Conflicto social y armadoPor: Camilo Raigozo
Vuelven y juegan los rescates a sangre y fuego de los
miembros de la Fuerza Pública que pierden la libertad a manos de la insurgencia
en acciones inherentes al conflicto, lo cual pone en alto riesgo sus vidas.
Según el Derecho Internacional Humanitario en casos como
estos la responsabilidad sobre la vida y la integridad de las personas privadas
de la libertad, recae exclusivamente en el
bando que intenta el rescate a sangre y fuego.
El Presidente dijo de manera arrogante ante los medios
que “los policías secuestrados por las FARC están vivos y vamos a rescatarlos”.
A cada momento el presidente Santos y su ministro de
Defensa Juan Carlos Pinzón, repiten y amenazan que no habrá cese bilateral del
fuego y que continuarán su guerra frontal contra las FARC.
El primer mandatario reiteró que el Gobierno no está dispuesto a negociar la regularización del conflicto y aseguró que "la guerra la vamos a ganar por las buenas o por las malas".
Ayer desde La Habana el comandante Iván Márquez expresó al
respecto, que resultaba insensato que el
régimen declare a cada instante que incrementará la guerra y al mismo tiempo se
queje de las consecuencias que deja la misma.
"Humberto de la Calle ha reiterado que la orden
presidencial a la Fuerza Pública es seguir persiguiendo a las FARC en todo el
territorio nacional. Entonces resulta insensato que mientras se hacen
declaraciones de escalar la guerra se eleven quejas por las consecuencias que
esta desata", dijo Márquez.
Mientras tanto en los campos de batalla siguen muriendo, quedando
heridos o perdiendo la libertad militares, policías, guerrilleros y población
civil. Hace 48 horas, por ejemplo, en Nariño perdieron la vida cuatro soldados y otros dos quedaron
gravemente heridos.
Son las atrocidades de la guerra que el régimen se empeña tercamente en
escalonar todos los días, sin preocuparle en lo más mínimo el sufrimiento que
le causa al pueblo colombiano.
Por otro lado los voceros del gobierno, medios de “comunicación”,
periodistas, opinadores y oportunistas en general, como Angelino Garzón, mienten
ante la sociedad al desconocer que el Derecho Internacional Humanitario, en el
caso de miembros de la Fuerza Pública capturados en combate por la insurgencia,
estipula que no tienen el estatus de “secuestrados”.
A los militares, policías o guerrilleros, que pierden la
libertad en manos de sus adversarios por efectos de la guerra, el DIH (Artículo
3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II) los
denomina: "Personas que han perdido la libertad en acciones inherentes al
conflicto".
Lo anterior es válido para conflictos armados internos, que es el caso colombiano. Llamar secuestrados a los militares o policías que pierden la libertad por causas del conflicto es una estrategia perversa que distorsiona la realidad de la confrontación y la incentiva.
Así mismo el Estado colombiano continuamente infringe gravemente el DIH con las y los guerrilleros que pierden la libertad en acciones del conflicto, porque les viola los derechos estipulados en el Artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el Protocolo II del DIH, los cuales son de obligatorio cumplimiento.
Lo anterior es válido para conflictos armados internos, que es el caso colombiano. Llamar secuestrados a los militares o policías que pierden la libertad por causas del conflicto es una estrategia perversa que distorsiona la realidad de la confrontación y la incentiva.
Así mismo el Estado colombiano continuamente infringe gravemente el DIH con las y los guerrilleros que pierden la libertad en acciones del conflicto, porque les viola los derechos estipulados en el Artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el Protocolo II del DIH, los cuales son de obligatorio cumplimiento.
