Parauribismo

El gobierno de Uribe fue un gobierno de delincuentes

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Nuevamente así lo demuestra la próxima imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación hará contra los presuntos delincuentes Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.

Según el ente acusador ambos incurrieron en los delitos de concierto para delinquir y en el caso Del Castillo, además los delitos de violación ilícita de comunicaciones y peculado por apropiación.

Esta imputación también cobija a otros dos presuntos bandidos cercanos a Uribe identificados como Sergio González y Diego Álvarez, ambos abogados.

Del Castillo y Velásquez habrían hecho parte de la tenebrosa estrategia de Uribe de calumniar y desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber actuado rigurosamente en investigaciones contra políticos ´paras’, entre estos Mario Uribe, su primo.

Estos sujetos también están acusados de reunirse con narcoparamilitares en “la casa de nari”, como en el caso de alias “job”, y del mismo modo habrían actuado en los montajes contra Yidis Medina.

Hace una semana fue llamado a declarar ante la justicia Mario Montaya, comandante del Ejército en el gobierno Uribe quien tiene acusaciones por asesinatos a sangre fría y complicidad con el paramilitarismo.

Treinta días atrás fueron capturados los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, lo mismo que su secretario general Alberto Velásquez. El Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, es prófugo de la justicia  y su ex ministro consentido Andrés Felipe Arias fue condenado y también huye de la justicia.

Hace pocos meses fueron condenados Bernardo Moreno, secretario general de Uribe,  y María del Pilar Hurtado, su secuaz en el DAS. Así mismo su último candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, está siendo investigado por la Fiscalía.

A lo anterior hay que agregarle las investigaciones y condenas contra cúpulas del DAS entre los que se destacan Jorge Noguera y otros importantes delincuentes. Cabe anotar que varios exfuncionarios del DAS y paramilitares han declarado que este organismo fue entregado por Uribe a los paramilitares.

En este aparato criminal, en lo que fue convertido el DAS, quedan procesos pendientes como son los casos contra Andrés Peñate, Jorge Mario Eastman y Joaquín Polo, mientras que el proceso contra José Obdulio Gaviria fue remitido a la Corte Suprema porque ahora el presunto delincuente goza de fuero especial como senador.

Cebe recordar que los jefes de seguridad de Uribe, muy allegados a él, Mauricio Santoyo y Flavio Butrago, generales de la Policía, resultaron ser delincuentes ligados al narcoparamilitarismo. El primero está en una cárcel de Estados Unidos y Buitrago fue destituido y tiene medida de aseguramiento.

A lo anterior hay que sumarle los crímenes cometidos por las fuerzas militares y de policía bajo el gobierno de Uribe, que se cuentan por miles según el último informe de la ONG Human Rights Watch.

En este escándalo varios generales, coroneles y otros presuntos delincuentes de alto rango fueron señalados como responsables de centenares de asesinatos contra civiles, más conocidos como falsos positivos.

Contra Álvaro Uribe existen al menos 276 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que van desde masacres, asesinatos, paramilitarismo, corrupción y muchos delitos más, pero los procesos no avanzan. 

Sin embargo por el número de altos funcionarios de su gobierno investigados y condenados, se puede afirmar que el gobierno de Uribe Vélez fue un gobierno de delincuentes.

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Deber de conciencia
Por: Patricia Lara Salive. El Espectador

Al leer el informe de Semana sobre “Los Desterrados”, recordé a Juana, una desplazada que entrevisté en 2000. Esta es su historia:

Juana inició su sino de destierro a los nueve años, cuando el Ejército se enfrentó a la guerrilla en Puerto Boyacá, donde su familia tenía una finca. Su padre, atemorizado por los cadáveres que inundaban los caminos, abandonó su tierra y se fue con los suyos a Puerto Salgar. Allá buscó una casa y mantuvo a su prole a base de conseguir leña y de vendérsela a los hoteles y a los bailaderos.

Un día, a raíz de una amenaza, el padre vendió de nuevo la casa y se radicó cerca de Barrancabermeja. Luego Juana se fue a vivir con su primer marido en una finca que compraron cerca de San Vicente de Chucurí. Un día le dieron un machetazo a su esposo porque se negó a regalarle una cerveza a un tipo.

Entonces las Farc optaron por “hacer justicia”, les ordenaron que vendieran la finca y mataron al autor del machetazo. Luego compraron una casita en Barranca. Después Juana se casó con Ramón y se fue a vivir con él al Sur de Bolívar.

Ahí adquirieron una finca de setenta hectáreas. No hicieron escritura sino lo que en esas zonas llaman “carta-venta”, es decir, una hoja firmada por el comprador, el vendedor y dos testigos, donde constaba que Ramón había comprado esa finca por ochocientos mil pesos. Cosechaban plátano y yuca que les vendían a los coqueros.

“Vivíamos muy bien”, dice Juana. Y agrega: “Por la zona pasaban las Farc y los elenos. Nosotros no teníamos mucha relación con ellos… Uno está con ellos por necesidad: hay que curarse en salud. Pero, como decía mi papá, uno no es agua ni pescado. Eso no lo creen los paramilitares”.

Un día hubo un enfrentamiento entre paras y guerrilleros. Los primeros anunciaron que por cada paramilitar que mataran, acabarían con doce campesinos. Luego los paras incendiaron la casa de don Joaco y castraron a un anciano. Entonces Juana, sus tres hijas y su marido, llenos de pánico, salieron corriendo y fueron a la Cruz Roja de Puerto Salgar donde les dieron dinero y los mandaron a Bogotá.

En la capital, Ramón consiguió que, a cambio de diez mil pesos y una cadena de oro, un conocido le permitiera cuidar carros en una bahía de parqueo en la carrera 15 con calle 93. Pero se implantaron las políticas de defensa del espacio público, se prohibió el parqueo en ese lugar, y Ramón se quedó sin “puesto”.

Entonces volvió al Sur de Bolívar a ver si podía recuperar su tierra. Se encontró con que en ella había hombres armados. Lo retuvieron, le dijeron que esos predios ya no eran suyos y, de milagro, lo dejaron regresar. Juana y su marido tuvieron la suerte de emplearse en una finca. Pero centenas de miles de desplazados no la han tenido.

¿Por qué, como dice Semana, el Gobierno no reconoce esa realidad abrumadora y “diseña una salida extraordinaria” para ese fenómeno? ¿Por qué no les reparte tierras por vía administrativa, dentro de un programa que les garantice seguridad y asistencia técnica, financiera y de comercialización de sus productos?

¿Por qué el Estado no asume de una vez su responsabilidad política en el crecimiento del paramilitarismo y de su principal secuela, los tres millones de desplazados, en su mayoría mujeres y niños que deambulan y piden limosna, sin ser pordioseros sino antiguos propietarios que, como Juana, lo perdieron todo porque carecieron de la protección que el Estado debió darles?

Presidente, es un deber elemental hacerlo.

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Procuraduría sancionó a militares asesinos de sindicalistas en Arauca
El 5 de agosto de 2004 tropas del ejército llegaron hasta la vivienda donde dormían tres sindicalistas y los asesinaron. El vicepresidente Francisco Santos y el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, avalaron inmediatamente la masacre
Por Camilo Raigozo. Voz

A las 6 de la mañana de aquel 5 de agosto de 2004 los soldados llegaron hasta la vivienda de Jorge Prieto Chamucero, ubicada en el caserío Caño Seco, municipio de Saravena, Arauca, y luego de rodearla completamente golpearon tan fuerte la puerta que casi la derriban. Él, su familia y sus amigos, Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche, se encontraban aún durmiendo en el interior de la casa.

“Llegó el ejército”, le dijo Prieto Chamucero a su esposa mientras se despabilaba de los últimos rezagos de sueño y se ponía un pantalón a toda prisa, no fuera que le tumbaran la puerta.

Luego, cumpliendo las órdenes, los tres amigos salieron con las manos arriba, descalzos y a medio vestir, sin sospechar que las tropas encargadas constitucionalmente de brindarles protección y guardarles respeto, se convertirían en sus asesinos unos minutos más tarde.

Las tres nuevas víctimas que cobró la política de “seguridad democrática” esa mañana fueron, Jorge Prieto Chamucero, de 45 años, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc), Leonel Goyeneche, de 43 años, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y Alirio Martínez, de 44 años, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), quienes por ser sindicalistas estaban en la mirilla de los fusiles del régimen.

Manipularon la escena del crimen

A los pocos minutos de haber visto salir a su esposo y los dos amigos que lo acompañaban, María Constanza Jaimes quiso presenciar lo que estaba ocurriendo en el patio de su casa, pero los militares se lo impidieron. Después escuchó una serie de disparos y sintió que su corazón se comprimía y su ansiedad aumentaba hasta el infinito.

Como pudo, atisbó por una ventana y vio un cuerpo tirado en el suelo. Luego escuchó como las explosiones se intensificaron haciendo que se retirara momentáneamente del lugar. Cuando volvió mirar ya no había nada, el cuerpo había sido retirado de allí.

Efectivamente como lo pudo comprobar la Fiscalía, los asesinos manipularon la escena del múltiple crimen con el ánimo de hacer pasar a las víctimas como “guerrilleros dados de baja en enfrentamiento”, igual a como lo hacen cotidianamente a lo largo y ancho del país, en el que decenas de centenares de víctimas inocentes han sido asesinadas con la misma estrategia. Y como sucede siempre, a los cadáveres les pusieron armas para hacer más creíble la infamia.

Los disparos que cegaron la vida de los sindicalistas, según los exámenes de balística, fueron prácticamente a quema ropa. En el caso de Leonel Goyeneche, fue un “tiro de gracia” pues lo hicieron a menos de 50 centímetros de distancia.

Los tres fueron asesinados con disparos hechos por la espalda. “Esa clase de heridas no son las que normalmente se presentan cuando hay enfrentamiento”, dijeron los especialistas.

El Gobierno avaló los crímenes

Igualmente se pudo establecer que los militares presionaron y amedrentaron a María Constanza Jaimes, a quien aislaron en su casa mientras cometían los crímenes, y luego la llevaron en el helicóptero junto con los tres cuerpos hasta la base militar. Al día siguiente le notificaron su detención por las armas que habían encontrado en su casa.

No solo la amenazaron para que no hablara, sino que además le ofrecieron benevolencia frente a la coartada de la captura, ofreciéndole que hablarían con un general o un fiscal si guardaba silencio de lo ocurrido.

Conocido el crimen, el vicepresidente Francisco Santos, y el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, defendieron a los militares asesinos y avalaron el múltiple asesinato argumentando que las víctimas eran guerrilleros, sin que hasta la fecha hayan reconocido su error y ofrecido disculpas a los familiares de los inmolados, al sindicalismo y al pueblo colombiano.

Por los hechos, el pasado 28 de agosto, el viceprocurador General de la Nación sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años, al coronel Luís Francisco Medina Corredor, al mayor Luís Eduardo Castillo Arbeláez, al mayor Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, al subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón, y a los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández Suárez, Oscar Saúl Cuta Hernández Y Walter Loaiza Culma.

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