Yidis IIPor: Ramiro Bejarano Guzmán. El Espectador
Participé en una audiencia en la Comisión Primera de la Cámara presidida por una oscura parlamentaria de Barranquilla, de la cual salió mal librado el referendo que pretende reelegir a Uribe. Tal vez por eso, la gran prensa calló.
Requerido el vocero del referendo, Luis Guillermo Giraldo (LGG), para que informara cómo se ha financiado, admitió que recibieron 142 millones de aportes de personas naturales y jurídicas, y además “otros créditos” por 1.900 millones.
Lo que no pudo explicar —tampoco lo ha hecho a la Registraduría— fue quiénes son esos acreedores, ni cómo cancelarán esos 1.900 millones.
Advertido de que la cuantiosa cifra de 1.900 millones sería difícil recaudarla entre los simpatizantes, dado que nadie puede aportar más de $3’300.000, LGG optó por el artificio. Sostuvo que como ese dinero provenía de un préstamo y no de un aporte, no era necesario rendir cuentas.
De acogerse semejante tesis, todos los políticos prescindirían de recibir aportes y pedirían préstamos, para ponerse a salvo de la lupa del Consejo Nacional Electoral.
Ese disparate sólo se le podría ocurrir a alguien como LGG, quien no tuvo inconveniente en que el balance que presentó a la Registraduría, viniera avalado por el contador Luis Fernando Useche Jiménez, no obstante su claro impedimento ético, dado que también fue aportante.
Que quien avale esas cuentas sea también aportante, no debe serle indiferente a la Junta de Contadores o a un juez que tramite una eventual acción popular.
El tema de la financiación de un referendo no es asunto menor, como lo dijo el parlamentario uribista Roy Barreras, para quien lo importante son sólo las firmas, no de dónde salió el dinero. Con menos empezó lo de Yidis.
A LGG le pareció que no hay nada censurable en que los promotores del referendo, o sus parientes, o sociedades en las que participen, sean contratistas del Estado o que tengan puestos en la burocracia central o en el servicio diplomático.
¡Curiosa moral pública! Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Myriam Donato de Montoya, Gustavo Dájer Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa, inscritos como promotores, harían bien en precisarle al país si detrás de su altruismo también conviven intereses personales o familiares.
Menos pudo LGG desbaratar el argumento de que la pregunta que se pretende formular al pueblo permitiría reelegir indefinidamente a Uribe, pues el artículo diría que “quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para OTRO período”, lo que no es igual a un solo período.
De aprobarse ese texto, Uribe podría reclamar en 2010 o en 2014 el derecho a hacerse reelegir por “otro período” y así sucesivamente. LGG negó el orangután, porque según él, como la expresión “otro período” está redactada en singular, el candidato sería elegido para un solo mandato y no por varios.
La defensa gramatical es boba. Jamás en una misma elección podrá elegirse a un candidato para varios períodos. Eso no se podía ni cuando LGG era el gran barón electoral de Caldas.
Increíble que después de lo que ha pasado con la primera reelección de Uribe, pretendan perpetuarlo en el poder ultrajando todo.
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Adenda.- Si el ministro Diego Palacio —el “innombrable”— creyó que salvaría su prestigio con la absurda sentencia del uribizado Consejo Superior de la Judicatura, se equivocó, pues ahora está más comprometido que antes. ¡Qué vergüenza y qué miedo! Al paso que vamos, la justicia politizada acabará con lo que resta del Estado de Derecho.
