Por Camilo Raigozo
El procurador Alejandro Ordoñez, alias “Monseñor
absolvedor de la ‘Yidispolítica’ y la ‘parapolítica’”, sin ningún asomo de vergüenza,
le solicitó al Consejo de Estado que derogue el acto administrativo que le da
competencia a la Fiscalía para decidir si abre procesos o no contra militares y
policías que hayan cometido delitos.
El flamante jefe del Ministerio Público, asevera falsamente
que dicho acto administrativo va contra la Constitución y la Ley, cuando lo que
él propone es lo que realmente estaría violando la Constitución, las leyes y
los tratados internacionales firmados por Colombia.
Para Ordoñez no puede ser posible que sea la Fiscalía y
no las fuerzas militares, la que conozca previamente los posibles delitos cometidos
por los uniformados y que sea esta, la que dependiendo la clase de delito,
determine si las investigaciones son competencia de la justicia ordinaria o de
la Justicia Penal Militar.
A “Monseñor absolvedor de la ‘Yidispolítica’ y la ‘parapolítica’”
se le olvida que Colombia debe cumplir
con los tratados internacionales firmados, los cuales ordenan que las
violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos
por militares, deben ser investigados, procesados y juzgados por la justicia
ordinaria.
Sostiene Ordoñez que la Justicia Penal Militar administra
justicia y, por tanto, sus jueces son autónomos y se encuentran únicamente
sometidos a la Ley.
Las estadísticas demuestran que delitos de violaciones a
los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por militares e investigados
por la Justicia Penal Militar han terminado en la impunidad.