Desafuero penal militarPor: Camilo Raigozo
Los congresistas Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda, Germán
Navas, Ángela Robledo, Guillermo Rivera Flores, los abogados Ramiro Bejarano y
Santiago Medina, las ONG, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y
Comisión Colombiana de Juristas, demandaron ante la Corte Constitucional la
ampliación al fuero militar.
Los congresistas, juristas y las dos organizaciones no
gubernamentales defensoras de los derechos humanos interpusieron demanda de
inconstitucionalidad contra el adefesio aprobado en el Congreso hace dos meses.
“Hubo vicios de forma en el proceso de formación del Acto
Legislativo número 02 de 27 de diciembre de 2012 y se violó el principio de
unidad de materia”, dijeron los demandantes a los medios.
Igualmente los demandantes sostienen que en la aprobación
de la reforma se ignoraron las aberrantes cifras de impunidad que alcanzan más
del 98 % en los casos de asesinatos a
sangre fría de manera generalizada y sistemática, más conocidos como falsos
positivos y de otros crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
El presidente Santos y su ministro de Defensa Juan Carlos
Pinzón le han mentido una y otra vez al país y al mundo sobre los verdaderos
propósitos de la coartada, maquillada con el señuelo de que lo que se busca es
darle más garantías jurídicas a los uniformados a la hora de actuar contra
grupos armados ilegales.
Esta y otras falacias expresadas por el régimen para justificar
la ampliación del fuero militar, fueron desmentidas categóricamente una a una
por 11 especialistas de la ONU y por la ONG Human Rights Watch, quienes
criticaron duramente la jugada para la impunidad. Lea aquí las falacias de Santos, Pinzón y otros, desmentidas por HRW.
Al menos 300 organizaciones no gubernamentales defensoras
de los derechos humanos nacionales e internacionales, la Corte Penal Internacional,
el Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y otras organizaciones como HRW, coinciden
en que la ampliación del fuero militar es un retroceso y una devastación de los
derechos humanos en Colombia.
El pasado 1 de noviembre la ONU le envió
al gobierno colombiano y al Congreso una dura carta en la que advertía que, “De
ser aprobado el proyecto, perjudicaría seriamente la administración de la
justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos”.
El excongresista Rodrigo Uprimny explicó
tres razones que demuestran que la ampliación del fuero militar es una garantía
de impunidad para las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos
por las Fuerzas Militares y la Policía.
Primera: “Porque olvida violaciones
graves a los derechos humanos, como la toma de rehenes. E incluso, porque por
defectos técnicos los falsos positivos podrían ser trasladados a la justicia
militar, pues la lista de exclusiones debe referirse a homicidios agravados y
en persona protegida, ya que la ejecución extrajudicial no está tipificada como
delito”.
Segunda: “Porque el proyecto establece
que toda infracción al derecho humanitario será conocida por la justicia
militar, con excepción de los delitos expresamente excluidos. Resultado: si hay
una muerte o un posible abuso en una operación militar, los primeros pasos de
la investigación los hará la justicia militar y no la Fiscalía. Será la
justicia militar la que llegue al sitio de los hechos y realice las primeras
indagaciones.
“Todo experto en criminalística sabe que
esas primeras horas son decisivas, pues se recogen (o dejan de recoger) las
pruebas esenciales. Entonces, en la práctica, será la justicia militar la que
determine si la muerte fue un acto legítimo de guerra, una infracción al
derecho humanitario que le corresponda investigar o una ejecución extrajudicial
que deba reenviar a la justicia ordinaria.
“¿Cómo podrá entonces enterarse la
Fiscalía de que hubo un crimen que deba investigar? Dependerá de que la
justicia militar le remita el caso, lo cual casi nunca ha ocurrido en
violaciones a los derechos humanos”.
Tercera: “Supongamos que por alguna razón
se sabe que pudo haber un falso positivo. ¿Puede entonces intervenir la
Fiscalía autónomamente? No, pues en ese evento entra a operar la ambigua
“comisión técnica de coordinación”, que incluye a representantes de la justicia
militar.
“Y si esa comisión concluye que el caso
es de la justicia ordinaria, el militar procesado podría todavía acudir al “tribunal
de garantías penales” creado por la reforma, que definirá definitivamente quién
investiga el caso. Y la mitad de los miembros de ese tribunal son militares o
policías retirados”.
Total, impunidad pura y dura que elevará
a la ene potencia el número de crímenes y atrocidades cometidos por militares y
policías, quienes saben de antemano que sus abusos y crímenes gozarán de total
impunidad.
Si antes de la aprobación de la demencial
medida la impunidad era de más del 98 %, ¿qué les espera a los colombianos
después de semejante acto de barbarie?
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