Tumbas secretasPor: Alfredo Molano Bravo
El juez Baltasar Garzón, el mismo que asistió hace pocos días a la exhumación de 22 cadáveres de una fosa común en Urabá, ordenó, como juez de la Audiencia Nacional de España, abrir la tumba donde se halla enterrado el poeta García Lorca, cerca de Granada, con otros cuerpos, el de un maestro de escuela y el de un banderillero.
La familia de García Lorca, ultraconservadora, se opone, quizá por considerar que la tumba del poeta se convertiría en un monumento mundial contra el fascismo.
Lo que pasa con la tumba de García Lorca podría suceder aquí con la tumba del cura Camilo Torres, que se mantiene escondida porque el general Valencia Tovar y Fernando Torres, hermano de Camilo, decidieron ocultar el lugar de su entierro para evitar mantener viva la memoria del cura guerrillero.
Es la misma razón que defiende la jerarquía eclesiástica de España, la más reaccionaria del mundo. La desaparición de los cadáveres o su ocultamiento son, en el fondo, la misma estrategia usada por los paramilitares de botar los cuerpos a los ríos para que nunca sean identificados ni sirvan de base para abrir investigación alguna.
En España, la decisión de Garzón ha destapado una gran polémica: ¿Puede la familia de una víctima impedir que el Estado cumpla con su deber? En el caso de Lorca, los historiadores y las asociaciones de la Memoria Histórica han presionado para rasgar esa cortina negra y liquidar el fantasma que ronda a España desde el 39.
Y en nuestro caso, las asociaciones de víctimas deberían ser financiadas por el Estado y ser parte de la parte instructora de los procesos.
La caricatura de Betto aparecida en El Espectador el jueves pasado señala el origen del silencio que amarra a los gobiernos para abrir las tumbas: un general de tres soles le ordena a una calavera no abrir la boca.
La Memoria de Trujillo que acaba de ser publicada, trae una acusación terrible: los maestros en las técnicas para desaparecer víctimas fueron miembros del Ejército Nacional. Hoy, contra 12 ex militares que tenían mando en la zona la Fiscalía ha dictado orden de captura.
En el país la cifra de desapariciones forzadas es ya aterradora: 25.000 personas desde 1985. Ya casi alcanzamos a la Argentina, donde los militares botaron al mar, para no dejar huella, 30.000 cuerpos.
En España, con todo y guerra civil de un millón de muertos, se calcula que el número de cuerpos enterrados en tumbas secretas —o en las cunetas de caminos— puede pasar de 10.000. Son cifras que claman a la conciencia humana, si existe.
En nuestro ensangrentado país, en cada pueblo por donde pasó la violencia que no acaba de pasar, hay un cementerio clandestino.
O muchos. Y la mayoría no lo son en realidad, porque la gente sabe dónde están, quiénes están bajo tierra y a qué victimarios esconden; pero el terror no acaba de pasar. Cada día la Fiscalía abre nuevas fosas donde encuentra decenas de desaparecidos.
Lo grave es que esos hallazgos no van al mismo ritmo de las investigaciones judiciales, que normalmente se contentan con identificar el cadáver y entregárselo a los deudos.
Esos muertos enterrados no llegan sino excepcionalmente a donde deben llegar: a señalar vivos, a servir de fundamento para judicializar a los victimarios que aún andan orondos por calles, veredas, oficinas y cuarteles.
Sabemos que miles de colombianos, asesinados y destrozados, han sido botados al agua, como en los casos de Trujillo y de Buenaventura.
En Puerto Berrío, donde desde la masacre de Vuelta Acuña han sido asesinadas cientos de personas, una modesta asociación de víctimas desaparecidas, destripadas y arrojadas al río Magdalena, se reúne para echar rosas rojas y claveles blancos a las aguas, para que la gente del puerto no olvide.
Después de un par de años, a los dolientes de Berrío se han sumado los de Puerto Nare, Puerto Parra; mañana, sin duda, los de Cimitarra, Barranca, Simití, Aguachica y más allá: los del Naya, Mapiripán, El Salado, Apartadó. ¡Y que no pare la cuenta! Los desaparecidos que fueron desaparecidos y no tienen tumba, dejaron no obstante memoria.
Recogerla es uno de los más trascendentales deberes que tiene por delante el equipo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. No sé qué resortes habrán tocado Eduardo Pizarro, Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho y toda la nómina de respetables investigadores que componen el equipo, para que el gobierno de Uribe les aceptara meter mano en el tema de las masacres.
Lo que los colombianos pedimos ahora es que el Segundo Informe del equipo sea sobre la atroz masacre de El Aro, municipio de Ituango, departamento de Antioquia, antes de que desaparezcan los cementerios clandestinos, los dolientes —que llevan como una cruz el recuerdo de un ser querido asesinado en esa carnicería— y hasta los victimarios. Quienes cooperaron y ocultaron esos muertos, siguen tan campantes.
Apostilla. Una frase célebre del señor Presidente sobre los corteros de caña, citada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bruselas: “Para sofocar la revuelta de los cortadores en el Valle, usen toda la fuerza posible, no escatimen en represión, si es preciso movilicen a todos los soldados de la patria”.
