Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
El Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la
acusación contra el soldado Jorge Armando Ávila Zapata y contra sus cómplices
los paramilitares Edilson Cifuentes Hernández y Norberto Antonio Valencia
Acosta, por el asesinato a sangre fría de cinco campesinos.
Según la Fiscalía, los crímenes fueron perpetrados el 21
de febrero de 2005 en el sector Lagos del Dorado, jurisdicción del municipio de
Miraflores, Guaviare, donde los presuntos terroristas del Ejército Nacional
habrían reunido a varios campesinos, posteriormente desaparecidos.
Una de las víctimas, identificada como Argemiro Oicatá
Moreno, fue encontrado por sus familiares en el cementerio de San José de
Guaviare, donde fue inhumado como guerrillero no identificado muerto en
combate.
Por los mismos crímenes ya fueron acusados otros diez
soldados profesionales, un oficial y un suboficial del Ejército Nacional,
quienes están “privados” de la libertad, al igual que Cifuentes y Valencia.
Asegurados 21 militares por desapariciones y asesinatos
a sangre fría
Por otro lado, la Fiscalía profirió medida de
aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra
de cinco suboficiales y 16 soldados profesionales, por su presunta
responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada
agravada.
La Fiscalía pudo establecer que el 10 de mayo de 2006
bandidos del Batallón de Ingenieros No.17, General Carlos Bejarano Muñoz, asesinaron
a sangre fría a los civiles Yamir Verbel Paternina y Jorge Eliécer Barbosa
Reales, en el municipio de Dabeiba (Antioquia).
Los terroristas del régimen contactaron a las víctimas en
el barrio El Pozón de Cartagena y las llevaron hasta esa zona engañadas con
promesas de trabajo, informó el ente investigador.
Medio año después, 24 de noviembre, los bandidos estuvieron
involucrados, presumiblemente, en el asesinato de Yoner José López Sarmiento,
perpetrado en jurisdicción de Dabeiba. López Sarmiento también era habitante de
El Pozón.
Los suboficiales asegurados son: Luis Segundo Iriarte
Tinoco, Yon Andrés Rincón Salgado, Wilson Martín Morales Ayala, Carlos Eduardo
López Castañeda, y Carlos Arturo Sierra Passo.
A Morales Ayala, López Castañeda y Sierra Passo el fiscal
instructor también los sindicó de haber incurrido, supuestamente, en el delito
de falsedad ideológica en documento público. Uno de los vinculados se acogió a
sentencia anticipada.
Actualmente el gobierno del presidente Santos, el
ministro de Defensa, altos mandos militares, congresistas inescrupulosos y la
extrema derecha, entre otros,-
impulsan una reforma al fuero militar, con lo cual los
crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la
fuerza pública quedan en la impunidad.
