Por Camilo Raigozo
La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Ascna,
denunció los hostigamientos y agresiones violatorias del derecho de reunión y
asociación que el Estado colombiano
viene cometiendo de forma sistemática y planificada por medio de agentes
Estatales, paramilitares y de la fuerza pública en contra de esa asociación campesina.
Desde hace unas semanas paramilitares autodenominados “los
aisas”, ejercen control social en el
sitio el Doce de Taraza. Los criminales indagan sobre la asociación campesina basados
en los señalamientos del ejército a través de su emisora Colombia estéreo.
Los pasados 29 y 30 de enero Ascna realizó una
capacitación en derechos humanos en el municipio de Yarumal Antioquia, la cual
fue motivada pedagógicamente por el Programa Somos Defensores.
A pesar de haber notificado por escrito a las autoridades
locales sobre el evento, los participantes fueron víctimas de seguimientos y
filmaciones por sujetos de civil pertenecientes a los organismos de seguridad
del Estado.
Cuando los campesinos regresaban a sus lugares de
procedencia la Policía de Yarumal montó un retén donde los fotografió e
interrogó, insistiendo sobre detalles del taller realizado.
Igualmente, desde la tarde del 1 de febrero anterior, en el
municipio de Taraza fue detectado un seguimiento por hombres de civil a Jorge
Ríos, destacado dirigente campesino del Bajo Cauca Antioqueno y asesor de
organización de Ascna.
Los sujetos incluso montaron guardia toda la noche en la
vivienda del líder campesino. Al ver que a las 10 de la mañana del 2 de febrero
los sujetos aún permanecían en el lugar la comunidad se comunicó con Oacnudh
para que por medio del comando de policía de Taraza se estableciera quienes
eran estos personajes.
La respuesta fue que los sujetos eran miembros de la
inteligencia de la policía Sijin, bajo una tarea de investigación abierta
contra los dirigentes campesinos del Bajo Cauca Antioqueno.
“Nos preocupa esta situación ya que es manifestación de
la sistemática persecución contra Ascna, como lo sucedido contra nuestras
dirigentes Ana Francisca Pérez y Yolanda
de la Misericordia Restrepo, victimas de
falsos positivos judiciales”, afirma la denuncia.
