Criminalización de la política
La sociedad sigue moviendo las fronteras éticas y morales
Por Pedro Medellín. El Tiempo

La crisis colombiana llegó a un punto insospechado: la criminalización de la política. Es decir, la aceptación generalizada de que, en Colombia, la política y las prácticas políticas están indisolublemente atadas al crimen.

A los políticos se les asocia al crimen, con la misma naturalidad con que a los artistas a las actividades creadoras. A los partidos políticos ya no se les identifica como las grandes maquinarias de movilización política y social, sino como organizaciones que van a la captura de rentas.

La política ya no fluye por los canales de la normalidad social. El "hacer política" parece fatalmente atada a la mediación de las organizaciones ilegales o la comisión de los delitos. Los que quieren diferenciarse, de antemano están condenados.

Lo grave no sólo está en que sean las dos más importantes cabezas del sistema político las que han llevado las cosas a esos terrenos. Primero, el presidente Uribe al utilizar todos los recursos que le proporciona su investidura institucional, para criminalizar a sus opositores y contradictores, al señalarlos como auxiliadores de los terroristas o de estar al servicio de intereses mafiosos.

Y luego, el ex presidente Gaviria, jefe del principal partido de oposición, al aceptar el reto en esos terrenos y desde ellos mismos responder señalando -a su vez- los vínculos del Presidente con entornos mafiosos, en una cadena de nunca acabar.

Lo verdaderamente grave está en que, en medio de un escenario de polarización, la sociedad parece cada vez más dispuesta a mover las fronteras éticas y morales que rigen los comportamientos políticos. Los colombianos, lejos de levantarse contra la criminalización, comienzan a tomar parte en el hundimiento de los principales referentes morales y éticos de la acción política en el país.

Fieles a una cultura del atajo, aplauden comportamientos que hacen todavía más difusas las normas, los valores, los principios y las motivaciones que permiten que la política funcione siquiera dentro de un mínimo aceptable.

¿Cuál es el problema de que vayan delincuentes a la casa presidencial, si iban a denunciar un delito?, se preguntaban luego de escuchar la encendida defensa del Presidente. ¿Qué tenía de malo haberle comprado el voto a Yidis, para la reelección, si eso siempre se había hecho? Se habían preguntado antes.

¿No hizo bien, acaso, el primo del Presidente, el senador Mario Uribe, en buscar asilo político, para evitar una captura de los jueces?, se siguen interrogando en medio de una larga sucesión de preguntas que revelan bien cuán profundo es el hundimiento de lo que los expertos llamarían la "autorrepresentación" política de la sociedad colombiana.

Sin referentes éticos y morales, el régimen político colombiano está siendo forzado a tomar el camino de la criminalización, imponiendo varios cambios sustanciales al ejercicio de la política en el país: 1) La política ya no se funda en la deliberación, sino en el señalamiento.

Lo relevante no es argumentar, sino acusar. Y, entre más aguerrida sea la acusación, mayor será la virtud política del acusador; 2) Los partidos ya no están para procesar y revelar los intereses de grupos de ciudadanos, sino para movilizar unas determinadas ventajas privadas; y 3) Las reglas del juego democrático no están para garantizar la alternancia en el gobierno de las distintas opciones políticas presentes en la sociedad, sino para asegurar la permanencia en el poder de quienes lo detentan.

Es el punto culminante de un proceso de degradación política e institucional en el que confluye un cruce de acusaciones que muestra una dirigencia política cada vez más contaminada por el crimen, y una institucionalidad cada vez más volátil y en la que resulta cada vez más difícil distinguir lo que es ilegítimo de lo que es ilegal.
.
Si no se hace nada por contener la criminalización de la política, muy pronto el país tendrá que enfrentar su contraparte: la politización del crimen, que es quizá la forma más degradada de una crisis política e institucional.



Volver a la página principal