lunes, abril 08, 2013

A marchar el 9 de abril en defensa de la paz

Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República elegida por el PDA

En la medida en que avanzan las conversaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, los enemigos declarados de la paz se vuelven más agresivos y los enemigos agazapados se quitan la máscara, y unos y otros terminan encontrándose en la misma orilla de los saboteadores de los esfuerzos por encontrarle una salida negociada al conflicto que vive nuestro país desde hace medio siglo.

Por lo general, se trata de personajes que carecen de cualquier autoridad moral para hablar de paz, bien porque tuvieron la oportunidad de hacerla y no quisieron o no fueron capaces, bien porque son guerreristas empedernidos o simplemente porque se trata de fanáticos obnubilados o de oportunistas que no ven más allá de los estrechos límites de sus intereses personales o grupistas.

En el caso del Ex presidente Pastrana, no hay que olvidar que utilizó la bandera de la paz para hacerle elegir, pero durante los tres años que duró el Diálogo del Caguán nunca demostró voluntad real de lograr un acuerdo, de lo cual hay abundantes evidencias, pero una sola basta para comprobarlo: en una actitud abiertamente contradictoria, mientras dialogaba con la guerrilla negociaba con el gobierno norteamericano el guerrerista y antinacional Plan Colombia, que fue sancionado por el Presidente Clinton el 13 de julio del año 2000 como la ley 106246 de Estados Unidos. A alguien verdaderamente comprometido con la paz puede ocurrírsele semejante insensatez?

El desastroso gobierno de Pastrana les abrió de par en par las puertas a los sectores más guerreristas y retardatarios, encarnados por Álvaro Uribe, que durante ocho años cerraron cualquier posibilidad de diálogo y negociación y buscaron afanosamente la derrota militar de la guerrilla o su rendición. Aunque la guerrilla sufrió golpes severos en este período, es evidente que Uribe no logró ninguno de sus objetivos, lo que explica las publicaciones de distintos medios de comunicación en el sentido de que al final de su gobierno buscó contactos con las FARC.

La última demostración de hasta dónde está dispuesta a llegar la extrema derecha para frustrar los diálogos de paz es la revelación por parte de Uribe de las coordenadas de la zona del cese de operaciones ordenado para facilitar el traslado de dirigentes de las FARC a La Habana. Como se ha manifestado desde diversos sectores, divulgar secretos militares es un delito y, en consecuencia, esperamos que las autoridades actúen para que este gravísimo hecho no vaya a quedar en la impunidad.

A Uribe le resulta inconcebible la idea de la paz porque ha derivado de la guerra abundantes dividendos políticos y siente pánico de que un acuerdo entre el gobierno y las FARC entierre definitivamente su proyecto ultraderechista. Ante el fracaso de su política guerrerista y el riesgo de terminar en el ostracismo, opta por la más irresponsable de las actitudes: “Después de mí, el diluvio”.

Entre los saboteadores de la paz no podía faltar el Procurador General de la Nación, quien, argumentando una supuesta defensa de los derechos de las víctimas, se opone a la participación política de los guerrilleros y afirma que la única alternativa para ellos es que se sometan a la justicia y vayan a la cárcel, con lo cual desconoce la existencia del delito político y conspira contra la posibilidad de que la insurgencia deje las armas para hacer política desde la vida civil, que es lo que ha ocurrido en múltiples antecedentes de procesos de paz en el mundo.

Que la ultraderecha y el militarismo se opongan a la paz, no es extraño; es lo que han hecho a lo largo de la historia. Pero lo que es insólito es que sectores que se reclaman de izquierda resulten asumiendo posiciones similares. Tal es el caso de algunos dirigentes del Polo Democrático Alternativo.

En dos confusos comunicados, que la Presidenta y el Secretario General publicaron, el 24 de marzo y el 7 de abril, al tiempo que ratifican su apoyo a la paz y a las negociaciones de La Habana, deslizan insinuaciones venenosas en el sentido de que el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional a la marcha convocada para el 9 de abril para defender el proceso de paz, “apunta a una convergencia política que estimula la confusión entre el apoyo a la paz y el respaldo a las demás políticas del Presidente Santos, ahora reforzada con la propuesta de prolongación del actual mandatario presidencial, que rechazamos”.

Más allá de las palabras, están los hechos concretos: en ninguno de los comunicados hay invitación expresa a participar en la marcha del 9 de abril y en las organizaciones de masas en donde el MOIR, que es la fuerza dominante en el Polo, tiene presencia, se ha opuesto a la movilización con el argumento mendaz de que la marcha es para apoyar a Santos. De esta manera, coinciden vergonzosamente con el uribismo y demuestran que su verdadera preocupación no es la paz sino las elecciones de 2014.

En lo que a nosotros respecta, somos oposición, no sólo al gobierno de Santos sino al régimen dominante, y no está en ninguna de nuestras definiciones políticas cambiar de posición.

La ofensiva de la extrema derecha contra la paz y las inconsecuencias del oportunismo político ponen de manifiesto, ahora más que nunca, la urgencia de defender el proceso de paz, que es una conquista de largos años de lucha de las masas por la salida negociada al conflicto, y movilizar a las calles y plazas del país a todas las fuerzas que se identifican con la necesidad de ponerle fin al conflicto.

Invitamos a todas y todos los colombianos a participar masiva y decididamente en la marcha del 9 de abril y a rodear del mayor respaldo las conversaciones de La Habana, para contribuir a la búsqueda de un Acuerdo Final que sintetice los anhelos de paz con democracia, justicia social y soberanía nacional de la gran mayoría de los colombianos.

Bogotá, D.C., 8 de abril de 2013


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