La captura de la Judicatura
Por Claudia López

Quizá la institución más importante para mantener la independencia interna y funcional de la rama judicial es el Consejo

Superior de la Judicatura. Su Sala Administrativa administra el presupuesto y funcionamiento de la rama.

La Sala Disciplinaria evalúa la gestión de los despachos judiciales, actúa como instancia disciplinaria de todos los abogados y jueces del país y dirime los conflictos de competencias entre diferentes jurisdicciones.

También resuelve, en segunda instancia, los fallos contra sentencias de otras altas cortes. Por todas esas funciones, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es la columna vertebral de la independencia y funcionamiento de la Rama Judicial.

La Constitución del 91 previó que el Presidente de la República ternaría los candidatos para conformar esa Sala y la elección final la haría el Congreso de la República. El propósito del diseño constitucional era que nunca un mismo Presidente pudiera ternar a más de dos de los siete magistrados de la Sala.

El presidente Uribe, como en tantas otras materias, se dio maña de torcer la Constitución y colocar cinco magistrados. Próximamente ubicará dos más y completará la captura total de la Sala Disciplinaria.

Ahora será el Presidente -no unos jueces independientes del Gobierno- el que tendrá la potestad de sancionar a cualquier juez o abogado, del que no le gusten sus decisiones.

También podrá resolver las tutelas que le lleguen, según su conveniencia. Para la muestra, la tutela que le ordena a la Corte Suprema borrar del cohecho de la reelección al Ministro de la Protección.

El Presidente sabía que si postulaba a unos abogados serios de la carrera judicial corría el riesgo de no poder capturar la Sala. Por eso, puso en marcha una piñata politiquera a la que convidó a partidos de su coalición y les dio total autonomía para que cada uno armara su propia terna sorpresa de mercachifles confiables.

Para no correr ningún riesgo, el Presidente les dio guiños bonus para que cada partido les dijera explícitamente, a él y a los demás partidos de la coalición, cuál de los tres era el ternado de su predilección.

El ungido era protocolariamente aprobado a pupitrazo en el Congreso y luego reverentemente posesionado en la Casa de Nari. Así se consumó la captura de la Judicatura. La siguiente piñata será para la Corte Constitucional.

Los partidos uribistas, metidos hasta el cuello con la politiquería y la criminalidad, se lucieron para escoger los jueces de sus intereses.

Los reductos internos que clamaban por una selección decente fueron rápidamente expulsados de la piñata. La rapiña fue hábilmente ganada por lo más reputado de cada secta partidista.

El primer ganador fue el congresista Luis Fernando Almario, investigado por vínculos con paramilitarismo, Farc, narcotráfico y corrupción administrativa. Ese dechado de virtudes fue el promotor del hoy "magistrado" Angelino Lizcano.

Aunque para ser justos, hay que aclarar que el señor Lizcano no le debe el puestico a su ex jefe Almario, sino que se lo ganó a pulso en sus años como Secretario General de ese otro dechado de virtudes que es el Senado de la República.

Como recomendado de Colombia Democrática en general y de Mario Uribe, en particular, llegó el "magistrado" Ovidio Claros, cuya oscura trayectoria personal y pública es antónimo de su nombre.

También llegó el "magistrado" Pedro Sanabria, otra cuota judicial del ex senador Ciro Ramírez, que, según testigos de su actual proceso judicial, cobraba sus favores políticos y judiciales en cuotas de participación en los cargamentos de cocaína de los narcos y paramilitares a los que les hacía vueltas.

Nada menos que ese espectáculo 'mafiosongo' era lo que podía esperarse de la piñatización que Uribe y su gavilla partidista hicieron de la facultad que la Constitución les otorgó al Presidente y al Congreso.

Desafortunadamente, la Constitución no podía prever la clase de Presidente y Congreso que ejercerían tal facultad.

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