La política de ‘mortandad democrática’ de Uribe ha dejado más de 13.634 asesinatos políticos
La investigación realizada por una coalición de ONG así lo señala y advierte que en la gran mayoría de estos crímenes están involucrados la fuerza pública, otros agentes del Estado y paramilitares del régimen
Por Camilo Raigozo. Voz

La imagen demuestra que a Uribe le da mucha 'lidia' respetar los derechos humanos

El pasado 22 de septiembre, una Coalición de mil ONG defensoras de los derechos humanos le presentaron un informe a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en el que denuncian que más de 13.634 personas habían sido asesinadas, hasta esa fecha, por causas sociopolíticas desde que Álvaro Uribe Vélez asumió el poder el 7 de agosto de 2002.

El informe cuyo destinatario es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hace énfasis en que, en la gran mayoría de esos crímenes están involucrados miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y paramilitares.

“Los nexos entre agentes del Estado y las bandas de paramilitares continúa vigente”, dice el documento. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hará un detallado examen del estado de los derechos humanos en Colombia, el próximo diciembre.

El documento presentado por la Coalición de ONG también señala que en la administración de Uribe han aumentado de forma inimaginable las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, las torturas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, con el agravante de que la tendencia y los esfuerzos del gobierno es a que todos los crímenes queden en la impunidad.

Mientras Uribe en su discurso, repleto de falsedades, ante el auditorio en el marco de la 63 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, defendía su gestión y presentaba cifras alegres sobre los alcances de su política de “seguridad democrática”, como eufemísticamente denomina lo que realmente ha sido una política de mortandad democrática, la verdad es bién diferente.

Uribe le miente a la ONU

Mencionando las propias cifras oficiales, la Coalición denuncia que al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado, que sus estructuras económicas, políticas y sociales están intactas y que al menos 9.000 paramilitares de ultraderecha siguen asesinando, desapareciendo, torturando, amenazando, desplazando y cubriendo de dolor y luto el territorio nacional.

Uribe sostiene que desde el 2006 el paramilitarismo se acabó con la desmovilización de 31.000 criminales.

La investigación agrega que sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes y que ninguno ha sido condenado, lo que deja al proceso Uribe-‘paras’, como la más vergonzosa y aberrante burla a los derechos de las víctimas y de sus familiares.

Álvaro Villarraga, de la ONG Cultura Democrática, le dijo a los medios que "lo que es preocupante, e indica un retroceso, es que hay una mayor participación (en los crímenes) de miembros de la fuerza pública y organismos del Estado".

Villarraga sostiene que el amplio respaldo que Uribe recibe en las encuestas, “es el resultado de una diestra estrategia del gobierno, que destina el 6% del Producto Interno Bruto al gasto militar, para promocionar la disminución de la inseguridad y la derrota de las Farc como sus mayores logros.

"El gobierno ha empleado una estrategia muy habilidosa creando un monstruo con las Farc que impide ver el holocausto provocado por los paramilitares: miles de fosas, miles de víctimas, millones de desplazados", especificó Villarraga a los medios.

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