sábado, junio 16, 2012

Anorí, Antioquia
Campesinos denuncian campaña de persecución por parte del Ejército
Por Organizaciones sociales

 El día 15 de junio de 2012, en la cabecera del municipio de Anorí, Antioquia, se llevó a cabo la audiencia social del proceso de garantías.

El evento fue convocado por la Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Ascna y el Consejo Mayor Comunitario Porce IV y fue acompañado por una docena de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del país.

Esta actividad se realizó debido a la grave situación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que presenta este territorio.

Las comunidades reiteraron las denuncias sobre los constantes señalamientos, hostigamientos y persecución a la labor de defensa de los derechos humanos por parte de militares de la Brigada Móvil 25, Batallón Bomboná y Batallón Pedro Nel Ospina. Estos últimos adscritos a la Brigada 14 del Ejército Nacional.

En la zona hay una zozobra y terror en la población por el aumento de paramilitares en la zona, lo cual conduce a un mayor nivel de enfrentamientos entre estas estructuras, como con la Insurgencia, donde la mayor afectada es la población civil.

En la actualidad se vienen presentando capturas, algunas masivas, a partir de las declaraciones de un desmovilizado de las Farc, Alberto Morales, alias el “Pájaro” él cual se ha empeñado en señalar a gran número de campesinos de la zona donde hacia presencia, como auxiliadores de la Guerrilla, para ganarse las recompensas que le da el Ejército.

Los líderes que asistieron a la audiencia, denunciaron que estos señalamientos, los ha efectuado en contra de personas que fueron víctimas de su accionar delictivo mientras perteneció a la Insurgencia. 

Ejemplo de ello es el caso de la lideresa Luz Mery López López, presidenta de la JAC de la vereda Tacamocho,  del municipio de Anorí, quien en el 2009, fue desplazada de manera forzosa, por amenazas de este desmovilizado y hoy, bajo sus señalamientos, fue detenida por los delitos de rebelión y concierto para delinquir.

En el año 2010, alias el “Pájaro”, provocó el desplazamiento forzado  de aproximadamente 5.000 personas de 38 veredas del Municipio.

Sumado a lo anterior, es una queja constante de los campesinos de Anorí, las afectaciones a  la salud humana, al medio ambiente, a los pastos y los cultivos de pan coger, por las fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato.

Las fumigaciones han afectado la soberanía alimentaria y la economía campesina, sin que el Gobierno presente una propuesta de sustitución viable en términos económicos y que respete la dignidad y autonomía campesina sobre sus territorios.

Durante la audiencia de garantías, el Consejo Mayor Comunitario Porce IV, expresó que en el proceso de la construcción de dicha represa, Empresas Públicas de Medellín, se ha negado a dialogar y a negociar con las comunidades afectas por dicho proyecto.

En cambio ha adelantando una campaña de desprestigio y desconocimiento de los legítimos intereses de los campesinos que habitan la región, bajo el argumento de que allí, está presente el “Cartel de las hidroeléctricas”, lo cual viola los derechos al territorio, la equidad y la organización social.

Igualmente fue denuncida la presencia de trasnacionales mineras quienes están explorando y explotando los subsuelos del municipio sin ninguna consulta y concertación con las comunidades.

Finalmente las organizaciones convocantes y acompañantes de la audiencia social de garantías, denunciaron que durante el desarrollo del evento se presentó una situación de hostigamiento por parte de la inteligencia militar.

Un día antes el ministro del interior, Federico Rengifo, respaldó el papel de las organizaciones defensoras de derechos humanos y ratificó compromiso con el Proceso de Mesa Nacional de garantías.

En el evento brillaron por su ausencia el Ministro del Interior, la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría, la Defensoría y el Alcalde de Anorí, los cuales habían sido invitados.

Las comunidades responsablizan al Estado por la vida e integridad de los líderes y campesinos participantes de la audiencia social de garantías.

Exigencias de las comunidades

A las fuerzas miliatres respetar el principio de distinción, y no someter al campesinado y líderes a presiones para obtener información del actuar de la insurgencia o grupo ilegales.

Al Estado, respetar y garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos por parte de las comunidades, sus líderes y sus organizaciones.

También debe cesar toda forma de hostigamiento, persecución y señalamientos a la labor legítima y legal que desarrollan.

Se exige al Estado responder por los daños causados en los bienes de la población civil, a causa de las fumigaciones áreas.

A la Procuraduría para que investiguer y sancione a los funcionarios públicos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

Enfáticamente le exigieron al Estado, especialmente a la Fiscalía y al Ejército, no utilizar los testimonios de desmovilizados, ya que estos, por beneficios jurídicos y económicos, incriminan a la población civil, quien es realmente la víctima.

En el caso del megaproyecto de Porce IV, se lleven a cabo procesos de concertación entre la comunidad y EPM, de manera respetuosa y en igualdad de condiciones.

Y finalmente le exigieron al gobierno no criminalizar la labor del pequeño minero, histórico y artesanal, además de concertar una política minera con las comunidades.


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