Una visión limitadaPor Carlos Lozano Guillén. Voz
El fin de la semana pasada el fiscal General, Mario Iguarán, declaró que «el conflicto armado en nuestro país tiene dos carburantes: el narcotráfico y el reclutamiento de menores».
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Es la visión limitada que el Establecimiento tiene del largo conflicto colombiano.
Lejano de una interpretación sociológica realista de la violencia de profundas raíces en un Estado dominante despótico y de marcada desigualdad social.
Esta visión es la razón, entre otras, por la cual el conflicto no se ha podido superar por la vía política de la negociación.
El Gobierno Nacional, con la óptica sesgada al analizar los incidentes del conflicto, acusa a los corteros de la caña de azúcar de estar incitados por las FARC en su protesta social y laboral.
Desconoce la superexplotación de que son víctimas por los mezquinos empresarios de la caña.
Casi todos los corteros son parte de la población negra, discriminada siempre, a la que ni siquiera le reconocen el derecho a un contrato laboral y a la contratación colectiva.
Ahí radica el problema, pero para no afrontarlo con criterio altruista y humanista, los voceros del Gobierno y del Establecimiento, vaciados de motivación social, acuden al argumento de siempre, el viejo expediente reaccionario:
«Están infiltrados por la guerrilla; los terroristas son los que dirigen la protesta» y de paso le clavan el puñal al senador Alex López del PDA, uno de los pocos que extiende su actividad política y social en beneficio de las masas más empobrecidas, más allá de los fríos salones y pasillos del Capitolio Nacional.
Es la lógica absurda de esta clase dominante y con mayor razón del Gobierno actual indecente que la representa, para sacarle el bulto al interés colectivo y social. Lo suyo es la pequeña, pero poderosa clase capitalista, llena de mezquindades y ambiciones.
Es la opulencia del capital en la cual se reflejan todas las bajezas propias de su clase.
El conflicto tiene otros carburantes. El principal de ellos es la desmedida ambición de los capitalistas criollos de preservar sus intereses y privilegios a cualquier costo. Incluyendo la violencia, como lo demuestra la creación del paramilitarismo, su criatura diabólica y criminal.
La «parapolítica», que se anida en la «Casa de Nari», es la mejor demostración de ella. Otros factores como la antidemocracia, la intolerancia, la aniquilación física de la oposición, el ventajismo a favor de los partidos tradicionales dominantes, la desigualdad social cada vez más creciente, la entrega del país a las transnacionales y la intervención descarada del imperio del norte, son factores de vieja data, más importantes y definitivos.
El narcotráfico (no solo en los alzados en armas sino también en la oligarquía, el Gobierno y el Estado) y el reclutamiento de menores, son factores más recientes del conflicto, que junto a la desaparición forzada, el terrorismo de Estado, el secuestro y el desplazamiento, son carburantes, que revelan su degradación.
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Lejano de una interpretación sociológica realista de la violencia de profundas raíces en un Estado dominante despótico y de marcada desigualdad social.
Esta visión es la razón, entre otras, por la cual el conflicto no se ha podido superar por la vía política de la negociación.
El Gobierno Nacional, con la óptica sesgada al analizar los incidentes del conflicto, acusa a los corteros de la caña de azúcar de estar incitados por las FARC en su protesta social y laboral.
Desconoce la superexplotación de que son víctimas por los mezquinos empresarios de la caña.
Casi todos los corteros son parte de la población negra, discriminada siempre, a la que ni siquiera le reconocen el derecho a un contrato laboral y a la contratación colectiva.
Ahí radica el problema, pero para no afrontarlo con criterio altruista y humanista, los voceros del Gobierno y del Establecimiento, vaciados de motivación social, acuden al argumento de siempre, el viejo expediente reaccionario:
«Están infiltrados por la guerrilla; los terroristas son los que dirigen la protesta» y de paso le clavan el puñal al senador Alex López del PDA, uno de los pocos que extiende su actividad política y social en beneficio de las masas más empobrecidas, más allá de los fríos salones y pasillos del Capitolio Nacional.
Es la lógica absurda de esta clase dominante y con mayor razón del Gobierno actual indecente que la representa, para sacarle el bulto al interés colectivo y social. Lo suyo es la pequeña, pero poderosa clase capitalista, llena de mezquindades y ambiciones.
Es la opulencia del capital en la cual se reflejan todas las bajezas propias de su clase.
El conflicto tiene otros carburantes. El principal de ellos es la desmedida ambición de los capitalistas criollos de preservar sus intereses y privilegios a cualquier costo. Incluyendo la violencia, como lo demuestra la creación del paramilitarismo, su criatura diabólica y criminal.
La «parapolítica», que se anida en la «Casa de Nari», es la mejor demostración de ella. Otros factores como la antidemocracia, la intolerancia, la aniquilación física de la oposición, el ventajismo a favor de los partidos tradicionales dominantes, la desigualdad social cada vez más creciente, la entrega del país a las transnacionales y la intervención descarada del imperio del norte, son factores de vieja data, más importantes y definitivos.
El narcotráfico (no solo en los alzados en armas sino también en la oligarquía, el Gobierno y el Estado) y el reclutamiento de menores, son factores más recientes del conflicto, que junto a la desaparición forzada, el terrorismo de Estado, el secuestro y el desplazamiento, son carburantes, que revelan su degradación.
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