miércoles, septiembre 10, 2008

Emplazan a hermano del procurador general colombiano
Por Gonzalo Guillén. El Nuevo Herald

El jefe paramilitar John Jairo Esquivel Cuadrado (foto), alias El Tigre, condenado por la muerte de un empresario de la multinacional minera Drummond y la viuda de la víctima han pedido a la Justicia de Colombia que se investigue la participación en ese crimen de Jaime Blanco Maya, hermano del procurador general de este país, Edgardo Maya.

En una entrevista con El Nuevo Herald, Esquivel dijo que está dispuesto a ofrecer detalles de primera mano sobre las circunstancias que rodearon la muerte del contratista Hugo Manuel Guerra Cabrera quien administraba un club de empleados de la empresa minera internacional Drummond que explota un yacimiento de carbón en el departamento de Cesar, norte de Colombia.

Guerra fue asesinado en mayo del 2000.

Según Esquivel, Maya Blanco aspiraba intensamente a obtener el contrato de administración del club para la alimentación de los trabajadores de la multinacional, lo que consiguió después de la muerte de Guerra.

Esta circunstancia fue también denunciada ante la justicia por Irina Ester Brito Ariño, viuda del empresario Guerra, durante el juicio que se le siguió a Esquivel, pero este siempre negó ese planteamiento.

En un expediente acusatorio de abril del 2006, firmado por la fiscal especializada Claudia Yadira Bernal Trujillo, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se afirma que la muerte de Guerra Cabrera, al parecer, sí se debió a una solicitud expresa de Jaime Blanco Maya, pues el hoy occiso era su fuerte contrincante en el negocio de la venta de almuerzos para la empresa Drumond.

En su primera declaración a la Justicia, la viuda, hoy exiliada en Canadá, reveló que una de las personas implicadas en la muerte de su ex esposo es Jaime Blanco Maya, dice un expediente acusatorio del 2006, en poder de El Nuevo Herald.

Según este documento, al momento de desenterrar a su esposo encontró en la mano de él una tarjeta con letra de él en donde tenía escrito el nombre de Jaime Blanco.

Todo lo que dice la señora es verdad, declaró El Tigre a este periodista.

Como posible responsable del crimen del empresario Guerra Cabrera, Blanco Maya está siendo procesado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Fiscalía General, con base en las denuncias de la viuda, otros testimonios y evidencias como la tarjeta que le fue encontrada

en una mano al cadáver, escrita por él, con el nombre del hermano del Procurador General.

Jaime Blanco Maya es hermano por parte de padre del Procurador General pero suele usar en primer lugar el apellido materno y el paterno de segundo.

Esquivel tiene cuatro condenas, cada una de 40 años de prisión. Tres son por igual número de masacres, incluida la de siete investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la cuarta por el asesinato del empresario contratista de la Drummond pero solamente ahora afirma que está en disposición de explicar el papel que jugó en el crimen Maya, hermano del procurador general, Edgardo Maya, quien ejerce el cargo desde enero del 2000.

El Tigre, quien se inició en la guerra civil colombiana a los 16 años de edad como conscripto del Ejército Nacional, contó a este periodista que en principio negó cualquier participación en el crimen del empresario pero fue condenado con base en testimonios y evidencias.

Al respecto, un expediente del 4 de abril del 2006, firmado por la Fiscal Especializada Claudia Yadira Bernal Trujillo sostiene: Se encontró en su poder dos cadenas de oro, una de propiedad de Hugo Manuel Guerra y la otra de Alvaro Enrique Mojica Roque, las cuales, al parecer, lucía con orgullo y muy seguramente como recuerdo de sus víctimas, sin que justificara el porqué estaba en posesión de dichas prendas.

Alvaro Enrique Mojica Roque fue un líder comunitario a quien El Tigre asesinó en una de las tres masacres por las que está condenado, anteriores al homicidio del contratista de la Drummond.

Blanco también está acusado desde el 2001 en otro proceso penal por su presunta participación en los homicidios del presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de Drummond, a quienes, de acuerdo con el expediente, ordenó que paramilitares los mataran en represalia por una huelga que emprendieron para protestar por el mal servicio de alimentación que estaba prestando el club de empleados que para entonces ya administraba.

Los sindicalistas muertos fueron Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Drummond, abatidos 12 de marzo del 2001.

Sobre este caso, el jefe paramilitar Alcides Matos Tabares, alias El Samario, la semana pasada recibió a El Nuevo Herald en su celda de la Cárcel Modelo de Barranquilla y aseguró que hará ante la Justicia especializada revelaciones sobre el crimen de los sindicalistas y la presunta participación de Blanco Maya en los homicidios.

Matos, conocido como El Samario, asegura que es testigo excepcional y ya ha declarado de manera preliminar sobre estos hechos ante la Fiscalía General dentro del proceso que se le sigue a Blanco Maya, informó a El Nuevo Herald en Bogotá una fuente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

La versión de Jaime Blanco Maya sobre estos hechos no fue posible obtenerla. Desde hace cerca de un año desapareció de la ciudad de Valledupar, donde vivía, en la casa de calle 15 número 14-13, barrio Alfonso López.

Al parecer, de acuerdo con vecinos consultados ayer, se fue de allí como consecuencia de los procesos judiciales que se le siguen. Dos teléfonos residenciales acreditados a su nombre en Valledupar y Bogotá aparecen como fuera de servicio y no contesta un celular al que solían llamarlo amigos suyos consultados por este periodista.

Fuentes judiciales en Valledupar dijeron haber recibido informaciones en el sentido de que Blanco Maya está viviendo en Venezuela.

Por su parte, el Procurador General de Colombia se niega a comentar los casos judiciales de sus parientes y, de acuerdo con comunicación leída a El Nuevo Herald por una asesora suya de la oficina de Prensa, ``ha solicitado en reiteradas oportunidades investigaciones penales, disciplinarias y fiscales sobre las personas y familiares contra quienes se han escuchado denuncias por vínculos con paramilitares, ha rechazado las infames imputaciones que se le han hecho y pide que quien tenga algo en su contra que lo presente''.

De acuerdo con la Constitución Nacional, el Procurador General es el principal defensor estatal de los derechos humanos en Colombia.

Esquivel Cuadrado, El Tigre, de 32 años de edad, recibió durante siete horas a El Nuevo Herald en su celda de la cárcel Modelo de Barranquilla, donde se encuentra recluido, y, por primera vez, reconoció como cierta la versión de la viuda de Guerra Cabrera. Reveló que esclarecerá este crimen ante la Justicia penal durante una audiencia especial que está programada para los días 9, 10 y 11 de septiembre próximo, en Barranquilla.

La audiencia será ante un fiscal especial de la llamada jurisdicción de Justicia y Paz, ante la cual El Tigre deberá confesar la totalidad de los crímenes que cometió siendo comandante paramilitar en la Costa Norte de Colombia. Solamente así las condenas en su contra podrán reducirse a una máxima y especial de ocho años de prisión.

Esquivel Cuadrado, El Tigre, ya ha confesado ante la Justicia nacional 620 homicidios en los que tiene responsabilidad como ejecutor material o intelectual como jefe de quienes los cometieron bajo sus órdenes.

Una investigación reciente de El Nuevo Herald reveló que otro hermano del Procurador, el médico Angel Maya, conocido como Kiri ó el Doctor Pistolas'', puso al servicio de los escuadrones de la muerte los fondos y la flota de vehículos del hospital público que dirigía en la ciudad de Valledupar.

Esto incluía las ambulancias para transportar a cuadrillas de sicarios, armamento y pertrechos, de acuerdo testimonios y evidencias fílmicas y fotográficas entregadas por jefes paramilitares a este periodista en las ciudades caribeñas de Valledupar y Santa Marta.

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