Parauribismo/"Una de las hipótesis es que buscaban una cinta que incriminaría al general Julio Santoyo y que reveló El Tiempo.com el domingo"
Por Instituto Popular de Capacitación, IPC
Con el presente comunicado las directivas del Instituto
Popular de Capacitación rechazan el asalto a la sede de la organización,
ubicada en San Benito, centro de Medellín, para sustraer información sobre
violaciones de derechos humanos.
En las horas de la mañana de hoy lunes 3 de septiembre,
nos percatamos de que la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más
donde se concentra información sobre derechos humanos de nuestro observatorio,-
estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos demostrativos de que
los invasores buscaban información, aclarando que toda la sede fue desordenada
y fueron cortadas la redes de telefonía e Internet.
Permite colegir el origen de la incursión a la sede
principal del IPC, el artículo publicado por el diario El Tiempo, titulado
“Cinta enreda a hermano del general Santoyo”, en su edición del día domingo 2
de septiembre del presente año, pagina 7, de la primera sesión.
Uno de los párrafos de esta publicación dice lo
siguiente: “… Y aunque a EEUU no ha llegado la cinta, si tienen la versión del
juzgado. Coinciden plenamente.
Además, vamos a entregar la grabación a la fiscalía, para
que verifique su autenticidad y, de haber merito, se revivan esos procesos”,
dice una ONG de derechos humanos de Medellín.
Es nuestro deber aclarar que siendo nosotros una ONG de
derechos humanos de Medellín, no disponemos del original ni de copia alguna de
la citada cinta.
Sin embargo inferimos que el asalto a nuestra sede tiene
relación directa con lo dicho en el artículo de El Tiempo, dado que en los
últimos meses el IPC ha participado públicamente en las denuncias contra el
general (r)-
Mauricio Santoyo Velasco, por las 1.808 interceptaciones ilegales
realizadas a ONG´s, defensoras de derechos humanos y líderes de oposición entre
1996 y 2001, época en la cual el entonces coronel Santoyo comandaba el Gaula de
la policía del Valle de Aburrá.
El IPC condena este tipo de actos y llama la atención
porque esta situación haya sucedido en la víspera de la audiencia de
formulación de cargos al ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo-
Bejarano,
Alias “Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC ha sido denunciante, en
virtud del atentado con explosivos ocurrido en 1999 contra la sede anterior de
la organización, ubicada en el barrio Prado Centro.
A lo cual se suma, un hecho de mayor gravedad en 1999 en
el que fueron secuestrados 4 miembros del equipo de trabajo de nuestra
institución, luego de que integrantes de la banda “La Terraza” incursionaran a
la sede del IPC siguiendo órdenes de “Don Berna” y Carlos Castaño.
Posteriormente se incrementaron las amenazas al Equipo de
Derechos Humanos lo que generó su
exilio en el año 2000.
Se presume que en
virtud de sus relaciones con grupos ilegales, en este caso con la banda “La
Terraza”, el General Santoyo haya
participado en estos delitos cometidos contra el IPC.
Más si se tiene en cuenta que la Corte Este de Virginia,
Estados Unidos, acusa al general Santoyo del delito de conspiración,
sindicándolo de nexos con narcotraficantes y paramilitares, a los cuales les
filtraba información que obtenía a través de las interceptaciones ilegales.
Es cada día más evidente el juego de diversos actores
legales e ilegales en la perpetración de este tipo de actos delincuenciales
dirigidos a mantener la impunidad de lo acontecido en las dos últimas décadas,-
configurando lo que el Fiscal general de la nación denomina el aparato
organizado de poder, línea doctrinal demostrativa de la cooptación de entidades
del Estado por parte de la delincuencia organizada, lo que claramente se
configura con este asalto a la sede del IPC.
Por lo anterior enviamos nuestro más enérgico rechazo a
este tipo de actos y exigimos de las autoridades competentes los niveles de
garantía para continuar ejerciendo nuestra labor de defensa y de lucha contra
la impunidad.
