Infamia de periódico estadounidense contra comunidad de paz y ONG defensoras de los derechos humanosPor Camilo Raigozo
El pasado 14 de diciembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo firmado por la periodista Mary Anastasia O’Grady titulado, “Las ONG amigas de las Farc”, en el que sin respetar el mínimo rigor y ética periodística, de forma irresponsable calumnió a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
La fuente de O’Grady es un reinsertado de la guerrilla al servicio del Ejército, de paramilitares y del régimen tenebroso de Uribe, que desde la Brigada 17 cumple la función de calumniar a la comunidad y a organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Como era de esperarse, las grandes empresas de ‘comunicación’ en Colombia, cómplices del régimen local y del imperio, hicieron de caja de resonancia de la infamia de la periodista y del periódico gringo.
A continuación transcribimos la réplica que el padre jesuita Javier Giraldo Moreno envió al periódico The Wall Street Journal:
Bogotá, Colombia, 17 de diciembre de 2009
Mr. Paul Gigot
Editor of the Editorial page : wsj.ltrs@wsj.com
The Editor
1211 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
Anastasia O’Grady : O’Grady@wsj.com
De toda consideración.
Quiero referirme al artículo aparecido en su diario el 14 de diciembre de este año, suscrito por la periodista Mary Anastasia O’Grady, que lleva por título: “Las FARC y la ‘Comunidad de Paz’.
En otra ocasión, su diario acogió mi carta de protesta por una calumnia similar (22 de junio de 2001) y espero que ahora rectifique también la repetición de la misma acción difamatoria.
La autora de la calumnia se apoya en una entrevista que le hizo al desertor de las FARC alias ‘Samir’, quien está albergado en un cuartel del Ejército colombiano desde noviembre de 2008 violando toda norma legal y desde allí se ha puesto al servicio de-
una estrategia mediática, dirigida desde hace 13 años por esa misma brigada militar (la Brigada 17) para destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, combinando masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil,-
creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes (más de 750 crímenes hemos denunciado), con campañas difamatorias que miran a justificar todos esos horrores y a ocultar la culpabilidad del Gobierno en todas esas atrocidades.
La fuente que respalda a la autora de la calumnia, quien según los militares se llama “Daniel Sierra Martínez”, comenzó su campaña difamatoria contra la Comunidad de Paz el 28 de mayo de 2009 bajo la dirección del ex Ministro del Interior del Presidente-
Uribe, el Señor Fernando Londoño Hoyos, ampliamente conocido por su falta de ética que le ha valido varias condenas judiciales y su mismo retiro del cargo ministerial. Luego de prepararse durante 6 meses elaborando todo tipo de falsedades en la Brigada-
17 del Ejército, donde se han elaborado centenares de falsas acusaciones contra la Comunidad de Paz, falsedades que son investigadas hoy por la justicia colombiana y por tribunales internacionales, el Señor Sierra Martínez no ha cesado en delante de-
hablar por emisoras repitiendo las mismas falsedades, a pesar de que la Comunidad de Paz emitió un comunicado en el cual responde a una por una de sus mentiras, comunicado cuya copia anexo a esta carta.
Usted se preguntará por qué los medios de comunicación en Colombia han difundido las falsedades del Señor Sierra.
Es triste decirlo, pero los grandes medios en Colombia tienen como prioridad respaldar al actual Gobierno y en el ataque a las Comunidades de Paz, así como a muchos movimientos sociales y organizaciones populares, los intereses de este Gobierno son evidentes.
Dentro del actual conflicto que vive Colombia, este Gobierno, como todo el mundo lo sabe, ha optado por una solución militar y violenta. Las comunidades que han optado por no dejarse involucrar en la guerra son deslegitimadas por el Gobierno, como lo ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
La única manera de atacarlas que tendría una apariencia legal, sería probando que esas comunidades o movimientos trabajan con la guerrilla.
El Presidente Uribe lanzó cinco acusaciones falsas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 20 de marzo de 2005, tratando de hacer creer que la Comunidad era colaboradora de la guerrilla, y la Comunidad le ha exigido a través de estos 5 años una-
rectificación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y mediante un proceso judicial en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Expediente 1712), siguiendo instrucciones precisas de la Corte Constitucional (Sentencia T-1191/04),-
pero hasta ahora no se ha producido sanción ni rectificación. Esto ha hecho que el Presidente recurra a otros actores para difamar a la Comunidad de Paz, como los diarios El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín, las emisoras RCN y Radio-
Súper, la emisora local Apartadó Stereo, las emisoras dirigidas por el Ejército (que son muchas), algunos columnistas como el Señor Plinio Apuleyo Mendoza y otros, y ahora el desertor de las FARC alias ‘Samir’.
Entre tanto las patrullas del Ejército y los grupos paramilitares que recorren la zona, se apoyan en la calumnia presidencial (“es que esta comunidad es de la guerrilla”) para justificar sus abusos sexuales, sus amenazas, sus torturas, sus minados de campos, sus montajes judiciales, sus asesinatos, sus destrucciones de cultivos y sus robos y bloqueos de alimentos.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una comunidad de campesinos pobres, a pesar de que una de las falsedades difundidas por los medios es que tiene enormes cantidades de dinero provenientes de donaciones internacionales, lo cual es-
absolutamente falso. Como ocurre cotidianamente con los pobres en Colombia y en todas partes, no tienen dinero para defenderse de las sucias campañas de difamación de los ricos y del Gobierno. Por eso el crimen que está cometiendo la Señora O´Grady es tan repulsivo e infame.
Le ruego, Señor director, repare en algo esta infamia, aunque seguramente ya no podría repararla sino en una pequeña medida, luego de haber perpetrado una acción tan inmoral y criminal, en respaldo a un verdadero genocidio.
No puedo sino manifestarle mi más honda censura ética a tan infames procedimientos.
Atentamente,
Javier Giraldo Moreno, S. J.
A continuación el artículo en mención publicado por The Wall Street Journal:
Las ONG amigas de las FarcPor Mary Anastasia O'Grady
Bogotá, Colombia
Daniel Sierra Martínez, Nelly Avila Moreno y Nicolás Montoya, ex miembros de las FARC, el grupo terrorista colombiano. Foto The Wall Street Journal.
En momentos en que Estados Unidos se prepara para enviar a 30.000 soldados adicionales a Afganistán en una misión que incluirá defender a la población civil en una narcoeconomía, la experiencia de Colombia con el narcotráfico y el terrorismo podría resultar útil.
El testimonio del ex segundo al mando del quinto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que opera en la región bananera de Urabá, también un centro del narcotráfico, podría servir como la primera lección.
El ex comandante guerrillero Daniel Sierra Martínez, alias "Samir", se entregó a las autoridades colombianas en diciembre de 2008 en respuesta a una oferta de reconciliación nacional del presidente Álvaro Uribe.
A cambio de una reducción de pena, tuvo que dar información sobre lo que hizo durante las dos décadas que perteneció a las Farc.
La semana pasada, las autoridades colombianas accedieron a permitir que se sentara conmigo y me hablara sobre su experiencia como guerrillero.
Samir me dio mucha información sobre el negocio de cocaína de las Farc y su explotación de la población civil en zonas designadas por "organizaciones no gubernamentales" como "comunidades de paz".
También me dijo que los supuestos pacifistas que dirigen la ONG local eran sus aliados y una herramienta importante de las Farc en su esfuerzo por desacreditar al ejército.
En un discurso en septiembre de 2003, el presidente Uribe expresó su temor ante la posibilidad de que algunos grupos de "derechos humanos" fueran fachadas para los terroristas.
La izquierda internacional, incluyendo al senador estadounidense Chris Dodd, un demócrata que representa al estado de Connecticut, atacó al presidente colombiano por hacer esas declaraciones.
Pero los comentarios de Uribe estaban respaldados por información recaudada por los servicios de inteligencia de Colombia. Ahora, el testimonio de Samir y de muchos otros que han salido de la selva, da a la aseveración de Uribe más peso.
El territorio del quinto frente incluye un pueblo llamado San José de Apartadó, que fue designado como una comunidad de paz a mediados de los años 90 siguiendo un plan propuesto por la diócesis católica.
La idea era crear un lugar donde la población civil pudiera vivir sin miedo de los paramilitares o la guerrilla. Como reporté en noviembre de 2003, "la administración de esta propuesta, que prometió el pleno desarmamiento-
de todas las partes residentes en la 'comunidad de paz', fue puesta en manos de un grupo compuesto por personas de distintas congregaciones religiosas llamado Justicia y Paz, una ONG colombiana.
Justicia tiene el respaldo de Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales de Paz.
Pero la comunidad de paz de San José de Apartadó, según Samir, distaba mucho de ser neutral. En cambio, dice, las Farc tenían una relación cercana con sus líderes desde sus inicios.
Samir dice que la comunidad de paz era un refugio para los rebeldes heridos y enfermos de las Farc y para almacenar suministros médicos. También dice que proveedores del grupo armado se reunían con guerrilleros en el pueblo, donde siempre habían también cinco o seis miembros de las Brigadas Internacionales de Paz.
Según Samir, la comunidad de paz ayudó a las Farc en su esfuerzo por tildar al ejército colombiano como un violador de los derechos humanos. Cuando la comunidad se alistaba a acusar a alguien de una violación a los derechos humanos, Samir organizaba a los "testigos" ordenando a miembros de las Farc que posaban de civiles para que dieran su testimonio.
Edward Lancheros, un miembro del consejo de la comunidad de paz y sus asociados (que incluyen un sacerdote jesuita llamado Javier Giraldo y a Gloria Cuartas, la alcaldesa de izquierda de la municipalidad que incluye a San José de Apartadó),-
insistieron que la "paz" requería que el ejército se mantuviera alejado de esa zona. Pero los paramilitares no estaban dispuestos a acatar dicha convención. Cuando hubo enfrentamientos entre las Farc y los 'paras', dice Samir, la comunidad de paz jugó un papel determinante en darle forma a la historia para fomentar que el público culpara al gobierno.
Un incidente de este tipo ocurrió en el año 2000, cuando los paras detuvieron a una ambulancia que transportaba a una guerrillera enferma y le dispararon. Samir dice que la comunidad de paz dijo que ella era un miembro de su grupo y alegó que el ejército la mató. La comunidad también ayudó a ocultar la presencia de las Farc en la zona.
En 2005, dijo Samir, un guerrillero de las Farc llamado "Alejandro" fue asesinado por paras. La comunidad de paz insistió en que era un civil que hacía parte su grupo.
Samir dice que no estuvo de acuerdo con la decisión de las Farc de involucrarse en el narcotráfico y de trabajar con paramilitares que transportan droga. También objetó la explotación de la población local por parte del grupo guerrillero.
Cansado de todo ello, lideró un intento por poner coto a los abusos de las Farc y, en 2008, más de dos docenas de zonas declararon su independencia de la comunidad de paz.
Samir fue entonces acusado de ser un infiltrado del ejército y el secretariado de las Farc ordenó que fuera sometido a un consejo de guerra. Samir decidió entonces entregarse.
Evidentemente, sus adversarios le acusan de inventarse todo esto para congraciarse con el gobierno.
Pero lo que no puede negarse es que mientras las Farc han sido desacreditadas por el grueso de la población rural, es el ejército de Colombia, no la así llamada comunidad de paz, la que ha pacificado Urabá y dado nueva vida a sus habitantes.
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