Expertos de la ONU piden a Colombia
reconsiderar el esperpento del fuero militarPor: Efe/ Caracol/ Notimundo
Once expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas
hicieron hoy un llamamiento al Gobierno y al Congreso de Colombia para que
reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución nacional en lo relativo
al fuero penal militar.
En una carta abierta publicada hoy, los expertos
indicaron que la propuesta de reforma tendría "implicaciones serias"
para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia.
"Se perjudicaría seriamente la administración de la
justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las
fuerzas militares o de la policía", afirmaron.
"Esta reforma representaría un retroceso histórico
en los avances del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad y el
respeto y garantía de los derechos humanos", opinaron los expertos.
"Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la
fuerza pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de
violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario", agregaron los firmantes de la carta.
En el escrito se reconoce que los crímenes de genocidio,
lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia
de tribunales militares o policiales, pero se agrega que los-
cambios propuestos
"ampliarían la competencia de estos tribunales", y les otorgaría
"poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras
violaciones serias de los derechos humanos".
Estos delitos, en opinión de los expertos, "deberían
estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia
penal".
Se trata de delitos que representan una violación del
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos los
crímenes de guerra, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales,-
el
reclutamiento y uso de menores, la detención arbitraria, la tortura y los
tratos crueles, inhumanos o degradantes, y otras violaciones como los atentados
contra la integridad corporal y las mutilaciones.
También podrían quedar bajo jurisdicción militar la toma
de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos
humillantes, así como la obligación de tratar con humanidad-
a los que no
participen directamente en las hostilidades, sin distinción por motivo de
pertenencia a grupo étnico, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna u
otro criterio similar.
Asimismo, la justicia militar podría tener competencia
para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.
"Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma
constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal
militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos
de estos delitos", dijeron los expertos.
"Estamos particularmente preocupados por el impacto
que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el
esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades",-
incluidos
"los criterios específicos que definen si los hechos sugieren la comisión
de crímenes de lesa humanidad o de genocidio".
Los expertos advirtieron de que el establecimiento de un
Tribunal de Garantías Penales, como instancia de control para tratar cualquier
acusación contra-
un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, "sugeriría
que el acusado" recibiría "un trato preferente, lo cual podría
generar un clima de impunidad".
También consideraron que la existencia de este tribunal,
con competencia exclusiva para procesar al personal militar o policial,
"supondría la existencia de un sistema paralelo de administración-
de la
justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para
todos los individuos y entorpecería el debido proceso legal", y atentaría
así "contra el Estado de Derecho".
"Nos preocupa especialmente el tratamiento de las
denuncias relativas a violaciones de derechos humanos contra población civil",
incluidos "defensores y defensoras-
de los derechos humanos y otros
miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de
especial vulnerabilidad y riesgo", indicaron.
Los firmantes de la carta son:
Christof Heyns, relator sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; El Hadji Malick Sow, presidente del
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;-
Faiza Patel, presidenta del
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los
derechos humanos.
También Frank La Rue, relator sobre la promoción y la
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Gabriela Knaul,
relatora sobre la independencia de magistrados y abogados; Juan E.
Méndez, relator sobre la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes; Kamala Chandrakirana, presidenta del Grupo de
Trabajo sobre discriminación contra la mujer.
Además, Maina Kiai, relator sobre el derecho a la
libertad de reunión y de asociación pacíficas; Margaret Sekaggya, relatora
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;-
Olivier de
Frouville, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o
involuntarias; y Rashida Manjoo, relatora sobre la violencia contra la mujer.
