Seguridad narcocrática/Por: Camilo Raigozo
El proceso judicial contra el coronel del Ejército,
Hernán Mejía Gutiérrez (de vestido claro en la foto), un teniente, dos sargentos y siete soldados adscritos
al Batallón La Popa de Valledupar, que ya lleva más de tres años gracias a las
maniobras dilatorias de la defensa, estuvo a punto de prolongarse nuevamente por tiempo
indefinido.
La coartada presentada por la defensa de los presuntos
terroristas del Estado, consistía en incluir en el proceso el testimonio del cabecilla paramilitar
“Jorge 40”, preso en una cárcel en Estados Unidos.
La juez cuarta especializada de Bogotá rechazó esa
solicitud por considerar que el proceso que ya lleva más de tres años ha
presentado varias dilaciones y que conseguir el testimonio del cabecilla
paramilitar extraditado era muy difícil.
La juez prefirió aceptar los puntos presentados por la
Fiscalía y otros sujetos procesales que indicaron que los abogados del
cabecilla paramilitar estaban llevando el proceso a un punto de indefinición
con lo cual se afectaba la administración de justicia y los crímenes de los
presuntos bandidos quedarían en la impunidad.
Según la desaparecida revista Cambio, el proceso contra
el coronel Hernán Mejía Gutiérrez ha estado rodeado de presiones y muerte. Fredys
Oñate y José Trinidad Pacheco, testigos claves contra el presunto bandido, fueron
asesinados en el 2007.
“Un desmovilizado que dijo estar dispuesto a dar
testimonio sobre la relación del Coronel con el bloque Norte de las Auc, no lo
mencionó durante una audiencia y explicó que, pese a estar amparado por el
régimen de protección a testigos, temía por su vida y la de su familia", informó
la revista.
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