Tierralta, Córdoba
Alcaldía, Ejército y Policía, hostiles contra misión
humanitaria
Por Camilo Raigozo
La Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto
Sinú, Asodecas, denunció el asesinato del líder campesino Dairo Luis Espitian y
también el incremento de los hostigamientos y persecuciones contra los
campesinos y organizadores de la próxima Acción Humanitaria que se realizará el
26 y 27 de abril.
A continuación transcribimos la denuncia de los campesinos:
La Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto
Sinú, Asodecas
Denuncia ante la comunidad nacional e internacional el
asesinato del señor Dairo Luis Espitian, la creciente militarización del
corregimiento El Crucito y la persecución que realiza la Policía Nacional de
los actos preparativos a la Acción Humanitaria.
En el marco de la convocatoria a la primera Acción Humanitaria que se
llevara a cabo en el corregimiento El Crucito municipio de Tierralta (Córdoba),
entre los días del 26 al 27 de abril, Asodecas, viene recibiendo por parte de
la fuerza pública una serie de hostigamientos,-
amenaza y bloqueos
con el fin de no permitir el desarrollo de la Acción Humanitaria,
actividad que ha sido convocada con el fin de visibilizar la crisis humanitaria
originada en el aumento de las hostilidades, la persecución a las comunidades
campesinas y la constante violación a los Derechos Humanos en esta región.
Esta acción humanitaria cuenta con el respaldo de varias
organizaciones sociales, campesinas y defensoras de los Derechos Humanos a
nivel nacional y regional, que han visto la necesidad de acompañar y
solidarizarse con los habitantes del corregimiento El Crucito en el Alto Sinú.
Los hechos de hostigamiento a este proceso organizativo y
las comunidades en general, dan cuenta de la convocatoria hecha por la Alcaldía
de Tierralta y las Fuerzas Militares a una Jornada cívico militar a llevarse a
cabo el día 26 de abril en este
mismo corregimiento,-
acto que busca vincular la población civil en el
conflicto armado y poniendo en riesgo la Acción Humanitaria que fue convocada por Asodecas y las
organizaciones sociales en su conjunto, desde
los primeros meses del presente año, violando así por parte de la fuerza pública el principio
de distinción y la consecuente infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Recientemente la Defensoría del Pueblo ha alertado del
Riesgo para las comunidades de El Crucito y la Iguana, así como el deber de
respeto que obliga a las autoridades civiles y Fuerzas Militares de no
involucrar a la Población Civil en el conflicto armado.
1. El día 16
de abril fue asesinado el señor Dairo Luis Espitian, en la vereda la Iguana en
Tierralta, Córdoba, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia, su
familia ha manifestado sentir temor por sus vidas si denuncian-
los hechos ante las autoridades públicas o sin dan más
información, situación que evidencia el sufrimiento de la población civil, la
afectación de sus derechos y el fracaso de las Políticas de Seguridad del
actual Gobierno. Al momento de la presente denuncia no se conocen los
responsables de tan injusto crimen.
2. El 18 de
abril de 2013, a las 5:30 de la tarde en el casco urbano de Tierralta, tres
jóvenes que hacen parte del comité animador de la Acción Humanitaria, fueron
detenidos injustamente por integrantes de la Policía Nacional-
bajo el mando del mayor de apellido Cuervo (ya que se
negó a identificarse plenamente), cuando se encontraban instalando pasacalles y
afiches que invitaban a la población de este municipio a sumarse a la Acción
Humanitaria programada para los días 26 y 27 de abril.
Los policiales manifestaron la ilegalidad de la Acción
Humanitaria y de la invitación a la comunidad a participar, que estaban
decididos a impedir se difundiera información relacionada con la Acción
Humanitaria, violentado los derechos fundamentales a la Asociación,-
a la Libre Expresión y Opinión, y fundamentalmente a las
iniciativas humanitarias de la población civil que buscan tomar distancia con
el conflicto armado y su incidencia en las comunidades, buscando la Policía
Nacional silenciar a quienes quieren
ejercer su derecho a denunciar.
3. Durante la
semana del 15 al 19 de abril, se ha visto como el Ejército Nacional tropas de
la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, han incrementado el pie de
fuerza acantonado en el corregimiento El Crucito, hostigando a las personas y
organizaciones sociales que están haciendo presencia allí en labores de
preparación de la Acción.
Desde ya hacemos responsables al Ejercito Nacional si
ocurre algún atentado contra la vida e integridad personal de los integrantes
de la comunidad campesina allí asentada o de alguna persona que se encuentre en
las labores de preparación y organización de la Acción Humanitaria.
El asesinato de este campesino, y los actos de
hostigamiento de la Fuerza Pública se dan en el marco de la preparación a la Acción Humanitaria, la
cual requiere de que líderes de la
región y de otras organizaciones acompañantes se movilicen al corregimiento El
Crucito para dar inicio a la actividad
los días 26 y 27 de abril,-
evidenciando claramente que la Política de Seguridad del
actual Gobierno y la implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de
Paramillo, más que una estrategia de seguridad, es una estrategia de
silenciamiento de los campesinos y de afectación de sus derechos territoriales
y de iniciativas ambientales en la región.
Dejamos claro el carácter civil y de ejercicio de
derechos y de ciudadanía de la Acción Humanitaria, pese a los hostigamientos
continuaremos con la relación de este acto, e igualmente insistimos en el cese
de la jornada Cívico-Militar convocada por la alcaldía de Tierralta y el Ejército
Nacional como acción de involucramiento de la población civil en las hostilidades.
Exigimos
1. A los
Gobiernos municipales, al gobierno Departamental y Nacional tomar las medidas
pertinentes que brinde garantías y efectividad de los Derechos Humanos, el
Derecho a la Vida, la integridad personal, la organización, la libre movilidad,
de los líderes de Asodecas y de todos los participantes de la Acción
Humanitaria.
2. A la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación se
investigue los hechos denunciados que generan miedo y zozobra a las comunidades campesinas de la zona, y se
convierten en actos determinadores de agresiones a las organizaciones sociales
y sus integrantes.
3. Exigimos
una vez más al Gobierno Nacional, se brinden las garantías para que todos los
integrantes de las organizaciones sociales, estudiantiles, de defensa de los Derechos Humanos, puedan trasladarse al corregimiento El Crucito sin
ser objeto de requisas, empadronamientos, maltrato y hostigamiento por parte de
la fuerza pública.
4. A las
organizaciones sociales, de víctimas, de defensa de los derechos humanos, a la
Defensoría del Pueblo a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos requerir al Gobierno Nacional-
para que suspenda la Jornada Cívico Militar programada
por la Alcaldía de Tierralta y el Ejército Nacional, además que cesen los
hostigamientos contra los organizadores de la Acción Humanitaria organizada por
las asociaciones campesinas y se brinden todas las garantías para su
realización.
Solicitamos
A la comunidad Nacional e Internacional, a las
organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento y el estar
atentas a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes
sociales, los campesinos y las comunidades que trabajan en torno de la defensa
de territorios,-
soberanía y buscan la paz por medio de la solución
negociada al conflicto social y armado, y que lo han expresado a partir de su participación en la gran Movilización por
la Paz llevada a cabo el pasado 9 de abril en la ciudad de Bogotá.
