Parauribismo/El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y la Liga de Mujeres Desplazadas organizaciones basadas en el departamento de Bolívar, Colombia, denuncian ante la opinión nacional e internacional el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza, de 31 años, madre de una niña de 9 y dos niños de 11 y 12 años de edad.
Keila; de la segunda generación de mujeres integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, es hija de la señora Everledis Almanza Charry, mujer fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas en el Municipio de Turbaco Bolívar.
Keila habitaba en la Ciudad de las Mujeres ubicada en el Municipio de Turbaco como beneficiaria del proyecto de vivienda de la Liga de Mujeres Desplazadas fundada en el año 2006. Keila y su familia son beneficiarias de Medidas Cautelares 319-09 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
La Liga de Mujeres Desplazadas ha solicitado al Estado colombiano de manera reiterada desde el otorgamiento de las Medidas Cautelares en el mes de noviembre de 2009 ; ampliadas el 16 de junio de 2010 y el 7 de marzo de 2011 a toda la organización,-
neutralizar el riesgo creciente de los factores generadores de violencia contra las mujeres de la organización y sus familias en razón de su reconocido liderazgo como activas defensoras de sus derechos humanos, y víctimas del conflicto armado en la región.
Desde su fundación en el año 1999 la organización, sus proyectos y lideresas han sido atacadas crímenes que hasta la fecha permanecen en la impunidad.
La Liga de Mujeres Desplazadas ha sido amenazada por paramilitares autodenominados Águilas Negras y el Ejército Revolucionario Anticomunista ErpacC en más de cinco oportunidades durante los años 2010 y lo que va corrido del 2011.
A pesar de las afirmaciones de las autoridades de que los crímenes contra la LMD son hechos aislados, la organización reconoce un ciclo de violencia y un patrón de discriminación en donde se ataca a las mujeres por sus relaciones amorosas,-
el consumo de sustancias, el manejo de recursos, desviando así las investigaciones, lo que es más grave, tratando de hacer recaer la responsabilidad de los hechos en las mismas víctimas como generadoras de su propio riesgo.
El Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos y La Liga de Mujeres Desplazadas responsabilizan al Estado por la negligencia en su deber de prevención y protección y por la impunidad absoluta en las investigaciones de los hechos criminales contra la organización, lo que ha venido permitiendo la repetición de los hechos de violencia contra las mujeres de la organización sus familias y sus proyectos.
