miércoles, febrero 09, 2011

Seguridad narcocrática/
Audiencia pública en juicio contra campesino defensor de derechos humanos de La Macarena proseguirá el 15 de febrero
Por Camilo Raigozo

El próximo 15 de febrero a las 10:30 de la mañana proseguirá la audiencia pública en el juicio contra el campesino, defensor de los derechos humanos, José Samuel Rojas Mora (foto), en el Juzgado Segundo Penal del Circuito, en Villavicencio, Meta.

El campesino fue uno de los organizadores de la audiencia pública realizada el 22 de julio del año pasado en el municipio de La Macarena, Meta, mediante la cual el mundo se enteró de la existencia de fosas comunes o cementerios clandestinos, en los cuales han sido enterrados miles de personas desconocidas por parte del ejército.

En los cementerios de La Macarena, Granada y San José del Guaviare, las primeras investigaciones dan cuenta de más de 1.500 cuerpos de personas desconocidas enterradas de forma irregular por el Ejército, las cuales podrían ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Otro gran número de cuerpos inhumados de forma irregular está depositado en el cementerio de Vistahermosa, según lo han denunciado los congresistas del Polo, Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda.

Tres días después de la audiencia en La Macarena, el entonces presidente Álvaro Uribe, desde la guarnición militar de ese municipio, les puso la lápida a los familiares de las víctimas y a quienes se atrevieron a denunciar los asesinatos del Ejército, como también a los defensores de derechos humanos, al calificarlos de voceros del terrorismo.

Así fue como a los pocos días del discurso de Uribe, varios campesinos, defensores de derechos humanos y denunciantes, tuvieron que huir de la región. El 7 de agosto de 2010 fue secuestrada y asesinada la defensora de derechos humanos Norma Irene Pérez. Ella había sido una de las organizadores de la audiencia.

Al campesino Rojas Mora, lo encarcelaron el pasado 10 de septiembre por medio de los consabidos montajes judiciales de los que forman parte los testigos a sueldo.

La audiencia se inició el pasado 7 de febrero sin que pudiera avanzar significativamente, dado que los testigos de la parte acusadora, presuntos desmovilizados de la guerrilla, no asistieron. Apenas cumplieron la cita dos testigos que resultaron ser agentes o ex agentes del Estado.

El abogado Walter Mondragón, defensor del rojas Mora, le dijo a Notimundo que el aplazamiento de la audiencia perjudica enormemente a la víctima y a sus testigos, pues estas personas humildes tienen que desplazarse de lugares remotos y sólo pueden transportarse en avión.

Esto significa que cada viaje a la audiencia le cuesta a cada testigo en sólo transporte aéreo 380.000 pesos ida y vuelta.  “No es justo que la contraparte y el despacho jueguen así con las humildes víctimas”, le dijo a Notimundo, Héctor Torres, defensor de derechos humanos del Bajo Ariari.

martes, febrero 08, 2011

Parauribismo/
Le imputan cargos al paramilitar 'Julián Bolívar' por decenas de crímenes 
En 1996 el ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe le avaló al criminal la Convivir Deyavanc
Por Camilo Raigozo

Este 8 de febrero de 2011 en Medellín, la Fiscalía 41 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz continuaba la imputación de cargos ante un magistrado de control de garantías contra Rodrigo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar", ex cabecilla del bloque paramilitar Central Bolívar.

Según informó la Fiscalía, entre los crímenes imputados están el reclutamiento de 123 menores de edad, 35 homicidios cometidos en Yarumal (Antioquia) y en varios municipios de Santander, tres desplazamientos forzados en el sur de Bolívar, narcotráfico, lavado de activos y apoderamiento de hidrocarburos.

También se le señala como responsable de 23 masacres que dejaron más de 70 víctimas y otros 26 homicidios cometidos por asesinos bajo su mando en Barrancabermeja, Santander y los municipios antioqueños de Puerto Berrío y Yondó.

En audiencias anteriores, la Fiscalía le imputó cargos por los siguientes delitos: concierto para delinquir agravado, entrenamiento para actividades ilícitas, porte ilegal de armas, utilización ilegal de uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores.

Cabe recordar que el ex gobernador de Antioquia (1995-1997), Álvaro Uribe Vélez, le avaló al  temible jefe paramilitar, bajo la Resolución 42395 del 12 de noviembre de 1996, la personería jurídica de la Convivir Deyavanc.

Por su parte la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín, cuyo comandante en la época era el general Alfonso Manosalva Flórez, también extendió una certificación militar a la Convivir de “Julián Bolívar”.

La relación de la Convivir Deyavanc con el cabecilla paramilitar fue revelada por el ex congresista Gustavo Petro en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia adelantado en el Congreso en abril de 2007.

Parauribismo/
Procuraduría de Barrancabermeja investiga al alcalde de Sabana de Torres por presunta utilización de bienes del municipio a intereses privados
Por Camilo Raigozo. Con información de Asogras

La  Asociación Agraria de Santander, Asogras, informó que la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Sabana de Torres, Santander, Uriel Velandia Gutierrez, por la presunta utilización de la maquinaria del municipio en una finca de su tío  José Leonidas Cote Velandia (foto).

Según Asogras, la maquinaria fue utilizada para hacer trabajos en una finca que tiene en la vereda Doradas del municipio, lo mismo que a sus amigos.

El pliego de cargos contra el alcalde se encuentra  bajo el número de radicado  IUCD 201083326554 del año 2010. Los hechos se remontan al año pasado cuando  utilizó la maquinaria oficial del municipio a favor de familiares y amigos, mientras que las vías públicas están en total abandono.

La agremiación campesina le exige al Ministerio Público que investigue a profundidad “los  hechos de corrupción que tienen que ver con la contratación en  el municipio de Sabana de Torres y que las autoridades investiguen y brinden las garantías-

para que los recursos de los sabaneros no se sigan mal utilizando en este año político y que el proyecto de plan maestro de alcantarillado no se ejecute este año hasta que se posesione el próximo alcalde elegido popularmente”.

También solicita protección para el presidente departamental de Asogras, ya que sus denuncias sobre las presuntas vinculaciones del alcalde de Sabana de Torres, con el paramilitar alias “Tarazá”, ponen en riesgo su vida y la de su familia, quienes han sido amenazados junto con varios miembros de la organización campesina.

“Alertamos nuevamente a la comunidad nacional e internacional sobre estos hechos y manifestamos nuestro temor de que se sigan violentando nuestros derechos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario”, manifestó Asogras a través de un comunicado.

lunes, febrero 07, 2011

Puerto Asís, Putumayo
Audiencia ciudadana por la verdad
Crisis humanitaria, consecuencias del Plan Colombia
Por Camilo Raigozo. Con información del Cpdh

Durante los días 11 y 12 de febrero próximo se llevará a cabo en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, la Audiencia ciudadana por la verdad: crisis humanitaria, consecuencia del Plan Colombia. El evento tendrá como uno de los objetivos la forma de avanzar en la estrategia de-

verdad y memoria histórica del Movimiento Nacional de Víctimas, Movice, como insumo para escenarios de exigibilidad de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de crímenes de Estado en el departamento del Putumayo.

“La mesa de organizaciones sociales indígenas, campesinas y afrodescendientes del Putumayo somos un espacio de  unidad, integración, interlocución y construcción de propuestas  como el plan integral de desarrollo para la región del Putumayo.

En este proceso organizativo con las comunidades, que vienen siendo afectadas por los efectos del Plan Colombia, se ha determinado la necesidad de realizar una audiencia ciudadana por la verdad que se ha denominado “La Crisis Humanitaria consecuencia del Plan Colombia”, escenario que tiene como objetivo denunciar la grave  situación que vivimos los habitantes de éste departamento en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida”, dice un aparte de la convocatoria

Cabe anotar que la audiencia estaba programada para realizarse en el mismo sitio el 10 y 11 de diciembre del año pasado, pero las organizaciones tuvieron que posponerla después de grandes esfuerzos, debido a que la gobernación departamental y algunos congresistas, en una actitud de sabotaje, convocaron a otra audiencia similar en las misma fecha y lugar sobre la Ley de Tierras y de Víctimas.

“Rechazamos este tipo de actos por parte de instituciones y funcionarios que quieren seguir ocultando la verdad respecto a la grave crisis económica y humanitaria que vive el departamento”, señalaron los organizadores.

La invitación a todas las comunidades y organizaciones sociales para que participen queda extendida nuevamente. Harán acompañamiento el Movimiento Nacional de Víctimas y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, La Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado, los entes de investigación, vigilancia y control y diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Generalitat del Gobierno de Cataluña.

Convocan: Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes del Putumayo; Movice; Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos; Fédération Internacionale des ligues des droits de l' Homme; Fensuagro; Corporación Yurupari y Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, entre otras.

Audiencia pública contra campesino defensor de los derechos humanos de La Macarena, Meta
Juez no permitió a Notimundo la transmisión en directo
Por Camilo Raigozo

Con una hora de retraso se dio inicio a la audiencia pública en el proceso que se le sigue al líder campesino y defensor de derechos humanos del municipio de La Macarena, Meta, José Samuel Rojas Mora. El campesino es acusado por el delito de rebelión.

Al inicio de del acto público el juez Luis Efrén Blanco López, le pidió al periodista Camilo Raigozo, de Notimundo, quién se disponía a transmitir la audiencia en directo, entregarle copia del material periodístico, lo cual fue rechazado por el comunicador quién consideró que se estaba vulnerando la libertad de prensa.

Acto seguido el juez Blanco López le prohibió al periodista Camilo Raigozo la transmisión o la filmación continua o prolongada de la audiencia, esgrimiendo para ello el Artículo Noveno del Acuerdo No. 2785 de diciembre 23 de 2004 del Consejo Superior de la Judicatura.

Lo mismo ocurrió con los periodistas del canal Telesur quienes arribaron poco tiempo después al Juzgado Segundo Penal del Circuito en Villavicencio, Meta.

La Fiscalía quién actúa como ente acusador contra Samuel Rojas presentó dos testigos quienes son funcionarios de la Policía y del CTI. Los otros supuestos testigos presentados como guerrilleros desmovilizados no hicieron presencia por lo que el fiscal pidió al juez el aplazamiento de la audiencia.

El abogado Walter Mondragón, defensor del rojas Mora, le dijo a Notimundo que en justicia no se debería aplazar la audiencia, por cuanto los testigos de la defensa vienen de partes muy lejanas que con grandes esfuerzos económicos y humanos llegaron cumplidamente a la audiencia.

El juez optó por levantar la sesión y continuarla a las 2:30 de la tarde, dándole este tiempo a la Fiscalía para que resolviera satisfactoriamente los inconvenientes con sus testigos.

Héctor Torres, defensor de derechos humanos del Bajo Ariari, le dijo a Notimundo, que “de esta forma queda demostrado el montaje judicial contra el defensor de derechos humanos Samuel Rojas. Igual ha venido sucediendo con centenares de campesinos y defensores de derechos humanos en muchas regiones del país”.

Lea también:
Seguridad narcocrática/ Audiencia pública en falso positivo jurídico contra líder campesino de La Macarena, Meta

Seguridad narcocrática/
Urgente. Nueva ola de capturas en los Montes de María
Por Mesa de Seguimiento y Acompañamiento de los Montes de María

 Nuevamente la martirizada comunidad de los Montes de María es objeto de la represión estatal. Cuando se creía que después de las masacres -Macayepo, El Salado, El Chengue y San Onofre entre otras-, los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado,el encarcelamiento de cientos de líderes y el despojo de tierras con destino a los proyectos-

turísticos y agroexportadores del paraempresariado, cuando se creía repetimos que la represión ya había logrado sus objetivos, nuevamente se cierne una oleada de capturas sobre los sobrevivientes que no han aceptado desplazarse ni venderle a menos precio sus tierras a los testaferros de los inversionistas.

Einer Martínez, Edgar Berrocal y Manuel Pérez, son tres de los dirigentes que nuevamente tiene orden de captura por parte de la fiscalía del Carmen de Bolívar, producto de los testimonios falsos recaudados por las tropas de la Infantería de Marina de la zona entre paramilitares y delincuentes de la región a quienes ofrecen beneficios judiciales y recompensas por sus dichos.

Estos tres campesinos ya habían sido capturado hace varios años en operativos militares ampliamente promocionados por prensa, radio y televisión, no obstante locual al cabo de varios meses fueron puestos en libertad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones sociales, sindicatos y gremios del campo, para denunciar nacionales internacionalmente este nuevo atropello conrta las víctimas. Ello, mientras los autores de crímenes tan horrendos como los de El Salado, gozan no sólo de libertad, sino de beneficios y protección por parte del gobierno y de la fuerza pública.

En la foto de Camilo Raigozo: integrantes de la Mesa de Acompañamiento

domingo, febrero 06, 2011

Caloto, Cauca
El Ejército sigue arremetiendo contra las comunidades campesinas de la vereda El Pedregal
Por Corporación Justicia y Dignidad

Desde tempranas horas de la madrugada del día de ayer 3 de febrero de 2011, el Ejército Nacional se acantonó a pocos metros de la Escuela de la Vereda El Pedregal en la zona rural del municipio de Caloto-Cauca, donde cotidianamente más de un centenar de niños y niñas reciben clases.

Durante todo el día se presentaron enfrentamientos entre Ejército y Guerrilla en la escuela y las zonas aledañas.

En horas de las tarde los efectivos militares se acantonaron en las casas de la vereda el Pedregal, ante esta situación dos campesinos se dirigieron al militar que comandaba la tropa manifestando que Las Veredas el Vergel y El Pedregal son comunidades protegidas como medidas Cautelares de la Comisión Interamericana, y el militar les respondió que eran órdenes de alto nivel.

El militar acuso a los campesinos de restringir el paso de la fuerza pública y permitir el paso de la guerrilla. A pesar del reclamo de los campesinos, los militares siguieron acantonados en las casas de los civiles, cocinando dentro de ellas.

En el día de hoy 4 de Febrero de 2011, sesenta campesinos de la vereda el Pedregal, se dirigieron al Mayor Castrillon de la Móvil 14 del Ejército, solicitándole que retire la tropa de las casas de los civiles y de la escuela, ya que los están poniendo en condición de escudos humanos.

Los campesinos le reiteraron al Mayor Castrillon que son beneficiarios de  medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  a lo que el Mayor respondió diciendo que él estaba obedeciendo órdenes superiores de muy alto nivel y que permanecerían en el lugar hasta nueva orden.

Desde las 11:00 a.m en la parte conocida como el filo y sin existir confrontación, efectivos regulares del ejército están lanzando granadas en el caserío del Pedregal.

Los militares impactaron con armas de fuego la casa de Vanesa Martínez, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Pedregal y una camioneta luv roja propiedad de la señora Martha Pequi. 

Por la intensidad de los enfrentamientos presentados desde ayer se han desplazado ocho familias campesinas de la vereda el Pedregal.

A pesar de que se ha llamado insistentemente a la Cancillería Colombiana para el cese de las hostilidades, a la fecha de remitir el presente informe no se ha recibido respuesta satisfactoria a fin de evitar que se cometan daños irreparables en la vida y en la integridad de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares.

Instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales y llamamos a los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter nacional e internacional para que brinden el acompañamiento del caso mediante la denuncia, divulgación y seguimiento de la presente denuncia pública.

Persona herida y daños en bienes civiles

Las situación se agrava en la vereda el Pedregal, la señora Rocío Coicue Campo beneficiaria de medidas cautelares ha resultado herida de gravedad por impacto de fusil en su cabeza, cuando se encontraban en confrontación el ejército y la guerrilla en la vereda el Pedregal.

Igualmente han resultado impactadas y averiadas las viviendas de Rosalía Baicue, Miguel Pequi, Daniel Martínez, Geremías Pequi, Everth Yatacue, Ildebrando Pequi, Vanesa Martínez y el carro de Martha Pequi.

Se han desplazado a la hora de este comunicado 20 familias. Los enfrentamientos armados continúan y el ejército se ha acantonado en la casa de los civiles utilizándolos como escudos humanos.

Exigimos el respeto de vida y la integridad de los beneficiarios de las medidas cautelares, Exigimos la adopción inmediata de las medidas cautelares a favor de las 179 familias del Vergel y el Pedregal a fin de evitar más daños en la vida y la integridad de los beneficiarios de las medidas.

Instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales y llamamos a los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter nacional e internacional para que brinden el acompañamiento del caso mediante la denuncia, divulgación y seguimiento de la presente denuncia pública.


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