Caloto, CaucaPor: Camilo Raigozo
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco
Isaías Cifuentes, Reddhfic, denunció una información sesgada y tendenciosa
emitida por la cadena radial Caracol que vulnera los derechos de la población y
la pone en alto riesgo.
La denuncia se refiere a una información bajo el título “Explota
carro bomba en el corregimiento El Palo, de Caloto, Cauca”, emitida este 5 de
febrero.
Reddhfic sostiene que el periodista Didier Chica expresó
entre otras cosas que: “Fuentes
consultadas por Caracol radio en la zona señalan que los combates fueron
promovidos por una decena de guerrilleros excarcelados recientemente
supuestamente por errores en la imputación de cargos”.
Al respecto la ONG de derechos humanos expresa:
“Pese a que el periodista no hace referencia a la fuente
concreta, el trasfondo de esa expresión va relacionada a serios y recurrentes
señalamientos que la comandancia de la Fuerza de Tarea Apolo y de la Brigada
Móvil No. 14 del Comando Conjunto de Sur Occidente del Ejército-
"viene
realizando en contra de reconocidos pobladores, comerciantes, directivos de la
junta de acción comunal y un defensor de derechos humanos integrante de la Red
de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes que habitan en el corregimiento
el Palo”.
La “decena de guerrilleros” a los que se refiere el periodista
de Caracol son: Francia Helena Valencia, Wilson Castrillón Candela, Gerardo Bayona
Avirama, James Barona Avirama, Daniel Secue, Jhon Alonso Bonilla,-
Martha Lucía
Piyinue, Idilvio Vitonás, Manuel Jesús Guetia Acue, y Luis Enrique Bedoya,
quienes fueron privados de la libertad el viernes 17 de agosto, víctimas de
otro falso positivo judicial del Ejército y la Fiscalía.
Estas personas fueron detenidas en el corregimiento El
Palo y los municipios de Caloto y Santander de Quilichao.
Inicialmente fueron trasladados a la base militar de la
Brigada Móvil 14, luego a Popayán y finalmente fueron encarcelados en Santander
de Quilichao.
Luego de permanecer injustamente privados de la libertad
por más de 90 días, fueron dejados en libertad por vencimiento de términos ya
que la Fiscalía no logró conseguir en el tiempo estipulado por la ley, las
pruebas de los delitos por el que eran acusadas las víctimas.
Pese a que a las víctimas se les violaron los derechos
fundamentales, la comandancia militar insiste en hacer señalamientos temerarios
contra ellas, “al hacer juicios de valor que van en contra vía de decisiones
judiciales”, afirma Redfic.
