miércoles, enero 30, 2013

Terrorismo de Estado
El general Leonardo Alfonso Barrera Gordillo miente y falsea la realidad
Por: Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, denunció que las declaraciones del mayor general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, comandante del Comando Conjunto de Sur Occidente del Ejército, dadas a Caracol en relación con las acciones comunitarias en procedimientos militares irregulares de retenciones son falsas.

El pasado 29 de enero el general Barrera aseveró en Caracol que “Donde reservas campesinas organizadas en la parte alta de Corinto, Miranda y algunas comunidades indígenas, lamentablemente se vinculan a estas actividades y cuando las tropas han efectuado capturas son rodeadas por masas y ante esa presión prima la prudencia y las tropas han tenido que soltar a personas que han sido capturadas a pesar de que hay orden de captura”.

Cabe anotar que tanto Caracol como los otros medios del régimen, son cajas de resonancia de las opiniones y comunicados de los altos mandos castrenses, que silencian las voces de las comunidades y de las víctimas, desinformando, tergiversando,  manipulando y mintiendo, descaradamente sobre la realidad de los acontecimientos.

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, desmiente al general:

Desde mediados de febrero del año 2012, fecha en la cual hicieron presencia en norte del del Cauca integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, a la fecha, de acuerdo a la información recibida de las víctimas, con preocupación hemos registrado y denunciado públicamente, que en medio de operativos irregulares de retenciones se han presentado:

Presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, heridas de civiles, ataques indiscriminados, ataques a bienes civiles y culturales, destrucción de bienes civiles y culturales, ocupación militar de bienes civiles y culturales, señalamientos y hostigamientos a civiles, entre otros.

La Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”, las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones Pro-constitución Zonas de Reserva Campesinas de los municipios de Miranda, Corinto,-
 
Caloto y las víctimas directas, han puesto en conocimiento presuntos y sistemáticos hechos de vulneración a derechos constitucionales y legales ante instituciones tales como la Defensoría Regional del Pueblo,-
 
la Fiscalía General de la Nación y las personerías Municipales, al igual que ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Igualmente, tanto Reddhfic, como las comunidades manifiestan que:

1. La acción solidaria y organizada de campesinos, ante procedimientos irregulares de intentos de detenciones, se resume en:

Indagar los motivos de la detención.
Exigirle a las unidades militares que presenten las órdenes de captura.
Exigir que sean respetados los derechos de los capturados.

Ante vacilaciones, vacíos o la negativa de las unidades militares que adelantan los procedimientos, los líderes y autoridades comunitarias, de forma respetuosa solicitan la libertad del o los retenidos.

2. El anterior procedimiento o línea de conducta además de ser un derecho constitucional y legal, es un deber ético y moral, que emerge del deber de solidaridad.

Es en sí misma una acción de supervivencia y preservación, ante acciones militares arbitrarias y sistemáticas, que en esencia busca evitar o neutralizar posibles hechos de infracciones y violaciones a los derechos humanos.

3. Es falso que “ante esa presión prima la prudencia”. Por el contrario, como ha sido plenamente documentado, las comunidades rurales en este tipo de acciones reciben insultos, golpes, señalamientos, ataques indiscriminados, daños a bienes civiles, por parte de los Militares, en síntesis “acciones de represión”, que se alejan de la prudencia o de los límites a que los militares están sometidos en un régimen jurídico como el de los colombianos.

Las comunidades afectadas exigen:

1. A la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

Una rigurosa investigación sobre las irregularidades que se vienen presentando en procedimientos de detenciones sobre los pobladores de la zona norte del Departamento del Cauca.

2. Al Estado Colombiano, que garantice los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la intimidad y la propiedad de la población civil que habita en las zonas en conflicto.


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