Terrorismo de EstadoPor: Camilo Raigozo
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco
Isaías Cifuentes, Reddhfic, denunció que las declaraciones del mayor general
Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, comandante del Comando Conjunto de Sur
Occidente del Ejército, dadas a Caracol en relación con las acciones
comunitarias en procedimientos militares irregulares de retenciones son falsas.
El pasado 29 de enero el general Barrera aseveró en
Caracol que “Donde reservas campesinas organizadas en la parte alta de Corinto,
Miranda y algunas comunidades indígenas, lamentablemente se vinculan a estas
actividades y cuando las tropas han efectuado capturas son rodeadas por masas y
ante esa presión prima la prudencia y las tropas han tenido que soltar a personas
que han sido capturadas a pesar de que hay orden de captura”.
Cabe anotar que tanto Caracol como los otros medios del
régimen, son cajas de resonancia de las opiniones y comunicados de los altos
mandos castrenses, que silencian las voces de las comunidades y de las víctimas,
desinformando, tergiversando, manipulando y mintiendo, descaradamente sobre
la realidad de los acontecimientos.
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano
“Francisco Isaías Cifuentes”, desmiente al general:
Desde mediados de febrero del año 2012, fecha en la cual
hicieron presencia en norte del del Cauca integrantes de la Fuerza de Tarea
Conjunta Apolo, a la fecha, de acuerdo a la información recibida de las víctimas,
con preocupación hemos registrado y denunciado públicamente, que en medio de
operativos irregulares de retenciones se han presentado:
Presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, heridas de civiles, ataques indiscriminados, ataques a bienes civiles
y culturales, destrucción de bienes civiles y culturales, ocupación militar de
bienes civiles y culturales, señalamientos y hostigamientos a civiles, entre
otros.
La Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”,
las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones Pro-constitución Zonas de Reserva
Campesinas de los municipios de Miranda, Corinto,-
Caloto y las víctimas
directas, han puesto en conocimiento presuntos y sistemáticos hechos de
vulneración a derechos constitucionales y legales ante instituciones tales como
la Defensoría Regional del Pueblo,-
la Fiscalía General de la Nación y las
personerías Municipales, al igual que ante organismos internacionales como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Colombia.
Igualmente, tanto Reddhfic, como las comunidades
manifiestan que:
1. La acción solidaria y organizada de campesinos, ante
procedimientos irregulares de intentos de detenciones, se resume en:
Indagar los motivos de la detención.
Exigirle a las unidades militares que presenten las órdenes
de captura.Exigir que sean respetados los derechos de los capturados.
Ante vacilaciones, vacíos o la negativa de las unidades
militares que adelantan los procedimientos, los líderes y autoridades
comunitarias, de forma respetuosa solicitan la libertad del o los retenidos.
2. El anterior procedimiento o línea de conducta además
de ser un derecho constitucional y legal, es un deber ético y moral, que emerge
del deber de solidaridad.
Es en sí misma una acción de supervivencia y
preservación, ante acciones militares arbitrarias y sistemáticas, que en
esencia busca evitar o neutralizar posibles hechos de infracciones y
violaciones a los derechos humanos.
3. Es falso que “ante esa presión prima la prudencia”.
Por el contrario, como ha sido plenamente documentado, las comunidades rurales
en este tipo de acciones reciben insultos, golpes, señalamientos, ataques
indiscriminados, daños a bienes civiles, por parte de los Militares, en síntesis
“acciones de represión”, que se alejan de la prudencia o de los límites a que
los militares están sometidos en un régimen jurídico como el de los
colombianos.
Las comunidades afectadas exigen:
1. A la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de
la Nación y los organismos internacionales de promoción y protección de los
derechos humanos.
Una rigurosa investigación sobre las irregularidades que
se vienen presentando en procedimientos de detenciones sobre los pobladores de
la zona norte del Departamento del Cauca.
2. Al Estado Colombiano, que garantice los derechos a la
vida, la integridad personal, la libertad, la intimidad y la propiedad de la
población civil que habita en las zonas en conflicto.
