Desafuero penal militarPor: Notimundo
La comunidad internacional y las organizaciones
exteriores defensoras de los derechos humanos
continúan criticando con fortaleza el esperpento aprobado por el Congreso para
la ampliación del fuero penal militar que cubre con impunidad los crímenes
cometidos por militares y policías de todos los rangos.
Esta vez el repudio contra semejante desafuero contra los
derechos humanos fue hecho por la organización internacional por los derechos
humnaos, Washington office on Latin America, Wola.
A continuación Notimundo transcribe en su integridad el
documento:
Al aprobar recientemente una enmienda constitucional que
amplía la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos,
Colombia le asestó un golpe contundente a la justicia.
La reforma permitiría que graves crímenes contra los
derechos humanos sean investigados y juzgados por la justicia militar, una
práctica que entra en conflicto con años de jurisprudencia de los altos
tribunales colombianos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al aprobar recientemente1 una enmienda constitucional que
amplía la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos,
Colombia le asestó un golpe contundente a la justicia.
La reforma permitiría que graves crímenes contra los
derechos humanos sean investigados y juzgados por la justicia militar, una
práctica que entra en conflicto con años de jurisprudencia de los altos
tribunales colombianos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2
La enmienda otorga al sistema de justicia
militar-conocido por los altos niveles de impunidad que confiere-"jurisdicción
exclusiva" sobre todos los abusos militares "relacionados con el
conflicto", salvo estos siete delitos:
Crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición
forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
Sin embargo, existe un grave riesgo de que casos de
"ejecución extrajudicial" y "violencia sexual" sean
enviados a los tribunales militares, ya que estos crímenes no están codificados
como delitos en la jurisprudencia colombiana.
Por otra parte, otras violaciones graves de derechos
humanos tales como detenciones arbitrarias y tratos crueles, degradantes o
inhumanos serían juzgadas en tribunales militares.
Muchos de los casos de "falsos positivos", o
sea, ejecuciones extrajudiciales de civiles, son presentados como enemigos de
combate y podrían ser transferidos de la jurisdicción ordinaria a tribunales
militares.
Otro resultado preocupante de esta enmienda es que ahora
el sistema de justicia militar, en lugar de la oficina de la Procuraduría
General, llevará a cabo investigaciones preliminares-
de violaciones
presuntamente cometidas durante operaciones militares, por lo que es poco
probable que los casos de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos graves
sean identificados y procesados.
Además, cuando surjan conflictos de jurisdicción, una
comisión mixta con participación militar y civil - y no un órgano judicial
civil - determinará la competencia.
Por último, es también inquietante la disposición incluya
en la enmienda que miembros militares, incluidos los condenados por delitos
graves, cumplan su condena en "centros de reclusión" y no en cárceles
normales.
Esta enmienda socava los verdaderos avances que el
gobierno colombiano y el sistema judicial civil han logrado en los últimos años
al garantizar que los miembros de las fuerzas militares, tras una acusación
creíble de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, paguen por
sus crímenes.
La enmienda surgió como resultado de la fuerte presión
por parte de las fuerzas armadas de Colombia, quienes reaccionaron luego de
algunos de los primeros enjuiciamientos exitosos de oficiales de alto rango
acusados de crímenes contra los derechos humanos.
Se debe alertar al gobierno de EU, cuyos representantes
siempre han sostenido que la participación y ayuda de EU bajaría la tasa de
impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en Colombia, pues
tememos que esté ocurriendo lo contrario.
¿Qué se puede hacer ahora que esta enmienda se ha
convertido en ley? La comunidad internacional puede insistir en que el gobierno
colombiano limite el daño causado por esta reforma constitucional mal
concebida.
Podemos trabajar para que el gobierno colombiano cumpla
su promesa de asegurar que las "ejecuciones extrajudiciales" y la
"violencia sexual" sean codificadas en la ley, y pueda controlar la
evolución del impacto de este cambio para determinar si los casos de ejecución
extrajudicial pasan de los tribunales ordinarios al fuero militar.
El Departamento de Estado de los EU debe retener su certificación
a Colombia en derechos humanos.
Y se debe recordar, también, que la ayuda militar
proporcionada a Colombia por EU está sujeta a ciertas condiciones de derecho
fiscal estadounidense a cargo de operaciones en el extranjero y requiere que
todo caso-
de denuncia creíble de graves violaciones a los derechos humanos por
parte de un miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia sea “remitido con
prontitud a la jurisdicción civil para investigación y enjuiciamiento".
