Seguridad narcocrática/

Denuncian graves atropellos del Ejército en Putumayo

Por Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo

En la reunión con los presidentes los representantes de las comunidades indígenas, afros y campesinas se expusieron las siguientes inquietudes:

La comunidad manifiesta que tiene desconfianza hacia la institucionalidad por la vulneración histórica de derechos humanos. Un ejemplo de dicha vulneración fue la detención de 27 personas producto de la estigmatización. Once personas de estas fueron dejadas en libertad tres años después diciéndoles “discúlpenos”.

Algunas de estas personas fueron sindicadas y acusadas de ser “financieras”, “comandantes” de las FARC.

Hay preocupación por parte de la población, pues el sector de Piñuña Negro se encuentra acordonado por el ejército lo que genera temor y zozobra más que seguridad.

De igual manera, denuncian que el ejército entra a las casas y aprovechando que están solas por estar participando en la manifestación, para llevarse animales, enseres y elementos de uso personal.

Manifiestan preocupación pues salir a la cabecera municipal de Puerto Asís, es un riesgo, debido a que todas las noches matan gente; un ejemplo de ello fue cuando en agosto del 2008 mataron al vicepresidente de Ascap.

Afirman que el paramilitarismo está vivo y sigue haciendo el trabajo de siempre que es acabar con los dirigentes comunitarios.

De igual manera, denuncian que sufren de constantes presiones por parte del ejército para que la comunidad suministre información señalando a los dirigentes de la manifestación, sobre todo cuando las fincas se encuentran solas: “digan cuál era el líder guerrillero que estaba dirigiendo la protesta”.

Frente a la información vía telefónica del doctor Carlos Eduardo Bernal, se aclaró que el levantamiento de información referida a nombres de los líderes correspondía con una solicitud de la comunidad de ser incluidos en el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, pero que ésta era una opción de la comunidad y que en ningún momento se irían a tomar nombres, si esa no era su decisión.

La comunidad manifiesta que no cree en el programa, por los antecedentes de estigmatización.

No obstante, se indicó el procedimiento a seguir para ser incluidos en dicho programa y se suministraron los datos para que la comunidad o las personas interesadas tramitaran directamente sus solicitudes aclarando que el papel de Adela Bautista era el de servir de enlace, pero que también podrían hacerlo directamente ante el Ministerio.

Denunciaron que frente a la decisión que tomaron las comunidades, de no venderle alimentos y otros productos al ejército, éstos habían asumido una postura de no permitir el ingreso de alimentos desde el Ecuador (Puerto El carmen).

Ante tal situación, la comunidad decidió vender los alimentos al ejército, pero según ellos, continuaron cometiendo arbitrariedades.

Las comunidades solicitan al Ministerio que establezca comunicación con las Fuerzas Militares para que este tipo de atropellos no sigan cometiéndose.

Denunciaron que el 21 de noviembre, el buque de la Brigada Naval del Sur, se instaló cerca de Piñuña Negro e hicieron disparos al Pueblo, hecho que fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo.

Según la comunidad, los militares anunciaron que “iban a hacer un barrido” porque venía la Comisión Nacional que entró a Piñuña el 23 de noviembre.

De igual manera, denunciaron que a 6 Km (por tierra) hicieron tiros argumentando que estaban detrás de unos bandidos. Estos eventos, son identificados por la comunidad como actos de terror hacia la población civil.

Se acordó que se presentarían las denuncias ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia en horas de la tarde cuando los delegados hicieran la interlocución con sus comunidades.

Diciembre 14 en horas de la tarde

El siguiente informe se encuentra estructurados de dos maneras: una primera parte que corresponde con denuncias generalizadas y la segunda con las presentadas por cada una de las veredas y un cabildo indígena.

Primera parte: denuncias generales

El ejército decomisa la coca y la gasolina a los campesinos y luego las intercambian en los establecimientos comerciales y fincas por artículos de uso personal; si no lo hacen directamente envían a alguna persona para que lo haga.

Estigmatización y amenazas a los líderes que participan en la protesta. La hace el ejército de manera directa o a través de razones.

Las fuerzas militares están utilizando a los niños y niñas para que den información.

En los retenes que se realizan le toman fotos a las personas y les retienen los documentos por una, varias horas o incluso hasta el día siguiente, haciéndolos esperar este tiempo hasta que les entregan los documentos. De igual manera, los señalan de ser auxiliadores de la guerrilla.

Denunciaron que el Teniente del Ejército no se deja ver y que la mayoría de los casos los soldados no portan los distintivos y ni los nombres.

El ejército ingresa a las viviendas y escuelas rompiendo los alambrados y dejándolos sin arreglar.

Denuncian que el ejército realiza detenciones masivas de la siguiente manera: se unen el ejército de la Móvil 13 y de la Naval, acordonan a Piñuña Negro y tienen a la población reseñándola durante horas, sin importar que haya menores de edad, niños de brazos o mujeres en estado de embarazo.

Ellos son acompañados de un Policía, que es quien realiza las capturas de las personas que se encuentran en este lugar acordonado.

El ejército arroja basura al río Putumayo; en las fincas deja los desechos de los empaques de la comida, lo que ha ocasionado la muerte de algunos animales que los ingieren.

Hace dos años arrojaron medicamentos vencidos, muchos de ellos todavía hacen presencia a las riveras del río y en los potreros.

Segunda parte: denuncias por veredas

Las denuncias presentadas por los cabildos indígenas y las veredas fueron las siguientes:

Cabildo indígena Napurana: el ejército no tiene en cuenta la Consulta Previa para ingresar a los territorios indígenas a establecer sus campamentos. De igual manera, denunciaron que se hacen señalamientos a la comunidad indígena por letreros alusivos a la guerrilla que aparecen en la vereda.

También denunciaron que el buque de la Fluvial instala cerca de las casas. Este hecho fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo y posteriormente la comunidad fue objeto de estigmatización y presiones por parte del ejército, quien además dice la comunidad, los amenazó de no dejarles pasar productos del Ecuador, especialmente gasolina.

Vereda Montepa: el ejército ha hecho disparos a los pasacalles dejando animales heridos y poniendo en riesgo a la población.

Vereda Lorencito: denuncia la comunidad, que el día 21 de noviembre del 2008, cuando un habitante iba subiendo por la trocha, sonaron bombas en el pueblo en horas de la mañana y como él venía delicado de salud tuvo que devolverse, pues dos soldados lo encañonaron a la cabeza y lo señalaron de guerrillero diciéndole groserías además.

El 21 de junio de 2009, los soldados de la Fluvial hicieron subir al buque a las mujeres y las sometieron a requisas solicitándole que se subieran las faldas, tomándoles fotos y filmándolas.

Un habitante denuncia que como debe salir a jornalear deja la casa sola y cuando regresa, los soldados se le han llevado las piñas, la yuca y el plátano; denuncia que el ejército acampa en los predios de la casa a 10 m de la vivienda, poniéndolo en riesgo.

El ejército también preguntan por la guerrilla por lo que le dijo a este habitante: “cómo que no sabe, si a los ocho días llegó la guerrilla aquí”; él le contestó “si ustedes sabían que la guerrilla estaba aquí porque no vinieron”.

El ejército le contestó “que si llega la guerrilla y le hacen estallar una bomba entonces a nosotros nos toca levantar los restos suyos en pedazos”; permanecen entre 10 ó 12 soldados en los predios de su finca, pues allí entra la señal y pueden hacer llamadas.

Otro vecino denunció que el ejército cocinó en los predios de la casa, cerca de un árbol de mandarina lo que ocasionó que se secara. Denuncia otra persona que cuando el ejército pasa por los caminos cerca de las viviendas, no se les puede mirar porque agreden verbalmente a la población (groserías).

Se informó que hace dos años fueron detenidas dos personas que estaban de cacería y los dejaron en libertad tres horas después; hubo intermediación del Personero.

Un poblador de la vereda denunció que hace dos años el ejército le pidió que se acercara o de lo contrario lo mataba; posteriormente, lo encañonó sin dar excusa alguna; el señor se encontraba aproximadamente a 100 m. y cuando estuvo cerca al soldado, le dijo que por qué trataban así a la población, pues él no era un guerrillero, sino un campesino trabajador.

Vereda Alto Lorencito: en esta vereda se cometen infracciones al D.I.H., pues el ejército acampa en la escuela y gasta la leña con la cual se preparan los alimentos de los estudiantes.

Vereda Campo Ají: varios soldados amenazaron a los pobladores que si los establecimientos no les vendían víveres y otros elementos, les iban a quitar la remesa.

Vereda Alto Agua Blanca: denuncian la ocupación de casas y la escuela. De igual manera, la estigmatización y el maltrato psicológico a través de groserías y amenazas tales como: “los vamos a mata”, “los vamos a seguir”.

Vereda Patagonia: el ejército le pidió a un menor de 12 años que les llevara remesa. También arrancaron plantas de yuca. A un joven también lo presionaron para que dijera quién estaba haciendo el paro.

Denuncia la comunidad, que ya no pueden moverse solos, sino que tienen que andar acompañados debido a estas presiones.

Vereda Brisas de Aguablanca: denuncian que el ejército cocina en los predios de la escuela. De igual manera, que cortan los alambres de la finca y que tratan a la comunidad de “guerrilleros”.

Vereda Balsora: esta ha sido la vereda más afectada con las capturas masivas; han acusado a las personas detenidas de ser los “financieros”, de pertenecer “al cordón de seguridad de Raúl Reyes”, entre otros.

Denuncian estigmatizaciones, pues el ejército dice que no viene al pueblo a comprar remesa porque “eso está lleno de guerrilleros”.

Denuncia la comunidad que hace cuatro años pasó el ejército dejando letreros que decían “por aquí pasó el sargento de las Auc”. En este mismo paso se llevaron dos novillos de esa misma finca.

En agosto de 2008, llegaron los erradicadores a la finca de un señor. No lo dejaron entrar a su finca hasta que se fueron; le gastaron la madera y la comida. También en agosto del mismo año, el ejército dejó a un señor en el monte desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde interrogándolo por la guerrilla.

Denuncian que de manera recurrente, el ejército ocupa las viviendas de los pobladores.
Denunciaron que en marzo de 2006 pasó una avioneta y dejó caer dos bombas que le ocasionaron heridas a dos personas y daños a una vivienda; una de las personas quedó con discapacidad auditiva.

Esta situación fue denunciada y se hizo la solicitud a Acción Social, pero a la fecha no se ha sabido el resultado ni se ha brindado la ayuda. El ejército ha visitado esta finca, pero la actitud ha sido la de estigmatización, afirmando que su dueño defendía los campamentos de la guerrilla.

En el año 2007, el ejército entró a una vivienda y se llevó joyas, una planta estacionaria y otros artículos de uso personal. Cuando el señor fue a reclamar a la Fluvial le dijo un soldado que él le daba el pasaje gratis para Leguízamo (según la población para que se desplazara). Indican los pobladores, que este mismo día bajaron disparando y dañaron una vivienda de la vereda Tolima.

Vereda Botadero: el ejército entró a la escuela violentando las chapas de la escuela llevándose la remesa del restaurante escolar.

También denuncia la comunidad, que el ejército ingresó a una vivienda dañando los candados, sin respetar que había dos menores de edad. De igual manera, sindicaron a un poblador de ser hermano de un guerrillero.

También denuncian que un señor que estaba enfermo y bajaba de la vereda La Paz en búsqueda de asistencia médica, fue obligado a devolverse, pues según el ejército, él le informaría a la guerrilla que el ejército estaba allí.

Entre Balsora y Botadero: el ejército a su paso deja letreros alusivos a las AUC, diciéndole a los pobladores que están detrás de las Auc.

Piñuña Negro: el ejército ha ingresado rompiendo los alambrados de la escuela. También ocurrió que el ejército hizo tiros a la escuela.

De igual manera, con las dos bombas que estallaron hace un año, estigmatizaron a la población. De igual manera, denuncian que ellos se iban a encargar de traer paramilitares para que arrasaran con el pueblo.

También denuncia el presidente de la Junta de Acción Comunal, que el teniente Jiménez lo amenazó diciéndole “usted es el culpable de todo esto... usted me las paga, tranquilo...

Esta situación fue puesta en conocimiento del Coronel Salcedo de la Brigada Naval del Sur y el General Cabrera de la Brigada de Selva No. 27, el 23 de noviembre de 2009 en la visita de la Comisión a Piñuña Negro. También denuncian que los buques de la Naval los estacionan a 20 m de las viviendas, poniendo en riesgo a la población civil.

Piñuña Negro – Cabildo indígena Monaide Jitoma muruy: por parte del Cabildo Indígena, se denunció que entran a la casa del Cabildo, dañan los cercos, ocasionando la salida de los animales los cuales se entran a las fincas vecinas produciendo daños. Denuncian que dejan los baños sucios.

Por parte del representante del Cabildo se denunció durante el año anterior, que utilizan la finca de un adulto mayor como helipuerto; el ejército hizo una visita sin presencia del Ministerio Público y puso en entredicho lo denunciado, pero no reparó los daños; esta situación continúa presentándose.

En lo cultural, denuncian que el día 21 de octubre de 2009, los erradicadores arrancaron el cultivo de coca utilizado por la comunidad del resguardo para usos y costumbres por más que se les explicó; en esta misma ocasión dijeron groserías a las señoras.

También pusieron en conocimiento que los días 25 y 26 de noviembre ingresaron a los predios del cabildo y cortaron los árboles de marañón, café y borojó para guindar las hamacas; entraron a las casas y se comieron las gallinas, dejando propaganda alusiva a la desmovilización.

Vereda Restrepo: el ejército rompe los cercos. Amenazaron a un muchacho diciéndole que lo tienen en unas listas.

Vereda La Concepción: denuncian que el día 18 de septiembre de 2009, con la presencia de 45 niños y niñas de la escuela el ejército de la Brigada Naval del Sur disparó hacia el caserío, específicamente hacia la escuela.

Esta situación se repitió nuevamente el día 8 de diciembre del mismo año y ocurre de manera frecuente. Denuncian de igual manera, que el ejército entró a una finca y dañó los cultivos de borojó, llevándose además las gallinas, dejando propaganda de la desmovilización.

Brisas del Hong Kong: en la playa de Hong Kong a las afueras de Puerto Asís, sobre el río Putumayo, se había instalado una olla comunitaria, con el fin de mitigar el problema alimentario de los habitantes de las riveras del río con motivo del paro.

El día 13 de diciembre, en horas de la tarde llegaron dos civiles armados, quienes sin identificarse, amenazaron a quienes se encontraban allí diciéndoles que los iban a matar si no levantaban esa olla; ante dicha situación, las personas abandonaron esta iniciativa.

Vereda La Tigrera (corregimiento de Puerto Ospina): denuncia la comunidad, que el ejército, llega a las fincas a acampar cerca de las casas y a las casas que encuentran solas violan los candados y se llevan la yuca, el plátano y las gallinas.

A su paso dejan siempre desechos plásticos que el ganado se come; las latas que desocupan ocasionan heridas a los animales. De igual manera, denuncian los habitantes de esta vereda, que el ejército daña los alambrados y nunca los arregla, se comen las frutas que encuentran y nunca piden sino que los toman sin consentimiento.

Vereda Peña Colorada: denuncian que donde acampa el ejército dejan basuras en las fincas ganaderas y cortan los alambres. De igual manera, acampan muy cerca de la población civil.

Vereda San Joaquín: denuncia la comunidad, que en el mes de octubre de 2009, la Infantería de Marina irrumpió en la sede escolar hurtando y dañando enseres de la institución, se sacaron el mercado del restaurante escolar y las ollas en las que se preparan los alimentos para los niños.

También hurtaron de la tienda escolar toda la galletería, gaseosas, bombones, chicles; de igual manera, destruyeron la planta de la Institución de marca Yamaha, encontraron el televisor en el piso; irrumpieron en el cuarto de la docente desordenándole las pertenencias y pisoteándole la ropa y enseres personales; se encontró ropa íntima en los corredores de la Institución.

Como prueba de esto se encontraba dentro del cuarto de la docente bolsas de raciones de campaña y un cartucho perteneciente a las fuerzas militares.

Otra denuncia que presenta esta vereda, ocurrió cuando los erradicadores habían terminado con su tarea y junto con el ejército ingresaron a una vivienda y sacaron gasolina y quemaron un ranchito donde se almacenaba maíz y arroz; allí se encontraban 12 tejas de zinc y 50 tablas de madera en buen estado, las cuales fueron quemadas.

Denuncia el señor Sergio Cisneros, que en la vereda se encuentra ubicada la finca denominada Las Garzas. Relata que a mediados del año 2004 se ubicaron los remolcadores y cañoneros de la Infantería de Marina en su propiedad.

Por este motivo no se le permitía al señor Sergio Cisneros acercarse a su finca a revisar el ganado de su propiedad; aducían que no se le permitía acercarse al señor por motivos de seguridad del personal abordo y aprovechando esta situación sacrificaron dos reses sin el consentimiento del propietario.

Dichas reses fueron sacrificadas a orillas del río donde se encontraban las embarcaciones; de lo anterior hay testigos y dicha situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

El mismo denunciante afirma que durante el año 2009, fue objeto de otro atropello por parte de la Infantería de Marina en el mes de octubre: aprovechando que su vivienda estaba sola violaron el candado y hurtaron las siguientes cosas: un radio de dos bandas, marca Sony, un celular marca Nokia 320 a color, útiles de aseo y un arma cortopunzante de uso personal.

Vereda Angosturas: denuncia esta comunidad que en la Vereda Angosturas el ejército está provocando desplazamiento forzado de las familias, pues de 26 familias que habían ahora quedaron solamente seis.

Indican que cada vez que sube la Marina, hace disparos contra el barranco por el cual se tiene acceso a la vereda. Denuncian que sindican a los pobladores de pertenecer a la guerrilla, razón por la cual no se ha podido volver a crear la Junta de Acción Comunal.

Señalan que como consecuencia de esta situación, la escuela tuvo que ser cerrada y los niños y niñas deben ir a estudiar a la vereda Agualongo o a la vereda Los Cambios, que son las más cercanas.

Denuncia la comunidad que el año anterior en el mes de octubre o septiembre estuvo el ejército en ésta vereda; a los ocho días volvieron 16 hombres ingresando a la casa de un señor que vivía solo, obligándolo a que les preparara el desayuno.

Cuando se fueron el ejército pintó letreros alusivos a las FARC-EP en su casa, capturando al señor. Cuando los líderes de la comunidad informaron de la situación, el General Quiroga se comunicó con ellos y éste les dijo que en ese sitio no había hombres del ejército.

A este poblador, según la comunidad, el ejército lo mantuvo cerca de 4 horas dentro de la Montaña en el sitio Agua Blanca. Posteriormente, lo dejaron en libertad y le hicieron firmar una hoja de constancia de buen trato.

El General Quiroga, según indicaron llamó a decirle a la comunidad que hacían mucho escándalo y que el señor que defendían tanto tenía 400 gr de soda y una granada de fragmentación.

Vereda La Pedregosa: informa la comunidad que durante los primeros días de agosto de 2009, hubo hostigamientos entre el ejército y la guerrilla. Señalan que posteriormente el ejército hizo disparos de manera indiscriminada detuvo a un muchacho que vestía una camiseta roja, diciéndole que uno de los guerrilleros estaba también vestido con una camiseta roja.

Representantes de la comunidad y varias religiosas, se acercaron al remolcador (faltaban 20 minutos para las 7 de la noche) para reclamarlo. Los fotografiaron, les hicieron firmar y les decían que allí había Policía Judicial; entre las personas que decepcionaron la información, había una persona de civil.

Denuncio otro poblador que el jueves de la semana pasada (10 de diciembre), estaba hablando por teléfono y lo acusaron de estar llamando a la guerrilla.

Durante este día también tuve la oportunidad de hacer la interlocución con los hombres de de la Brigada 13 quienes hacían presencia en el Caserío de Piñuña Negro. A ellos se les hizo la presentación personal y se explicaron los objetivos de la visita, comentándoles algunas de las preocupaciones de la población civil:

presiones porque la comunidad se sentía rodeada por el ejército y las denuncias que se estaban instaurando por la pérdida de enseres, animales y objetos de uso personal en la zona rural.

Diciembre 15

Durante este día se visitaron dos sitios más de concentración: Piñuña Blanco y Agualongo. Los líderes de las carpas reunieron a la comunidad y se hizo la presentación de la representante del Ministerio del Interior y de Justicia, quien explicó cuál era el objetivo de su visita a la zona de la protesta pacífica.

Corregimiento de Piñuña Blanco: denuncia la comunidad que en la primera visita que hizo el señor Secretario de Gobierno Municipal doctor Adolfo León Rojas, el ejército tomó fotografías; el Secretario de Gobierno les llamó la atención.

De igual manera denuncian que cuando pasa la Fluvial le toman fotos a la manifestación y entregan propaganda alusiva a la desmovilización, lo que la comunidad interpreta como estigmatización, pues ellos indican que no pertenecen a grupos armados ilegales para que se les den este tratamiento. También denunciaron que la Brigada Móvil 13 hace retenes y toma fotografías.

Los líderes consideran que debido a las amenazas y estigmatización, su vida está en peligro, sobre todo cuando termine la manifestación. Indican que a los Alguaciles de la Guardia Indígena se les está dando el tratamiento de personas armadas, acusándolos de portar escopetas, cuando lo que tienen son bastones, por la función que cumplen de acuerdo a sus usos y costumbres, de prestar la seguridad a la manifestación.

Denuncian que en la manifestación el ejército ha asumido funciones que no les corresponden, cuando llegaron diciéndole a la población: “nosotros tenemos buenas propuestas, negocien”.

De igual manera, denunciaron que la Armada decomisa insumos para la producción agrícola y luego los vende; lo mismo hace con la gasolina cuando la intercambia por gallinas.

La comunidad de esta zona hizo la solicitud para que a través del Ministerio del Interior y de Justicia se solicite a la Defensoría del Pueblo que emita un Informe de Riesgo para que se formule una alerta temprana, ante la posibilidad que existe de que se presenten vulneraciones a los derechos humanos.

Agualongo: denuncia la comunidad que durante el mes de agosto de 2009, el ejército hizo un operativo y se comió un marrano de cinco arrobas de un habitante de la vereda y no respondieron por el mismo.

De igual manera, denuncian que se hicieron dos fumigaciones en la vereda y una erradicación y no se dio a conocer ni se implementó el Plan de Contingencia.
También plantea la comunidad su preocupación por los daños a los alambrados, que le ejército hace en sus recorridos por las fincas y que no repara.

Diciembre 16

Durante este día se sostuvo una reunión entre, el señor Secretario de Gobierno, doctor Adolfo León Rojas Paz, los líderes de la Mesa Departamental Campesina y Adela Bautista Torres.

Los representantes de la Mesa Departamental Campesina expusieron su preocupación por la situación, al no darle una pronta solución a esta problemática que ya cumplió dos meses.

Les preocupa las condiciones alimentarias y de salud de los sitios de concentración y la estigmatización de la cual están siendo objeto los líderes y la comunidad que está participando.

De igual manera, plantearon la dificultad presentada con la información que se está dando a conocer por los Medios de Comunicación, creando expectativas de que llegaba la Comisión Nacional el día martes 15 de diciembre, cuando las autoridades no habían confirmado, lo cual genera desconfianza en la Institucionalidad. Solicitaron al señor Secretario de Gobierno que informara acerca de la gestión que se estaba realizando.

De igual manera, insistieron en que desde hace tres años se han venido presentando propuestas frente a la difícil situación, ante lo cual a la fecha no se cuenta con programas ni medidas de atención. Señalaron los líderes que debido a la crítica situación, las comunidades están decididas a mantener la protesta de manera indefinida, si así se requiere.

Manifestaron su preocupación por los atropellos del ejército y por el tratamiento que se le ha dado a la protesta, cuando se dice que es impulsada por la guerrilla cuando es la necesidad la que los obliga a iniciar el paro.

Llamaron la atención para que se dé una pronta solución, para que esta manifestación no vaya a desencadenar en hechos graves. También, expusieron su preocupación por el informe producido desde la Visita de Verificación realizada por el Ministerio del Interior, pues pude incrementar el riesgo.

La representante del Ministerio del Interior y de Justicia, expuso cuál era su rol en la visita de verificación: atiende el compromiso que se estableció desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, de hacer una visita para dar cumplimiento al Pliego de Peticiones de la Marcha, en el cual se solicita proponer-

acciones para evitar vulneraciones a los derechos humanos; de la misma manera indica que la información que se tiene desde el Ministerio es que la visita de la Dirección de Derechos Humanos, nivel nacional, se realizaría durante la segunda semana del mes de enero.

Llamó la atención frente a las informaciones difundidas por los medios de comunicación generando en la comunidad falsas expectativas frente a la llegada de la Comisión Nacional a el martes 15 de diciembre, pues coincidió con su entrada a la visita de verificación, lo que ocasionó malestar en la comunidad y riesgo para la representante del Ministerio, ya que la comunidad se sintió engañada por las autoridades.

Esta situación fue puesta en conocimiento del señor Secretario de Gobierno Departamental, doctor Buanerges Rosero Peña, por la delegada del Ministerio, el día 13 de diciembre, vía telefónica cuando ya se daba inicio al viaje y se perdía la señal, a-

quien se le expuso la situación y se le solicitó que hiciera la interlocución con la doctora Beatriz Acosta, para que se emitiera un comunicado de prensa aclarando esta situación, pues la comunidad ya estaba esperando la Comisión Nacional;

el doctor Rosero Peña no emitió comunicado alguno, sino que confirmó que la Comisión llegaría en estos días, de acuerdo a las reuniones sostenidas en la ciudad de Bogotá con el Ministerio del Interior y de Justicia.

El señor Secretario de Gobierno Departamental, doctor Adolfo León Rojas Paz, presentó el informe de las gestiones llevadas a cabo en Bogotá, según las cuales se propuso la creación de comisiones para que desde las entidades competentes se estructuraran acciones teniendo en cuenta el Pliego de Peticiones presentado por la comunidad.

Indicó que sí va a entrar la Comisión Nacional en estos días pero que no podía dar una fecha, pues esta gestión la estaba llevando a cabo el señor Gobernador (E). De igual manera, emitió una nota aclaratoria por los medios de comunicación, con el fin de que la comunidad solamente le de credibilidad a la información que se produzca desde la Gobernación o las Secretarías de Gobierno Departamental y Municipal.

De igual manera, puso en conocimiento que los docentes de la comunidad de Agualongo salieron a vacaciones dejando a 11 estudiantes de grado once sin graduar, perjudicándolos en la definición de su situación militar y en sus proyectos de vida para el 2010.

La representante del Ministerio del Interior se comprometió a dar el trámite respectivo frente a la Procuraduría Regional Putumayo, con la información que suministrara la Alcaldía de los nombres de los profesores responsables y estudiantes afectados.

Atentamente,
Adela Bautista Torres
Coordinadora Regional Putumayo
Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo
Dirección de Derechos Humanos
Ministerio del Interior y de Justicia

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