PáguenlesPor: Ramiro Bejarano Guzmán
Como doliente directo del paro judicial que tampoco pudo arreglar Uribe no puedo estar feliz, pero de allí a que esté de acuerdo con las voces inflamadas de quienes incitan al Gobierno a que les dé bala a los jueces y fiscales o que los encarcele, hay mucho trecho.
Grandísimo error el de radicalizar el paro judicial, como parece quererlo un gobierno acosado por los escándalos, tantos que ya quedaron políticamente aniquilados el Ministro del Interior y de la Justicia y el Jefe de Prensa de la Casa de Nariño.
Valencia Cossio, porque aunque quiera hacer de tripas corazón con la captura de su hermano, más temprano que tarde va terminar doblegado por el piano que le ha caído encima.
César Mauricio Velásquez, porque con su insólita declaración de que no hablará más sobre el espinoso asunto de unas gravísimas sindicaciones en su contra lanzadas por un paramilitar pues en su nombre lo hará un abogado, hoy es el único jefe de comunicaciones que no puede comunicar directamente sino por boca de otro.
Volvamos al tema del paro judicial y la temeraria solución que el Gobierno podría darle a un problema que él mismo creó. La forma simplista de creer que todo lo que está pasando es culpa de los funcionarios que han parado, no contribuye a la solución.
Antes de condenar a jueces y fiscales, es preciso averiguar la razón por la cual el Gobierno no ha reconocido el derecho de estos funcionarios a que les nivelen sus salarios.
Raro que quienes piden cadalso para los huelguistas, no exijan cuentas a los ministros de la Justicia y de Hacienda de este Gobierno que por su negligencia dejaron que todo llegara al estado actual de este conflicto.
Si los que piden fuete y bala venteada entendieran de qué están hablando, advertirían que son tan legítimos los derechos que están reclamando esos servidores del Estado, que nadie en el Gobierno se ha atrevido a decir que no tienen la razón o que es ilegal lo que exigen, sino que no hay plata para atender sus pretensiones.
Y entonces es allí donde hay que preguntarse ¿cómo fue posible que al Gobierno no le alcanzaron los recursos fiscales para pagar a los hombres de la justicia?
Si los que piden fuete y bala venteada entendieran de qué están hablando, advertirían que son tan legítimos los derechos que están reclamando esos servidores del Estado, que nadie en el Gobierno se ha atrevido a decir que no tienen la razón o que es ilegal lo que exigen, sino que no hay plata para atender sus pretensiones.
Y entonces es allí donde hay que preguntarse ¿cómo fue posible que al Gobierno no le alcanzaron los recursos fiscales para pagar a los hombres de la justicia?
No se trató de un crédito imprevisto o de una carga sorpresiva, porque desde siempre quienes manejan las arcas del erario tenían noticia de que era cierta la responsabilidad estatal de nivelar los salarios de jueces y fiscales.
En qué han consistido el crecimiento de nuestra economía del año anterior o los ajustes fiscales decretados, y el fortalecimiento de las alcabalas oficiales, si la plata no alcanza para cumplir compromisos con otra rama del poder público, que además debe ser independiente.
En qué han consistido el crecimiento de nuestra economía del año anterior o los ajustes fiscales decretados, y el fortalecimiento de las alcabalas oficiales, si la plata no alcanza para cumplir compromisos con otra rama del poder público, que además debe ser independiente.
No puede ser que el Gobierno tenga un doble discurso, para convencernos de que Uribe nos sacó de la miseria, pero que la bonanza no alcanzó para nuestros servidores de la justicia.
En los consejos comunales que cada semana conduce Uribe, al mandatario se le ve eufórico distribuyendo dádivas a diestra y siniestra, mal invirtiendo el gasto público, sin que ninguno de sus ministros se atreva a decirle que tenga cuidado con dilapidar lo que debería destinar a otros frentes para no propiciar el Estado “conejero”. Ese es el drama que subyace en la huelga judicial.
No es la primera vez que la justicia enfrenta soluciones de fuerza, como las que ahora le exigen al Gobierno para que conjure el paro judicial.
En noviembre de 1985, cuando el ataque asesino del M-19, la fuerza pública creyó que la forma de rescatar la ultrajada dignidad de la nación, era arrasando a todos. De aquella batalla infame los únicos héroes que quedaron fueron quienes murieron calcinados delante de los ojos del país entero.
El paro de los jueces hay que acabarlo adoptando las medidas que debieron tomarse a tiempo. La solución es pagar, lo demás es poner la seguridad democrática al servicio de la innoble causa de desaparecer la Rama Judicial.
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Adenda. Uribe tan bravo cuando a Yidis le dieron casa por cárcel, pero tan silencioso cuando el mismo beneficio ampara al hermano de su ministro del Interior.
En los consejos comunales que cada semana conduce Uribe, al mandatario se le ve eufórico distribuyendo dádivas a diestra y siniestra, mal invirtiendo el gasto público, sin que ninguno de sus ministros se atreva a decirle que tenga cuidado con dilapidar lo que debería destinar a otros frentes para no propiciar el Estado “conejero”. Ese es el drama que subyace en la huelga judicial.
No es la primera vez que la justicia enfrenta soluciones de fuerza, como las que ahora le exigen al Gobierno para que conjure el paro judicial.
En noviembre de 1985, cuando el ataque asesino del M-19, la fuerza pública creyó que la forma de rescatar la ultrajada dignidad de la nación, era arrasando a todos. De aquella batalla infame los únicos héroes que quedaron fueron quienes murieron calcinados delante de los ojos del país entero.
El paro de los jueces hay que acabarlo adoptando las medidas que debieron tomarse a tiempo. La solución es pagar, lo demás es poner la seguridad democrática al servicio de la innoble causa de desaparecer la Rama Judicial.
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Adenda. Uribe tan bravo cuando a Yidis le dieron casa por cárcel, pero tan silencioso cuando el mismo beneficio ampara al hermano de su ministro del Interior.
