Terrorismo de Estado/Por Camilo Raigozo
Once personas que habían sido detenidas arbitrariamente por
el Ejército y la Policía el 17 de agosto pasado en el corregimiento El Palo,
municipio de Caloto, Cauca, acusadas falsamente de pertenecer a la guerrilla de
las FARC, fueron dejadas en libertad esta semana.
Al respecto, el 23 de agosto de 2012, la Federación Nacional Sindical
Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, denunció a Notimundo que:
El viernes 17 de agosto de 2012 a las 4 de la mañana en
el corregimiento El Palo, varios grupos conjuntos de militares de la Brigada
Móvil 14 del Ejército y de la Policía
Nacional, allanaron violentamente las
viviendas de los campesinos Gerardo Barona Avirama y James Barona Avirama.
Los militares y policías rompieron los vidrios y trataron
de tumbar las puertas. Posteriormente ingresaron al lugar agresivamente
encañonando a los habitantes, todos civiles, gritando que era un allanamiento y
que en la casa se almacenaban armas y explosivos.
Luego de revolver y destrozar los enseres de la vivienda y de no
encontrar ninguno de los elementos de guerra que buscaban, detuvieron a los dos
campesinos acusándolos del delito de rebelión.
Después los agentes del terror del Estado ingresaron
violentamente a la vivienda de Wilson Castrillón Candela y tras tumbar la puerta
y encañonarlo, un agente le dijo: “provoca matarte aquí mismo”.
Luego de desbaratarle la casa buscando supuestas armas y
explosivos, de lo que no encontraron nada, procedieron a detenerlo por el
delito de rebelión.
Las mismas arbitrariedades y actos de terror fueron
cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en las viviendas de Francia Elena Valencia,
Daniel Secue, Jhon Alonso Bonilla y Martha Lucía Piyinue, quienes también fueron
víctimas de detención bajo las mismas falsas acusaciones.
Francia Elena Valencia es la vicepresidenta de la junta
de acción comunal del corregimiento El Palo, es integrante de la Asociación de
Trabajadores campesinos proconstitución de zona de reserva campesina de Caloto
Filial de Fensuagro y del Capitulo Cauca del Proceso de Unidad Popular del
Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Igualmente los militares y policías violentaron la
vivienda de Idolvio Vitonás en la vereda El Nilo, destrozaron puertas y
vidrios, desbarataron los enseres buscando supuestas armas y explosivos. Como
en los casos anteriores no encontraron nada, pero detuvieron a la nueva
víctima.
Los abusos fueron calcados en las viviendas de Guillermo
Urrea y Manuel Jesús Guetia Acue, en Caloto, y de Luis Enrique Bedoya, en
Santander de Quilichao.
En ese entonces la dupla militares-medios de
comunicación, hicieron creer a la opinión pública que “11 integrantes del
frente sexto de las FARC fueron capturados en Caloto, Cauca, a los cuales se
les incautaron varios elementos como armas y uniformes de las Fuerzas Armadas”.
Todo falso.
Frente a la libertad de las 11 víctimas el general Jorge
Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, en vez de pedirle
perdón a las víctimas por los abusos a los fueron sometidos por sus tropas, le
dijo a Noticias Uno sin ningún rubor que:
“Es desmoralizante para la tropa después de unos
esfuerzos tan grandes donde se capturan estas personas y después las personas
pasan en un bus por la base haciéndole seña a los soldados de victoria”.
Jerez justificó la libertad de las víctimas a un supuesto
descuido del fiscal, de quien dijo que “al llevarlos ante el Juez de Garantías el
fiscal no llevó el recurso de acusación por rebelión y por esta situación la
juez los deja en libertad”.
Vale la pena preguntarle al general Jerez: ¿Quién le va a
pagar a las víctimas los destrozos de sus viviendas, los daños económicos,
sicológicos, sociales y morales, tanto a las víctimas, como a sus familias, por haber sido privados de la
libertad injustamente durante más de cuatro meses?
Por su parte el abogado Jair Erazo, defensor de algunas
de las víctimas, le aseguró a Noticias Uno que tiene pruebas para demostrar que
las 11 personas no son guerrilleras.
“Tienen asiento como comerciantes del sector,
son habitantes del caserío y en tanto son de reconocida idoneidad. Las pruebas de
la Fiscalía no son serias”, dijo el abogado.
“Los testigos de la Fiscalía son desmovilizados de las
FARC. Las investigaciones que nosotros hemos hecho es que uno de esos
desmovilizados tiene un récord criminal, incluso él asesinó a un hermano de los
hoy sindicados”, señaló Erazo.
