El Tarra, Norte de SantanderNotimundo. Con información de Ascamcat
La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, denunció
que desde hace tres meses tropas del Ejército Nacional han ocupado las
viviendas de 22 familias, las cuales tuvieron que desplazarse forzadamente el
23 de noviembre pasado.
Los hechos ocurrieron en la vereda Bracitos, municipio de
El Tarra, en la que los 74 niños que forman parte de estas familias no pudieron
terminar el año lectivo por las mismas circunstancias.
Los militares ingresan de forma abusiva a las viviendas y
obligan a las familias a identificarse. Por medio de un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS, por sus sigla en inglés) y en un cuaderno hicieron un listado de los miembros de cada
familia, engañándolos con el argumento que iban a recibir un subsidio del
Estado.
Luego de forma atrevida, sin ningún permiso, extienden redes
eléctricas de las viviendas para cargar celulares y otros dispositivos; piden
prestado herramientas de trabajo y utensilios de cocina que no devuelven; obligan
a los campesinos a llevarles víveres desde el pueblo y los señalan de ser guerrilleros
y colaboradores de esta.
Igualmente amenazan a los labriegos y los responsabilizan de que si
se presenta, alguna eventualidad los únicos responsables serán ellos y la comunidad.
Los padres de los 74 niños no volvieron a mandar a sus
hijos a la escuela por temor a que les pudiera ocurrir algo y por eso no pudieron
terminar el año escolar.
El lunes 26 de noviembre, Miguel Ángel Ascanio, en
compañía de concejales y funcionarios de la administración viajaron a Ocaña
para hablar con el coronel y le solicitaron que ordenara el retiro de las tropas
de las viviendas y de las áreas civiles, a lo que al alto oficial contestó que,
“haré lo posible de retirarlas”.
La Asociación Campesina del Catatumbo, en compañía de Investigación
Acción Participativa (IAP) y campesinos, estuvieron en el sito de los abusos y
hablaron con el sargento Osmos, el cual negó todo lo sucedido y les aseguró que
se alejarían de las propiedades de estas personas para que pudieran retornar.
Sin embargo han transcurrido más de 15 días y los militares siguen ahí. El 29 de noviembre, Ascamcat, la IAP y los campesinos, trataron de
hablar nuevamente con el coronel, quien se encontraba en el municipio de
Convención, pero este se negó a recibirlos.
“Estos hechos constituyen una irresponsable actitud y una
flagrante violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario.
“Hacemos un llamado a las organizaciones sociales,
defensoras de los derechos humanos, ambientales y defensoras de derechos
humanos, movimientos ambientalistas y en general a los defensores de la vida,
para que se pronuncien en contra de estos abusos cometidos por el Ejército de
Colombia”, dice un aparte de la denuncia de Ascamcat.
