Parauribismo/Solicitan depuración inmediata del cuerpo diplomático de Colombia
La Audiencia Internacional por la Verdad que examina los casos de los exiliados y refugiados políticos colombianos, reunida en París los días 2 y 3 de octubre de 2008, solicitó la destitución inmediata de cinco altos diplomáticos colombianos: Sabas Pretelt de la Vega, Embajador en Italia;
Luis Camilo Osorio, embajador en México; Ignacio Guzmán, cónsul en Miami; Milene Andrade, funcionaria en Nueva York; Carlos Alberto Frasica, agregado militar en Chile.
Con la presencia del Delegado de la Defensoría del Pueblo Alonso Ojeda Awad, los exiliados y refugiados políticos que presentaron testimonio, señalaron que la permanencia de funcionarios diplomáticos presuntamente ligados a grupos paramilitares, o involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, constituye un factor de alto riesgo para la seguridad de ellos y sus familias.
Como recuerda la opinión pública, en el pasado reciente, dentro del servicio diplomático en calidad de embajadores o cónsules, estuvieron personas como Carlos Arturo Marulanda Ramírez, Salvador Arana, Jorge Noguera, Juan José Chaux, todos ellos investigados hoy por sus vínculos con grupos paramilitares.
El embajador en México, Luis Camilo Osorio, se encuentra acusado actualmente por obstaculizar investigaciones de crímenes cometidos por paramilitares y altos mandos militares, cuando era fiscal general de la nación.
Sabas Pretelt de la Vega, hoy embajador en Italia, acusado de cohecho tendiente a permitir la reelección presidencial cuando era ministro del Interior y de Justicia.
Ignacio Guzmán, cónsul en Miami, ha sido señalado por las víctimas y testigos de estar vinculado a empresarios palmeros relacionados con grupos paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad en la región del Bajo Atrato.
Milene Andrade, funcionaria consular en Nueva York, participó en la reunión realizada el 18 de febrero de 2003 en Santa Fé del Ralito, en la que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso designó como rector de la Universidad de Córdoba a Claudio Sánchez Parra.
Junto a esta solicitud, los exiliados participantes de la Audiencia Internacional en París, llamaron al Gobierno colombiano a que ordene la depuración general del servicio exterior, a cesar el nombramiento de militares y civiles comprometidos en violaciones de derechos humanos en cargos diplomáticos, y a garantizar el regreso digno y seguro de todas las personas exiliadas al país.
También pidieron a la Fiscalía General de la Nación a que las investigaciones que se efectúan contra esos funcionarios tengan prontos resultados.
Igualmente, invitaron a los gobiernos europeos, latinoamericanos y de Estados Unidos, a revisar la trayectoria y la presencia de funcionarios presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.
En la Audiencia Internacional se recordó que ante la impunidad de esta clase de funcionarios estatales en Colombia, sus casos pueden y deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional o tribunales nacionales que aplican la jurisdicción universal.
Los miembros de la Comisión Ética, organismo encargado de salvaguardar el proceso de la memoria histórica en Colombia, conformado por 27 personas de todo el mundo, entre ellas Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, se dirigirán a sus respectivos gobiernos y a instancias internacionales, apoyando las solicitudes formuladas en esta Audiencia.
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La Audiencia Internacional por la Verdad que examina los casos de los exiliados y refugiados políticos colombianos, reunida en París los días 2 y 3 de octubre de 2008, solicitó la destitución inmediata de cinco altos diplomáticos colombianos: Sabas Pretelt de la Vega, Embajador en Italia;
Luis Camilo Osorio, embajador en México; Ignacio Guzmán, cónsul en Miami; Milene Andrade, funcionaria en Nueva York; Carlos Alberto Frasica, agregado militar en Chile.
Con la presencia del Delegado de la Defensoría del Pueblo Alonso Ojeda Awad, los exiliados y refugiados políticos que presentaron testimonio, señalaron que la permanencia de funcionarios diplomáticos presuntamente ligados a grupos paramilitares, o involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, constituye un factor de alto riesgo para la seguridad de ellos y sus familias.
Como recuerda la opinión pública, en el pasado reciente, dentro del servicio diplomático en calidad de embajadores o cónsules, estuvieron personas como Carlos Arturo Marulanda Ramírez, Salvador Arana, Jorge Noguera, Juan José Chaux, todos ellos investigados hoy por sus vínculos con grupos paramilitares.
El embajador en México, Luis Camilo Osorio, se encuentra acusado actualmente por obstaculizar investigaciones de crímenes cometidos por paramilitares y altos mandos militares, cuando era fiscal general de la nación.
Sabas Pretelt de la Vega, hoy embajador en Italia, acusado de cohecho tendiente a permitir la reelección presidencial cuando era ministro del Interior y de Justicia.
Ignacio Guzmán, cónsul en Miami, ha sido señalado por las víctimas y testigos de estar vinculado a empresarios palmeros relacionados con grupos paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad en la región del Bajo Atrato.
Milene Andrade, funcionaria consular en Nueva York, participó en la reunión realizada el 18 de febrero de 2003 en Santa Fé del Ralito, en la que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso designó como rector de la Universidad de Córdoba a Claudio Sánchez Parra.
Junto a esta solicitud, los exiliados participantes de la Audiencia Internacional en París, llamaron al Gobierno colombiano a que ordene la depuración general del servicio exterior, a cesar el nombramiento de militares y civiles comprometidos en violaciones de derechos humanos en cargos diplomáticos, y a garantizar el regreso digno y seguro de todas las personas exiliadas al país.
También pidieron a la Fiscalía General de la Nación a que las investigaciones que se efectúan contra esos funcionarios tengan prontos resultados.
Igualmente, invitaron a los gobiernos europeos, latinoamericanos y de Estados Unidos, a revisar la trayectoria y la presencia de funcionarios presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.
En la Audiencia Internacional se recordó que ante la impunidad de esta clase de funcionarios estatales en Colombia, sus casos pueden y deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional o tribunales nacionales que aplican la jurisdicción universal.
Los miembros de la Comisión Ética, organismo encargado de salvaguardar el proceso de la memoria histórica en Colombia, conformado por 27 personas de todo el mundo, entre ellas Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, se dirigirán a sus respectivos gobiernos y a instancias internacionales, apoyando las solicitudes formuladas en esta Audiencia.
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