Se agudiza cisis humanitaria en el nordeste antioqueño
El nordeste antiqueño atraviesa una crisis humanitaria
que día a día adquiere dimensiones más dramáticas para la población. Debido a
esta realidad y al trabajo de denuncia e incidencia realizado-
por Cahucopana,
el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió el 3 de
abril de 2012 el Informe de Riesgo N° 002-12A.I. para los municipios de
Zaragoza, Remedios y Segovia,-
en el cual se alerta sobre la situación de alto
riesgo en la cual se encuentra la población debido a la dinámica de
confrontación armada entre estructuras paramilitares que se disputan el control
del-
territorio, a saber Los Urabeños y Los Rastrojos, motivada por intereses
económicos sobre la región que se concentran en el control de la explotación
minera aurífera y el uso de la zona como corredor-
estratégico, y facilitada por
los altos niveles de abandono estatal y pobreza que predominan en la región que
mantienen a sus pobladores rurales en situación de confinamiento.
Este informe, emitió además una serie de recomendaciones
que debían ser adoptadas por las entidades del orden nacional, regional y local
para mitigar-
el escenario de riesgo y brindar garantías para la protección de
los derechos humanos de las comunidades rurales y urbanas de los tres
municipios.
Sin embrago hoy, 5 meses después de emitido el Informe no
ha habido ninguna respuesta efectiva por parte de las autoridades responsables
de tomar medidas frente a la crítica crisis humanitaria manifiesta.
Desde Cahucopana se han impulsado una serie de escenarios
de concertación con la Gobernación de Antioquia, en cabeza del Director de
Derechos Humanos Gabriel Jaime Bustamante, y demás-
entidades del orden
departamental, y así mismo se ha establecido contacto con el Ministerio del
Interior en la urgencia de construir de forma concertada con las comunidades
afectadas-
alternativas de solución y mitigación del riesgo en el que se
encuentran, sin embargo, a la fecha no ha sido posible concretar ninguno de los
acuerdos realizados.
Mientras las autoridades del orden local, departamental y
nacional no hacen nada, la crisis humanitaria en el nordeste se agudiza.
Desde la emisión del Informe se han presentado en la
región constantes acciones armadas de grupos armados ilegales, particularmente
enfrentamientos entre paramilitares,-
denominados bandas criminales Los Rastrojos y Los
Urabeños que ponen en riesgo a la población, así mismo se instalan de forma
cotidiana retenes-
ilegales por parte de estos grupos que restringen el tránsito
y generan un ambiente de zozobra entre transeúntes y transportadores.
Se han registrado alrededor 20 homicidios selectivos en
zona rural y urbana de los municipios de Remedios, Zaragoza y Segovia, así como
dos masacres,-
la primera tuvo lugar a pocos días de emisión del Informe en el
punto conocido como Machuca en donde 5 personas fueron asesinadas y la segunda
el día de ayer,-
5 de septiembre, cuando un grupo armado incursionó a la finca
La Reserva, en la vereda Campo Alegre del municipio de Segovia, asesinando a 4
personas.
A su vez, el reclutamiento forzado de niños por parte de
estos grupos se encuentra en aumento y son cotidianas las amenazas selectivas y
la extorsión de familias y mineros artesanales, situación que en algunos casos
ha desencadenado en desplazamientos forzados.
Esta realidad que vive la región del nordeste antioqueño
da cuenta de la incapacidad estatal para controlar el territorio, la ausencia
de voluntad política por parte de autoridades-
del gobierno en sus niveles
nacional, departamental y local para enfrentar la situación, y pone en
entredicho la imparcialidad de los fuerzas militares-
y de policía nacional en
el enfrentamiento por el control territorial adelantado entre Los Rastrojos y
Los Urabeños.
Los afectados como siempre las comunidades campesinas y
urbanas de la región, que a pesar de haber presentado propuestas para la
construcción de respuestas concertadas-
a la crisis humanitaria han sido
desconocidas en múltiples ocasiones por la Gobernación, las Alcaldías y demás
entidades concernidas a tomar medidas en el asunto.
Ante este escenario, las comunidades campesinas
organizadas en Cahucopana hacemos una llamado público a las organizaciones
sociales a solidarizarse con la crisis humanitaria que enfrentamos-
y exigimos
de las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles respuestas
efectivas, superando la visión simplista de que la militarización del
territorio constituye la alternativa a nuestra realidad.
El homicidio selectivo realizado el día 3 de septiembre
en el casco urbano del municipio de Remedios, cuya víctima fue Gloria Elcy
García, mujer que había recibido amenazas por ser testigo-
clave en un proceso
de restitución de una mina de oro, adquirida, al parecer, con documentos
falsos, debe ser el último de los constantes campanazos de alerta sobre el alto
nivel de-
desprotección en que se encuentran las comunidades en la región, y
debe conllevar a que se adopten medidas idóneas por parte de las autoridades en
concertación con las comunidades organizadas que hacen presencia en el
territorio.
Como organización de base exigimos se nos incluya en la
construcción de soluciones y se nos garanticen los derechos a la vida, la integridad
personal y la libertad.
