Anorí, AntioquiaPor Organizaciones sociales
El día 15 de junio de 2012, en la cabecera del municipio
de Anorí, Antioquia, se llevó a cabo la audiencia social del proceso de
garantías.
El evento fue convocado por la Asociación Campesina del Norte de
Antioquia, Ascna y el Consejo Mayor Comunitario Porce IV y fue acompañado por una docena de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del país.
Esta actividad se realizó debido a la grave situación de
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que
presenta este territorio.
Las comunidades reiteraron las denuncias sobre los constantes señalamientos, hostigamientos y
persecución a la labor de defensa de los derechos humanos por parte de militares de la Brigada Móvil
25, Batallón Bomboná y Batallón Pedro Nel Ospina. Estos últimos adscritos a la
Brigada 14 del Ejército Nacional.
En la zona hay una zozobra y terror en
la población por el aumento de paramilitares en la
zona, lo cual conduce a un mayor nivel de enfrentamientos entre estas
estructuras, como con la Insurgencia, donde la mayor afectada es la población
civil.
En la actualidad se vienen presentando capturas, algunas
masivas, a partir de las declaraciones de un desmovilizado de las Farc,
Alberto Morales, alias el “Pájaro” él cual se ha empeñado en señalar a gran
número de campesinos de la zona donde hacia presencia, como auxiliadores de la
Guerrilla, para ganarse las recompensas que le da el Ejército.
Los líderes que asistieron a la audiencia, denunciaron
que estos señalamientos, los ha efectuado en contra de personas que fueron
víctimas de su accionar delictivo mientras perteneció a la Insurgencia.
Ejemplo de ello es el caso de la lideresa Luz Mery López
López, presidenta de la JAC de la vereda Tacamocho, del municipio de Anorí,
quien en el 2009, fue desplazada de manera forzosa, por amenazas de este
desmovilizado y hoy, bajo sus señalamientos, fue detenida por los delitos de
rebelión y concierto para delinquir.
En el año 2010, alias el “Pájaro”,
provocó el desplazamiento forzado de
aproximadamente 5.000 personas de 38 veredas del Municipio.
Sumado a lo anterior, es una queja constante de los
campesinos de Anorí, las afectaciones a
la salud humana, al medio ambiente, a los pastos y los cultivos de pan
coger, por las fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato.
Las fumigaciones han
afectado la soberanía alimentaria y la economía campesina, sin
que el Gobierno presente una propuesta de sustitución viable en
términos económicos y que respete la dignidad y autonomía campesina sobre sus
territorios.
Durante la audiencia de garantías, el Consejo Mayor
Comunitario Porce IV, expresó que en el proceso de la construcción de dicha
represa, Empresas Públicas de Medellín, se ha negado a dialogar y a negociar con
las comunidades afectas por dicho proyecto.
En cambio ha adelantando una campaña de
desprestigio y desconocimiento de los legítimos intereses de los campesinos que
habitan la región, bajo el argumento de que allí, está presente el “Cartel de
las hidroeléctricas”, lo cual viola los derechos al territorio, la equidad y la
organización social.
Igualmente fue denuncida la presencia de trasnacionales
mineras quienes están explorando y explotando los subsuelos del municipio sin
ninguna consulta y concertación con las comunidades.
Finalmente las organizaciones convocantes y acompañantes
de la audiencia social de garantías, denunciaron que durante el desarrollo del
evento se presentó una situación de hostigamiento por parte de la inteligencia
militar.
Un día antes el ministro del interior,
Federico Rengifo, respaldó el papel de las organizaciones defensoras de
derechos humanos y ratificó compromiso con el Proceso de Mesa Nacional de
garantías.
En el evento brillaron por su ausencia el Ministro del Interior, la Vicepresidencia de la
República, la Procuraduría, la Defensoría y el Alcalde de Anorí, los cuales habían sido invitados.
Las comunidades responsablizan al Estado por la vida e
integridad de los líderes y campesinos participantes de la audiencia social de
garantías.
Exigencias de las comunidades
A las fuerzas miliatres respetar el principio de
distinción, y no someter al campesinado y líderes a presiones para obtener
información del actuar de la insurgencia o grupo ilegales.
Al Estado, respetar y garantizar el derecho a la defensa de los derechos
humanos por parte de las comunidades, sus líderes y sus organizaciones.
También debe cesar toda
forma de hostigamiento, persecución y señalamientos a la labor legítima y legal
que desarrollan.
Se exige al Estado responder por los daños
causados en los bienes de la población civil, a causa de las fumigaciones
áreas.
A la Procuraduría para que investiguer y sancione a
los funcionarios públicos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
Enfáticamente le exigieron al Estado, especialmente a la Fiscalía y al Ejército, no utilizar los testimonios de desmovilizados, ya que estos, por beneficios jurídicos y económicos,
incriminan a la población civil, quien es realmente la víctima.
En el caso del megaproyecto de Porce IV, se
lleven a cabo procesos de concertación entre la comunidad y EPM, de manera
respetuosa y en igualdad de condiciones.
Y finalmente le exigieron al gobierno no criminalizar la labor del pequeño
minero, histórico y artesanal, además de concertar una política minera con las
comunidades.
