Procuraduría sancionó a militares asesinos de sindicalistas en Arauca
El 5 de agosto de 2004 tropas del ejército llegaron hasta la vivienda donde dormían tres sindicalistas y los asesinaron. El vicepresidente Francisco Santos y el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, avalaron inmediatamente la masacre
Por Camilo Raigozo. Voz

A las 6 de la mañana de aquel 5 de agosto de 2004 los soldados llegaron hasta la vivienda de Jorge Prieto Chamucero, ubicada en el caserío Caño Seco, municipio de Saravena, Arauca, y luego de rodearla completamente golpearon tan fuerte la puerta que casi la derriban. Él, su familia y sus amigos, Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche, se encontraban aún durmiendo en el interior de la casa.

“Llegó el ejército”, le dijo Prieto Chamucero a su esposa mientras se despabilaba de los últimos rezagos de sueño y se ponía un pantalón a toda prisa, no fuera que le tumbaran la puerta.

Luego, cumpliendo las órdenes, los tres amigos salieron con las manos arriba, descalzos y a medio vestir, sin sospechar que las tropas encargadas constitucionalmente de brindarles protección y guardarles respeto, se convertirían en sus asesinos unos minutos más tarde.

Las tres nuevas víctimas que cobró la política de “seguridad democrática” esa mañana fueron, Jorge Prieto Chamucero, de 45 años, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc), Leonel Goyeneche, de 43 años, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y Alirio Martínez, de 44 años, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), quienes por ser sindicalistas estaban en la mirilla de los fusiles del régimen.

Manipularon la escena del crimen

A los pocos minutos de haber visto salir a su esposo y los dos amigos que lo acompañaban, María Constanza Jaimes quiso presenciar lo que estaba ocurriendo en el patio de su casa, pero los militares se lo impidieron. Después escuchó una serie de disparos y sintió que su corazón se comprimía y su ansiedad aumentaba hasta el infinito.

Como pudo, atisbó por una ventana y vio un cuerpo tirado en el suelo. Luego escuchó como las explosiones se intensificaron haciendo que se retirara momentáneamente del lugar. Cuando volvió mirar ya no había nada, el cuerpo había sido retirado de allí.

Efectivamente como lo pudo comprobar la Fiscalía, los asesinos manipularon la escena del múltiple crimen con el ánimo de hacer pasar a las víctimas como “guerrilleros dados de baja en enfrentamiento”, igual a como lo hacen cotidianamente a lo largo y ancho del país, en el que decenas de centenares de víctimas inocentes han sido asesinadas con la misma estrategia. Y como sucede siempre, a los cadáveres les pusieron armas para hacer más creíble la infamia.

Los disparos que cegaron la vida de los sindicalistas, según los exámenes de balística, fueron prácticamente a quema ropa. En el caso de Leonel Goyeneche, fue un “tiro de gracia” pues lo hicieron a menos de 50 centímetros de distancia.

Los tres fueron asesinados con disparos hechos por la espalda. “Esa clase de heridas no son las que normalmente se presentan cuando hay enfrentamiento”, dijeron los especialistas.

El Gobierno avaló los crímenes

Igualmente se pudo establecer que los militares presionaron y amedrentaron a María Constanza Jaimes, a quien aislaron en su casa mientras cometían los crímenes, y luego la llevaron en el helicóptero junto con los tres cuerpos hasta la base militar. Al día siguiente le notificaron su detención por las armas que habían encontrado en su casa.

No solo la amenazaron para que no hablara, sino que además le ofrecieron benevolencia frente a la coartada de la captura, ofreciéndole que hablarían con un general o un fiscal si guardaba silencio de lo ocurrido.

Conocido el crimen, el vicepresidente Francisco Santos, y el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, defendieron a los militares asesinos y avalaron el múltiple asesinato argumentando que las víctimas eran guerrilleros, sin que hasta la fecha hayan reconocido su error y ofrecido disculpas a los familiares de los inmolados, al sindicalismo y al pueblo colombiano.

Por los hechos, el pasado 28 de agosto, el viceprocurador General de la Nación sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años, al coronel Luís Francisco Medina Corredor, al mayor Luís Eduardo Castillo Arbeláez, al mayor Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, al subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón, y a los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández Suárez, Oscar Saúl Cuta Hernández Y Walter Loaiza Culma.

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