Por Camilo Raigozo
Ante el incumplimiento de más de siete meses de los acuerdos firmados por el Gobierno con los campesinos del Bajo Cauca y por las continuas fumigaciones indiscriminadas, los labriegos empezaron a desplazarse desde las apartadas regiones hasta el casco urbano de Tarazá, Antioquia.
Según la Asociación Campesina del Bajo Cauca, Asocbac, de los acuerdos a los que el gobierno se comprometió en marzo 1 de 2011, en el municipio de Tarazá, mediante los cuales los campesinos suspendieron el desplazamiento que venían desarrollando, no ha cumplido ni uno.
De manera irresponsable Didier Upegui, alcalde de Tarazá, le dijo a los medios que al igual que las movilizaciones anteriores los “grupos armados ilegales” son los que han promovido en varios lugares del municipio el nuevo desplazamiento.
Por su parte Juancho Henao, vicepresidente de Asocbac dijo que su organización está liderando la movilización y que a Tarazá irán llegando varios cientos de campesinos de los corregimientos Guaimaro, La Caucana y de las veredas Oro Bajo, Cañón de Iglesias, La pipiola, Las Acacias y la Unión, entre otras.
El gobierno se había comprometido al cumplimiento de varios puntos en cuanto a inversión social en las zonas rurales del Bajo Cauca Antioqueño, proyectos productivos y pago de daños a cultivos lícitos y de pan coger por fumigaciones, así como defender y respetar los derechos humanos de las comunidades y miembros de la organización campesina y sus dirigentes.
“Tras siete meses de firmados los acuerdos, han sido nulos los proyectos productivos que han llegado a la zona, no se pagaron daños y perjuicios hechos a cultivos lícitos y de pan coger por las fumigaciones con glifosato, la inversión social en nuestras zonas rurales es cero.
“Las pocas escuelas que hay están a punto de caerse, sin centros de salud, ni planes de atención básica en salud para la zona rural, no se le ha realizado mantenimiento a las vías de penetración lo que incrementa el costo de la vida.
“La población está aguantando hambre porque el veneno del glifosato ha quemado el suelo y subsuelo, además se judicializa la actividad minera artesanal que tradicionalmente para los habitantes era legal y legítima forma de rebuscarse una mejora en los ingresos”, denunció Asocbac en un comunicado.