A marchar el 9 de abril en defensa de la paz
Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República elegida por el PDA
En la medida en que avanzan las conversaciones de La
Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, los enemigos declarados de la
paz se vuelven más agresivos y los enemigos agazapados se quitan la máscara, y
unos y otros terminan encontrándose en la misma orilla de los saboteadores de
los esfuerzos por encontrarle una salida negociada al conflicto que vive
nuestro país desde hace medio siglo.
Por lo general, se trata de personajes que carecen de
cualquier autoridad moral para hablar de paz, bien porque tuvieron la
oportunidad de hacerla y no quisieron o no fueron capaces, bien porque son
guerreristas empedernidos o simplemente porque se trata de fanáticos
obnubilados o de oportunistas que no ven más allá de los estrechos límites de
sus intereses personales o grupistas.
En el caso del Ex presidente Pastrana, no hay que olvidar
que utilizó la bandera de la paz para hacerle elegir, pero durante los tres
años que duró el Diálogo del Caguán nunca demostró voluntad real de lograr un
acuerdo, de lo cual hay abundantes evidencias, pero una sola basta para
comprobarlo: en una actitud abiertamente contradictoria, mientras dialogaba con
la guerrilla negociaba con el gobierno norteamericano el guerrerista y
antinacional Plan Colombia, que fue sancionado por el Presidente Clinton el 13
de julio del año 2000 como la ley 106246 de Estados Unidos. A alguien
verdaderamente comprometido con la paz puede ocurrírsele semejante insensatez?
El desastroso gobierno de Pastrana les abrió de par en
par las puertas a los sectores más guerreristas y retardatarios, encarnados por
Álvaro Uribe, que durante ocho años cerraron cualquier posibilidad de diálogo y
negociación y buscaron afanosamente la derrota militar de la guerrilla o su
rendición. Aunque la guerrilla sufrió golpes severos en este período, es
evidente que Uribe no logró ninguno de sus objetivos, lo que explica las
publicaciones de distintos medios de comunicación en el sentido de que al final
de su gobierno buscó contactos con las FARC.
La última demostración de hasta dónde está dispuesta a
llegar la extrema derecha para frustrar los diálogos de paz es la revelación
por parte de Uribe de las coordenadas de la zona del cese de operaciones
ordenado para facilitar el traslado de dirigentes de las FARC a La Habana. Como
se ha manifestado desde diversos sectores, divulgar secretos militares es un
delito y, en consecuencia, esperamos que las autoridades actúen para que este
gravísimo hecho no vaya a quedar en la impunidad.
A Uribe le resulta inconcebible la idea de la paz porque ha
derivado de la guerra abundantes dividendos políticos y siente pánico de que un
acuerdo entre el gobierno y las FARC entierre definitivamente su proyecto
ultraderechista. Ante el fracaso de su política guerrerista y el riesgo de
terminar en el ostracismo, opta por la más irresponsable de las actitudes:
“Después de mí, el diluvio”.
Entre los saboteadores de la paz no podía faltar el
Procurador General de la Nación, quien, argumentando una supuesta defensa de
los derechos de las víctimas, se opone a la participación política de los
guerrilleros y afirma que la única alternativa para ellos es que se sometan a
la justicia y vayan a la cárcel, con lo cual desconoce la existencia del delito
político y conspira contra la posibilidad de que la insurgencia deje las armas
para hacer política desde la vida civil, que es lo que ha ocurrido en múltiples
antecedentes de procesos de paz en el mundo.
Que la ultraderecha y el militarismo se opongan a la paz,
no es extraño; es lo que han hecho a lo largo de la historia. Pero lo que es
insólito es que sectores que se reclaman de izquierda resulten asumiendo
posiciones similares. Tal es el caso de algunos dirigentes del Polo Democrático
Alternativo.
En dos confusos comunicados, que la Presidenta y el
Secretario General publicaron, el 24 de marzo y el 7 de abril, al tiempo que
ratifican su apoyo a la paz y a las negociaciones de La Habana, deslizan
insinuaciones venenosas en el sentido de que el respaldo de la Alcaldía de
Bogotá y el Gobierno Nacional a la marcha convocada para el 9 de abril para
defender el proceso de paz, “apunta a una convergencia política que estimula la
confusión entre el apoyo a la paz y el respaldo a las demás políticas del
Presidente Santos, ahora reforzada con la propuesta de prolongación del actual mandatario
presidencial, que rechazamos”.
Más allá de las palabras, están los hechos concretos: en
ninguno de los comunicados hay invitación expresa a participar en la marcha del
9 de abril y en las organizaciones de masas en donde el MOIR, que es la fuerza
dominante en el Polo, tiene presencia, se ha opuesto a la movilización con el
argumento mendaz de que la marcha es para apoyar a Santos. De esta manera,
coinciden vergonzosamente con el uribismo y demuestran que su verdadera
preocupación no es la paz sino las elecciones de 2014.
En lo que a nosotros respecta, somos oposición, no sólo
al gobierno de Santos sino al régimen dominante, y no está en ninguna de
nuestras definiciones políticas cambiar de posición.
La ofensiva de la extrema derecha contra la paz y las
inconsecuencias del oportunismo político ponen de manifiesto, ahora más que
nunca, la urgencia de defender el proceso de paz, que es una conquista de
largos años de lucha de las masas por la salida negociada al conflicto, y
movilizar a las calles y plazas del país a todas las fuerzas que se identifican
con la necesidad de ponerle fin al conflicto.
Invitamos a todas y todos los colombianos a participar
masiva y decididamente en la marcha del 9 de abril y a rodear del mayor
respaldo las conversaciones de La Habana, para contribuir a la búsqueda de un
Acuerdo Final que sintetice los anhelos de paz con democracia, justicia social
y soberanía nacional de la gran mayoría de los colombianos.
Bogotá, D.C., 8 de abril de 2013
