Día Mundial de la salud mentalImpactos del conflicto armado en la salud mental de los colombianos
Por Corporación Avre
El 10 de octubre, ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud –OMS, como el día mundial de la salud mental, con el propósito de llamar la atención de la sociedad sobre la necesidad de identificar, tratar y prevenir algunos trastornos emocionales, para este año el tema se centrará en el suicidio como causa destacada de muchas muertes prematuras y prevenibles.
El suicidio es la décimo tercera causa de muerte en el mundo. Estudios de autopsia psicológica demuestran que en 90% de los casos de suicidio consumado se presentaban enfermedades mentales no diagnosticadas, que de haber sido atendidas se hubiera evitado este tipo de desenlace.
La enfermedad mental más frecuente que conduce a intentos de suicidio es la depresión, presente en el 80% de las personas que lo han intentado.
Las condiciones sociales de desarraigo y exclusión social, la falta de participación en redes sociales, carencias afectivas y dificultades en reconocer el papel esperado en la sociedad, dificultan el sentido de pertenencia y de identidad.
Estos factores propician la depresión y el suicidio, fenómeno que el sociólogo Emil Durkheim llamó suicidio anómico, para referirse a las condiciones sociales de precariedad que impulsan a los sujetos a este tipo de salidas desesperadas.
Es por esta razón, que las cifras de suicidio nos pueden servir de indicador del estado de salud mental de una sociedad.
Para el caso de Colombia, las cifras de suicidio, de homicidio y de otros actos violentos como el maltrato intrafamiliar, la violencia sexual y el desplazamiento forzado, nos sirven de termómetro para evaluar el grado de deterioro de nuestra sociedad.
El panorama al que nos asomamos diariamente a través de los medios de comunicación es desolador en muchos casos, indignante en otros, pero siempre perturbador y apabullante, al punto que podemos afirmar que la salud mental de las víctimas de esta violencia siempre está afectada en mayor o menor medida, pero también afectada la salud mental de quienes sirven de testigos y espectadores de lo que a diario pasa en el país.
Esto no quiere decir, como afirman muchos, que los colombianos y colombianas estamos enfermos mentales o que vivimos en un país de locos.
Mejor, afirmamos que estamos en un contexto social opresivo y autoritario, donde el sufrimiento impuesto por las condiciones de vida hace muy difícil vivir y la violación constante de los derechos de las personas hace incluso difícil sufrir.
De ahí, que nos mal adaptemos a convivir en medio del dolor y la atrocidad, unos anestesiados e indiferentes, intentando vivir en globos de cristal; otros marcando diferencias y exclusiones dogmáticas como las que se ven en el fanatismo político, el religioso, el étnico o el deportivo.
En este marco, es oportuno referirse a la salud mental de los y las colombianas, que han vivido por más de 40 años en medio de un escenario de violencia política y conflicto armado interno, que ha víctimizado principalmente a la población civil.
En los últimos 20 años más de 70.000 personas civiles han sido asesinadas, más de cuatro mil muertes cada año por razones sociopolíticas[2], cientos de miles han sido amenazadas, torturadas o desaparecidas y más de 3 millones se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
El conflicto armado interno en Colombia ha sido irregular, prolongado y tiene raíces estructurales históricas de índole económica, social, política, cultural e ideológica, consecuencia de la pobreza extrema, la inequidad, la injusticia y la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales y las necesidades básicas de la población colombiana, escenario en el cual la violencia ha sido el medio utilizado por todos los actores armados para obtener, mantener y consolidar control sobre territorios, recursos y ciudadanos[3].
Este contexto prolongado de violencia exacerbada, ha generado impactos psicosociales y en la salud mental de personas, familias, comunidades y en la sociedad en general.
En esta última, uno de los impactos más destacados ha sido la progresiva legitimación y justificación del uso de la violencia y el poder autoritario por encima de las prácticas deliberativas y democráticas; reforzando en el colectivo, imaginarios que acentúan la intolerancia, la individualidad, la estigmatización y generan mayor polarización.
En este sentido, muchas personas se muestran indiferentes ante la violencia y perciben la militarización y el conflicto resuelto por la vía violenta como algo normal o deseable, hasta el punto que, su naturalización, impide emprender acciones para defender o reestablecer derechos que están en riesgo o que ya han sido vulnerados.
Por otro lado, en un gran porcentaje de la población, se ha generado una especie de amnesia colectiva, que se refleja en apatía, negación del conflicto, evasión y difusión de las responsabilidades, así como en dificultades para adelantar acciones solidarias y trabajo colectivo.
En consecuencia, uno de los efectos más dramáticos del conflicto colombiano, ha sido la desestructuración del tejido social, que se manifiesta en desconfianzas, descoordinación, silenciamiento, miedo, dificultad para mantener y consolidar procesos organizativos e inmovilización.
Ante este escenario, el acompañamiento psicosocial y la atención en salud mental, contribuyen a integrar nuevos elementos de análisis que promuevan mensajes y acciones acordes a la dignidad de todo ser humano y la defensa de derechos, así como a sensibilizar sobre la necesidad de establecer salidas civilistas y negociadas al conflicto armado, como escenario para cambios estructurales y caminos para el establecimiento de la paz y la garantía de los derechos fundamentales de toda la sociedad.
--------
[1] Documento realizado por la Corporación AVRE (Acompañamiento psicosocial y en salud mental a víctimas de violencia política). Apartes de este documento fueron publicados en el periódico Portafolio del 10 de octubre de 2008.
[2] Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿Desmovilización o legalización? Amnistía Internacional, 2005
[3] “El problema de la violencia en Colombia es de larga data y de gran complejidad. La estabilidad de instituciones democráticas está afectada por profundas desigualdades sociales y altos índices de violencia cuyo significado no puede reducirse a la sola violencia terrorista.
“Esta es una situación que exige de soluciones cuya búsqueda no puede ser postergada. Sin embargo, el camino hacia la convivencia pacífica no es sencillo: sucesivos gobiernos han fracasado en sus intentos de erradicar la violencia o han logrado éxitos parciales o relativos en el área de las soluciones negociadas.
“Dado este contexto, la complejidad de la situación indudablemente requiere de esfuerzos extraordinarios para recuperar la paz y asegurar el imperio de la ley para todos los colombianos.” En: Informe sobre el proceso de desmovilización. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciembre de 2004.
