Catatumbo, Norte de Santander
Tres campesinos fueron asesinados con tiros de fusil y el
cuarto se está investigando
Por Camilo Raigozo. Notimundo
Los resultados de las investigaciones hechas por la
Fiscalía les da la razón a los campesinos y a Naciones Unidas quienes desde el
principio consideraron que las fuerzas represivas del régimen están haciendo
uso de fuerza excesiva.
Los cuatro labriegos fueron asesinados por la Fuerza
Pública en el marco de las protestas campesinas en el municipio de Ocaña el
pasado 22 y 25 de junio.
Según información de la agencia Efe, "se determinó
que tres de los cuatro homicidios fueron causados con proyectiles de armas de
fuego de alta velocidad, lo que resulta consistente con el uso de armas
automáticas o semiautomáticas tipo fusil".
En el caso de la cuarta víctima mortal fue necesario
realizar la exhumación, con el fin de despejar "los vacíos de la necropsia
realizada por el médico rural".
La ONU consideró al inicio de los ataques contra el
campesinado del Catatumbo que en las acciones de la Fuerza Pública se presentó un
uso excesivo de la fuerza.
Sin embargo a la organización internacional le cayeron
rayos y centellas de parte del presidente Santos, su ministro de Defensa, Juan
Calos Pinzón y el general Roberto León Riaño, director de la Policía, entre
otros. Dijeron que eran declaraciones “irresponsables” de la ONU.
Sin embargo los resultados de las investigaciones de la
Fiscalía confirman que la ONU, los labriegos y los medios alternativos que
divulgaron los crímenes tenían la razón.
Las víctimas fueron identificadas como Yonel Jácome Ortiz,
Édinson Franco Jaime, Hermides Jaime Téllez y Diomar Alfonso Quintero.
El régimen que preside Santos en vez de dialogar seriamente
con los labriegos y solucionar las necesidades de las comunidades de la zona, ha
preferido calumniar y estigmatizar a los campesinos acusándolos de manera
temeraria que sus líderes y las protestas están infiltrados por la guerrilla.
Los rurales reclaman la creación de una zona de reserva
campesina en el Catatumbo, la erradicación concertada de cultivos ilícitos a
cambio de proyectos productivos con ayuda estatal y un subsidio para las
familias que quedaron en la miseria por la erradicación forzada de matas de
coca.
Olga Quintero en diálogo con Notimundo, opinó que la oposición
del gobierno a la creación de una zona de reserva campesina en el Catatumbo se
debe entre otras cosas a que las transnacionales mineras y los agroproyectos a
gran escala tienen los ojos puestos en la región.
Según ella el gobierno ha otorgado 35 títulos mineros. “Entonces
lo que necesitan es sacarnos a nosotros los campesinos de la región porque les
estamos estorbando”, dijo.
