorismo de Estado como es Colombia, desafortunadamente.

Nosotros los Abogados y las Organizaciones populares y defensoras de Derechos Humanos quienes somos el faro de la Democracia aspiramos a que el Intercambio de todas las personas privadas de su libertad como consecuencia de este conflicto cuya raíz está en la desigualdad social, económica, cultural y la injerencia de la invasión yankee, se produzca, y ya lo hemos explicado:

que hasta la Cláusula Martens la pueden utilizar como soporte jurídico internacional, pero eso sí, con deslinde de los EU quienes a través del Plan Colombia que opera desde 1999 con tragedia total a la población ha agravado la catástrofe humanitaria y social como lo constatamos Delegados nacionales, internacionales,-

las autoridades, la Fiscalía,  los entes de control y las propias víctimas en la Audiencia Pública contra el Plan Colombia que realizamos en Puerto Asis, Putumayo hace dos días con el apoyo total de la Senadora Gloria Inés Ramírez, los Representantes Hernando Hernández Tapasco e Iván Cepeda – todos del POLO, el CPDH y las organizaciones populares como Fensuagro, Asomayo, Corposur, Poupsoc y muchas más de los Departamentos del Caquetá, Putumayo y Cauca.

Todo un trabajo colectivo valioso.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, CPDH-Valle y el Grupo de Investigación Palenque convocamos a la cordura institucional de las Fuerzas Armadas Constitucionales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, junto al Estado y sus Instituciones para-

que además de poder concretar estas acciones unilaterales y humanitarias se avance hacia el Intercambio Humanitario de las personas privadas de su libertad, unas en manos de las Farc-Ep en selvas y cordilleras y también de quienes se encuentran privados de su libertad,-

hacinados y hacinadas en cárceles colombianas-gringas y otras extraditadas ilegalmente, y ojalá después se abra la compuerta a la solución política de este conflicto atípico social y armado que coadyuve a la paz con justicia social, anhelo del País.

Seguridad narcocrática/
La Brigada Móvil 12 del Ejército siembra terror en la vereda  Laurel del municipio de Vistahermosa, Meta
Por Fensuagro

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro y  la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, denunciamos   ante la comunidad nacional e internacional la forma como vienen operando la brigada móvil 12, siembra el terror entre los campesinos de la vereda Laurel del Municipio de Vistahermosa- Meta.

La información suministrada por los miembros del Comité de derechos humanos de la Vereda Laurel, es que el día 7 de febrero de 2011, hizo presencia miembros del ejército Nacional de  la brigada Móvil 12 en la vereda Laurel en horas de la mañana, lo grave de la presencia de los militares es que a su paso, dejaron arboles marcados con Auc- Muerte, lo que deja ver claramente  como siembran miedo y  terror a las comunidades de esta área.

Este mismo día los miembros del ejército Nacional  brigada Móvil 12, llegaron a la casa del señor Duban Valencia, que se encontraba sola, violentaron los candados,  ingresaron en ella destruyendo los vienen y enseres de la casa.

Antecedentes

Es de resaltar que las comunidades Campesinas del municipio de Vistahermosa han sido golpeadas duramente por la violencia paramilitar que ha dejado centenares de muertos,  desaparecidos y desplazados, agregado a esto la persecución estatal por parte de miembros del Ejército Nacional que estigmatizan y persiguen a las mujeres, jóvenes y ancianos, con el afán de dar resultados a la política de seguridad democrática, han cometido crímenes de lesa humanidad con los mal llamados “falsos positivo “o guerrilleros dados de baja, que no son otra cosa que campesinos asesinados a sangre fría.

Exigimos al gobierno nacional:

Que se investigue a fondo a los miembros del ejército Nacional Brigada Móvil 12, que hacen presencia en esta zona, ya que con los escritos que van dejando a su paso siembran el miedo y   el terror a los campesinos de esta región del municipio de Vistahermosa.

Que  se le brinde a las comunidades campesinas del Municipio Vistahermosa   todas las garantías de seguridad para que puedan seguir ejerciendo su actividad agraria y permanecer en sus territorios. 

Que pare el atropello permanente, la estigmatización y persecución que vienen siendo sometidos los campesinos por parte del Ejercito Nacional   en las diferentes regiones en el departamento del Meta y por lo tanto solicitamos sean excluidos del conflicto social y armado que vive el país.

“Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los Derechos Humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado Colombiano, al ser este el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario ante la comunidad internacional. 

Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando”.

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional:

La observancia permanente frente  a estos hechos que son supremamente graves,  que atentan contra la integridad física y sicológica  de los campesinos moradores de la Vereda Laurel del  municipio Vistahermosa del departamento del Meta, en su libre locomoción y en sus actividades diarias como derechos fundamentales que tienen de acuerdo a la constitución nacional. 

Continuar haciendo seguimiento y monitoreo a  la gravísima situación de violación de derechos humanos de los campesinos  en  Colombia.

Exigir del estado colombiano una respuesta clara frente a las actuaciones irregulares por parte de los miembros del Ejército Nacional Brigada Móvil 12, y se castiguen a los responsables de estos escritos que siembran el pánico en las comunidades campesinas de Vistahermosa, Meta.

Ocaña, Norte de Santander
Hostigan a 200 familias desplazadas
Por Dolo Comunicaciones

Alrededor de 200 familias en estado de total vulnerabilidad, entre ellas 40 familias Victimas del Desplazamiento Forzado del municipio de Ocaña, se asentaron el día 12 del febrero del 2011 en terrenos que limitan con el Barrio Altos del Norte del Sector Ciudadela Norte del Municipio de Ocaña.

Mujeres, niños, niñas y hombres, solicitan de manera inmediata, que los entes territoriales y nacionales, garanticen efectivamente sus derechos a la vida digna. La totalidad de las personas asentadas en estos terrenos, viven en total abandono, carentes de salud, trabajo, vivienda, tierras, verdad, justicia y reparación integral, y quienes han esperado por más de 7 años que el Estado cumpla y les permita superar la crisis humanitaria en la que están inmersos.

Como respuesta a esta acción legitima y pacifica de las familias en condición del desplazamiento forzado y vulnerabilidad el municipio de Ocaña se manifestó: Enviando a las 6:00 am alrededor de 40 Policías. Enviando agentes de la SIJIN, quienes desde las 6:00am han filmado y fotografiado a todas las familias asentadas en estos terrenos. Se impidió a las familias preparar alimentos o recibirlos

Solicitamos

A las autoridades competentes: Alcaldía de Ocaña, Gobernación de Norte de Santander, Acción Social, Incoder, Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio de Agricultura, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, atender las manifestaciones de las familias asentadas, realizar las reuniones pertinentes e iniciar las acciones necesarias, para las garantías de sus derechos y las investigaciones y sanciones a todas las autoridades que no han cumplido con el deber constitucional y legal de realizarlos.

Que se garantice la vida e integridad física de las familias, y se suspenda de manera inmediata las acciones intimidatorias por parte de la Policía y Sijin. Presencia inmediata de los entes de control y delegados de la Alcaldía de Ocaña y de la Gobernación de Santander

A las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos regionales, nacionales e internacionales, Organismos Internacionales, Plataformas de Derechos Humanos Y Paz, Observadores Internacionales, Agencias de Cooperación, Medios de Comunicación, monitoreas, acompañar, y pronunciarse sobre está grave situación.


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